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Un canto libre: Orquesta y Coro Sinfónico Usach estrenan canciones de Víctor Jara orquestadas por Sergio “Tilo” González

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Un canto libre: Orquesta y Coro Sinfónico Usach estrenan canciones de Víctor Jara orquestadas por Sergio “Tilo” González

El fundador de Congreso trabajó en composiciones como “Te recuerdo Amanda” y “Luchín”, para un programa que será dirigido por Francisco Núñez Palacios y tendrá como solistas a Catalina Plaza y Diego Huberman.

El concierto se realizará este miércoles 1 de abril (19:30 horas) en el Teatro Aula Magna Usach, con entrada gratuita. Además, será transmitido en vivo por Radio Usach. 

Víctor Jara (1932-1973) abrió su discografía como cantautor en 1966, luego de varias temporadas como integrante del conjunto Cuncumén y una intensa actividad como director teatral. Ese año publicó sus primeras canciones como solista, incluyendo un lado B que el tiempo transformó en clásico: “El cigarrito”.

Exactamente seis décadas después, “El cigarrito” será una de las composiciones que la Orquesta y el Coro Sinfónico Usach incluirán en un programa dedicado exclusivamente al cantautor. Bajo el título Víctor Jara, un canto libre, Sergio “Tilo” González orquestó diez canciones que serán interpretadas por ambos elencos junto a dos solistas: Catalina Plaza, voz de Catalina y Las Bordonas de Oro, y Diego Huberman, quien ha desarrollado su carrera musical bajo el seudónimo El Árbol de Diego. El Coro Mawünko, formado por 30 niños y niñas, se sumará también a un concierto que será dirigido por Francisco Núñez Palacios.

El evento se realizará este miércoles 1 de abril (19:30 horas) en el Teatro Aula Magna Usach y las entradas gratuitas se pueden descargar en Portaltickets. Además, será transmitido en vivo por Radio Usach, a través de su señal 94.5 FM y 50.2 en TV digital, y por el canal oficial de la Usach en Youtube.

Este concierto es resultado de un trabajo colaborativo con la Usach, con quienes tenemos una larga trayectoria de amistad”, dice Amanda Jara, presidenta de la Fundación Víctor Jara. “Estamos felices de que el maestro ‘Tilo’ González haya aceptado este desafío. Sin duda, la voluntad de colaborar es el principio de toda creación y este lugar, la ex Universidad Técnica del Estado (UTE), fue el último lugar en el que trabajó mi papá, precisamente para crear desde la colectividad. En ese sentido, este concierto es una ventana de esperanza, belleza y creación”.

“Tilo” González, baterista y fundador del grupo Congreso, ya había trabajado en una primera versión de Víctor Jara, un canto libre, que la Orquesta y el Coro Sinfónico Usach interpretaron en su temporada del año 2023. Para esta ocasión, revisó esa partitura y añadió otras cinco canciones que tendrán su estreno absoluto: “Herminda de La Victoria”, “Lo único que tengo”, “El aparecido”, “En el río Mapocho” y “Luchín”.

“Estas son canciones de Víctor Jara. No es una obra conceptual, sino que está basada en sus canciones”, subraya el compositor. “Éstas fueron intervenidas, en el sentido de que no se usa su acompañamiento habitual, sus frases de guitarra, que son reemplazadas por ambientes distintos, sin perder el concepto de cada canción. Una orquesta tiene muchos elementos y quise usarlos de una manera cercana a lo popular. No hay muchas técnicas europeas, por decirlo de alguna manera, sino que intenté jugar con los colores de los instrumentos de madera y cuerdas”.

Según “Tilo” González, el repertorio refleja también una dimensión menos conocida de Víctor Jara: “No son las canciones más típicas que hemos escuchado en otros arreglos u otras agrupaciones. Por supuesto que hay algunas emblemáticas, como ‘Manifiesto’ o ‘Te recuerdo Amanda’, pero ojalá que el concierto tenga la virtud de mostrar otro tipo de canciones no tan populares, que rescate ciertas cosas que no están habitualmente en la oreja de todos”, comenta.

La temporada de conciertos gratuitos de la Orquesta Usach cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y considera otros diez programas en el mismo Teatro Aula Magna. El detalle de la programación se puede encontrar en este enlace.

