Las Universidades Públicas integrantes de la Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe, reunidas en la Universidad de Chile, con motivo de la XIV Asamblea General de Rectoras y Rectores celebrada entre el 12 y 13 de marzo de 2026, con la asistencia de las universidades que conforman este espacio de articulación regional, declaran que:
I. Es urgente la implementación de acciones hacia una agenda sostenible y el horizonte post 2030. A menos de cinco años de cumplirse el plazo de la Agenda 2030, observamos con rigor crítico que el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se encuentra lejos de las metas ambiciosas trazadas inicialmente. El actual escenario global, fragmentado y complejo, no ha facilitado los diálogos necesarios para una transición efectiva hacia la sostenibilidad. En particular, consideramos indispensable un enfoque que valore la importancia de las acciones en favor de la diversidad, la inclusión y especialmente la igualdad de género en la sociedad. Ante esto, las Macrouniversidades reafirmamos que la academia debe ser el motor de soluciones regionales, por lo que nos comprometemos a conjuntar esfuerzos para el intercambio de conocimiento científico y la formación de talento humano especializado en crisis climática y equidad social y a encabezar propuestas hacia el diseño de políticas públicas que trasciendan la coyuntura y permitan proponer una hoja de ruta para el desarrollo sostenible más allá de 2030, adaptada a las realidades de nuestro territorio.
II. Es necesaria una nueva valoración de las aportaciones de las universidades públicas en América Latina.
Reconocemos la utilidad de los indicadores y rankings internacionales para medir el desempeño académico, pero apuntamos a su incapacidad para capturar la esencia de la universidad pública latinoamericana. Estas métricas, centradas mayormente en publicaciones indexadas y en las opiniones medidas desde la valoración del sector privado, suelen ignorar el impacto social y el rol histórico que nuestras instituciones han jugado en la construcción de los Estados-nación. Por ello, declaramos la necesidad de articular una narrativa propia de excelencia que ponga en valor nuestra contribución a la disminución de la desigualdad y a la creación de instituciones y redes de servicio público y de fomentar indicadores complementarios que reflejen la diversidad de nuestros entornos, la integralidad entre las misiones de docencia, investigación y extensión, y el compromiso con el desarrollo nacional, evitando que la calidad se reduzca a una cifra despojada de contexto social.
III. El Papel Ético de la Universidad en la Era Digital
El entorno de la educación superior ha sido transformado por la digitalización acelerada, el auge de la Inteligencia Artificial y nuevas dinámicas de interacción en redes sociales. En un momento donde se cuestiona la validez del conocimiento científico y el diálogo plural, las universidades públicas deben alzarse como referentes del pensamiento crítico. Por ello, sostenemos firmemente que la tecnología debe ser una herramienta al servicio de las personas y no un fin en sí mismo. Nuestra misión es formar ciudadanos con ética y responsabilidad social, no simplemente operarios técnicos para las demandas inmediatas del mercado. América Latina cuenta con ventajas estratégicas, como son bases lingüísticas comunes y un bono demográfico que nos posiciona como una región clave para generar aprendizajes con sentido humano y se debe aprovechar. Por lo anterior, hacemos un llamado a los gobiernos de la región para fortalecer el financiamiento de la educación estatal, entendiendo que la soberanía científica y cultural depende en gran medida de la solidez de sus instituciones públicas de educación superior, investigación y difusión de la cultura, de su autonomía para desarrollarla y de financiamientos suficientes por parte de los estados. En un mundo que tiende al aislamiento regional y a las barreras de movilidad, nuestras instituciones se ratifican como puentes inquebrantables de integración y de esperanza.
Firmada y ratificada en la ciudad de Santiago de Chile, a los 13 días del mes de marzo de 2026.
