Por Carolina Millalen
El programa de Reparación y Atención Integral de Salud PRAIS del Ministerio de Salud, figura entre los 24 que el gobierno propone descontinuar para esa cartera en el marco del reajuste fiscal.
El plan de salud que existe en Chile por décadas y cuya institucionalidad se ampara en la ley, arriesga desaparecer en una situación que preocupa a los usuarios y a sus equipos de salud especializados.
“El PRAIS es un programa que nació con el inicio de la vuelta de la democracia en el gobierno de Patricio Aylwin”, señala Edmundo Jiles, ex director y socio fundador de PRAIS Metropolitano Sur. “Nace para hacer una reparación integral en salud a todos aquellos que sufrimos violaciones de los derechos humanos durante la época de la dictadura”.
Tras los irrefutables hallazgos en 1990 de los cuerpos de ejecutados en una fosa clandestina al interior del cementerio de Pisagua, la reparación integral para los familiares de las víctimas y los sobrevivientes de la persecución política y del terrorismo de Estado, fue un tema ineludible en el país.
La llamada ley Rettig de esa década, abre el camino a la reparación desde distintas áreas, mientras que la ley Valech de 2004 institucionalizó el PRAIS con especial foco en salud mental y que en sus inicios surgió como una ONG., señala Edmundo Jiles:
En 2006 a partir de la Norma Técnica N° 88 del Minsal, se estimó que la población directamente afectada por la represión política ejercida por el Estado alcanzaba las 800.000 personas, una cifra no menor si se compara con la alta incidencia de enfermedades como la diabetes o la hipertensión en Chile.
“Las víctimas de las violaciones a los derechos humanos de la dictadura vamos a quedar sin atención correspondiente, sin importarles el daño causado”, remarca el ex director de Prais Metropolitano Sur. Sin embargo, advierte, la orden de Hacienda puede incurrir en un acto inconstitucional afectando su viabilidad:
“Hay una zona oscura que no se sabe cómo se va a manejar” plantea Jiles. “No se sabe si el Minsal va a hacer caso o si el Congreso va a aprobar el cierre. Tiene sus complicaciones legales y constitucionales el cierre del programa”.
No obstante, la preocupación por la mantención del servicio no solo refiere a los graves anuncios del gobierno de Kast, en tanto le anteceden otras modificaciones que preocupan a sus usuarios.“Habría que destacar que hasta el 2025 el programa Prais tenía un presupuesto designado por el Minsal, absolutamente insuficiente, pero lo tenía”, precisa Edmundo Jiles, apuntando a los cambios introducidos en la Norma Técnica N°253 que redujo el número usuarios y que emanó sin contemplar su participación:
De esa manera, explica, “el Estado deja de entregar un presupuesto directamente a la atención PRAIS y traspasa esa responsabilidad a la disponibilidad que tenga cada uno de los 29 servicios que que existen en el país”.
Asimismo quien ha sido uno de los fundadores del programa, acota que el recorte fiscal en salud afectará a otras áreas de su sistema público, impactando no solamente los usuarios Prais sino a “todos los usuarios de la salud pública en el país, pero el Prais va a sufrir la doble consecuencia, no más”, acota.
Frente a la nueva norma, Edmundo Jiles expresa la inquietud que quedó respecto a los criterios que redujeron de 800 mil usuarios a menos de 500 mil su población: “En vez de aumentar la población usuaria la disminuyeron. Con qué metodología y criterios lo hicieron, lo ignoramos completamente porque la tendencia debiese haber sido que el número de usuarios debiese haber aumentado”, precisa.
Mencionando que han entregado misivas a la ministra de Salud May Chomalí y a otras autoridades del área, indica Jiles que no han tenido respuesta. Sin embargo, siguen trabajando como usuarios y en conjunto con organizaciones de derechos humanos, para adoptar resoluciones frente a decisiones que violentan a las víctimas y transgreden los tratados suscritos por Chile y sus normas en torno a la reparación como una política fundamental frente a crímenes de lesa humanidad.
