Por Jean Flores Quintana, cientista político.

Pese a los esfuerzos de la derecha política y mediática, la segunda propuesta constitucional fue rechazada. La primera palabra de esta columna no es al azar, aunque también pudieron servir los conceptos, “a pesar” y “por encima”, de los ilimitados recursos desplegados por la clase empresarial para denostar al oficialismo la opción “En Contra” se impuso.

El jueves 14 de diciembre fueron detenidos 55 empresarios por el fraude fiscal más grande de la historia de Chile. El operativo de la policía de investigaciones fue gigantesco. Se allanaron 83 domicilios en 10 regiones del país. Los montos superan los 240 mil millones de pesos. Se estima que 100 empresas serían parte de esta organización criminal que opera al menos desde 2015. Los delitos          que se imputan son asociación ilícita, fraude aduanero, delitos tributarios y lavado de activos. Esto, tras detectar 100 mil facturas adulteradas a más de 3 mil contribuyentes.

Era de esperar que los medios den amplia cobertura a este hecho que reviste de la máxima atención ciudadana dado los altos montos que se manejan y la turbia trama descubierta, sin embargo, no pensaron lo mismo los editores de La Tercera, uno de los periódicos con mayor circulación nacional. Incluyendo el día de hoy, lunes 18 de diciembre, no tuvo lugar el “caso empresarios” en sus portadas, no obstante, sí aparecen en mayúsculas y destacado “Luis Castillo”, “indulto”, “Boric”, “Daniel Andrade”, “Democracia Viva” y “Catalina Pérez”.

El lector podrá determinar si la negativa de La Tercera en dar protagonismo al mayor escándalo tributario de nuestra historia y poner en su lugar noticias vinculadas con el gobierno responde a un error de criterio, compromisos económicos con sus financistas, defensa corporativa del gremio empresarial, parte del ataque sistemático al ejecutivo o sabotaje de la opción oficialista. De la misma manera, será la ciudadanía quien evalúe si existe algún interés determinado tras la detención de Andrade a tres días del plebiscito -como ocurrió con el allanamiento de la sede del partido Comunes dos días antes de la elección parlamentaria-, y por cierto, la desaparición mediática de los casos Hermosilla, Yáñez, Barriga, y Torrealba.

¿Será que existe una decisión editorial de atacar a las fuerzas progresistas y proteger los intereses de la clase empresarial relevando el “caso convenios” en lugar de cubrir el escándalo que defraudó al fisco el equivalente de cinco teletones y media?

El tratamiento noticioso de La Tercera los días previos al segundo plebiscito constitucional careció de cualquier sentido objetivo y/o democrático de la información. El encuadre de sus portadas direccionó los matinales, debates y contenidos de redes sociales. Muy posiblemente, con una mínima ponderación de los hechos el impacto del “caso empresarios” supera con creces cualquier noticia de los últimos años, no obstante, proteger los intereses de los poderosos es el primer criterio al momento de armar las pautas de prensa, de la prensa burguesa.

La movilización popular torció la mano implacable de la constitución del tirano, rompiendo algunos de los cerrojos dictatoriales. Sin perjuicio de lo anterior, los nudos centrales se toparon una y otra vez con el argumento de la inconstitucionalidad, ya sea en el Senado o en la última trinchera reaccionaria, el Tribunal Constitucional.

Fue la fuerza colectiva de la sociedad civil la que bregó por ampliar los marcos democráticos, contra la voluntad de los defensores del régimen.

La opción “En Contra” se impuso con el 55,76% de los votos, sin embargo, bien pudo ser por sobre el 65% de las preferencias como sostenía la gran mayoría de las encuestas hasta el cierre de la campaña legal, después de eso, solo una de las opciones tuvo la hegemonía y el control de la información. Si la alternativa oficialista ampliaba su diferencia en las urnas el piso político para seguir sosteniendo el proceso constituyente era más firme. Desde hace un mes que todos los voceros de la clase empresarial, con escaños en el congreso, han dicho que no podrán sus votos para ninguna reforma, independiente del resultado plebiscitario.

No ganamos nada, pero pudimos perderlo todo. 

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