Por Laura Mlynarz (candidata a la presidencia de la FECH)
El día 20 de abril, en la Universidad Austral de Chile, fueron detenidos tres estudiantes que participaban en una manifestación en contra de la ministra Lincolao. Ese mismo día, en la Cámara de Diputados y Diputadas, se iniciaba la votación del proyecto de ley “Escuelas Protegidas”. ¿Es coincidencia, o estamos frente a una forma de instalar una cortina de humo, donde el debate se esconde y la lógica de la ley del talión se pasa como gato por liebre?
Es importante observar las acciones de este gobierno día a día: mientras enfrenta presión social, responde rápidamente con salidas comunicacionales que prometen soluciones simples a problemas profundamente complejos del sistema educacional. La receta parece repetirse: más seguridad, más control, más sanción.
Presidente y ministros: la violencia escolar no se resuelve únicamente aumentando medidas de seguridad. Mucho menos se soluciona revisando mochilas o pertenencias de los estudiantes, como propone este proyecto, que incluso faculta a establecimientos y eventualmente a fuerzas policiales para registrar efectos personales dentro de los recintos educativos. Medidas como estas, sin protocolos claros y sin un enfoque formativo real, corren el riesgo de profundizar las tensiones ya existentes dentro de las comunidades educativas, más que resolverlas.
Se nos dice que estas iniciativas buscan fortalecer la convivencia escolar. Sin embargo, el mismo proyecto establece sanciones amplias, como considerar falta grave cualquier interrupción de clases, sin distinguir entre hechos violentos y movilizaciones estudiantiles. En la práctica, esto abre la puerta a limitar el derecho a organización y protesta, pilares históricos del movimiento estudiantil.
A esto se suma un elemento aún más preocupante: la incorporación de restricciones al acceso a la gratuidad en educación superior. El proyecto plantea que quienes hayan sido condenados por ciertos delitos no podrán acceder a este beneficio. Más allá de la gravedad de los delitos, lo problemático es el enfoque: transformar un derecho social en una herramienta sancionadora. Así, el Estado deja de garantizar la educación y comienza a administrarla como castigo.
Todos sabemos que la educación no es solo un beneficio, sino una herramienta de transformación. La vida es un proceso de aprendizaje constante, y justamente por eso, privar a jóvenes, incluso a quienes han cometido errores, del acceso a la educación no solo niega una oportunidad, sino que también limita cualquier posibilidad real de reinserción.
El problema de fondo es que se está intentando abordar una crisis compleja (la violencia en espacios educativos) desde una lógica simplista: castigar en lugar de comprender, controlar en lugar de transformar. Y eso no solo es insuficiente, sino peligroso.
Como estudiantes de educación superior, siempre estaremos dispuestos al diálogo y a construir soluciones que realmente aborden los problemas de fondo: salud mental, convivencia y condiciones materiales de estudio. Pero no podemos aceptar que, bajo el pretexto de la seguridad, se avance en medidas que terminan estigmatizando a quienes históricamente han sido actores clave en la defensa de la educación.
Porque cuando se instala la idea de que el problema son los estudiantes, se deja de mirar donde realmente está el conflicto.
Nosotros no queremos profundizar los problemas. Queremos enfrentarlos de verdad.
