Texto íntegro:

Las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo la dictadura militar son un tema que aún transversaliza a toda la sociedad chilena. Nuestro país conoció las políticas del Terrorismo de Estado, traducidas en exilio, tortura, allanamientos poblacionales masivos, ejecuciones, exoneraciones, relegaciones, prisión política y una de la más brutal de esas violaciones, la detención con desaparición forzada, que afectó a nuestros familiares, crimen en el cual se sintetizan todas las violaciones a los derechos más consustanciales e inherentes de una persona.

Durante los 17 años de dictadura en que primaba la cultura de la muerte, los familiares nos organizamos y denunciamos en Chile y en el mundo las violaciones a los derechos humanos que se cometían. Se nos dijo que los nuestros no existían, que la denuncia era una invención que perseguía fines políticos. A nuestros seres queridos se les calificó de “presuntos desaparecidos”, pero como sabíamos que el drama era verdadero, continuamos denunciando y demandando encontrar a los detenidos desaparecidos. Paralelamente, gracias al sacrificio de nuestros familiares y de miles de chilenas y chilenos, tanto en Chile como en el exilio, finalmente en 1990, logramos iniciar un proceso de transición que aún no concluye de acuerdo a un sistema verdaderamente democrático. Por ello, en estos 24 últimos años, las demandas por Verdad, Justicia, Memoria y Reparación se han mantenido vigentes.

La conmemoración de los 40 años del golpe de estado, en 2013, se transformó en un claro ejemplo de la resignificación que, para la opinión pública, tuvo tal hito. El eje central se dio en las violaciones a los derechos humanos, poniendo en evidencia lo que durante años denunciamos. La televisión, los medios de comunicación impresos, la literatura, el cine documental, entre otras formas de expresión, entregó a todos los chilenos y chilenas los elementos para que el juicio generalizado fuera demoledor para quienes participaron, avalaron y callaron ante tan cruentas violaciones a los derechos humanos. Todo esto redundó en una nueva narrativa de lo sucedido, puesto que se expandió la necesidad de “juicio y castigo”. Las que antes fueron banderas de lucha del movimiento de derechos humanos, ahora se reproducía en todos los ámbitos, llegando a escucharse por parte de la derecha peticiones de “perdón”.

Hoy, el año 2022, nos encontramos ante un nuevo escenario. Un Chile suficientemente robusto como para que sus poderes públicos y sus instituciones den los pasos que nos permitan avanzar sustancialmente en las demandas de nuestras organizaciones, superados con creces antiguos argumentos que apelaban a la falta de “condiciones políticas”.

Por todo lo antes expuesto y ad portas a los 50 años de la conmemoración del golpe de Estado, por este acto, formulamos al Señor Presidente de la República y a las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo, las siguientes demandas:

