Por Carolina Millalen
Semanas atrás se cumplieron 15 años desde la adopción de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Este conjunto de directrices busca aportar en las prácticas empresariales y en el ejercicio de las normas con foco en los derechos.
Bajo aquellos fundamentos se levantan tres pilares: proteger, respetar y enfatizar o reparar; tres tareas que deben realizar los Estados, pero también las empresas.
“Nunca había quedado tan claro -como ahora- que también (las empresas) podían ser un sujeto posible de vulnerar los derechos humanos de personas y comunidades”, señala Roberto Morales, coordinador de la Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas:
Si bien aquellas tareas se plantean para todo tipo de estas entidades, hay una especial referencia a las transnacionales. Así fue que la discusión de los principios partió mirando a esas firmas, precisa el coordinador, destacando el poder económico que alcanzan a nivel global y que han llegado a afectar a otras esferas como el poder político:
Acerca de la deslocalización propia de esta modalidad productiva, un foco está en los elementos jurídicos necesarios que se requieren para hacer respetar los derechos de quienes son parte de un tercer país, explica Morales. “La extraterritorialidad no está totalmente definida, pero ha tenido avances y lo que se hace es ir a los tribunales donde las empresas tienen sus casas matrices y eso ya nivel judicial”.
En materia extrajudicial, se ha avanzado en levantar otras instancias como la que ofrece la OCDE con los llamados puntos de contacto, espacios que puedan ser de mediación o de resolución de conflictos no judiciales:
“Un punto crítico es si estos derechos son exigibles y por tanto, existen normativas internacionales o locales, o si son voluntarios dependiendo de las empresas y los Estados”, No obstante, es importante que la construcción de estos pilares se haga desde todas estas alternativas, indica Morales.
Herramientas locales
Respecto a la normativas propias de cada Estado y en miras a estos principios, el integrante de la Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas, destacó que existe el concepto de la debida diligencia y que busca anticiparse a las posibles violaciones a los derechos humanos de las personas y comunidades:
En el caso de Chile, no hay una ley de debida diligencia, precisa, pero sí fue parte del plan de gobierno del ex presidente Boric aunque no logró concretarse. De igual manera, la ex senadora Allende y la ex diputada Lorena Fries, presentaron dos proyectos diferentes que fueron ingresados al Congreso, pero que hoy no presentan avances en su tramitación.
En el caso de la Plataforma, está impulsando el proyecto REDAR en conjunto con otras ONGs para la capacitación de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la protección del medio ambiente, uno de los casos más recurrentes en cuanto a vulneración por parte de las empresas.
Mega reforma
En esa línea, Roberto Morales también se refirió al proyecto de mega reforma que impulsa el gobierno proponiendo una rebaja de impuestos, invariabilidad tributaria y rebaja gradual de la tasa corporativa.
Acerca de esta propuesta que resta un cuantioso número de recursos o bienes comunes con los cuales se garantiza el acceso a derechos sociales, señaló: “a través de la recaudación se generan los soportes necesarios para que esos derechos puedan ser satisfechos y las personas y comunidades puedan cubrir esos derechos”.
“No es que haya una vulneración directa porque pagas más o menos impuestos. Lo que hay es que con la recaudación el Estado tiene que cumplir estas obligaciones en este marco”, puntualizó respecto al proyecto en cuanto debilita este mecanismo y donde el Estado finalmente es el responsable.
