- De esa manera el organismo dio un portazo a las pretensiones de la ONG Comunidad y Justicia que buscaba declarar ilegal la resolución N° 812 de la Superintendencia de Educación. El Movilh valoró el pronunciamiento de la Contraloría.
La Contraloría General de la República reafirmó que la circular 812 de la Superintendencia de Educación, que garantiza derechos a estudiantes trans, es legal y constitucional, rechazando así un requerimiento de la ONG Comunidad y Justicia que buscaba invalidar dicha resolución.
El encargado de DDHH del Movilh, Ramón Gómez, señaló que “valoramos profundamente este dictamen de la Contraloría, no solo porque rechaza las pretensiones impulsadas por una ONG contraria a los derechos de las personas trans, sino también porque resguarda plenamente las garantías conquistadas en los últimos años. Este pronunciamiento contribuye, además, a despejar la desinformación que suele acompañar este tipo de requerimientos, al reafirmar que todos los estudiantes trans deben ser protegidos de la discriminación, hayan o no rectificado su partida de nacimiento, tal como lo exige la legislación vigente y los principios de igualdad y no discriminación que rigen nuestro ordenamiento jurídico”,
En el dictamen D328N2, la Contraloría concluyó que la mencionada circular “incorpora y operativiza los principios y garantías ya consagrados” en la ley N° 21.120 sobre identidad de género y se enmarca “en el reconocimiento y protección de la identidad y expresión de género, así como en la adopción de medidas destinadas a prevenir discriminaciones arbitrarias y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
“Considerando que el propósito de la autoridad administrativa ha sido ajustar las instrucciones que le corresponde impartir, de acuerdo con sus competencias, a las reglas y principios contemplados en normas de mayor jerarquía, sin que aquellas contengan disposiciones relacionadas con el cambio registral de sexo de niños, niñas y adolescentes, o que sean contrarias al ordenamiento jurídico aplicable, no se advierte de qué forma la referida resolución exenta incurriría en la ilegalidad denunciada, ni se aprecia la transgresión de las garantías constitucionales que los recurrentes enuncian en su presentación”, añadió.
De esa manera, la Contraloría rechazó el argumento de Comunidad y Justicia, según el cual la circular “afectaría los derechos fundamentales (…) y transgrediría lo dispuesto en la ley N° 21.120, por cuanto extiende los principios y garantías allí consagrados a niños, niñas y adolescentes que no han realizado el trámite previsto para el cambio de nombre y sexo registral o que no están habilitados para hacerlo”, según se lee en el dictamen
Para resolver, junto a la Ley 21.120 la Contraloría basó su dictamen en derechos garantizados en la Constitución, en los Principios de Yogyakarta y en la Convención sobre los Derechos del Niño.