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José Soza, Diana Sanz y Marco Antonio de la Parra reciben Medalla Pedro de la Barra

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José Soza, Diana Sanz y Marco Antonio de la Parra reciben Medalla Pedro de la Barra

Para destacar su contribución al arte y la cultura en nuestro país, los actores Dianza Sanz y José Soza y el psiquiatra y dramaturgo Marco Antonio de la Parra, recibieron de manos de la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, la Medalla al Mérito Cultural Profesor Pedro de la Barra.

La ceremonia tuvo lugar en el Teatro Nacional Chileno, espacio que ha recibido a los tres artistas en distintos momentos de sus extensas carreras, hasta donde llegaron la Rectora Rosa Devés; el prorrector Claudio Pastenes; la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Pilar Barba; el decano de la Facultad de Artes, Fernando Carrasco; el director del Teatro Nacional Chileno, Cristian Keim; el hijo de Pedro de la Barra, Leonardo de la Barra, entre otros.

“A través de Diana Sanz, José Soza y Marco Antonio de la Parra, nos conectamos con la historia de nuestro Teatro Nacional Chileno y con la tradición que lo sostiene. Sus trayectorias encarnan esa misión que distingue a las instituciones culturales de la Universidad de Chile: ser auténticamente nacionales, abiertas, representativas y diversas, fieles a una concepción del arte comprometido con lo colectivo y orientado al bien común”, destacó la Rectora Devés en la ceremonia. “El teatro es memoria, un legado que se transmite y al mismo tiempo una invitación permanente a imaginar y construir futuros distintos. Las trayectorias que hoy distinguimos son inseparables de esa doble dimensión”, agregó.

Por su parte, el director del Teatro Nacional Chileno, Cristián Keim, en representación también de la Facultad de Artes, indicó que “como sabemos, el mundo está cambiando, está cambiando rápidamente, a veces inevitable y a veces parece que el oficio del arte, y particularmente el teatro, es inútil frente a las innumerables crisis que tenemos que enfrentar cotidianamente y las crisis que enfrenta el mundo en estos momentos, yo soy un convencido que en estos momentos el teatro es más necesario que nunca, que necesitamos hacer teatro para poder interpretar e interpelar a este nuevo mundo que está apareciendo. El teatro es aprendizaje y el aprendizaje es transformación”.

La Memoria Escénica y el Fuego de la Tradición

El profesor Marco Espinoza, académico del Departamento de Teatro de la Universidad de Chile, fue en encargado de presentar a la primera galardonada Diana Sanz, quien, en sus palabras, “representa esa simbiosis perfecta entre la excelencia técnica, la inquietud intelectual y la lealtad institucional que define a la Universidad de Chile”.

El académico destacó que Sanz “encarnó a la primera Julieta del teatro chileno”, también cuando asumió la dirección del Grupo de Teatro “Goethe” en el Goethe-Institut en 1974 en “un contexto país desafiante” y “su vocación pública” como presentadora pionera en Canal 9 entre 1960 y 1973, junto a Patricio Bañados.

“El análisis de su trabajo nos revela una ductilidad asombrosa. Ha transitado desde las tragedias de Lorca y los clásicos de Shakespeare hasta las vanguardias de Stoppard y las recientes direcciones del maestro universal Peter Brook”, aseguró Marco Espinoza.

Diana Sanz, por su parte, decidió compartir el podcast que escribió donde retrata su primer amor: la actuación. “Les quiero contar que tengo un record del cual me siento muy orgullosa. Si no me equivoco, soy la única actriz que ha mantenido un vínculo actoral por más de 60 años con el Teatro Nacional Chileno, en diferentes periodos. Hemos compartido 30 obras de teatro, desde “Romeo y Julieta” en 1964, hasta la actualidad, en la que estoy participando en la obra “Noche de reyes”. Por eso yo llamo cariñosamente a este teatro, mi segunda casa”, recalcó la actriz, quien además añadió: “Con esta Medalla al mérito cultural Pedro de la Barra me siento profundamente honrada, eternamente agradecida y con el corazón apretado de tanta emoción. Muchas, muchas gracias”.

En específico, la Rectora Devés reconoció en ella “la elegancia del oficio, la intensidad de la palabra, la belleza como forma de verdad”. “Su presencia en escena durante todos estos años nos ha enseñado cómo se cultiva una vocación con pasión y cómo incluso después de grandes logros siempre existen nuevos horizontes por explorar y conquistar”, dijo.

