Por Sebastián Rojas, Presidente de la FEUCSC
El gobierno de José Antonio Kast, presentó un proyecto de ley para reformar el Sistema de Admisión Escolar (SAE) y reponer “el mérito académico”. El proyecto pretende instalar dos nuevas modalidades de elección, la primera; a través de una elección mutua voluntaria, donde el estudiante y el establecimiento se eligen “mutuamente”, evaluando criterios “objetivos” y alineados con su proyecto educativo, y la segunda, de manera aleatoria, para aquellos establecimientos educacionales que no adscriban al primero y para las vacantes que queden luego de la elección.
Sin duda alguna, este proyecto de ley viene a demostrar una vez más la intención de este gobierno con la educación pública: desfinanciarla, desmantelarla y hacerla retroceder años de avances.
El debate sobre el Sistema de Admisión Escolar -totalmente legítimo- ha dejado de ser una discusión técnica bajo este gobierno, para trasladarse hacia una declaración de principios. La propuesta de reformar el SAE. no busca perfeccionar el diseño del sistema, sino que, busca consolidar un portazo definitivo a la educación pública chilena, sepultando el deber del Estado como garante de un derecho social.
Bajo la falsa retórica del mérito y la libertad de elección, se pretende volver al discriminatorio sistema de selección, donde los establecimiento educacionales elijan a dedo quienes son los estudiantes que cumplen con sus requisitos, criterios y estándares. Edificando así, una educación pública desigual, que mira antes de educar, el bolsillo, la vestimenta, el apellido o el origen socioeconómico de los padres. No se está devolviendo la oportunidad de elegir, se está brindando la facultad de segregar.
Desde su entrada en vigencia, el Sistema de Admisión Escolar buscó impedir la discriminación arbitraria basada en las características socioeconómicas o culturales de los hogares. Su objetivo fue avanzar hacia un modelo menos segregador, resguardando el derecho preferente de los padres y apoderados a escoger el establecimiento educacional para sus hijos, bajo reglas justas.
Fortalecer la educación pública es un deber del Estado. Renunciar a ella, es pavimentar el camino hacia la privatización del malestar social, instaurando la política del “sálvese quien pueda”, donde las instituciones educativas tendrán la potestad de imponer barreras y dar la espalda a quienes más lo necesitan.
Lamentables son las prioridades de este gobierno, que, en vez de legislar a favor de las grandes mayorías, fortaleciendo la educación, su acceso y diseño, pretende cumplir un capricho ideológico, y darle una vez más un portazo a la educación pública.
