De acuerdo a recientes reportes, el incendio que afectó a Viña del Mar en la víspera de navidad ha dejado más de 370 hogares quemados y  más de 1000 personas damnificadas.

En entrevista, el académico del Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Pablo Sarricolea, se refirió al riesgo que corren por efecto de los incendios cerca de 3 millones de habitantes a nivel país, así como a las gestiones que pueden promover las autoridades para evitar desastres como el de la región de Valparaíso.

En una investigación realizada durante el 2020 en la que participó el académico, se constató que cerca de 3 millones (15% de la población total aproximadamente) vive en interfaces forestales-urbanas inflamables.

Ante tal situación, el especialista señaló que la gestión contra los incendios tiene que reorientarse desde el combate hacia la prevención.

“Las autoridades tienen que generar normas de esta interfaz”, explicó el experto indicando que en el caso de países europeos cuyo clima es similar al de la zona central, las  distancias entre las áreas boscosas y la ciudad son de más de 400 metros.”Hay que generar esa área de interfaz protegida para generar territorios seguros y que evitemos estos grandes desastres” explicó.

De esta manera, respecto a la población que vive en esas zonas, Pablo Sarricolea indicó que la alternativa no es trasladar a las personas sino gestionar los terrenos habitados: “La autoridad tiene que hacer seguros esos espacios que ya han sido ocupados”.

En esa línea observó dos aspectos requeribles, como la gestión de bosques compatible con las viviendas, y regular el que terrenos que no estando habitados y que cuentan con zonas boscosas, sean comprados por inmobiliarias para hacer nuevas viviendas.

En relación a la responsabilidad y el rol de los privados para proteger de los incendios, destacó el sistema de subvenciones que sostiene gran parte de la actividad forestal, donde el gobierno “debiese exigir que tomen ciertos resguardos para proteger la vida, biodiversidad y evitar los incendios de gran magnitud”.

“Si no hay una norma que obligue a hacer cortafuegos entre predios y que eviten incendios, entonces no debiesen recibir subvención o Conaf debiese reorientar su presupuesto de combate al fuego por prevención”, precisó.

Junto con eso, recalcó la importancia de la participación de los diversos actores y sus demandas para precaver los incendios y sus desastres, considerando las posibilidades socioculturales de los vecinos, la exacerbación de las condiciones meteorológicas producto del cambio climático, la presencia de los municipios y la planificación de los espacios.

“Hay que fragmentar el territorio, generar mixturas del uso de suelo. En la zona uno se da cuenta que hay mucho espacio sin utilizar. Si este paisaje fuese gestionado utilizado por la ganadería, viñedos y otras actividades, eso ayudaría a que los fuegos no se propagaran tan rápidamente”.

Finalmente el académico quien también integra el Programa de reducción de Riesgos y Desastres CITRID, observó el incremento en la contaminación medioambiental que se genera con los incendios, para lo cual estimó necesario un plan de descontaminación para todo el año y no sólo vigente para los meses de invierno.

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