“La Verdad Escénica y la Ética de lo Humano”

Maria Olivia Mena, egresada del Departamento de Teatro, fue la encargada de presentar a José Soza, quien según detalla, el también egresado de la U. de Chile, “encarna el espíritu del teatro universitario: un arte que no se conforma con el adorno, sino que se asume como un servicio público y una herramienta de disección social. Para él, como ha manifestado en sus reflexiones más profundas, “el teatro y la actuación son su vida’”.

Sobre sus roles más populares, los del cine y televisión, Francisca Suárez destacó que Pepe Soza “no hizo concesiones; llevó consigo el rigor de la Universidad. Personajes ya legendarios como el ‘Cereza’ en La Fiera o el ambicioso ‘Drago’ en Romané, no fueron solo roles de consumo masivo, sino ejercicios de construcción de identidad popular. Al dotarlos de una complejidad psicológica y una humanidad desbordante, Soza elevó el estándar de la comunicación pública, demostrando que la calidad artística es transversal”.

“Él representa la resistencia cultural en épocas difíciles y la lucidez creativa en democracia”, declaró la actriz.

El actor compartió con emoción su intención de haber memorizado un poema para agradecer “este premio tan importante y tan significativo para la cultura, para la Universidad de Chile y para nosotros, los actores”, pero se disculpó debido al duelo que atraviesa por el reciente fallecimiento de su hermana.

En el caso de Soza, la Rectora destacó que con el reconocimiento “honramos la profundidad ética del actor que encarna las fracturas de su tiempo”. “Su interpretación en ‘Hechos consumados’ nos confrontó con la injusticia y la dignidad negada, con la crudeza de lo social y la humanidad irreductible de quienes habitan los márgenes. La escena se transformó en espacio de conciencia”, apuntó.

“El Cirujano de la Psiquis y el Centinela de la Memoria”

Finalmente, cerrando la cita, fue el turno de introducir a Marco Antonio de la Parra, quién fue presentado primero con una lectura de un extracto de “La dramaturgia como sacrificio”, libro de su autoría, para luego dar paso a la presentación de la egresada del Departamento de Teatro, Javiera Muñoz, quien presenta a uno de los “intelectuales más lúcidos, cuya pluma ha operado sobre el cuerpo social de la nación con la precisión de un bisturí”.

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Crisis petrolera, transporte global y transición hacia la electromovilidad

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Crisis petrolera, transporte global y transición hacia la electromovilidad

Por Ricardo Neira Navarro,

Decano de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Tecnologías para la Sociedad, UAHC.

La guerra en torno a Irán, con Estados Unidos e Israel involucrados, ha devuelto al petróleo al centro de la escena mundial. No como un debate abstracto sobre energía, sino como una fuerza concreta capaz de encarecer la vida diaria en cuestión de días.

Los ataques a infraestructura energética en Medio Oriente y las disrupciones en el estrecho de Ormuz —paso por donde transita cerca de 20% del petróleo mundial— volvieron a tensionar precios, seguros marítimos y cadenas logísticas globales. Las disrupciones en el estrecho de Ormuz tensionan cadenas logísticas globales.

Cuando esa zona entra en crisis, no sube solo el barril. Sube el costo del transporte marítimo, de los combustibles refinados, de la aviación, de la distribución de mercancías y, finalmente, de los alimentos y del costo de vida. Sube el costo del transporte, combustibles y alimentos.

Reuters informó esta semana que los precios físicos del crudo y de combustibles como el jet fuel alcanzaron máximos extraordinarios, en medio de una interrupción severa del suministro en la región. Los precios del crudo alcanzaron máximos extraordinarios.

Ese es el punto de fondo: la guerra no solo altera la geopolítica; altera la economía cotidiana del planeta. La guerra altera la economía cotidiana del planeta. Un mundo que todavía mueve gran parte de su comercio, su carga, su transporte público y su producción con derivados del petróleo sigue siendo un mundo vulnerable a choques lejanos.

El mundo sigue siendo vulnerable por su dependencia del petróleo. Cada misil que impacta una planta, cada buque que evita una ruta, cada prima de seguro que sube en el Golfo termina repercutiendo mucho más allá de Medio Oriente.

