●       La académica UOH Gabriela Guevara advierte que Chile enfrenta un momento decisivo para transformar su modelo urbano y territorial.

En Chile, la forma en que planificamos y gestionamos el territorio se ha convertido en un asunto político y social de primer orden. Con el 88% de la población viviendo en áreas urbanas, el país enfrenta un escenario donde las ciudades concentran los principales desafíos estructurales: déficit de vivienda, expansión descontrolada, desigualdad territorial y creciente vulnerabilidad frente al cambio climático.

“La magnitud del problema es inédita. Hoy más de 17 millones de personas viven en ciudades que arrastran décadas de expansión acelerada, carencias de infraestructura y servicios, y una profunda segregación socioespacial”, explica Gabriela Guevara Cué, académica del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH).

El déficit habitacional supera el millón de hogares y más de 120.000 familias habitan en asentamientos informales. A esto se suma el impacto del cambio climático: “El país ha experimentado un aumento de 1,1 °C en su temperatura media y una reducción proyectada de hasta 30% en las precipitaciones hacia 2050. Esto agrava la sequía, el estrés hídrico y los incendios urbanos y rurales”, advierte la investigadora.

Del diagnóstico a la acción

Frente a este escenario, Guevara plantea que el próximo gobierno debe asumir un liderazgo estratégico que articule políticas de Estado con enfoque territorial. “El verdadero desafío presidencial no reside únicamente en enunciar nuevas estrategias, sino en dotarlas de estructuras coherentes, articulación entre actores y capacidades técnicas para su ejecución”, sostiene.

Chile ya ha avanzado en el diseño de instrumentos, como la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa (ENTSJ) y la Contribución Determinada a Nivel Nacional 2025–2035, que incluyen más de 70 metas y un centenar de medidas en materia ambiental, social y laboral. Sin embargo, para que estas políticas se traduzcan en transformaciones reales, “es imprescindible contar con estructuras operativas y mecanismos efectivos de coordinación entre Estado, sector privado, municipios, academia y ciudadanía”, advierte.

Fragmentación institucional y brechas locales

La académica UOH enfatiza que uno de los mayores obstáculos es la fragmentación institucional: “Chile gestiona más de 60 instrumentos legales vinculados a la planificación territorial y urbana, pero esta multiplicidad no ha garantizado coherencia ni efectividad. Menos del 25% de los municipios cuenta con equipos técnicos capaces de incorporar criterios de equidad, gestión de riesgo y adaptación climática”, puntualiza.

Para superar esa debilidad, Guevara Cué propone avanzar hacia una gobernanza territorial anticipatoria e inclusiva, que otorgue mayor autonomía política, capacidad financiera y potestad regulatoria a los gobiernos regionales. “Antes de 2030, al menos el 80% de las comunas debería contar con planes reguladores vigentes, alineados con principios de justicia espacial, equidad y resiliencia. Es una meta ambiciosa, pero necesaria si queremos ciudades preparadas para el siglo XXI”, agrega.

¿Nuevo contrato social urbano?

La transformación, sin embargo, no puede venir solo desde el Estado. Replantear el contrato social urbano y territorial es -según la académica- una condición indispensable para un desarrollo equilibrado. “Más allá de la discusión constitucional, debemos darnos la oportunidad de repensar la forma en que el mundo público y privado planifican el país. La justicia espacial debe ser el lente transversal y obligatorio en toda política urbana y territorial”, afirma.

En esa línea, Guevara Cué destaca la necesidad de mecanismos de cooperación público-privada que trasciendan la lógica de la rentabilidad inmediata. “El futuro gobierno tiene el desafío ineludible de promover alianzas donde empresas, municipios y comunidades colaboren desde las etapas tempranas de diseño e implementación. Solo así lograremos ciudades más equitativas, sostenibles y resilientes”, señala.

Participación y transparencia

La académica también propone fortalecer los mecanismos de transparencia y participación ciudadana vinculante. “El desafío está en evolucionar desde procesos consultivos a instrumentos reales de gobernanza urbana, donde la ciudadanía pueda incidir, monitorear avances y exigir cuentas respecto al impacto social y ambiental de las intervenciones”, explica.

Para Guevara Cué la justicia espacial sintetiza el espíritu del cambio que Chile necesita: “significa priorizar la inversión pública en infraestructura y equipamiento de calidad en los barrios históricamente postergados, revirtiendo la inercia de la desigualdad. Implica que el bienestar no dependa del código postal, sino del compromiso de construir un territorio más justo, resiliente y humano”.

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