Dr. Marcelo Peña Cerda
Académico Facultad de Medicina, U. Central
La reciente incautación de parches transdérmicos de fentanilo en una feria libre de Independencia no es solo un hecho policial; es un síntoma de una falla sistémica que debería encender todas las alarmas sanitarias. Como profesionales de la salud, observamos con estupor cómo una sustancia de manejo hospitalario crítico y bajo estricto control de estupefacientes termina comercializándose entre frutas y verduras, sin ningún resguardo ni trazabilidad.
El fentanilo es un fármaco extraordinario en el contexto clínico; un opioide sintético cuya potencia es hasta 100 veces mayor a la de la morfina. Es indispensable para el manejo del dolor oncológico severo y en procedimientos anestésicos. Sin embargo, fuera de un entorno controlado, su margen de seguridad es casi inexistente. La diferencia entre el alivio del dolor y un paro respiratorio fulminante se mide en microgramos.
Lo ocurrido en la calle Colón evidencia problemas fundamentales que debemos abordar con urgencia. Por un lado, se observa un quiebre en la cadena de custodia, los parches de fentanilo (como el Fentadur) no se fabrican en laboratorios clandestinos; provienen de la cadena legal. Esto implica que existen fugas en la distribución, ya sea por mermas no declaradas, recetas retenidas falsificadas o falta de fiscalización en el destino final del fármaco.
Por otro lado, existe la creencia errónea de que un parche es “menos peligroso” que un inyectable. Nada más lejos de la realidad. Un parche transdérmico está diseñado para liberar el fármaco de forma constante durante 72 horas. Si se manipula incorrectamente, se corta o se aplica calor sobre él, se puede producir una liberación masiva de la dosis (dumping), lo cual puede ser letal o dificultar el manejo de la intoxicación.
La venta informal de fármacos es un problema crónico en Chile, y que se ha arrastrado en el tiempo, pero la llegada de opioides de alta potencia al comercio ambulante eleva el riesgo a una nueva dimensión, pudiendo colocarnos a un paso de las crisis de sobredosis masivas que hoy afectan a otros países.
Como sociedad, no podemos permitir que el medicamento se despoje de su esencia terapéutica para convertirse en una mercancía peligrosa. La solución no solo pasa por más patrullaje, sino por reforzar la fiscalización del Instituto de Salud Pública de Chile (ISPCh), digitalizar de forma íntegra y obligatoria la receta de estupefacientes y, por sobre cualquier cosa, educar farmacéuticamente a la población sobre el riesgo de adquirir “salud” en lugares no autorizados.
La farmacología y la medicina trabajan para salvar vidas, pero su efectividad depende de un marco legal y sanitario que impida que estas potentes herramientas terminen en las manos equivocadas. Desde hace un tiempo, la farmacia ha salido a la calle de la peor forma posible, y el costo de no reaccionar a tiempo puede traducirse, lamentablemente, en la pérdida de vidas humanas.
