- Retirar estas normas -señala Giovanna Amaya- retrasa la protecciĂłn ambiental y prolonga problemas medioambientales en diversas zonas del paĂs.
El gobierno de JosĂ© Antonio Kast instruyĂł hace unos dĂas retirar 43 decretos supremos que se encontraban en trámite de toma de razĂłn en la ContralorĂa General de la RepĂşblica, justo antes de que estos fueran aprobados o rechazados.
La gran mayorĂa de estos decretos pertenecĂan al área del Ministerio del Medio Ambiente, siendo impulsados por la administraciĂłn anterior, e incluĂan medidas relevantes como la creaciĂłn de parques nacionales y áreas protegidas, la protecciĂłn de especies (como el pingĂĽino de Humboldt) y normas ambientales (calidad del aire, emisiones, entre otras).
La explicaciĂłn oficial de esta acciĂłn apunta a una revisiĂłn tĂ©cnica y jurĂdica, que evalĂşe su calidad, la coherencia normativa y permita corregir posibles errores previo a su aprobaciĂłn, como tambiĂ©n la posibilidad de un reenfoque polĂtico y de prioridades.
Retroceso en la protecciĂłn ambiental
Para Giovanna Amaya, directora de la Escuela de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales (ECA3) de la Universidad de O’Higgins (UOH), lo primero que se debe entender es que no solo se habla de papeles, se trata de reglas que protegen la salud de las personas y el medio ambiente. “Cuando se retiran o se frenan decretos, en la práctica seguimos funcionando con normas antiguas, algunas de más de 20 años. Eso significa que el paĂs se queda atrás en la gestiĂłn ambiental, especialmente en temas tan sensibles como el agua y el aire”, señala la especialista en polĂtica pĂşblica ambiental.
Agrega que este hecho, más que una revisiĂłn tĂ©cnica, tiene efectos colaterales. “Se retrasa la protecciĂłn ambiental y se prolongan los problemas conocidos, como la contaminaciĂłn en zonas saturadas. TambiĂ©n es importante aclarar que estas normas no son decisiones rápidas de un gobierno de turno, son procesos que tardan años, con participaciĂłn de la ciudadanĂa, la academia, el sector pĂşblico y privado. Por eso, detenerlas en etapas avanzadas interrumpe acuerdos ya construidos”, detalla Amaya.
Respecto a las intenciones del Gobierno, que se desprenden del momento y la oportunidad en el retiro de estos decretos, la experta UOH señala que “es importante aclarar que los gobiernos tienen el derecho y el deber de evaluar las normas que reciben. Pero el problema no es revisar, el problema es detener sin dar certezas ni plazos claros”.
Agrega que cuando esto ocurre en temas ambientales, el mensaje que se interpreta es una señal de menor urgencia frente a la crisis climática, de biodiversidad y de contaminaciĂłn que vive el paĂs y el planeta.
“Más que hablar de negacionismo, yo dirĂa que aquĂ hay un riesgo, hoy el desafĂo no es elegir entre desarrollo y medio ambiente, sino avanzar en ambos. En temas ambientales, el tiempo importa. Cada año que se retrasa una norma, es un año en que las personas siguen expuestas a contaminantes cuyo costo lo paga la salud pĂşblica”, finaliza.
Cabe destacar que un decreto es una norma jurĂdica dictada por el Poder Ejecutivo que sirve para regular materias especĂficas y aplicar las leyes en la práctica; y que, tras el retiro de estos 43 decretos, estos pueden ser modificados y reingresados; reemplazados por nuevas versiones o eventualmente no retomarse su tramitaciĂłn por parte del gobierno.




