Durante septiembre, tribunales de distintas regiones del país dictaron una serie de resoluciones relacionadas con crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura civil-militar, incluyendo condenas a agentes del Estado, indemnizaciones a víctimas y familiares, y nuevos antecedentes en causas por detenciones ilegales, torturas, secuestros y ejecuciones.
Uno de los fallos más relevantes se conoció el 1 de septiembre, cuando la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, condenó al exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Miguel Krassnoff Martchenko a seis años de presidio efectivo como autor del delito de secuestro agravado de Hortensia Glave del Villar, ilícito cometido a partir del 4 de octubre de 1974. En el ámbito civil, el tribunal condenó al Fisco a pagar una indemnización de $100 millones por concepto de daño moral a la víctima.
Durante el mes también se sucedieron diversas resoluciones judiciales que establecieron reparaciones económicas para personas detenidas ilegalmente y sometidas a torturas durante la dictadura.
El 2 de septiembre, la Corte de Apelaciones de Santiago elevó a $80 millones la indemnización que el Fisco deberá pagar a Mauricio Arquero Espinosa, estudiante secundario detenido en 1982 en Valparaíso, quien fue sometido a interrogatorios y torturas en recintos policiales y posteriormente relegado a Inca de Oro.
Al día siguiente, el mismo tribunal confirmó una indemnización de $70 millones para Julio Vera Donoso, detenido y sometido a interrogatorios bajo tortura en unidades policiales en diciembre de 1973. Ese mismo día, la Corte Suprema confirmó indemnizaciones por un total de $175 millones para seis víctimas —Fernando Vergara Morales, Jaime Martínez Peña, Fermín Valenzuela Aliaga, Eduardo Contreras Contreras, Juan Rusich Baeza y Juan Orellana Cáceres—, quienes fueron detenidas ilegalmente y torturadas en distintos recintos de Rancagua, Curicó, Hualañé, Molina y Talca después del 11 de septiembre de 1973.
El 4 de septiembre, el Vigésimo Primer Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a pagar $50 millones a Guillermo Galleani Alzamora, técnico electricista detenido en 1975 y sometido a torturas en cuarteles de la DINA.
Ese mismo día se produjo un nuevo avance en materia de verdad, justicia y reparación. El ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena, Sergio Troncoso, participó en la restitución de los restos de cuatro víctimas de la Caravana de la Muerte: Carlos Alcayaga Varela, Oscar Cortés Cortés, Gabriel Vergara Muñoz y Manuel Macarian Jamett, fusilados en octubre de 1973 durante el paso de la comitiva militar por La Serena. Los cuerpos habían sido exhumados debido a errores en sus identificaciones originales. De las 15 víctimas de la Caravana en la región, 12 cuerpos fueron exhumados y, hasta septiembre, se habían concretado 10 restituciones.
Conmemoración de los 53 años del golpe de Estado
El 6 de septiembre, miles de personas participaron en una marcha desde el centro de Santiago hasta el Memorial del Detenido Desaparecido y Ejecutado Político, en el Cementerio General, para conmemorar los 53 años del golpe de Estado de 1973.
En el ámbito de las organizaciones de derechos humanos, el 7 de septiembre se informó que Daniel Godoy Fernández asumió como nuevo secretario ejecutivo de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), en reemplazo de Claudio González, Premio Nacional de Derechos Humanos. Godoy, doctor en Ciencias de la Religión, profesor de teología y pastor presbiteriano, cuenta con una trayectoria vinculada a la defensa y promoción de los derechos humanos.
Durante septiembre también se registraron nuevas acciones judiciales relacionadas con hechos ocurridos durante la dictadura y con vulneraciones de derechos en democracia.
El 10 de septiembre, ocho funcionarios del Ejército fueron formalizados por apremios ilegítimos contra tres conscriptos que realizaban el servicio militar en la Brigada Motorizada Huamachuco, en Putre. Los hechos ocurrieron en abril de 2024 y forman parte de los antecedentes surgidos tras la muerte del conscripto Franco Vargas. Según el Ministerio Público, los tres jóvenes fueron sometidos a agresiones físicas y verbales, ejercicios de castigo e insultos homofóbicos y degradantes. El tribunal decretó para los ocho imputados las medidas cautelares de arraigo nacional y firma periódica.
Nuevas indemnizaciones para víctimas y familiares
El 11 de septiembre, la Corte de Apelaciones de Santiago condenó al Fisco a pagar un total de $60 millones a los hijos de Marcos Abarca Zamorano, detenido el 12 de septiembre de 1973 y sometido a torturas en el Estadio Chile, el Estadio Nacional y el campo de prisioneros de Chacabuco.
El 14 de septiembre, la Corte de Apelaciones de Santiago fijó en $40 millones la indemnización para Rosa Contreras Díaz, profesora detenida y torturada en 1980 en la Novena Comisaría de Carabineros de Independencia. Ese mismo día, la Corte de Apelaciones de Chillán confirmó una indemnización de $80 millones para Clemente Quilodrán Palma, estudiante de Pedagogía detenido después del golpe de Estado y sometido a torturas en recintos policiales y penitenciarios de la región de Ñuble.
