El académico del Instituto de Ciencias de la Educación, David Martínez, analiza los resultados del sondeo “Docentes ante las violencias en la escuela” que realizó el Colegio de Profesores de Chile.

Identificar frecuencia y grado de agresiones contra docentes en escuelas y liceos de Chile, así como determinar cómo los hechos violentos inciden en el profesorado, en relación a la percepción de la institución escolar y su relación con los otros estamentos de la comunidad escolar, son parte de los objetivos del sondeo que realizó el Colegio de Profesores de Chile, a través de su Departamento de Educación y Perfeccionamiento.

Más de 4.000 profesores/as del norte, centro y sur de Chile fueron parte de una encuesta de 69 preguntas que arrojó la presencia de violencia en las aulas. Y esta violencia incluye, entre las más habituales, los insultos y las amenazas realizadas en los colegios por estudiantes y apoderados.

Asimismo, muestra que las emociones de los profesores/as respecto a su trabajo es de optimismo, pero con “malestar subyacente”. Son las maestras y jóvenes, quienes tienen una percepción más positiva de la escuela y sus actores.

En materia de género son las profesoras, más que los profesores, las que sufren más agresiones. Respecto de los cargos, son los maestros/as que ejercen como profesor/a jefe/a quienes reciben más actos de violencia.

Razones esgrimidas y violencia sexual

Sobre las razones percibidas en los conflictos con los estudiantes aparecen como las cuatro principales: “poca disposición del/la estudiante al trabajo académico”; “dificultades emocionales que están enfrentando”; “dificultad de los/las estudiantes para guardar silencio en la clase”, y “falta de control de impulsos en estudiantes que llevan el conflicto a agresiones”.

En materia de violencia sexual los profesores/as encuestados/as respondieron que en 3% de los casos, sí han sufrido violencia sexual, y en cuanto a los agentes de ésta, un 38,06% corresponde a estudiantes y un 36,12% a colegas; el tercer lugar lo ocupan otros trabajadores de la educación con un 7,09%. Asimismo, son las mujeres, las que mayoritariamente, sufren estas agresiones.

Datos preocupantes

Para el académico del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de O’Higgins, David Martínez, los resultados de la encuesta son “preocupantes, porque muestran que los docentes, son víctimas de violencia en los establecimientos. Y es preocupante, porque la investigación en educación señala que uno de los factores más importantes del proceso de enseñanza-aprendizaje en los establecimientos es el trabajo que llevan a cabo los docentes. Por ende, si los profesores no pueden desarrollar en condiciones adecuadas su labor, sin duda, eso impactará en la calidad del proceso educativo”.

Un segundo punto que releva David Martínez, es el que señala que las profesoras sufren más agresiones que los profesores. “Esto mostraría que, a pesar de toda la visibilización y el énfasis que se le ha dado a la temática de género, todavía nuestra sociedad no ha avanzado lo suficiente en este punto”.

¿Es necesario un cambio de actitud de los apoderados para que las cosas cambien?

“Es necesario que los actores de las comunidades educativas pongan de su parte para la construcción de espacios donde prevalezcan formas democráticas de abordar las diferencias. Esto, en tanto la violencia no es un mecanismo válido de resolución de conflictos. Los estudiantes, como todos los miembros de la comunidad educativa, tienen tanto derechos como deberes”.

¿Falta diálogo, compromiso y trabajo conjunto?

“Efectivamente. Es necesario trabajar en conjunto esta realidad. Y para ello, se requiere de diálogo y de compromisos. Un mecanismo privilegiado para abordar las situaciones conflictivas es el diálogo entre los miembros de la comunidad educativa. De esa forma, es posible visualizar alternativas para trabajar dichas situaciones y eventualmente resolverlas”.

Ante las agresiones sexuales, ¿cómo se deben hacer cargo los colegios, los padres, los profesores?

“Es fundamental abordar estas problemáticas, especialmente, dada su gravedad y los impactos que estos hechos pueden tener tanto en las víctimas directas como en las comunidades educativas. Muchas veces, frente a este tipo de situaciones, operan visiones y prácticas que tienden a la naturalización de las agresiones o al simple silencio. Esto no puede ser aceptado en los establecimientos porque constituyen vulneraciones de derechos. Así, los establecimientos tienen el deber de problematizar estas situaciones e incluso realizar las denuncias correspondientes. Además, se requiere realizar tareas de prevención, a través de capacitaciones y de acciones de sensibilización para toda la comunidad educativa”.

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