LUIS VILLAZON LEON
ABOGADO, MASTER EN POLITICAS DEL TRABAJO Y RR.LL.
La llegada de Gabriel Boric a La Moneda estuvo cargada de una expectativa histórica: la posibilidad de iniciar, desde el gobierno y el propio Estado con la efectiva participación del sociedad civil, la superación del modelo neoliberal que ha estructurado la vida social, económica y laboral de Chile desde la dictadura. En ese horizonte, el eje de Trabajo y Seguridad Social ocupó un lugar central en su programa de gobierno, no solo por su impacto directo en las condiciones de vida de millones de personas, sino porque allí se juega una de las disputas más profundas del orden social: como se equilibran los actores en el mundo del trabajo y cómo se distribuyen las ganancias producidas, asociados a la vida laboral y social en nuestro país, en lo concreto, el valor del trabajo.
El programa de gobierno fue explícito. Habló de trabajo decente, fortalecimiento sindical, reducción de la jornada laboral y superación del sistema de AFP. No se trataba, al menos en el plano discursivo, de simples ajustes al modelo, sino de una promesa de transformación estructural. Sin embargo, al término del mandato, una evaluación crítica obliga a constatar una tensión persistente: pese a los avances relevantes en plano de la relación laboral individual, las bases del modelo neoliberal del trabajo y la seguridad social no fueron sustantivamente alteradas.
Para comprender esta afirmación es necesario recordar qué caracteriza dicho modelo. El modelo laboral chileno no se reduce a salarios insuficientes o extensas jornadas de trabajo y altos niveles de informalidad, traducido todo en una profunda desigualdad social. Su núcleo es una arquitectura de poder diseñada por el Plan Laboral de 1979 y mantenida, con ajustes, durante la extensa transición democrática: negociación colectiva restringida al nivel de empresa, sindicatos fragmentados y con bajo poder estructural, alta flexibilidad unilateral del empleador y un Estado que fiscaliza insuficientemente y que no redistribuye poder entre los actores laborales. En materia de seguridad social, el principio es aún más claro: los riesgos sociales —vejez, enfermedad, desempleo— se gestionan de manera individual a través del mercado, transformando derechos sociales en bienes financieros.
El programa de Gabriel Boric diagnosticó correctamente este entramado. Reconoció la precarización del empleo, la debilidad estructural del sindicalismo y la crisis del sistema previsional. Incluso asumió, con un lenguaje poco habitual en programas presidenciales, que el modelo vigente era incompatible con una democracia sustantiva. El problema, entonces, no estuvo en el diagnóstico ni en el horizonte normativo declarado, sino en la dificultad —o falta de decisión política— para convertir ese horizonte en una ruptura efectiva con las reglas estructurales heredadas.
Las reformas emblemáticas del período ilustran bien esta tensión. El aumento sostenido del salario mínimo hasta los 539 mil pesos( a enero de 2026) y la aprobación de la ley de 40 horas representan avances concretos e indiscutibles en las condiciones materiales de trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, estas medidas operan dentro del marco neoliberal, no contra él. Mejoran ingresos y reducen tiempos de trabajo, pero no alteran la relación de poder al interior de la empresa ni fortalecen la capacidad colectiva de negociación de los trabajadores y sus organizaciones. Son reformas redistributivas importantes, pero no transformaciones estructurales del sistema de relaciones laborales.
El punto más crítico del balance se encuentra en el marco colectivo y en el ámbito sindical. Pese a que el programa de gobierno reconocía la necesidad de fortalecer la negociación colectiva y avanzar hacia formas supraempresariales, en la práctica no se impulsó una reforma sustantiva en esta materia. La negociación ramal quedó relegada a un horizonte discursivo, siempre condicionado a una futura y favorable correlación de fuerzas. Mientras tanto, se mantuvo intacta la lógica que en la empresa está el centro del conflicto laboral, aquella que atomiza la acción colectiva y limita el poder sindical, hoy después de 4 años y terminado el gobierno no hay indicios de superación del plan laboral y tenemos un aumento de la fragmentación sindical, solo al término del mandato el gobierno decide enviar el proyecto de ley de negociación colectiva multinivel, un acto a todas luces simbólico sin viabilidad legislativa, proyecto que ya fue retirado desde el parlamento por el actual gobierno, proyecto de ley que nació muerto.
Sin sindicatos fuertes, el trabajo decente se convierte en una consigna ética más que en una realidad material. No hay salarios dignos sostenibles ni condiciones laborales equilibradas sin poder colectivo de la parte más débil de esta relación de poder. La ausencia de una reforma laboral estructural no puede entenderse solo como resultado de las dificultades parlamentarias; expresa también una decisión política de no confrontar el núcleo del modelo, aquel que define quién manda en el proceso productivo.
En materia de seguridad social, la distancia entre el programa y la práctica fue igualmente significativa. El compromiso de superar el sistema de AFP y avanzar hacia un sistema público, solidario y sin fines de lucro marcó uno de los hitos discursivos más relevantes de la campaña. Sin embargo, la reforma previsional finalmente aprobada mantuvo el corazón del sistema intacto: la capitalización individual continúa siendo el eje del financiamiento de las pensiones, ahora complementada con mecanismos solidarios. Se mejora la suficiencia de las pensiones y se introduce mayor redistribución, pero no se desmercantiliza la seguridad social.
El riesgo social sigue recayendo, en lo fundamental, sobre el individuo. El Estado actúa como corrector de desigualdades extremas, no como garante universal de derechos sociales. En este sentido, la reforma previsional representa más bien una modernización social del modelo neoliberal que su superación. Cambia y amplia modestamente sus bordes, pero no altera su lógica estructural.
Este patrón se repite en el rol asumido por el Estado en el mundo del trabajo. El programa prometía un Estado garante de derechos laborales, capaz de equilibrar relaciones estructuralmente asimétricas. En la práctica, el Estado operó principalmente como gestor de equilibrios políticos y amortiguador del conflicto social, privilegiando la gobernabilidad por sobre la redistribución del poder. La Dirección del Trabajo, por ejemplo, no fue reposicionada como un actor estratégico de transformación del sistema de relaciones laborales, sino que continuó desempeñando un rol fundamentalmente fiscalizador y mediador, todo a pesar de los esfuerzos desplegados en esa dirección y su destacado rol de potenciador de la libertad sindical, por quienes la condujeron durante este periodo.
Trabajo y seguridad social no fueron ejes secundarios del programa de gobierno de Gabriel Boric. Por el contrario, ocuparon un lugar central en su relato político y en su promesa de cambio. Sin embargo, bastó poco tiempo de gobierno para que esa centralidad se diluyera en lo estructural, desplazando la transformación del modelo hacia reformas parciales, compatibles con el orden existente.
Las prioridades se reacomodaron rápidamente. El fortalecimiento del sindicalismo, la ampliación efectiva de la negociación colectiva y la superación del sistema previsional basado en la capitalización individual dejaron de ser objetivos inmediatos y pasaron a ocupar un lugar secundario, subordinado a la gobernabilidad política y a los márgenes del acuerdo posible.
En esa distancia entre promesa y práctica se juega una de las claves interpretativas del ciclo político reciente. Trabajo y seguridad social fueron concebidos como ejes de transformación, pero terminaron operando como espacios de administración del conflicto social, esta deuda pendiente, es sin duda uno de los factores que explica la derrota del 14 de diciembre de 2025, entre otros y que dio paso al regreso del pinochetismo al gobierno, con las consecuencias que recién comienzan.
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