Columna de opinión por Eric Campos Bonta, secretario general de la CUT
Los primeros 100 días del gobierno de José Antonio Kast no han sido más que un ejercicio de retroceso anunciado . La campaña presidencial, construida sobre los pilares de la seguridad, el crecimiento y el empleo, se ha estrellado estrepitosamente contra la realidad, revelando que lo que se prometió en campaña, no era más que una serie de frases vacías. La gestión en estos cien días, estuvo marcada por la improvisación y un récord de cambio de gabinete y renuncias de SEREMIs en un periodo tan breve, ha demostrado que la eficiencia prometida era, en el mejor de los casos, una ilusión. Sin embargo, más allá de la gestión administrativa, lo que verdaderamente debe alertar a la ciudadanía es la naturaleza ideológica de este primer trimestre: una ofensiva sistemática contra los derechos de las y los trabajadores.
Resulta evidente que nos enfrentamos a una política integral, diseñada para favorecer a la élite económica mientras se profundiza la precariedad de las mayorías. Mientras los anuncios se traducen en buenas noticias para las 1500 personas más ricas del país, el ministro Quiroz, un fiel exponente de un “chicago boys vintage”, parece empeñado en que sea la clase trabajadora quien pague los costos de la crisis y sus propios experimentos ideológicos. No es casualidad que veamos un retroceso laboral tras otro: desde los dictámenes sobre el artículo 22 que flexibilizan la aplicación de las 40 horas, hasta un reajuste salarial mínimo de apenas 14 mil pesos, cifra que resulta insultante cuando se compara con los 4800 millones de dólares que contempla la “mega reforma” diseñada para satisfacer las demandas de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).
Esta política del despojo no se detiene ahí. La propuesta de la “indemnización a todo evento”, planteada por el ministro del trabajo con una ligereza que espanta, no es más que un eufemismo para concretar el fin de la indemnización de un salario por año, una conquista histórica que protege la estabilidad mínima ante el despido. Si a esto sumamos la promoción de proyectos de ley que permiten los contratos por hora, el panorama es claro: se busca convertir el trabajo en una mercancía desechable, afectando de manera desproporcionada a mujeres y jóvenes. Esta forma de abordar el debate laboral está intrínsecamente conectada con la “mega reforma” económica; todo forma parte de una arquitectura mayor destinada a reducir los derechos laborales para permitir la acumulación de ganancias bajo la ya fallida teoría del chorreo ochentero.
La gravedad de este escenario cobra una dimensión histórica cuando observamos el trasfondo de estas políticas. Si José Piñera fue el arquitecto del Plan Laboral y del sistema de pensiones que buscaba desarticular el poder colectivo de los trabajadores para consolidar el esquema de acumulación de la dictadura, hoy las fuerzas de ultraderecha están impulsando lo que podríamos llamar un “segundo plan laboral”. Este nuevo intento busca destruir los pocos derechos individuales que aún quedan en nuestro Código del Trabajo. El objetivo es el mismo que hace décadas poner las ganancias del gran capital por sobre la base de abaratar el trabajo.
En definitiva, al cumplirse estos primeros 100 días, la conclusión es lo advertimos en segunda vuelta: la seguridad que el gobierno prometió llegó, pero exclusivamente para los grandes empresarios. Para la gran mayoría , para quienes viven de un sueldo, solo ha habido retrocesos. Estamos siendo testigos de un gobierno que no gobierna para el país, sino para una minoría que se siente dueña de los destinos de nuestro país. Es fundamental tomar conciencia que no estamos ante errores del gobierno, sino ante un plan deliberado que busca el crecimiento de los grandes empresarios y la precarización del trabajo de las mayorías.
