Por Carolina Millalen
La Cámara de diputadas y diputados aprobó una resolución que busca terminar con el lenguaje inclusivo de género en los servicios públicos.
La propuesta plantea que el ejecutivo instruya a todas las carteras para dejar sin efecto la variedad de documentos o actos administrativos que “impongan el uso del lenguaje inclusivo en los diferentes servicios públicos, y que ordene por decreto el correcto uso del idioma castellano”, se lee en la solicitud de la autoría de 8 diputadas y diputados de la UDI y que fue respaldada por el oficialismo y parlamentarios del PDG.
Ramón Gómez, encargado de DDHH de Movilh, analizó el trasfondo y contenido de esta iniciativa indicando que es una “señal muy negativa y que además está teñida por populismo”.
“No existe ninguna política pública o legislación en el país que imponga y obligue a los servicios públicos de cualquier tipo a imponer este tipo de lenguaje”, aclara. “Lo que hay son sugerencias que tienen que ver con la normativa actual: la ley de identidad de género y la ley antidiscriminación que garantizan los derechos de las personas LGTB”.
“Aquí no hubo un diálogo con la sociedad civil, no hubo un diálogo con las organizaciones educativas o de salud que están implementado el respeto y el uso del lenguaje inclusivo”, remarca Ramón Gómez sobre la resolución que como tal, no está sujeta al debate parlamentario: “Fue una medida bastante arbitraria, impuesta y efectuada entre gallos y media noche”.
Apuntó también a la inconsistencia de los argumentos que ignoran los aportes del lenguaje inclusivo en la sociedad chilena y que han permitido, por ejemplo, reflejar la presencia de las mujeres en la representación política:
Acerca del curso que pueda seguir esta solicitud, el dirigente de Movilh indicó que es el gobierno quien hoy tiene el guante: “Si el ejecutivo lo toma como propio y decide prestarle oído, eso se va a tener que traducir en la restricción de alguna normativa o política pública ya existente”. Sin embargo, Gómez plantea que el mandatario “ha tenido una postura totalmente contradictoria, inconsistente y que nos mantiene en la incertidumbre”.
“Acá, no hay que ser ingenuo: el Presidente Kast, mientras fue parlamentario de manera sistemática y continua se opuso a toda normativa protectora de los derechos LGTB que se tramitaran en el Congreso Nacional”:
“El gobierno ha jugado a ser y no ser en una posición bastante ambigua y para nosotros significa una alerta”, añadió recordando que Kast no adscribió la Declaración contra la Discriminación del Grupo Núcleo LGBTIQ+ de la OEA en marzo, pero que luego en la instancia leyó una declaración semejante a la del Grupo. Esa situación, señala, no ha sido muy distinta a la desplegada por otros mandatarios ultraderechistas como Milei o Trump: “Al mirar el escenario internacional de gobiernos de ultraderecha, parece que van tanteando el camino antes de recortar el derechos; creemos que lo que ha ido haciendo el gobierno ha sido eso y eso nos mantiene en total incertidumbre”, declaró.
Con respecto a la marcha del orgullo, y respecto a la expresión ciudadana acerca de los derechos de la diversidad sexual en el actual contexto sociopolítico, indicó que se aprecia temor en la gente, pese a las décadas de lucha y reivindicaciones: “Lo más lamentable es que contra todo pronóstico, esto está teniendo efecto psicológico en muchas personas”.
“Un elemento crucial es entender de una sola vez que los derechos de las personas son universales y se tienen que respetar en todo momento y lugar, al margen de cuál sea la visiones del gobierno de turno”, puntualizó el dirigente.
