Con vicios y contrario al orden jurídico vigente, los estudiantes de la Universidad de La República califican el cierre que ha impulsado el Ministerio de Educación MINEDUC y la Superintendencia de Educación Superior SES, motivo por el cual, iniciaron acciones directas que derivaron en la toma de la Casa Central de este centro de educación superior.
En conversación con Alberto Boris Troncoso, dirigente de la Coordinadora Regional de la Universidad de La República, se conoce que el proceso no ha considerado un plan de mejoras y que ha mantenido al estudiantado excluido de las conversaciones referentes a las condiciones del cierre, por lo cual apuntan en su petitorio a levantar una mesa de trabajo con las nuevas autoridades ministeriales del nuevo gobierno.
A inicios de febrero, Axel Aliaga, joven de 19 años y preso en el centro Nudo Uribe de Antofagasta salió en libertad vigilada, luego de permanecer cerca de un año encarcelado.
En la voz del abogado integrante de la Defensoría Popular de Antofagasta, Daniel Vargas, se explica que la reciente modificación a la Ley de Control de Armas, ha permitido los juicios abreviados de muchos jóvenes, pero cuyo procedimiento que conduce al reconocimiento de responsabilidad en los delitos imputados, opera como un chantaje, señala el especialista “dado que pelear por un juicio justo siempre tiene que ser dentro de la prisión”.
Por otra parte, el especialista indica que en el recinto de Antofagasta sólo permanece aún, el joven Deivi Jara cuyo caso aún se encuentra sujeto a investigación. En esa línea, Daniel Vargas valoró la persistencia de la solidaridad con los presos que no se agota en las causas judiciales, ni en la discusión al interior de las instituciones, sino que tiene un correlato en las calles, y que es posible potenciarse en la medida que grandes organizaciones de masas -como CUT o CONTRAMET- se involucren activamente en la demanda por la libertad de jóvenes.
El Movimiento socio ambiental de Maipú y Cerrillos MOSACAT, presentó una iniciativa de norma en la Convención para la creación del Servicio Nacional para la Crisis Climática y Ecológica, instancia que permitiría generar políticas de manera amplia para combatir los efectos del cambio climático.
Conversando con Alejandra Salinas, Concejala de Maipú y Christopher Hidalgo, administrador público -ambos integrantes de MOSACAT-, se exponen las motivaciones y las características de la propuesta que busca instaurar un órgano público capaz de abordar el impacto del cambio climático de manera sistémica a partir de medidas en materia de salud, soberanía alimentaria, equidad social y de otros fenómenos como la mega sequía.
En entrevista con José Viacava, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, se analiza el nuevo diseño del poder legislativo que va surgiendo desde la deliberación al interior de la Convención.
En particular, la figura de la Cámara Territorial que reemplazaría al Senado, es también una instancia que se implementaría en estrecha vinculación con las Asambleas territoriales, propuesta impulsada por la Comisión Formas de Estado. No obstante, para el académico resulta ser muy anticipado determinar si el poder legislativo responderá a un uni o bicameralismo, enfatizando que el redimensionamiento de la política y el poder, son mayormente decisivas en su proceso de transformación dentro de la nueva Constitución.
El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, expuso los planes de la OTAN, y especialmente Estados Unidos, frente a los combates que se llevan a cabo en Ucrania, Rusia, y las fronteras del Dombass.
El periodista y académico dijo que las constantes invasiones de la OTAN, junto a los Estados Unidos, en distintas partes del mundo, son historias recurrentes para apoderarse de las riquezas de aquellas zonas, y que pretenden a través de golpes de Estado, incluso cambiar las decisiones de los pueblos de aquellos países.
Juan Andrés Lagos aseguró que hasta el momento los países occidentales no han incorporado el diálogo frente a la crisis que se vive en la zona de guerra. Al contrario, aseguró que los sólo han aportado mercenarios y armas a Ucrania.
Asimismo, reiteró que las condiciones para la guerra han sido los constantes avances territoriales que pretende Estados Unidos y la OTAN, en desmedro en este caso del pueblo ruso parlamente que vive en la zona de conflicto.
Al concluir, el dirigente político exhortó a las partes en conflicto a buscar rápidamente soluciones diplomáticas para evitar más muertes, pero al mismo tiempo, dijo que la OTAN debe detener, junto a los Estados Unidos, los constantes avasallamientos y guerras que crean, y que pone en peligro a la humanidad.
Repudio generaron las declaraciones del secretario general de RN, el diputado Diego Schalper, quien hizo un llamado antidemocrático a “atrofiar” al gobierno del Presidente electo Gabriel Boric; y a “quitarle fuerza moral” a la Convención Constituyente.
