Presidente de la institución, abogado Carlos Margotta Trincado, destacó que esto “nos obliga moralmente a levantar nuestra voz y hacer todos los esfuerzos necesarios para evitar que la tragedia de ayer se repita en nuestra Patria”.
Ante una gran concurrencia que el pasado 10 de diciembre repletó el auditorio del Museo de la Memoria, la Comisión Chilena de Derechos Humanos celebró su 44 aniversario, oportunidad en que su presidente, abogado Carlos Margotta Trincado, recordó que tanto la CChDH como la Declaración Universal de Derechos Humanos surgieron “como reacción a la barbarie y exterminio”, advirtiendo respecto de la seria amenaza del negacionismo y neofascismo en Chile, lo que “nos obligan moralmente a levantar nuestra voz y a hacer todos los esfuerzos necesarios para evitar que la tragedia de ayer se repita en nuestra Patria”.
Carlos Margotta destacó que este año esta celebración se da en un escenario incierto, en un país convulso, “donde los avances democráticos y los principios y normas de Derechos Humanos, reconocidos universalmente, se encuentran bajo seria amenaza”, puntualizando que “sectores conservadores y de ultra derecha, defensores del statu quo, han pretendido erróneamente apropiarse del resultado del plebiscito 4 de septiembre, e intentan frenar y eliminar todo avance democratizador alcanzado por las luchas del pueblo movilizado durante el estallido social”.
“No sólo han intentado negar el estallido social como el camino que permitió abrir el proceso constituyente, sino además han criminalizado la protesta social, relativizado las graves violaciones de derechos humanos y revictimizado a las víctimas. Adicionalmente, pretenden secuestrar el proceso constituyente impidiendo el legítimo ejercicio de la soberanía popular por parte del pueblo de Chile quien es el que detenta de manera exclusiva, el poder constituyente originario”, puntualizó.
En la oportunidad, reiteró que “el único medio idóneo que puede permitir el legítimo ejercicio del derecho de libre determinación del pueblo chileno a definir su nueva Constitución, es a través de la elección de una instancia integrada sólo por representantes elegidos directamente por la ciudadanía, de carácter paritaria, con escaños reservados, y con representantes del mundo independiente”, razón por la cual -sostuvo- “rechazamos cualquier intento de imponerle al pueblo chileno una Constitución tutelada por supuestos expertos y visada por el Congreso, Poder del Estado que, en el marco de la actual crisis de las instituciones, carece de legitimidad social. Debemos tener presente que la legitimidad de la Constitución está dada por la participación activa y directa de la ciudadanía tanto en su elaboración, como en su aprobación.
“En consecuencia, así como durante estos 32 años de transición los organismos de derechos humanos nos hemos negado a aceptar la Justicia en la medida de lo posible, hoy el pueblo chileno no puede aceptar una Constitución tutelada y en la medida de lo posible”.
En cuanto a la seria amenaza del Negacionismo y del Neofascismo, el presidente de la CChDH recordó las palabras del Relator Especial de Naciones Unidas, Pablo Greiffen, quien ha señalado que “Chile está en medio de “el afloramiento de un pinochetismo cultural y social con claros tintes fascistas”, y lo atribuye a los incumplimientos del Estado Chileno en materia de verdad y justicia junto con las injustificadas ausencias de políticas de prevención”.
“Últimamente el negacionismo, como expresión larvada del neofascismo no sólo se ha limitado a reivindicar los crímenes de la Dictadura y la figura del Dictador Augusto Pinochet, calificando de víctimas a los victimarios de los crímenes contra la Humanidad cometidas durante la dictadura y el estallido social, sino que pretendió negar e invisibilizar nuestra historia reciente, a través del rechazo al ítem establecido en el Presupuesto de la Nación que permite financiar este Museo y algunos Sitios de Memoria”, agregó.
El presidente de la CCHDH llamó a apoyar tanto un Proyecto de Ley que sanciona el negacionismo que será presentado prontamente, al mismo tiempo que llamó al Ejecutivo a presentar un Proyecto de Ley que establezca una política integral de apoyo a los Sitios de Memoria y Memoriales.
