Por Javier Albornoz Rebolledo. Miembro Comisión Política PC de Chile.
En Chile, la disputa política ya no se expresa únicamente en el nivel nacional o macro. Cada vez con mayor claridad, el conflicto entre distintos proyectos de sociedad se manifiesta en los territorios, en las regiones, en las comunas y en la vida cotidiana de millones de personas que enfrentan desigualdad, precariedad y abandono. Allí, donde el modelo muestra sus límites más concretos, emerge una pregunta de fondo: ¿para quién se desarrolla el país?.
Las Estrategias Regionales de Desarrollo impulsadas por los gobiernos regionales reflejan esa tensión. En prácticamente todas las regiones aparecen conceptos como sostenibilidad, cohesión social, equidad territorial, participación y resiliencia. Sin embargo, esas aspiraciones conviven con una realidad marcada por profundas brechas sociales y territoriales.
Los propios diagnósticos levantados por organismos del Estado, incluidos los estudios de la SUBDERE y los gobiernos regionales, muestran un país profundamente desigual. Existen comunas donde el acceso a salud, transporte, conectividad, áreas verdes, seguridad y servicios básicos sigue condicionado por el lugar donde se nace o se vive. La desigualdad no es solamente económica: es territorial.
En el norte, regiones que generan enormes riquezas a través de la minería conviven con precariedad urbana, déficit habitacional y falta de servicios. En la zona central, particularmente en la Región Metropolitana y Valparaíso, la segregación urbana y la concentración económica han construido ciudades fragmentadas, donde millones de personas deben desplazarse largas horas para trabajar o acceder a derechos básicos. En el sur y las zonas extremas, el aislamiento, la falta de conectividad y la dependencia de economías extractivas reflejan décadas de abandono y centralismo.
Nada de esto es casual. El neoliberalismo no solo organiza la economía; también organiza el territorio. Define dónde se invierte, qué comunas progresan, qué sectores quedan relegados y quién accede a mejores condiciones de vida. La concentración del poder económico y político en determinados espacios ha producido un país desequilibrado y fragmentado.
Por eso, la discusión sobre desarrollo regional es mucho más que un debate técnico. Es una disputa política por el modelo de sociedad.
En los últimos meses, las reuniones entre gobernadores regionales, parlamentarios y senadores han comenzado a expresar esta tensión con más fuerza. El debate sobre descentralización, atribuciones regionales, financiamiento e inversión pública ya no puede seguir reducido a cuestiones administrativas. Las regiones exigen más capacidades de decisión, mayor autonomía financiera y herramientas reales para enfrentar problemas que afectan directamente a sus habitantes.
Sin embargo, la descentralización chilena sigue siendo incompleta. Aunque hoy existen gobernadores electos democráticamente, el poder político, administrativo y fiscal continúa altamente concentrado en el nivel central. Muchas veces las regiones administran demandas, pero sin contar con capacidades suficientes para resolverlas. En paralelo, los municipios —que constituyen la primera línea de relación entre el Estado y la ciudadanía— enfrentan enormes limitaciones presupuestarias y profundas desigualdades entre comunas ricas y pobres.
La discusión sobre presupuestos regionales, seguridad territorial, planificación urbana, transporte o infraestructura no es secundaria. Allí se define el contenido concreto del desarrollo y la calidad de vida de millones de personas.
Por eso la disputa está en los territorios. Existe una confrontación abierta entre dos maneras de entender el desarrollo. Una mirada entiende las regiones como espacios de competencia, inversión y rentabilidad, subordinadas a las dinámicas del mercado. Otra perspectiva plantea que el desarrollo debe organizarse desde las necesidades de las personas, fortaleciendo derechos, integración territorial y participación democrática.
En ese escenario, la izquierda y las fuerzas transformadoras enfrentan un desafío estratégico. No basta con presencia institucional. No basta con administrar gobiernos locales o regionales si ello no se conecta con organización social, trabajo territorial y construcción de mayoría. La brecha entre representación institucional y vida cotidiana del pueblo sigue siendo uno de los principales problemas a resolver.
La tarea no es sustituir a las organizaciones sociales, sino fortalecerlas, dinamizar las luchas territoriales e integrar a quienes hoy no participan en espacios organizados. La construcción de mayoría requiere un trabajo más profundo, sostenido y conectado con conflictos concretos: vivienda, transporte, seguridad cotidiana, empleo, salud, acceso al agua y desigualdad urbana.
Al mismo tiempo, se vuelve indispensable disputar el sentido de conceptos que muchas veces son utilizados desde una lógica conservadora o tecnocrática. Seguridad no puede significar únicamente control policial; debe entenderse también como seguridad social, derecho a vivir con dignidad y cohesión comunitaria. Desarrollo no puede reducirse a crecimiento económico sin distribución. Sostenibilidad no puede ser solo un discurso ambiental vacío, sino justicia territorial y protección efectiva de las comunidades.
La disputa por las regiones es, en definitiva, una disputa por hegemonía. Allí se juega quién toma las decisiones, cómo se distribuyen los recursos y qué modelo de país se construye hacia el futuro.
Porque el territorio también es poder. Y quién disputa el territorio, disputa también la posibilidad de construir un Chile más justo, democrático y con mayor protagonismo popular.
