El asesinato de un niño de 12 años reactivó en el Congreso el debate por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Mientras avanzan proyectos para endurecer sanciones y bajar la edad de imputabilidad, la comparación internacional y la evidencia disponible aportan antecedentes para dimensionar qué medidas reducen efectivamente el delito juvenil.
El debate sobre la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA) escaló esta semana tras el asesinato de Alejandro, de 12 años, durante una encerrona en San Bernardo. Por el crimen hay seis personas detenidas y dos de ellas adolescentes de 17 años.
Este jueves, el Gobierno definió su camino: acelerar el trámite legislativo para endurecer las sanciones, pero sin bajar la edad de imputabilidad de forma general. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el de Seguridad, Martín Arrau, anunciaron que pondrán discusión inmediata a un proyecto del senador Andrés Longton (RN) —ya listo para votarse en general en el Senado— y le sumarán un paquete de indicaciones.
La propuesta habilita que adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados como adultos, a solicitud del fiscal y con resolución fundada de un juez, en el caso de imputarse cualquiera de 17 delitos graves. También, eleva a 10 años el tope de internación para menores de 16 años y dispone su traslado a un recinto de Gendarmería al cumplir la mayoría de edad, cuando así lo recomiende el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.
El catálogo de 17 delitos comprende:
- Secuestro
- Secuestro de menores
- Violación
- Abuso sexual calificado
- Parricidio
- Homicidio simple
- Homicidio calificado
- Robo calificado
- Robo con violencia
- Robo con intimidación
- Incendio con resultado de muerte o lesiones
- Incendio
- Tenencia o colocación de artefactos explosivos
- Homicidio y lesiones contra funcionarios de Carabineros
- Homicidio y lesiones contra funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI)
- Homicidio y lesiones contra funcionarios de Gendarmería de Chile
- Cualquier otro delito cuya pena sea presidio perpetuo
En paralelo, otras iniciativas apuntan directamente a la edad, como la solicitud de la bancada de la UDI que pidió urgencia para un proyecto que rebaja la imputabilidad de 14 a 13 años, cuestión descartada por el gobierno hasta ahora. La Cámara aprobó —por 77 votos a favor, 40 en contra y 9 abstenciones— una resolución que solicita al Presidente Kast acelerar dicha tramitación. La diputada Camila Flores (RN) impulsó, por su parte, bajarla hasta los 12 en 2025.
Quienes promueven estos cambios citan cifras del Ministerio Público según las cuales los menores vinculados a organizaciones criminales habrían pasado de 4.158 en 2022 a 4.675 en 2023 y 4.966 en 2024.
¿Reduce el delito juvenil el endurecimiento penal? La comparación con otros países y la evidencia acumulada en la última década aportan antecedentes.
Experiencia internacional con medidas similares
La edad de imputabilidad en Chile es de 14 años, lo que la sitúa dentro del estándar internacional del Comité de los Derechos del Niño de la ONU y de las convenciones internacionales que el país suscribe. La ONU, de hecho, recomienda no bajarla. En otros países de la región el piso es de 12 años —como Brasil y Ecuador—, pero siempre manteniendo la responsabilidad penal adulta en los 18: por debajo de esa edad solo se aplican regímenes similares al chileno, con medidas socioeducativas y no cárcel de adultos.
La experiencia reciente de esos países aporta antecedentes sobre qué ocurre cuando se endurece. Ecuador vive una escalada real: en medio de la guerra del narcotráfico, los homicidios de niños, niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años subieron un 68% en el primer semestre de 2025 respecto del mismo período de 2024, y las aprehensiones de adolescentes de 12 a 17 años por delitos crecieron un 32,5% en los primeros cinco meses de 2026. El reclutamiento de menores por bandas criminales se consolidó como práctica sostenida, con 257 casos formales registrados en 2025, cifra que las propias autoridades reconocen subestimada.
En ese contexto, en junio de 2025 Ecuador elevó con fuerza las penas a adolescentes —de un máximo de 8 años a internamientos de hasta 12 a 15 años por delitos de crimen organizado—, reforma que UNICEF calificó de “regresiva” y de afectar “gravemente a los adolescentes”. Es temprano para medir su efecto, pero organismos de derechos de la niñez advierten que profundiza un modelo sin evidencia de que reduzca el delito.
Estados Unidos ofrece una perspectiva de largo plazo. Tras el pánico por los “superdepredadores” de los años noventa, numerosos estados bajaron la edad para juzgar a menores como adultos y ampliaron el catálogo de delitos transferibles. Sin embargo, los arrestos de menores se desplomaron más de un 75% desde su punto máximo de 1996, mientras el sistema se orientaba cada vez más hacia la derivación y la rehabilitación. Y sobre el mecanismo central de esa ola punitiva, la evidencia es adversa: una síntesis de la Oficina de Justicia Juvenil halló que cinco de nueve estudios reportaron un aumento de la reincidencia en los menores procesados por tribunales de adultos, en lugar de una disminución.
