Declaración Publica
Con profunda preocupación. estupor e indignación la Agrupación De Familiares de Ejecutados Políticos hemos tomado conocimiento de actos y decisiones emanadas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, orientadas explícitamente a favorecer el otorgamiento de beneficios carcelarios a condenados por crímenes de lesa humanidad. Se trata de personas que, durante años, han eludido la acción de la justicia y que hoy, bajo el argumento de su avanzada edad o condiciones de salud, buscan eludir el cumplimiento de sentencias condenatorias firmes y ejecutoriadas.
Estos actos constituyen una grave expresión de impunidad que condenamos categóricamente, son de la responsabilidad del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Fernando Rabat. Según los antecedentes recabados, el Ministro habría instruido a la jefa del Programa de Derechos Humanos, señora Constanza Garrido, quien a su vez ha ordenado a los abogados del Programa de Derechos Humanos abstenerse de intervenir en los recursos de amparo y en las solicitudes de rebaja de pena. Esto ha implicado el desistimiento de las apelaciones ya interpuestas y la prohibición de alegar las causas en las que previamente se encontraban compareciendo.
Lo anterior reviste de extrema gravedad, ya que limita y restringe una función esencial del Programa de Derechos Humanos: la defensa y promoción de los derechos humanos. Asimismo, neutraliza el valioso trabajo de sus abogados, quienes cuentan con el más absoluto y total reconocimiento de las víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura Militar, cuya defensa estuvo a cargo precisamente del actual ministro de Justicia Fernando Rabat.
Denunciamos esta situación porque constituye un acto de impunidad, particularmente en un contexto donde aún existen más de 400 causas abiertas. Estas instrucciones no solo resultan cuestionables desde el punto de vista jurídico, sino que podrían configurar un escenario de ilegalidad, evidenciando un preocupante abandono de deberes por parte del Estado. En la práctica, se estaría favoreciendo a condenados por graves violaciones a los derechos humanos, tales como César Manriquez Bravo, agente de la Dina condenado por diversos crímenes de la denominada Operación Colombo; Héctor Osses, Oficial de Carabineros condenados por diversos homicidios cometidos en la Población San Gregorio; y Jorge
Mandiola, agente de la CNI, condenado por diversos homicidios de la denominada Operación Alfa Carbón.
En cada uno de estos casos se ha ordenado a los abogados del Programa de Derechos Humanos a abandonar las acciones destinadas a asegurar el cumplimiento efectivo de las condenas, lo que vulnera gravemente los derechos de las víctimas.
Solicitamos a los Tribunales de Justicia que consideren la ausencia de comparecencia del Programa de Derechos Humanos como una situación que afecta el principio de maniobra bilateralidad de la audiencia, el derecho de las víctimas a ser oídas y, en definitiva, el debido proceso. Todo ello se enmarca en una política de impunidad respecto de la cual los tribunales no pueden ni deben hacerse partícipes.
Asimismo, hacemos un llamado a la Contraloría General de la República, para que se pronuncie sobre la legalidad de estos instructivos, en atención a su eventual contradicción con las obligaciones del Estado derivadas de los Derechos humanos y del artículo 5° de la Constitución Política de la República, que establece el deber de los órganos del Estado de respetar y promover los derechos esenciales garantizados tanto en la Constitución como en tratados internacionales vigentes.
Finalmente, la agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos reafirma su más profundo compromiso con la defensa de los Derechos Humanos, la verdad, la justicia y la reparación.
No a la impunidad.
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos
