Declaración pública: Al conmemorarse dos años del inicio de la revuelta social, el balance en materia de derechos humanos, resulta poco alentador.
Las justas y legítimas demandas que multitudinariamente se expresaron a partir del 18 de Octubre, aún no son escuchadas. Aún persiste el abuso institucionalizado, la grosera desigualdad y un modelo político y económico incompatible con los derechos humanos, a la vez que continúa la falta de credibilidad en las instituciones.
Asimismo, la represión policial sigue aplicándose en contra de quienes siguen manifestándose en las calles. Cabe tener presente que la última víctima de trauma ocular, se produjo por el accionar de Carabineros, en contra de Cristián Millapán, el 24 de abril del presente año.
A su vez, la errática estrategia sanitaria del Gobierno para combatir la pandemia del Covid-19, reafirmó la necesidad de abrir paso a un nuevo proyecto de sociedad fundado en el respeto y garantía de los derechos humanos. En efecto, salvo el exitoso proceso de vacunación, la estrategia sanitaria respondió más a resguardar los intereses empresariales que a la debida protección del derecho a la Vida y la Salud de los habitantes de nuestro país, provocando miles de muertes que pudieron haberse evitado.
En materia de cumplimiento de las obligaciones internacionales de hacer Verdad, aplicar la Justicia, otorgar la debida Reparación a las víctimas e implementar Garantías de No Repetición, respecto de las masivas, graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos cometidas por agentes estatales, muchas de ellas constitutivas de crímenes de lesa Humanidad, el Estado de Chile se encuentra en serio incumplimiento, incurriendo en responsabilidad internacional.
En efecto, así lo reconoce el propio INDH, que informó que de las 3.072 querellas presentadas por dicho organismo, sólo 4 han recibido sentencias condenatorias, Cabe agregar que ninguna de ellas, condenó a penas efectivas de cárcel a los agentes estatales involucrados, a pesar de la gravedad de los hechos acreditados.
A su vez, el comportamiento asimétrico de los órganos mandatados por ley para investigar y administrar justicia, esto es, el Ministerio Público y el Poder Judicial, se expresa en la permanencia aún –en inaceptables condiciones carcelarias- de casi un centenar de jóvenes privados de libertad con ocasión de la revuelta social, producto del abuso de la prisión preventiva, la vulneración de la presunción de inocencia y las formalizaciones arbitrarias, entre otras trasgresiones al derecho al debido proceso. También ha afectado la invocación abusiva de la Ley de Seguridad del Estado por parte del Ministerio del Interior, en su afán de perseguir y castigar a quienes legítimamente expresaron su rebeldía durante el estallido social. Sin embargo, a pesar de su urgencia ética, jurídica y social, el Proyecto de Ley sobre Indulto General que persigue otorgarles su libertad, poniendo término así a dichas graves violaciones a sus derechos humanos, sigue estancado en el Senado injustificadamente.
Los procesos iniciados por violaciones a los derechos humanos, no avanzan y sus responsables gozan de las más absoluta Impunidad, lo que nos obligó a presentar como Institución, junto con tres organizaciones internacionales, una Denuncia (Comunicación) ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, para que abra una investigación para determinar la responsabilidad penal del presidente de la República, Sebastián Piñera y otras autoridades políticas y policiales, en la comisión de crímenes de Lesa Humanidad ocurridas durante la revuelta social. Un reciente Informe de una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, concluyó que los crímenes contra la Humanidad cometidos, obedecían a una política de Estado. La reciente acusación constitucional deducida en contra del presidente de la República, y la investigación iniciada por el Ministerio Público en su contra, por hechos constitutivos de delitos asociados a la compraventa de la Minera Dominga, no hacen sino confirmar el fundado cuestionamiento que tanto a nivel nacional como internacional, se le hace a quien detenta el cargo de mayor responsabilidad en el país.
Por su parte, el reciente Estado de Emergencia decretado por el Gobierno en la Macrozona Sur, resulta contrario a los lineamientos y directrices señalados por los organismos internacionales para enfrentar el conflicto mapuche. Sólo la negociación y el diálogo que permita satisfacer las justas reivindicaciones territoriales del pueblo mapuche así como el establecimiento de un Estado Plurinacional, permitirán que la Paz en la zona se cimiente en bases sólidas y duraderas.
Del mismo modo, esperamos que el inédito e histórico proceso constituyente en curso, iniciado fruto del estallido social, siente las bases de una convivencia democrática entre todos los habitantes del territorio nacional, fundado en el respeto y garantía de los derechos humanos, que es la demanda mayoritaria expresada durante la revuelta social.
Para ello, la Convención Constitucional, como órgano del Estado, tiene el deber de redactar el nuevo texto constitucional teniendo como marco referencial obligatorio, los derechos humanos contemplados en los diversos tratados internacionales sobre la materia, suscritos y ratificados por el Estado de Chile, en virtud del principio de Derecho Internacional que impone a los Estados la obligación de cumplir lo pactado so pena de incurrir en responsabilidad internacional.
Por último, queremos hacer un llamado a quienes, en el marco de la conmemoración de un nuevo aniversario del estallido social, van a ejercitar el legítimo derecho a la manifestación, lo hagan pacíficamente sin aceptar provocaciones de la represión estatal. No queremos que aumente la larga lista de víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas en estos dos años.
Asimismo, queremos expresar nuestra preocupación por la explosiva proliferación y normalización creciente, de los discursos negacionistas, xenófobos y neofascistas, a cuyos cultores, -incluidos algunos que ocupan cargos de elección popular ó aspiran e ellos-, se les da tribuna permanente en los medios de comunicación masivos, bajo el pretexto de respetar la libertad de expresión. Queremos recordar que dichos discursos, no sólo son contrarios a los principios y normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que el Estado de Chile se encuentra obligado a respetar, sino que además, contrarían los anhelos y sueños mayoritarios de quienes aspiran formar parte de una convivencia democrática fundada en el pleno respeto y garantía de los derechos humanos, única forma de alcanzar la Paz social y la plena Dignidad de cada uno de sus integrantes.
COMISION CHILENA DE DERECHOS HUMANOS
Santiago, 16 de Octubre de 2021.-
