La institucionalidad de los derechos humanos en Chile se encuentra en una grave situación bajo la administración del presidente José Antonio Kast. El retiro de Contraloría del Plan de Derechos Humanos 2026-2029, la propuesta de descontinuar el Programa de Derechos Humanos en el marco del presupuesto 2027 del cual ya se produjeron importantes desvinculaciones -al igual que en el Plan de Nacional de Búsqueda- y la reciente denuncia sobre las instrucciones que habría dado el ministro de Justicia Fernando Rabat de no intervenir en causas de derechos humanos, han alentado a las organizaciones a llevar acciones que esclarezcan estos preocupantes hechos.
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos AFEP, señaló que desde abril la Coordinadora Nacional de DDHH, la Agrupación de Sitios de Memoria y la Mesa de DDHH por una Vida Digna que encabeza la senadora Fabiola Campillay, han interpelado al gobierno por estas decisiones. A eso se suma la solicitud que levantaron para oficiar por Contraloría al ministro Rabat respecto a la orden denunciada “de no apelar en los beneficios carcelarios a los violadores de derechos humanos”:
La dirigenta también describió cómo las citas breves y la ausencia del ministro han caracterizado el inicio del trabajo conjunto entre la cartera y las organizaciones de derechos humanos. “El 20 de marzo tuvimos un Encuentro Nacional en nuestra Agrupación donde las dirigentas nacionales dejamos una carta pidiéndole al ministro una reunión. Sin embargo, a la fecha no ha respondido esa carta.
En la primeras reuniones periódicas, las autoridades no han tenido una asistencia a cabalidad ni se ha cumplido con el tiempo estimado para las reuniones del Comité de Seguimiento:
Alicia Lira indicó que se han reunido con el Cardenal Fernando Chomalí, demandando el pronunciamiento de la iglesia en la materia, dada la participación también de la Iglesia en la instancia de seguimiento en la cartera de Justicia.
“No lo quieren tener claro”
Respecto a la relevancia de la descontinuación del Programa de Derechos Humanos creado en la década del 90 con el informe Rettig, remarcó su “exclusivo apoyo a los familiares” y que desde el segundo período presidencial de Bachelet el organismo presenta querellas a través de sus abogados que “defienden y alegan las causas que ellos tenían o que las agrupaciones presentaron”, acota.
“Otra alarma es que no podemos tener absoluta confianza porque lo más valioso que está en el programa son los archivos de las querellas, de testimonios, lo que tiene que ver con las demandas de las querellas que son más de 1200”.
Acerca de la instrucción que habría dado el ministro Rabat, la histórica dirigenta de la AFEP, indicó que han presentado una carta en Naciones Unidas: “No podemos sino denunciar los hechos. Se está enviando una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre cómo se pasan a llevar las normativas”, en particular, dijo, el Pacto de San José de Costa Rica donde se regula el otorgamiento de beneficios a criminales de lesa humanidad:
“No hay ninguno de ellos que haya tenido arrepentimiento”, precisó sobre los victimarios. “Es más, ellos reivindican lo que hicieron. El Ejército -porque los peores criminales en crueldad y masividad fueron el Ejército de Chile y Carabineros de Chile-. Las instituciones jamás han pedido disculpas por los hechos”.
Asimismo, reivindicó que la tarea en la materia no es solo de justicia sino de reparación. “El rol del Plan Nacional de Víctimas de Desaparición Forzada no es judicializar sino que es la reparación de la trayectoria de esas víctimas: dónde están, qué es lo que pasó con ellos, dónde pueden entregarlo o encontrarlo, de eso estamos hablando y eso creo que no lo tienen claro o no lo quieren tener claro con la política negacionista que vemos todos los días”.
Algo que entibia el alma
Por otro lado, la presidenta de la AFEP se refirió a su nominación al Premio Nacional de Derechos Humanos 2026, respaldada por importantes instituciones como la Universidad de Chile, Amnistía Internacional, y organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores CUT o la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF.
“Es algo emocionante, el valor del reconocimiento a una lucha que no es solamente mía sino de un gran colectivo de mujeres que luchamos, sufrimos, que tenemos esperanza, que también somos felices y que tenemos la impotencia de no poder avanzar más”, expresó agradeciendo también el apoyo de la Agrupación de Pisagua, Chillán, La Serena, Valparaíso y La Araucanía, entre otras.
“Estas cosas a uno le entibian el alma y el corazón”, expresó Alicia Lira:
A su vez, señala que el colectivo siempre ha sido un compromiso: “Lo aprendí en la Juventud Comunista, en el Partido Comunista, en el mundo sindical, en derechos humanos: cuando somos colectivo, hay más cariño, se avanza más y hay más unidad. Creo que mi objetivo en el tema de derechos humanos, todo mi tiempo ha estado dedicado a eso porque faltan muchos más dirigentes para esta enorme tarea de un peso moral tan desigual que se ve en los gobiernos a veces y que hoy es peor aún”.
“Estamos de pie, con esperanza con nuestro espíritu siempre positivo, con una complicidad de afecto, de cariño”, plantea: “que somos fuertes, que vamos a estar ahí y vamos a seguir hasta el último, así como Carmen Vivanco, Violeta Zúñiza, Ana González, como Ofelia Moreno, Otilia Vargas, sin dejar aquellas compañeras que combatieron o que las mataron o las desaparecieron en la tortura”.
Finalmente, Lira recordó sobre la marcha que diversas organizaciones de derechos humanos están convocando para el sábado 30 de mayo a las 10:00 de la mañana y que partirá desde Metro Baquedano hasta el Memorial de Mujeres Ejecutadas y Desaparecidas ubicado en Paseo Bulnes. Así también, lo hizo respecto a la carta que harán llegar a las presidencias del Congreso previo a la marcha, en contra de la tramitación de la ley de cumplimiento alternativo para criminales de lesa humanidad y condenados por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.
