La Tercera Sala de la Corte Suprema confirmĂł en forma unánime la decisiĂłn del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) de sancionar por colusiĂłn a 11 empresas de transporte pĂşblico urbano de las comunas de Temuco y Padre Las Casas, operadoras de las 10 lĂneas de buses y taxi-buses de dichas comunas.
En su decisiĂłn, pronunciada el viernes, la Corte rechazĂł los recursos de reclamaciĂłn presentados por las compañĂas y ratificĂł las multas impuestas por el TDLC, que ascienden a un total de 1.194,4 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a más de $ 900 millones, las que fluctĂşan entre las 20 y 160 UTA ($ 15 millones y $ 120 millones) por cada empresa.
Los habitantes de la capital de la regiĂłn de La AraucanĂa actualmente pagan una tarifa de 700 pesos en promedio en los diferentes recorridos de las lĂneas de microbuses, una de las tarifas más altas del paĂs, en la regiĂłn con mayor Ăndice de pobreza. Las altas tarifas, sin embargo, no se condicen con el servicio entregado, sobre todo por el insuficiente flujo máquinas especialmente para los recorridos que conectan con comunas dormitorio como CajĂłn, Labranza, Quepe y Padre las Casas.
Detalles de la SentenciaÂ
La sentencia ratificó la orden de implementar un Manual o Código Interno con el objeto de adoptar medidas tendientes a desincentivar prácticas que limiten la competencia entre los operadores de transporte.
La sentencia pone fin a un juicio iniciado tras la presentaciĂłn de un requerimiento por parte de la FiscalĂa Nacional EconĂłmica (FNE) contra las empresas, debido a que ejecutaron un acuerdo colusivo, que operĂł ente 2003 y 2017 y que afectĂł a los usuarios del transporte pĂşblico en las comunas de Temuco y Padre Las Casas, porque limitĂł la frecuencia de los buses, generando mayores tiempos de espera.
La acusaciĂłn de la FiscalĂa indicĂł que este acuerdo se materializĂł a travĂ©s de sucesivos instrumentos suscritos por las empresas requeridas para limitar sus respectivas flotas, lo que da cuenta de una voluntad ininterrumpida de afectar la libre competencia.
En su sentencia, la Corte Suprema reafirmó lo sostenido previamente por el TDLC, en el sentido de que el acuerdo ejecutado entre los años 2003 y 2017 para restringir la cantidad máxima de buses de cada empresa, constituyó un acuerdo colusorio para limitar la producción.
Ratificando la posiciĂłn sostenida por la FNE, la máxima magistratura sostuvo que “los Protocolos de acuerdo establecieron un lĂmite a la flota de buses de cada lĂnea (…) determinaciĂłn que tuvo como consecuencia que se pudo coartar no sĂłlo el espacio disponible durante aquel plazo, sino que tambiĂ©n la frecuencia de los buses en cada uno de los recorridos. De modo tal que los Protocolos sĂ tuvieron la capacidad de imponer una limitaciĂłn de la producciĂłn del servicio de transporte pĂşblico de pasajeros por medio de buses”.
Asimismo, la Corte Suprema desestimĂł la prescripciĂłn alegada por algunas de las empresas, declarando que, no obstante haberse materializado el acuerdo en tres documentos distintos, estos tuvieron las mismas partes, objetos y fines, configurando una conducta ilĂcita permanente.
El Fiscal Nacional EconĂłmico, Jorge Grunberg, destacĂł que este fallo “ratifica que la institucionalidad de libre competencia protege el correcto funcionamiento de los mercados en todas las regiones del paĂs con igual preocupaciĂłn, persiguiendo conductas que impactan en la calidad de vida de los ciudadanos”.
Este es el octavo caso desde el 2007 en que se condena a empresas de transporte pĂşblico de distintos mercados tras requerimientos iniciados por la FNE. La FiscalĂa ha acusado tambiĂ©n colusiones en Osorno; Talca; Valdivia; y en las rutas Santiago – Curacavà – Lo Vásquez; Santiago – Cartagena; y CopiapĂł – Caldera.
Asimismo, el 2011, la FNE requiriĂł a empresas que acapararon oficinas de ventas de boletos en terminales de ValparaĂso, La Serena, Coquimbo y Antofagasta.
Sin duda, este y otros episodios ratifican los constantes abusos y deficiencias en el servicio que las empresas privadas del transporte pĂşblico entregan a lo largo del paĂs, donde cada vez se levanta con más fuerza la posibilidad de que empresas estatales regulen el transporte. El proyecto de reforma constitucional, “Que Pase la Micro” impulsada por el diputado PC de la regiĂłn de ValparaĂso, Luis Cuello, justamente hace referencia a esta problemática, hay recorridos en que simplemente la micro no pasa.
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Sentencia-Buses-CS
