La entidad de investigación social y política plantea que la demanda histórica por una nueva Constitución en Chile ha sido impulsada por décadas, reflejando la necesidad de superar la impronta elitaria de la carta magna de 1980.

El texto vigente ha obstaculizado transformaciones democráticas necesarias en diversas áreas, desde relaciones laborales hasta derechos sociales, medio ambiente y estructuras democráticas. La propuesta del Consejo Constitucional, en lugar de abordar estos problemas, agrava las deficiencias actuales y consagra un programa de gobierno de la derecha más extrema del país.

Análisis

Desde una perspectiva política, la propuesta se percibe como maximalista, desconfiada de la democracia y alineada con la visión conservadora de la derecha política. En términos jurídicos, presenta deficiencias en su redacción, generando confusión y contradicciones que podrían aumentar la litigiosidad y judicialización. La falta de claridad contribuye a la incertidumbre y no contribuye a la construcción de certezas necesarias para la sociedad chilena.

Cuatro Grandes Ejes de Análisis

1. Estado Social y Democrático de Derecho y Derechos Sociales

– La propuesta socava la esencia del Estado Social y Democrático de Derecho al construir una institucionalidad incapaz de ejercer un rol relevante en la realización de los derechos sociales.

– La subsidiariedad se impone, favoreciendo los intereses económicos de las grandes empresas y proponiendo una reforma tributaria encubierta.

– En materia de derechos sociales, la propuesta es más restrictiva que la Constitución de 1980, constitucionalizando las industrias de AFP e ISAPRES y bloqueando la posibilidad de garantizar una educación pública y de calidad.

1.Si bien se declara el Estado Social y Democrático de Derecho, cómo se sustentaría ese modelo y por tanto qué ocurre con la subsidiariedad en lo planteado por el proyecto de constitución.

2.Dentro de las críticas a la propuesta de nueva carta se menciona que se constitucionalizan aspectos que son propios de la ley o de la discusión legislativa. Qué ocurre en relación al poder judicial, en donde dentro de la propuesta aparecen muchas nuevas instituciones, entre ellas, una Defensoría de las Víctimas o la Fiscalía Supraterritorial que son proyectos de gobierno en tramitación.

Acerca de la participación de la derecha en este proceso político, cómo evalúa la actuación de la derecha o de las derechas, y su sustentabilidad como referente para las demandas ciudadanas.

Qué considera respecto al debate constitucional, tiene proyección en el mediano plazo, en tanto las demandas sociales siguen en pie.

2. Género y Feminismo

– La propuesta amenaza conquistas democráticas relacionadas con la libertad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo, obstaculizando el cumplimiento de la ley de aborto en tres causales y limitando la discusión sobre cuidados como un problema público.

– La objeción de conciencia se constitucionaliza sin restricciones, abriendo la puerta a la discriminación.

– No se considera la paridad como un principio a implementar en el proceso democrático.

3. Medio Ambiente

– La propuesta retrocede en estándares internacionales al vincular la protección ambiental al paradigma de la sustentabilidad, poniendo el desarrollo económico como antagónico al cuidado del medio ambiente.

– Ignora la crisis climática y dificulta la construcción de herramientas efectivas para enfrentarla.

– No reconoce el derecho humano al agua de acuerdo con estándares internacionales.

4. Democracia, Sistema Electoral y Sistema de Partidos

– La propuesta restringe la autonomía de las organizaciones de trabajadores y dificulta la introducción de reformas constitucionales a futuro.

– Aumenta el quórum de reforma constitucional y elimina avances propuestos para combatir la fragmentación política y favorecer la representación.

– No avanza en el reconocimiento de los pueblos indígenas ni incorpora principios de paridad en los órganos del Estado.

Conclusiones

La propuesta constitucional del Consejo Constitucional representa un retroceso de varias décadas en términos constitucionales y democráticos. No responde a las necesidades sociales que motivaron la búsqueda de una nueva carta magna y, en cambio, consagra una visión parcial y conservadora. La ciudadanía y los actores sociales y políticos son invitados a profundizar en estos fundamentos para construir una posición sólida en contra en el plebiscito del 17 de diciembre de 2023. La propuesta no contribuye a la ampliación de las posibilidades de deliberación democrática, siendo esencial para el país un texto que permita realizar cambios significativos y vivir mejor como sociedad.

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