Pero esta crisis también deja otra enseñanza. Cada shock petrolero vuelve más visible el valor estratégico de la electrificación. La electrificación adquiere valor estratégico frente a crisis energéticas. Ya no se trata solo de una discusión climática o tecnológica. Se trata de seguridad energética, de previsibilidad operacional y de menor exposición a conflictos externos.

Se trata de seguridad energética y menor exposición a conflictos externos. En ese escenario, los vehículos eléctricos aparecen menos como símbolo de modernidad y más como una respuesta práctica a la volatilidad del viejo orden fósil.

La transición, por supuesto, no es lineal. Una guerra prolongada también puede frenar inversión, encarecer financiamiento y enfriar el consumo. Pero incluso con esa cautela, la dirección global parece clara. La Agencia Internacional de Energía informó que en 2024 se vendieron más de 17 millones de autos eléctricos en el mundo, superando 20% de participación en las ventas totales.

Más de 17 millones de autos eléctricos vendidos en el mundo. China mantuvo el liderazgo, con más de 11 millones de autos eléctricos vendidos y casi la mitad de sus ventas de autos ya electrificadas. China lidera el mercado global de autos eléctricos.

Eso importa porque en una crisis petrolera no solo gana quien produce crudo: también gana quien puede ofrecer alternativas para depender menos de él. Las alternativas al petróleo ganan relevancia estratégica. Y hoy esa alternativa se juega en baterías, redes eléctricas, infraestructura de carga y fabricación de vehículos, donde China lleva ventaja industrial. China lleva ventaja en baterías e infraestructura eléctrica. La guerra, en ese sentido, no solo encarece el petróleo; también acelera la competencia por el transporte del futuro.

En los buses eléctricos, esa lógica es todavía más evidente. Un sistema urbano de transporte público depende de costos operacionales estables, planificación de rutas y abastecimiento seguro. Cuando el diésel se vuelve más caro e impredecible por razones geopolíticas, la electricidad adquiere un valor estratégico adicional.

La electricidad adquiere valor estratégico frente al diésel. No resuelve todo, pero reduce una parte relevante de la vulnerabilidad. Reduce la vulnerabilidad del sistema de transporte. Por eso la electrificación del transporte público ya no puede leerse solo como una política ambiental: también es una política de resiliencia. Esta es una inferencia razonada a partir de la volatilidad reciente de los combustibles y del despliegue sostenido de la electromovilidad.

Chile ofrece un caso especialmente interesante. El país sigue siendo sensible a los shocks internacionales de combustibles, pero al mismo tiempo ha avanzado de manera concreta en transporte público eléctrico. El Ministerio de Transportes reporta 4.400 buses eléctricos en la Región Metropolitana y 396 buses eléctricos operativos en regiones, además de 1.028 adjudicados para incorporarse entre 2026 y 2027. Chile avanza en transporte público eléctrico a gran escala.

Eso significa que, mientras el petróleo caro seguiría golpeando con fuerza a la carga, a los buses interurbanos y al costo de vida, una parte creciente del transporte público urbano chileno ya está menos expuesta al diésel importado. El transporte urbano reduce exposición al diésel importado. No elimina la vulnerabilidad del país, pero sí marca una diferencia estructural.

Cada bus eléctrico en Santiago o en regiones reduce, aunque sea parcialmente, la dependencia de un combustible cuyo precio puede dispararse por una crisis a miles de kilómetros. Cada bus eléctrico reduce dependencia de combustibles fósiles.

En los autos particulares, la señal todavía es más gradual, pero ya visible. ANAC informó que en 2025 Chile inscribió 8.754 vehículos electrificados enchufables, incluidos 100% eléctricos e híbridos enchufables. Chile registra crecimiento en vehículos electrificados. Sigue siendo un mercado pequeño en relación con el total, pero claramente dejó de ser anecdótico. El mercado eléctrico deja de ser marginal.

La gran paradoja es esta: las guerras del petróleo pueden estar acelerando, por la fuerza, lo que la política energética y climática no había logrado empujar con suficiente rapidez. Las crisis aceleran la transición energética. No porque el mundo haya resuelto su transición, sino porque cada nueva crisis recuerda el costo de seguir dependiendo del combustible más geopolítico de todos.