1. Impulsar la tramitación, hasta su publicación como ley de la República, del Proyecto de Ley que declara la nulidad de Derecho Público del Decreto Ley Nº 2.191, de 1978, contenido en el Boletín Nº 4162-07, presentado al Senado el 21 de abril de 2006. Dicho proyecto de ley fue generado en una Mesa de trabajo que incluyó a Senadores, abogados de DDHH, a nuestras agrupaciones y a diversas organizaciones de DDHH.
2. Impulsar la tramitación, hasta su publicación como ley de la República, del Proyecto de Ley que interpreta los artículos 93 y 103, ambos del Código Penal, referido a excluir de beneficios carcelarios a quienes sean condenados por su responsabilidad en causas por violaciones a los derechos humanos. Este proyecto ya ha sido aprobado en la Honorable Cámara de Diputadas y de Diputados, y se encuentra, en la actualidad, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado de la República.
3. Impulsar la tramitación, hasta su publicación como ley de la República, del Proyecto de Ley interpretativo que adecua la legislación penal chilena a los Tratados Internacionales, en materia de derechos humanos, contenido en el Boletín Nº 3345-07, presentado ante la Honorable Cámara de Diputadas y de Diputados el 09 de septiembre de 2003.
4. Concretar la ratificación de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, aprobada el año 1968 en Naciones Unidas.
5. Diseñar y ejecutar un plan de búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada, que deberá ser participativo, respetuoso del enfoque de derechos humanos y que recabe y aproveche todo el conocimiento acumulado en las instituciones del Estado.
6. Exigir al Consejo de Defensa del Estado, CDE, que ponga fin a su accionar contrario al Derecho Internacional -que es también derecho interno-, negándose a la reparación integral que el Estado de Chile le debe a las víctimas y sus familiares.
7. Complementar el mandato de la Unidad Programa de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y los Derechos Humanos, contenido en el Artículo 6° de la Ley Nº 19.123, agregando la facultad de querellarse en los casos de víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por las comisiones de verdad. Para tales efectos, es necesaria una modificación legal y, además, se requiere ampliar el personal y la infraestructura de dicha unidad.
8. Dotar de más recursos a la Judicatura, al Servicio Médico Legal, a la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI y al Programa de Atención Integral en Salud, PRAIS, del Ministerio de Saludos, para que pueda cumplir debida y oportunamente las funciones que les corresponden, en el marco de la sustanciación de las causas por graves crímenes de la dictadura.
9. Dotar de más recursos al Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, para que pueda ejercer su función debidamente como querellante en los casos de violaciones a los derechos humanos contemporáneas y, asimismo, pueda apoyar y acompañar a las víctimas.
10. Requerir a la Judicatura que los procesos radicados en los Tribunales de Justicia a lo largo del país, sean sustanciados por Ministros y Ministras que estén abocados y abocadas, de manera exclusiva, a la instrucción de estos.
11. Presentar un Proyecto de Ley ante el Congreso Nacional, que elimine el secreto de 50 años que establece el artículo 15 de la Ley Nº 19.992, el que impide acceder a los nombres de los torturadores que se mencionan en los antecedentes y declaraciones de las víctimas reconocidas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura; así como impulsar todas las iniciativas que impidan el ocultamiento de archivos del periodo de la dictadura civil militar.
12. Restringir normativamente y de manera definitiva la competencia de los Tribunales Militares, estableciendo que estos se deben abocar al conocimiento de asuntos criminales que sólo afecten bienes jurídicos de tal naturaleza, y que dejen de conocer y dejen de intervenir en procesos por violaciones a los derechos humanos.
13. Establecer, de manera permanente, un mecanismo de reconocimiento de víctimas de violaciones a los derechos humanos, que se radique en el Poder Ejecutivo.
14. Reforzar, de manera consistente, las políticas de recuperación de la Memoria Histórica, en sus diversas formas y ámbitos. Especial preocupación reviste la situación de impunidad y ocultamiento de información que aún mantiene la Colonia Dignidad, por lo que solicitamos que se tomen las medidas necesarias que terminen con el manto de protección que ampara a este enclave.
15. En el plano educacional, incorporar la asignatura de derechos humanos a la malla curricular, en los distintos niveles de educación formal, civil y militar, incluyendo a Carabineros, a la PDI y a las ramas de las FFAA.
16. Proponemos la degradación y el término de los beneficios para todos los funcionarios de las FFAA y de Orden que sean condenados por sentencia definitiva de término, por hechos que constituyan graves violaciones a los DDHH.
17. Terminar con las cárceles especiales para los violadores de derechos humanos sancionados por la justicia, tales como, Punta Peuco.
18. Incorporar a la Brigada Investigadora de delitos contra los DDHH, de la Policía de Investigaciones, funcionarios de la institución, de probada trayectoria y eficacia por su trabajo en otros procesos criminales, quienes por decisiones institucionales, ya se encuentran en retiro o han sido destinados a otras unidades.

Finalmente, invitamos a las nuevas autoridades para que, por medio de políticas públicas eficaces y en un trabajo conjunto de diversos Ministerios involucrados, trabajemos por el término de la impunidad en Chile.

El paso del tiempo es inexorable. Para los familiares de las víctimas es una afrenta que, a casi 50 años de ocurridos los hechos, aún no tengamos Verdad y Justicia, para cada uno de quienes nos fueron arrebatados.

Existiendo voluntad política de sancionar la impunidad, podremos avanzar en curar lo que se ha llamado “la herida abierta”. Es tiempo que podemos recuperar, aunque es corto, pues lentamente se impone la “impunidad biológica”, cual es, aquella que deja de sancionar los crímenes de lesa humanidad por muerte de los perpetradores.

Avances sustantivos serán el respaldo irrestricto de los Proyectos de Ley aquí propuestos, unidos a gestos de las autoridades que indiquen, sin lugar a dudas, que no aceptan la impunidad, financiando Lugares de Memoria, desburocratizando la obtención de recursos para la mantención de organizaciones, que de no ser por la acción del Terrorismo de Estado, no existirían.

Las Agrupaciones de Familiares abajo firmantes, hacen suyas estas demandas, las cuales han sido por largos años reclamadas.

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca.

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concepción Agrupación de Familiares de Detenidos de Desaparecidos de La Serena

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chillan

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Parral

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos desaparecidos de Iquique y Pisagua

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Valdivia

Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Osorno

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Región de la Araucanía.

Agrupación de familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Valparaíso

Agrupación de Familiares y Amigos de Ejecutados y detenidos Desaparecidos

Políticos de Atacama

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos – AFDD

Agrupación de familiares de Ejecutados Políticos – AFEP

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