Desde el órgano constituyente, calificaron sus dichos como “una vergüenza” y una “mezquindad”.
Creo que la política hay que hacerla de frente, y de buena fe y no hay que generar estos conflictos que me parecen bastante violentos”, pidió Ricardo Montero.
En tanto, Marcos Barraza, sostuvo que las palabras de Schalper “son muy violentas, declara y explícita la intención de boicotear al gobierno de Apruebo Dignidad y el liderazgo del presidente Gabriel Boric.
Declara a su vez querer destruir la convención y en ese sentido expresa el carácter antidemocrático de la visión de la derecha, con un odio virulento a un proceso que es, en esencia, democrático”.
Así mismo, la convención constituyente Bárbara Sepúlveda, criticó fuertemente las declaraciones del parlamentario de la derecha, ellos pretenden seguir concentrando el poder y mantener el statu quo, señaló.
La futura ministra vocera de la próxima administración, Camila Vallejo, criticó “que un parlamentario que pretenda desmoralizar la Convención Constituyente con la tarea tremenda que tiene, y atacar o atrofiar al Gobierno en los desafíos importantes que tiene, me parece que es de una mezquindad que la verdad es lamentable y muy irresponsable”.
En esa misma línea, la convencional Alondra Carrillo (MSC) afirmó que “es muy decidor respecto de la disposición que han tenido en general hacia esta instancia histórica. Lamento su mezquindad, que eso sea lo único que tengan para ofrecerle al país, pero no me sorprende”.
El renunciado comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, no llegó a declarar ante la ministra en visita Romy Rutherford, en la arista pasajes aéreos por las comisiones de servicio, del caso fraude en el Ejército.
El alto oficial había presentado ayer un segundo recurso ante la magistrada para que la diligencia se desarrollara en su residencia institucional en Lo Curro y con su abogado Juan Carlos Manríquez presente, el cual fue rechazado.
Ante este revés, el excomandante en jefe del Ejército inició una nueva ofensiva judicial: presentó un recurso de reposición ante la Corte Marcial.
Ante ello, se espera una reacción de la ministra en visita, quien ya ha procesado en distintas aristas a sus tres antecesores inmediatos en el cargo, los generales en retiro Óscar Izurieta Ferrer, Juan Miguel Fuente-Alba Poblete y Humberto Oviedo Arriagada
La diputada Carmen Hertz dijo que el inculpado, exgeneral Ricardo Martínez, y todos los comandantes en jefe del Ejército desde Pinochet en adelante, han estado involucrado en delitos económicos y crímenes, lo que hace necesario tener un poder civil real frente a este tipo de situaciones irregulares.
Los espacios deliberativos, autonomía económica y financiera se deben terminar para detener este tipo de escándalos que ensucia a la democracia de nuestro país frente a los actos de corrupción, señaló.
La diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, expuso que la ministra de defensa que asume en el próximo gobierno, deberá tener un rol clave de fiscalización sobre las Fuerzas Armadas.
Al mismo tiempo, la Convención y la próxima Constitución deben terminar con los resquicios legales que permiten las irregularidades que han condenado a los generales del Ejército.
La parlamentaria dijo que las características de la transición a la democracia y su manera de abordarla, son también responsables de la falta de fiscalización a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, la convencional constituyente, Bárbara Sepúlveda, dijo que la nueva constitución deberá explicitar una refundación de las Fuerzas Armadas, y pensarlas en sentido de probidad y transparencia, y también en respeto a los Derechos Humanos.
Los espacios deliberativos, autonomía económica y financiera se deben terminar para detener este tipo de escándalos que ensucia a la democracia de nuestro país, señalaron las dirigentas políticas.
Trabajadores alertan desde falta de alcohol gel y túneles sanitizadores hasta contaminación por fecas de palomas e inseguridad por obras sin cierres perimetrales.
Durante la mañana de este jueves, el Sindicato 1 de Corporación Municipal de La Florida (Comudef) y el Colegio de Profesores y Profesoras de la comuna, acompañados por la diputada electa Daniela Serrano y los concejales José Seves y Marcela Abedrapo, presentaron una denuncia ante la Inspección del Trabajo comunal por las condiciones de insalubridad en recintos educacionales de dicha comuna.
Agustín Espinoza, presidente del sindicato, detalló que “las unidades de trabajo, que son 26 en total, estaban en irreconocibles condiciones. El Colegio Sol de Illimani tenía casi 1 centímetro de fecas de palomas en los tubos de los pasamanos (…), el casino del colegio Los Navíos presentaba fecas de ratas. Quienes trabajamos sabemos que se tiene que hacer una mantención previa”.