El 15 de septiembre, la Corte de Apelaciones de Chillán confirmó una indemnización de $10 millones para Arnoldo Reyes Gutiérrez, trabajador y dirigente sindical detenido en septiembre de 1973 y sometido a interrogatorios bajo tortura. En Santiago, en tanto, el tribunal de alzada fijó en $10 millones la indemnización para la hermana de José Freire Medina, integrante del Grupo de Amigos del Presidente (GAP) de Salvador Allende, detenido el 11 de septiembre de 1973 y desaparecido posteriormente.
El 16 de septiembre, la Corte de Apelaciones de Santiago fijó en $90 millones la indemnización para las hermanas María Gabriela y María Paulina Richards Zepeda, detenidas en 1987 por agentes de la CNI y el Comando Conjunto.
Ese mismo día, la Corte Suprema confirmó una indemnización de $30 millones para José Allende Bravo, estudiante universitario detenido durante movilizaciones estudiantiles en 1986. También elevó a $80 millones la reparación para la cónyuge e hijo de Manuel Cortez Joo, detenido por la DINA en febrero de 1975 y trasladado a Villa Grimaldi, desde donde permanece desaparecido.
El 17 de septiembre, la Corte de Apelaciones de Santiago fijó en $240 millones el monto total de las indemnizaciones para hijos y nietos de Guillermo Álvarez Cañas, trabajador portuario de San Antonio detenido y posteriormente ejecutado en septiembre de 1973.
Hacia fines de mes continuaron las resoluciones judiciales. El 21 de septiembre, la Corte de Apelaciones de Santiago redujo a $15 millones la indemnización para una persona que, siendo menor de edad, fue sometida a detención ilegal, prisión política y torturas en 1987.
El 22 de septiembre, el Vigésimo Octavo Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a indemnizar a un exestudiante de medicina sometido a prisión política y torturas en recintos de la DINA entre 1974 y 1976. Ese mismo día, la Corte Suprema condenó al Estado a pagar $100 millones a un prisionero político sometido a torturas en el Fuerte Borgoño de Talcahuano, el Estadio Regional de Concepción y una comisaría de Carabineros de Concepción.
El 24 de septiembre, el Vigésimo Octavo Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a pagar $70 millones a un prisionero político sometido a torturas y relegación en 1984. La sentencia estableció la responsabilidad del Estado por tratarse de un crimen de lesa humanidad imprescriptible tanto desde el punto de vista civil como penal.
Ese mismo día, la ministra Marianela Cifuentes condenó al exoficial de Ejército Luis Albornoz Costa a 15 años de presidio efectivo por los secuestros calificados de Luis Lobos Gutiérrez y Carlos Maldonado Torres, perpetrados desde octubre de 1973 en Maipú. En el ámbito civil, el tribunal condenó al Fisco a pagar $80 millones a los hijos de Maldonado Torres.
Memoria, reparación y defensa de derechos
El 24 de septiembre también se conmemoraron los 53 años de la creación del Comité Nacional de Refugiados (CONAR), organismo surgido tras el golpe de Estado y dirigido por iglesias protestantes y evangélicas, con apoyo de organismos internacionales como ACNUR, el Consejo Mundial de Iglesias y el Comité Internacional de la Cruz Roja. La iniciativa tuvo como objetivo entregar asistencia a personas perseguidas y refugiadas por la dictadura.
En materia de derechos sociales, el 23 de septiembre el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Temuco para intentar impedir el cierre de las escuelas rurales Brotolhue y Tromen Alto, ubicadas al interior de comunidades mapuche. Según el organismo, la medida afectaría a más de 25 niños y niñas y los obligaría a trasladarse a un establecimiento ubicado a cerca de una hora de distancia.
Durante la última semana del mes, la Corte de Apelaciones de Santiago continuó revisando causas de reparación. El 25 de septiembre elevó la indemnización para un médico veterinario detenido en octubre de 1973 y torturado en La Unión. El 28 de septiembre hizo lo propio respecto de una mujer que fue detenida ilegalmente y torturada en noviembre de 1984, cuando tenía 21 años.
El 29 de septiembre, en tanto, el tribunal de alzada redujo la indemnización para un prisionero político sometido a torturas durante 14 meses, entre septiembre de 1973 y noviembre de 1975.
Finalmente, el 30 de septiembre, la Corte de Apelaciones de Santiago elevó la indemnización para una mujer que fue sometida a detención ilegal y torturas en 1982, cuando tenía tres meses de embarazo. La Undécima Sala consideró, para aumentar el monto reparatorio, la magnitud del daño provocado.
Las resoluciones conocidas durante septiembre dan cuenta de la continuidad de los procesos judiciales vinculados a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura, tanto en materia de persecución penal de los responsables como de reparación a las víctimas y sus familias. A más de cinco décadas del golpe de Estado, los tribunales continúan abordando causas relacionadas con secuestros, desapariciones, ejecuciones, detenciones ilegales y torturas cometidas por agentes del Estado.
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