Junto a la coordinadora de comunicaciones de OTD Diosce Camacaro y al abogado miembro del equipo de DDHH de Mums, Juan Pablo Ciudad, se analiza el momento político previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en relación a las disidencias sexuales y de las personas LGTBIQ+.
Explicando la sorpresa que significó la ventaja del candidato de partido Social Cristiano, Juan Antonio Kast en las recientes votaciones, Diosce Camacaro apuntó a la preocupación generalizada de la comunidad LGTBIQ+, así como de las familias de las niñeces y adolescentes trans, que ven cómo en el programa hay una directa amenaza a la integridad de sus personas.
Por su parte, Pablo Ciudad sostuvo que ante la posibilidad de la ultraderecha de gobernar el país, esto no solo significaría un retroceso para las demandas y reivindicaciones alcanzadas por las personas LGTBIQ+, sino también una amenaza a su integridad en todas sus dimensiones, lo que convierte a este balotaje en una elección de vida o muerte, afirmó el especialista.
Por otra parte, si bien el abogado de Mums celebró la presencia de convencionales y de diputadas pertenecientes a la comunidad LGTBIQ+ en el futuro Parlamento, señaló que existe hoy un desafío para las fuerzas progresistas de ser capaces de crear un marco de alianzas amplio que logre ganar a la derecha en segunda vuelta, y también que sepa proyectar un gobierno colaborativo para llevar las transformaciones en materia de derechos sociales con participación de las mayorías, de las organizaciones de la sociedad civil y no exclusivamente centrada en el espacio legislativo representativo en donde su próxima composición podría resultar ser favorable para las coaliciones de derecha.
Acerca del momento actual en donde se ha aprobado el matrimonio igualitario, Diosce Camacaro destacó los avances en esta materia, pero también apuntó a la importancia de avanzar en otras temáticas como la reforma a la ley antidiscriminación.
En esa línea Pablo Ciudad señaló que la mayor violencia hoy para las comunidades disidentes es la cultural, por lo cual es necesario también instaurar una institucionalidad antidiscriminación que sea capaz de elaborar políticas públicas, protocolos de seguridad e iniciativas legislativas, generadas por las comunidades y que sean discutidas en el Parlamento.
En ese sentido recalcó el programa de Gabriel Boric en donde se combina un planteamiento de transformación social con la necesaria concreción de planes y programas que apunten a lo económico pero también a la estabilidad integral de las personas.