El petróleo encarece economías y aumenta vulnerabilidad global. El petróleo no solo contamina; también desordena economías, encarece sociedades y vuelve más frágil la movilidad global. Y esa puede ser, al final, la razón más tangible para avanzar hacia una electrificación más seria, más inteligente y menos ideológica.

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Diez años de lucha: el fútbol vuelve, lentamente, a su pueblo

Branco Moreno Caro
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Diez años de lucha: el fútbol vuelve, lentamente, a su pueblo

En un país donde demasiadas veces lo popular ha sido reducido a mercancía, la historia reciente del fútbol chileno es también la historia de una resistencia. No una resistencia abstracta, sino concreta, persistente y profundamente política. Una lucha de más de diez años por devolverle el fútbol a quienes nunca debieron perderlo: sus hinchas, sus socios, su gente.

El año 2016, desde el Club Social y Deportivo Colo Colo —institución que tuve el honor de presidir— impulsamos, junto a parlamentarios de diversas sensibilidades, un proyecto de ley que buscaba algo tan básico como necesario: poner fin al modelo oscuro de las sociedades anónimas deportivas como se conocen hasta ahora. Un modelo construido no desde el interés colectivo, sino desde el lobby empresarial, que terminó por expropiar simbólica y materialmente a los verdaderos dueños del fútbol.

En ese esfuerzo, es justo reconocer la gestión constante y comprometida del hoy senador Matías Walker, quien jugó un rol relevante en sostener y empujar esta iniciativa en momentos donde muchos optaron por el silencio o la inacción.

Porque seamos claros: las sociedades anónimas no llegaron para fortalecer el deporte, sino para convertirlo en negocio. Y en ese tránsito, los clubes dejaron de ser espacios de identidad, comunidad y pertenencia, para transformarse en activos financieros opacos, muchas veces alejados de cualquier control democrático.

El camino no fue fácil. Durante años, el proyecto fue relegado, invisibilizado, dormido en los pasillos del Congreso. No por falta de mérito, sino por la acción decidida —y muchas veces silenciosa— de quienes se benefician del estado actual de las cosas: empresarios, operadores del fútbol y estructuras como la ANFP, que han sostenido un modelo funcional a sus intereses, pero ajeno a la esencia popular del deporte.

Pero también hay responsabilidades internas que no pueden omitirse. Desde 2018 en adelante, quienes asumieron la conducción del club tras nuestra gestión optaron, en muchos casos, por la pasividad, cuando no por una opacidad preocupante frente a este debate. No solo se dejó de empujar con fuerza este proyecto, sino que se diluyó una posición que debía ser clara: la defensa del rol de los socios y socias como actores centrales del fútbol. Esa falta de convicción —o derechamente de transparencia— terminó favoreciendo, en la práctica, la mantención del modelo que se decía cuestionar.

Sin embargo, las luchas que nacen desde lo colectivo no desaparecen. Persisten. Se rearticulan. Y hoy, tras una década de presión, organización y convicción, este proyecto está a punto de convertirse en ley.

¿Es suficiente? No. Pero es un avance.

La futura normativa introduce elementos fundamentales: mayor transparencia sobre la propiedad real de los clubes —terminando con estructuras oscuras—, prohibición de conflictos de interés entre representantes y propietarios, fin de la multipropiedad que distorsiona la competencia, y mayores facultades de fiscalización sobre un sistema que, hasta ahora, operaba con niveles inaceptables de opacidad. Además, establece una separación institucional clave entre la federación y la asociación de clubes, rompiendo lógicas de concentración de poder.

Pero también es necesario decirlo con honestidad política: lo logrado es parcial. No se consiguió garantizar una participación estructural de los socios, ni asegurar que al menos el 50% de la propiedad de los clubes esté en manos de sus comunidades. Tampoco se avanzó lo suficiente en construir una institucionalidad donde los hinchas tengan poder real y vinculante.

Ahí está la tarea pendiente. Y no es menor.

Porque lo que está en disputa no es solo un modelo de gestión deportiva. Es una concepción de sociedad. Es la tensión entre lo común y lo privado, entre lo colectivo y el mercado, entre el pueblo y quienes buscan administrar su identidad como si fuera un activo más.

Lo más relevante de este proceso, quizás, es que vuelve a reconocer —aunque sea parcialmente— a las corporaciones sin fines de lucro, a los socios organizados, como actores legítimos para administrar sus propios clubes. Es decir, se vuelve a abrir una puerta que nunca debió cerrarse: la del control popular sobre sus espacios.

