Valparaíso, 5 de agosto de 2026. En el marco de la votación en la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto de ley que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE), la Coordinadora por la Defensa de la Educación Pública de la Región de Valparaíso, junto al diputado Luis Cuello (PC) y la consejera regional Paula Rosso (FA), realizó un punto de prensa para expresar su rechazo a la iniciativa, advirtiendo que representa un retroceso para la educación pública al reinstalar mecanismos de selección y profundizar la desigualdad en el acceso a la educación.
En la actividad participaron representantes del Colegio de Profesoras y Profesores, del Sindicato de Asistentes de la Educación de Valparaíso, centros de estudiantes y organizaciones sociales, quienes coincidieron en que la propuesta debilita la educación pública y favorece la exclusión.
El diputado Luis Cuello sostuvo que la propuesta forma parte de una agenda impulsada por el Gobierno que busca debilitar la educación pública: “Es un proyecto de ley del Gobierno que se inscribe en una agenda de retrocesos, una agenda que busca claramente el desmantelamiento de la educación pública, que busca retornar a la segregación, al clasismo, elementos que ya habíamos superado en la educación. Además, va a la par con una política de recortes y de discriminación que finalmente va debilitando la educación pública.”
El parlamentario agregó que la iniciativa modifica el sentido del actual sistema de admisión al entregar la decisión de ingreso a los establecimientos: “Con este proyecto de ley las familias no eligen nada; sencillamente el dueño de un colegio que además va a recibir fondos del Estado va a decidir quién entra y quién no. Esto es discriminatorio, afecta la igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades, y significa volver a hacer un negocio con fondos públicos.”
Por su parte, la consejera regional Paula Rosso advirtió que la iniciativa elimina uno de los principales mecanismos que garantizaba igualdad de oportunidades en el acceso a los establecimientos educacionales: “Los puntos críticos tienen que ver justamente con la eliminación del Sistema de Admisión Escolar, que permitía la equidad a la hora de postular e ingresar a las comunidades educativas, sin importar el mérito en relación con las notas, el nivel sociocultural y económico de las familias o incluso la conducta.”
Rosso también manifestó su preocupación por el impacto que la iniciativa podría tener sobre estudiantes con necesidades educativas especiales: “Me preocupa como consejera regional, como ciudadana y también como psicóloga que ha trabajado durante muchos años con chicos y familias neurodivergentes, porque también van a quedar excluidos. Habíamos avanzado en inclusión e integración y me preocupa tremendamente que nuevamente un sistema clasista y discriminador deje fuera a las personas que más necesitan la educación en este país. Creo que no se puede lucrar con la educación y es lo que está imponiendo este gobierno nuevamente.”
El presidente del Sindicato de Asistentes de la Educación de Valparaíso, Alonso Carvajal, señaló que los trabajadores tienen el deber de defender el sistema público: “No puede ser que este sistema nocivo haga una discriminación sobre cómo elegimos a nuestros alumnos y alumnas. Lo que quiere este Gobierno es eliminar la educación pública de raíz. Los trabajadores asistentes de la educación, junto a las comunidades educativas, decimos que no.”
En representación del Colegio de Profesoras y Profesores, el dirigente regional Andrés Arce afirmó que, si bien el actual SAE puede perfeccionarse, el proyecto avanza en el sentido contrario: “Las limitaciones que tiene hoy el Sistema de Admisión Escolar están sostenidas sobre la precarización de las escuelas. Este proyecto, en vez de fortalecer la escuela pública y mejorar la inclusión, va en una posición contraria.”
Además, cuestionó que la iniciativa entregue mayores atribuciones a los establecimientos para seleccionar estudiantes: “Los mejores estudiantes van a ser escogidos por las escuelas y no serán las familias las que escojan. Aquellas escuelas que no logren responder a esas expectativas quedarán condenadas al cierre. Este proyecto busca traspasar a las familias hacia el sector privado y condenar a la educación pública.”
Desde los y las estudiantes, la dirigenta del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Valparaíso, Aída Poloni, sostuvo que la iniciativa instala una lógica discriminatoria: “Este proyecto de ley refleja una discriminación para los estudiantes. Un rendimiento académico no puede privar a alguien de la educación. La educación es un derecho, no un privilegio.”
En tanto, Julio Muñoz, integrante del mismo centro de estudiantes, afirmó que quienes fueron parte de las primeras generaciones del SAE conocen los efectos que tuvo el sistema en la ampliación de oportunidades: “Siendo parte de las primeras generaciones que ingresaron mediante este sistema, consideramos que este cambio es un retroceso. Muchos de nosotros probablemente no habríamos llegado a la universidad de no ser por este sistema, por eso creemos que esta reforma no debe seguir adelante.”
Al término de la actividad, la Coordinadora por la Defensa de la Educación Pública hizo un llamado a las y los parlamentarios a rechazar el proyecto, señalando que, lejos de resolver las dificultades del actual Sistema de Admisión Escolar, profundiza la segregación, debilita la educación pública y restringe la igualdad de oportunidades para miles de estudiantes.
