La jornada de este martes, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, por 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones, el informe final de la Comisión Especial Investigadora (CEI) por las 89 cajas con osamentas de eventuales detenidos desaparecidos abandonadas en dependencias de la Universidad de Chile y el Servicio Médico Legal.

Dicho informe señala que “no hay explicación alguna que justifique la existencia, por más de dos décadas, de eventuales evidencias que estarían vinculadas a violaciones de los derechos humanos en dependencias de organismos del Estado sin que, salvo excepciones, se realizaran pericias para su identificación”.

Además se sugiere que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realice una permanente fiscalización para que el Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, efectivamente, impulse y respalde las diligencias judiciales y las pericias que correspondan en relación con eventuales víctimas de desaparición forzada.

A su vez se recomienda que se disponga de todos los recursos para identificar fragmentos y restos óseos que se encuentren en cualquier dependencia pública o privada.

En el informe también se lee que se hace necesario que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informe cuatrimestralmente a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputadas y Diputados el avance respecto al trabajo desarrollado por el Servicio Médico Legal para la identificación de víctimas de desaparición forzada.

Si bien las recomendaciones fueron aprobadas por la Cámara, la derecha votó en contra de estas, situación que, en todo caso, no extrañó a quien fuera la impulsora y presidenta de la Comisión, diputada Lorena Pizarro.

“Me parece que la creación y funcionamiento de esta CEI vuelve a develar el pensamiento y el actuar que tiene la derecha frente a las causas de violaciones a los derechos humanos en la dictadura civil-militar, incluso en lo que significa la identificación de las víctimas. Es realmente impresentable que, pese a la voluntad de la mayoría de los integrantes de la Comisión de establecer y recomendar al Estado sus obligaciones en la materia, la derecha busque, una vez más, avanzar hacia la profundización mayor de la impunidad, señalando que presentarían un proyecto que pretende avanzar en la dirección de transformar a nuestros familiares en solo un objeto para identificar y no avanzar en lo que significa la verdad y la justicia”.

Por su parte, la diputada Claudia Mix también cuestionó a los parlamentarios de derecha, en especial a republicanos, que dejaron de manifiesto su intención de cerrar los procesos judiciales a los eventuales culpables de desapariciones forzadas.

“Tanto repentino interés de la derecha por cerrar la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada no es otra cosa que otro intento de aprobar un proyecto de impunidad para eludir la condena de los responsables. Los delitos de lesa humanidad son especialmente detestables e imprescriptibles. Seguiremos buscando a nuestros desaparecidos siempre, pero también perseguiremos conocer la verdad de lo ocurrido con ellos, para que se haga justicia”.

“En esas cajas no hay huesos de animales, como sugirió un miembro la comisión de extrema derecha; en esas cajas hay un padre, un hijo, un hermano, un amigo que después de 50 años sigue esperando volver a los brazos de sus seres queridos; seres humanos a los que se les arrebató la vida y merecen justicia”, agregó Mix.

En tanto, la diputada Marcela Riquelme sostuvo que “los familiares de las víctimas han visto una violación sistemática de sus derechos fundamentales al continuar no solo la incógnita del paradero de sus familiares, sino que además este vejamen de que las cajas se hayan estado deteriorando en instalaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile”.

La parlamentaria también se refirió a la intención de la derecha de cerrar los procesos judiciales en causas de violaciones a los derechos humanos.

“Esta propuesta de los republicanos de investigar la identidad de las osamentas sin que estuviese esto asociado a una causa penal es perjudicial, pues no solo buscamos la verdad, sino que también buscamos justicia para los familiares y víctimas de la dictadura militar”, finalizó la legisladora.

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