El fútbol chileno no necesita dueños. Necesita comunidad.

Y si algo demuestra esta década de lucha, es que cuando el pueblo se organiza, incluso las estructuras más cerradas comienzan a ceder. Lentamente, sí. Pero inevitablemente.

La historia no termina aquí. Apenas comienza otra etapa.

Fernando Monsalve A.

Abogado, Presidente Colo Colo 2014-2018

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La ausencia de contrato laboral escrito se asocia a niveles más elevados de ansiedad y síntomas de depresión en trabajadores adultos asalariados

Branco Moreno Caro
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La ausencia de contrato laboral escrito se asocia a niveles más elevados de ansiedad y síntomas de depresión en trabajadores adultos asalariados

Investigación del Centro de Estudio del Trabajo y Factores Humanos de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de Valparaíso revela cómo la informalidad en el empleo afecta la salud y el bienestar psicológico de las personas ocupadas en Chile.

Las personas que trabajan sin haber suscrito un contrato laboral tienen cerca de un sesenta por ciento más de probabilidad de presentar síntomas de ansiedad y depresión que aquellas que sí cuentan con un contrato escrito firmado, al tiempo que exhiben indicadores de salud y bienestar que muestran que su calidad de vida tiende a ser comparativamente inferior.

Así lo revela una investigación realizada por especialistas del Centro de Estudio del Trabajo y Factores Humanos (CETyFH) de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de Valparaíso sobre los efectos de la informalidad en el empleo y cómo esta se relaciona con la salud y el bienestar psicológico de las y los adultos que en la actualidad reciben un salario en Chile.

Aunque este estudio consideró a hombres y mujeres, no se analizaron diferencias específicas en el impacto en salud según sexo, lo que constituye una línea relevante para futuras investigaciones.

Este análisis, con sus respectivas conclusiones, acaba de ser publicado por la revista científica International Journal of Environmental Research and Public Health, en la forma de un artículo cuyos autores son los académicos Ignacio Castellucci, Carlos Viviani, Gonzalo Bravo y Maythe Páez.

El estudio evaluó las condiciones laborales y de vida de cinco mil 193 personas chilenas y extranjeras, mayores de 18 años, que viven en distintas ciudades de nuestro país, las cuales fueron seleccionadas de la base de datos de la Encuesta Nacional de Salud y Sexualidad (Ensex) 2022-2023, procurando conformar una muestra territorial representativa y restringida a la población ocupada urbana. De ese total, el sesenta por ciento correspondió a hombres y el cuarenta por ciento a mujeres.

“La selección de los participantes la restringimos a los asalariados, ya que la variable de exposición requería la presencia o ausencia de un contrato laboral escrito firmado para el trabajo principal que estuvieran ejerciendo al momento de ser encuestados. Por lo tanto, los trabajadores por cuenta propia no fueron incluidos en nuestro análisis”, explicó el doctor Ignacio Castellucci, director del CETyFH y coautor de la investigación.

Fundamentos

El estudio busca aportar a la tarea de generar políticas públicas que fortalezcan la formalización laboral, como determinante social clave del bienestar de la población, y ampliar las estrategias destinadas a promover una adecuada salud ocupacional y, con ello, contribuir a reducir las desigualdades en salud. En particular, estos hallazgos subrayan la necesidad de que las políticas laborales incorporen explícitamente la salud mental como un componente central en la protección de las y los trabajadores.

Estos propósitos surgen del hecho de que el empleo informal sigue estando muy extendido en América Latina y también en Chile, donde su nivel ha aumentado en los últimos años.

Según explicó a su vez el investigador del CETyFH Gonzalo Bravo, diversas revisiones sistemáticas recientes advierten que los niveles altos de empleo precario están asociados al deterioro generalizado de la salud y el bienestar, incluida una peor salud general, mayores limitaciones funcionales, mayor estrés relacionado con el trabajo y menor bienestar emocional.

En lo esencial, estas revisiones revelan que las personas expuestas a un empleo precario durante doce meses o más tienen una probabilidad 53 por ciento mayor de informar mala salud general y ven aumentados en un 44 por ciento los síntomas de mala salud mental.

