Por Jean Flores, cientista político.
El Presidente Gabriel Boric anunció la mañana del jueves 1ro de febrero una serie de medidas para combatir la delincuencia y el crimen organizado en la Región Metropolitana y otras zonas del país. Entre ellas, anunció la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) la creación de un Gabinete Especial de Seguridad y el fortalecimiento del Plan Calles sin Violencia en la Región Metropolitana, con 50 puntos de control móvil en las comunas con mayor tasa de homicidios.
Sin duda, lo que ha marcado la agenda política y noticiosa desde entonces es el Cosena.
Por tanto, la primera pregunta que podríamos hacernos es: Cuál es el problema que el Presidente de la República, en el uso de sus facultades, convoque al Consejo de Seguridad Nacional?
La respuesta tiene que ver con las heridas no cerradas de la dictadura militar. El régimen de Pinochet se sustentó en dos pilares: por un lado, la doctrina económica neoliberal y en segundo término, los horrores de Estado justificados por la política de seguridad nacional. Acá es oportuno hacer una comparación histórica.
El paquete de medidas que está implementando Javier Milei en Argentina, que atentan contra los derechos sociales, políticos y económicos, son similares a las que implementó la derecha en Chile. La diferencia es que acá lo hicieron a sangre y fuego. En suma, la puesta en marcha del modelo neoliberal sólo es posible con las armas, apuntando al pueblo y aniquilando la democracia.
La decisión del Presidente de la República dice relación con la ola de crímenes que sacuden nuestro país. En este punto es fundamental diferenciar entre los delitos registrados y la sensación de inseguridad. Lo segundo ha sido el caldo de cultivo para el fascismo en el mundo. A mayor sensación de inseguridad, mayores opciones. que se vote a la derecha, dado sus promesas de ejército en las calles, armas a la población rica, más policías, cárcel y castigo. Todo para ayer. Hoy ya es tarde. Con este discurso ha llegado al Ejecutivo la peor calaña de políticos: Donald Trump, Jair Bolsonaro, Giorgia Moloni, Viktor Orbán y el propio Milei.
Esto atenta contra los avances civilizatorios. El debido proceso con tribunales de justicia imparciales debe ser una garantía intransable. Sin embargo, basta observar la diferencia de controles de identidad registrados en Lo Barnechea versus alguna comuna periférica para distinguir que existe un abismal sesgo de criminalización según la clase, toda vez que los que han saqueado Chile tienden a no vivir en los sectores vulnerables.
El gobierno de Boric apostó desde su primer día por una agenda de seguridad con mirada de mediano y largo plazo, es decir, enfrentar los problemas de inseguridades desde una perspectiva multidimensional, atendiendo las condiciones materiales, poniendo el foco en más áreas verdes, deporte, cultura, vivienda, salud y educación. Para la ejecución óptima de estas medidas se precisa de mayor inversión, recursos que estaban proyectados alcanzar con la reforma tributaria rechazada por la derecha en el ciclo legislativo 2023.
A propósito del Cosena y el fascismo de Estado, Carlos Larraín, ex presidente de Renovación Nacional, dijo en Tolerancia Cero en agosto del año pasado: Al gobierno hay que apretarlo hasta hacerlo gritar, parafraseando al presidente norteamericano Richard Nixon, quien 10 días después de que Salvador Allende asumiera la presidencia de la República, ordenó al director de la Cia, Richard Helms, emplear “a los mejores hombres” para “hacer gritar a la economía” de Chile y propiciar un cambio de régimen, con la advertencia de que debía ocultarse a toda costa la presencia estadounidense, pues ello les haría quedar mal ante la opinión pública.
La editorial de El Mercurio del día domingo 4 de febrero, inmediatamente después del anuncio presidencial, aborda esta situación con el titular “Siguen los giros”. Destacan que preocupa que solo pueda tratarse de una medida efectista más que no contribuya a la lucha contra la delincuencia. A esto agregan las diferentes reacciones de partidos políticos y parlamentarios de las coaliciones gobernantes, por cierto, sembrando una estela de dudas respecto de la incompatibilidad entre seguridad en las calles y respeto por los derechos humanos.
La clase patronal no solo busca torpedear en toda materia cualquier avance del oficialismo, sino además dividir posiciones de cara al ciclo electoral 2024-2025. En función de este relato, de un lado quedan los que “se dan vuelta la chaqueta” y están en favor de la militarización (arrastrados por las posiciones de derecha) y enfrente quedan los “extremistas que siguen con la cantinela de los derechos humanos avalando a la delincuencia”.
La convocatoria del Cosena por parte del Ejecutivo deja con poco margen de respuesta a la derecha romántica de la dictadura. Sin duda, para reducir los niveles de delincuencia y crimen organizado se precisa de mayor eficiencia en los recursos públicos. todos ellos. Respecto de la Ley de Infraestructura Crítica y la que regula el uso de la fuerza para efectivos militares, estas necesariamente deben ajustarse al debido proceso y el respeto por los derechos humanos. A contrapelo la inmunidad jurídica y procesal que pretende el pinochetismo.
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