En la oportunidad expresó la relevancia de “que la transición a la democracia culmine dotando a Chile de una Nueva Constitución en la que el respeto y garantía de los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales firmados y suscritos por Chile sea su columna vertebral. Por tanto, hay que instar por el buen término del proceso constituyente en curso, en el que el respeto a la soberanía popular y el derecho de libre determinación no esté limitado por ningún tipo de tutelaje”, e interpeló a los tres Poderes del Estado respecto de la obligatoriedad que tienen del cumplimiento estricto de las normas contenidas en los tratados de derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado de Chile, “las que no pueden ser vulneradas por medida administrativa, ley o sentencia judicial alguna, so pena de incurrir en responsabilidad internacional”.
El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos concluyó manifestando que durante el último año la CChDH ha constatado que las grandes deudas en materia de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la violación de los derechos humanos que dejó el Gobierno de Sebastián Piñera, no han sido asumidas debidamente por la actual Administración.
“Los graves crímenes contra los derechos humanos cometidos por Sebastián Piñera y demás autoridades políticas y policiales, muchos de ellos crímenes contra la Humanidad, que tuvieron por finalidad neutralizar la protesta social iniciada a partir de octubre de 2019, han generado obligaciones para el Estado de Chile, que el Gobierno actual debe hacerse cargo, en el marco de su competencia y atribuciones. Al igual como en la historia reciente ocurrida en Dictadura, la Verdad, la Justicia, la debida Reparación y las garantías de no repetición, respecto de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el estallido social, siguen sin una respuesta adecuada por parte del Estado”, manifestó.
Puntualizó que transcurridos más de tres años, y habiéndose recibido más de 11.000 denuncias por parte del Ministerio Público, hay sólo 14 agentes estatales condenados, y ninguno de ellos pertenece al Alto Mando y que, en contraste, todavía hay 52 presos de la revuelta social condenados en juicios con grave infracción a las reglas del debido proceso.
“La impunidad en materia de crímenes contra los derechos humanos, da cuenta del grave incumplimiento del deber de investigar debidamente y sancionar a los responsables por parte del Ministerio Público y el Poder judicial, al mismo tiempo que constituye un grave incumplimiento de los compromisos asumidos ante la comunidad internacional producto de la suscripción y ratificación de diversos tratados sobre la materia, así como los compromisos asumidos por el propio presidente de la República en su Cuenta Pública de 1 de Junio pasado en que se comprometió a enviar un Proyecto de ley que asegure la persecución penal especializada en Derechos Humanos”, precisó.
En materia de reparación, lamentó que aún no se haya creado una Comisión de Verdad y Reparación para las víctimas del estallido social, y en relación a las garantías de no repetición, reprochó al Gobierno el que no habrá reestructuración de Carabineros y que siga al mando de la Institución, Ricardo Yañez Reveco, denunciado ante los tribunales nacionales así como ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Al cierre de su intervención, Carlos Margotta Trincado reafirmó el compromiso con los fines para los cuales fue creada la CChDH, y “seguiremos instando por la libertad de los presos de la revuelta social, y exigiendo Verdad, Justicia, Reparación y garantías de no repetición respecto de las víctimas de la Dictadura así como las del estallido social”.
“Cabe recordar que aún hay grandes deudas pendientes derivadas de los crímenes de la Dictadura. Sólo a título ejemplar, todavía hay 1.201 chilenos y chilenas que todavía tienen la condición de detenidos desaparecidos y si bien valoramos el reciente anuncio del Plan Nacional de Búsqueda, creemos que esta iniciativa, si no tiene recursos asociados necesarios y suficientes, será sólo una medida efectista, no efectiva”, concluyó, manifestando que la Comisión Chilena de Derechos Humanos seguirá instando por la aplicación del indulto de todos los presos de la revuelta hasta obtener su libertad.
La ceremonia, que contó con la asistencia de la Embajadora de la República Federal de Alemania, Irmgard María Fellner, del Consejero Político de la Embajada de Argentina, Juan Antonio Barreto, del Cónsul del Estado de Palestina, Ammer Zorba y del Encargado Cultural de la Embajada de México, Jorge Pascual Rubio, culminó con la entrega del Premio de Derechos Humanos Jaime Castillo Velasco, correspondiente al año 2022, al destacado abogado Roberto Celedón y a la valiente dirigente defensora del Agua y del Medio Ambiente, Verónica Vilches.