A pesar de la solidez de la evidencia global, Bravo acotó que las investigaciones cuantitativas sobre la precariedad laboral y el empleo informal en Chile siguen siendo limitadas. “De ahí la importancia de realizar estudios como este”, dijo.

Condiciones laborales y de salud

De las cinco mil 193 personas que participaron en el estudio del CETyFH de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de Valparaíso, el 87,2 por ciento refirió tener un contrato de trabajo escrito firmado, mientras que el 12,8 por ciento admitió no disponer de uno al momento de ser consultado. Asimismo, una mayor proporción dijo contar con educación secundaria (37,9 por ciento), seguida por la de aquellos que completaron una licenciatura o postgrado (33,9 por ciento) y una carrera de nivel técnico o educación vocacional (21,1 por ciento).

En cuanto a la autopercepción de su estado de salud, en general los encuestados la valoraron de manera positiva. En concreto, el 74,6 por ciento calificó su condición física como buena o muy buena, si bien en lo relativo al padecimiento de enfermedades crónicas el 12 por ciento reportó padecer de hipertensión y el 7,1 por ciento de diabetes. Además, el 25,3 por ciento confesó haber sido diagnosticado con sobrepeso u obesidad y un 13,8 por ciento con algún trastorno musculoesquelético (dolor persistente en la espalda, el cuello o las extremidades). Y respecto de su salud mental, el 15,9 por ciento indicó haber recibido un diagnóstico profesional de depresión en algún momento de su vida. Aun así, el 80,3 por ciento definió como positiva su calidad de vida actual.

Hallazgos tras asociar variables

Según explicó Ignacio Castellucci, este estudio proporciona evidencia actualizada y representativa a nivel nacional de la relación entre la ausencia de un contrato laboral escrito y la salud y el bienestar de las y los empleados adultos en el Chile urbano.

Sus hallazgos muestran que la informalidad contractual se asocia consistentemente con una peor calidad de vida y con niveles más elevados de ansiedad reciente y síntomas depresivos, incluso después de tener en cuenta las características sociodemográficas clave, si bien no observa asociaciones independientes con la depresión diagnosticada por un médico o con la mayoría de los indicadores de salud física.

“En conjunto, estos resultados sugieren que la ausencia de un contrato laboral está más fuertemente relacionada con el bienestar subjetivo y la angustia psicológica reciente que con trastornos mentales o condiciones de salud física diagnosticadas con anterioridad. Este patrón apoya la interpretación de la informalidad contractual como un marcador parcial de una vulnerabilidad estructural amplia, más que como un determinante directo de la enfermedad. Desde una perspectiva de salud pública, los hallazgos resaltan la importancia de incorporar indicadores de calidad del empleo, bienestar psicológico y calidad de vida en la vigilancia de las investigaciones y en los debates políticos sobre las condiciones laborales”, detalló.

Por su parte, el académico y coinvestigador Carlos Viviani sostuvo que los resultados de este estudio dan cuenta de una segunda derivada: la necesidad de abordar las implicaciones para la salud del empleo informal, lo que a su juicio implica aplicar enfoques que vayan más allá de los resultados biomédicos y consideren los contextos sociales e institucionales más amplios que configuran el bienestar de las y los trabajadores.

“Aunque este estudio se centra en el Chile urbano, estos hallazgos probablemente sean relevantes para otros contextos donde el empleo informal o atípico persiste a pesar de las instituciones laborales relativamente fuertes. Por ello, las investigaciones futuras deberían emplear diseños longitudinales para aclarar la dirección temporal de estas asociaciones y explorar dimensiones adicionales de la precariedad laboral más allá del estatus contractual, incluida la inestabilidad de los ingresos, la inseguridad laboral y las condiciones laborales”, argumentó Viviani.

 Efectos de la informalidad

De acuerdo con cifras de Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en la actualidad el 26 por ciento de la población ocupada en Chile trabaja en condiciones informales, cifra que equivale a más de 2,4 millones de personas.

La informalidad afecta de manera desigual a los grupos poblacionales: alcanza el 28 por ciento entre las mujeres y el 25 por ciento entre hombres, y presenta sus niveles más altos entre los trabajadores de 65 y más años (57 por ciento) y los jóvenes entre 15 y 24 años (37 por ciento). Asimismo, las tasas más altas se concentran entre los trabajadores por cuenta propia (64,6 por ciento) y en ocupaciones tradicionalmente asociadas a sectores como la agricultura, la pesca, la artesanía, y a oficios y trabajos domésticos vulnerables. En este contexto, destaca que la informalidad laboral afecta en mayor proporción a las mujeres que a los hombres, lo que refleja desigualdades estructurales del mercado laboral.

