Las directivas de la CUT y del Colegio de Profesores se reunieron con la OIT para denunciar los dictámenes de la Contraloría que, a su juicio, buscan limitar el derecho a huelga, la libertad sindical y acallar a las organizaciones de trabajadoras y trabajadores del país.
En una reunión sostenida el viernes 13 de junio, en la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), representantes del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT) y del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile se reunieron con Juan José Guilarte, Especialista en Actividades con Trabajadores de la OIT, para manifestar su preocupación por lo que consideran una ofensiva antisindical de la Contraloría General de la República, liderada por Dorothy Pérez.
El secretario general de la CUT, Eric Campos, fue enfático: “Nos parece que la Contralora Dorothy Pérez se establece como una suerte de contralora de los empresarios, una barrera ante la justicia laboral que impide el libre ejercicio de la libertad sindical, el libre ejercicio de la huelga, y en definitiva lo que busca es poner una ley mordaza a las y los dirigentes sindicales”.
Durante la reunión, se solicitó activar los mecanismos internacionales de control ante lo que califican como una vulneración grave de los convenios 87 y 98 de la OIT, que garantizan la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva. La CUT anunció que en los próximos días presentará una queja formal contra el Estado de Chile.
Desde el Colegio de Profesores, su presidente Mario Aguilar aseguró que “esta ofensiva antiderechos laborales que estamos viviendo busca silenciar la posibilidad de levantar reclamos, solicitar derechos y defender a las y los trabajadores”. Aguilar agregó que esta situación afecta no solo al gremio docente, sino también a organizaciones del sector público como CONAF y Salud, configurando un patrón preocupante de ataque a las organizaciones sociales.
La polémica surge tras una seguidilla de dictámenes emitidos por la Contraloría en los últimos meses. Uno de los más recientes instruyó a más de 260 municipios y servicios locales de educación pública (SLEP) a aplicar descuentos por la participación de docentes en el paro nacional del 4 y 5 de junio, lo que constituye una medida represiva contra el derecho a huelga.
“La Contraloría ha dejado de ser un organismo técnico y se ha transformado en un actor político que vulnera derechos fundamentales de quienes trabajan en este país”, afirmó Eric Campos, quien llamó además al gobierno a “no ser cómplice pasivo de esta estrategia de debilitamiento de las organizaciones sindicales”.
“Como movimiento sindical, no vamos a aceptar esta situación. Vamos a activar todos los mecanismos posibles para frenar esta arremetida y defender los derechos de las y los trabajadores organizados”, concluyó el secretario general de la CUT.