Otro ejemplo es el del Liceo Andrés Bello, cuyas obras se deben terminar de ejecutar en septiembre de este año, pero no cuenta con un cierre perimetral. “Había pasillos donde podía entrar un niño y se topaba con pilas de escombros, metales y cables eléctricos suspendidos a menos de un metro del suelo”, indicó Espinoza entre otros ejemplos más.
Al respecto, Daniela Serrano, diputada electa por el distrito 12, enfatizó en la importancia de un retorno a las aulas realmente seguro para estudiantes y trabajadores e hizo un llamado a las autoridades competentes. “Es necesario que tanto el gobierno central como el comunal se hagan cargo de las condiciones en las que tienen a la educación pública. Teníamos muchas expectativas sobre este regreso a clases y esto ha sido un hecho reprochable”.
Estas situaciones fueron denunciadas durante esta semana por trabajadores de la educación de la comuna quienes, con fotografías y videos que se difundieron rápidamente por las redes sociales, alertaron del estado actual de los establecimientos y los problemas de salud y seguridad que pueden provocar.
Nos llegan fotos y videos de recintos educacionales de #LaFlorida. Por esta razón ayer en Concejo Municipal pedimos la renuncia del jefe del Área de Educación, Juan Minchiqueo. Los estudiantes merecen condiciones dignas para aprender.#PrimerDíaDeClases#EducacionDeCalidad
La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) denunciante en la “Situación en Chile, referencia interna OTP-CR-244/21” informa que, en el día de ayer, 02 de marzo de 2021, ha enviado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional nuevos antecedentes para ser considerados en la denuncia contra el Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, los ex ministros del Interior Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel y Víctor Pérez, el actual ministro del interior, Rodrigo Delgado, el ex subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, el actual subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, los exministros de Defensa, Alberto Espina Otero y Mario Desbordes, el ex General Director de Carabineros, Mario Rozas y el actual General Director de Carabineros Ricardo Yáñez Reveco, y el ex Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, por la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad consistentes en la Acusación Constitucional llevada adelante por el Congreso Nacional Chileno contra el ex Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick Piñera; el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2021 elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales; el Informe Mundial 2022: Chile (Eventos de 2021) de Humans Rights Watch; el Informe Situación de Derechos Humanos en Chile 2022 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el Informe Jurídico Responsabilidad Penal por Omisión de los mandos con ocasión de los crímenes cometidos durante el Estallido Social de Amnistía Internacional.
Estos informes y antecedentes son insumos relevantes e ineludibles respecto a establecer la responsabilidad de las autoridades respecto de la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Chile
En específico, tanto la acusación constitucional contra el ministro Chadwick y el informe de Amnistía Internacional permiten tener por establecidos que las graves, sistemáticas y generalizadas violaciones a los Derechos Humanos, fueron parte de una política de Estado, cuyos actos de represión han tenido por finalidad castigar y desincentivar a la población civil que ejerce su legítimo derecho a la protesta.
La acusación constitucional señala expresamente que existió claramente un “patrón de comportamiento por parte de las fuerzas policiales, en especial, de Carabineros de Chile en la represión de la protesta social que se vive en Chile desde el 17 de octubre [de 2019] y que constituye claramente un uso excesivo, abusivo y desproporcionado de la fuerza pública que ha tenido por objeto dañar generalizadamente a la población civil.”
Por su parte, el informe de Amnistía Internacional da cuenta que “Los hechos referidos anteriormente dan cuenta de un clima organizacional que promovió y posibilitó los diversos crímenes cometidos con ocasión del estallido social. Los mismos, no pueden sólo explicarse por la libre y espontánea iniciativa de sus agentes, considerados como individuos, sino que se explican en un contexto más amplio, respondiendo a un cierto clima instaurado en la organización al cual contribuyeron especialmente las autoridades.”
La Comisión Chilena de Derechos Humanos, como parte denunciante, cree firmemente que los informes acompañados contienen material relevante que permite tener por establecido que las violaciones a los Derechos Humanos perpetradas contra las personas manifestantes en el contexto de las protestas sociales en Chile de 2019, constituyen efectivamente un ataque dirigido contra la población civil, que se ejecutaron de conformidad con una política del Estado para cometerlos, política que ha sido reconocida y sancionada por un Poder del Estado, con total independencia del gobierno, como lo es el Poder Legislativo, y que esta política se ha mantenido en el tiempo para asegurar la impunidad de dichos agentes estatales, sobre todo de los jefes civiles y militares.