En opinión de los investigadores del CETyFH de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de Valparaíso, estos antecedentes indican que la informalidad no solo es extensa sino también profundamente segmentada por sexo, edad, sector económico y categoría ocupacional, dando forma un panorama laboral marcado por una protección social limitada y una vulnerabilidad desproporcionada, con posibles implicaciones para la salud y el bienestar. En este contexto, los resultados del estudio refuerzan que las condiciones de empleo no solo determinan ingresos, sino también constituyen un factor clave en la salud y el bienestar de las personas.

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[Podcast] Sergio Melinao, candidato a Consejero de Conadi: “Hago un llamado a asumir la defensa de la ley indígena”

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[Podcast] Sergio Melinao, candidato a Consejero de Conadi: “Hago un llamado a asumir la defensa de la ley indígena”

Sergio Melinao Curiqueo, Lonko del Lof Truf Truf de la comuna de Padre Las Casas y miembro de la Asociación Mapuche Adkimvn, es uno de los candidatos a consejero de Conadi para el período 2026-2030. En su propuesta, valora la importancia de estar en terreno y destaca la urgencia de defender la ley indígena:

“Este nuevo gobierno va a ser muy difícil y hay que estar en terreno en conjunto con las  comunidades, las familias”, plantea respecto a las amenazas reales que han recaído en el último tiempo sobre diferentes instrumentos y avances institucionales.

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Vergüenza informativa: Pueblos originarios rechazan falsedades en reportaje de “Informe Especial” contra Ley Lafkenche

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Vergüenza informativa: Pueblos originarios rechazan falsedades en reportaje de “Informe Especial” contra Ley Lafkenche

Desinformación en la televisión pública: Pueblos originarios rechazan difamaciones de “Informe Especial” contra la Ley Lafkenche

 

Miércoles 25 de marzo, 2026

Frente al reportaje emitido por “Informe Especial” de TVN el domingo 22 de marzo de 2026, en horario central, las organizaciones y comunidades indígenas que suscriben este comunicado declaran ante la opinión pública:

Lo ocurrido no es un hecho aislado, es un capítulo más de un guión evidente, impulsado por intereses económicos que utilizan a los medios de comunicación para instalar un discurso racialmente discriminatorio y funcional a sus objetivos: presentar la Ley N°20.249 y a las comunidades indígenas como un obstáculo y un “boicot” para la industria salmonera, sindicándolas instrumentalmente como “facultadas para detener proyectos salmoneros en Chile”.

El falso relato omite que esta ley, construida en democracia y aprobada, prácticamente por unanimidad por parlamentarios de todo el espectro político, es en realidad una herramienta de resguardo de los usos consuetudinarios de los pueblos originarios que protege explícitamente los derechos de todos los actores de la costa, incluidos los de la industria salmonera. Los hechos demuestran que las comunidades mapuche han llegado a múltiples acuerdos tanto con actores de la pesca como con otros actores del borde costero con miras a promover la sana convivencia.

Hoy, nuevamente se intenta instalar una narrativa que busca deslegitimar las herramientas legales que resguardan los derechos de los pueblos originarios. El reportaje no solo carece de rigor y neutralidad periodística, sino que resulta derechamente desvergonzado. Se construye sobre acusaciones descontextualizadas y sin evidencias o pruebas reales que demuestren la hipótesis planteada. Así, el reportaje transforma sospechas en supuestas verdades, siendo un peligroso ejercicio de manipulación informativa.

No es primera vez que se recurre a esta estrategia: es la vieja fórmula de desprestigio hacia los pueblos originarios, presentándolos como un enemigo interno. La misma lógica se utilizó durante la mal llamada “Pacificación de la Araucanía”, cuando se justificó el despojo y la guerra señalando que nuestras tierras estaban abandonadas, lo que la historia ha demostrado como falso, y que ha conllevado el actual contexto de crisis y violencia en el Wallmapu. Las difamaciones actuales están sembrando el mismo clima de hostilidad que se instaló por la lucha por la tierra durante la década de los noventa.

Es fundamental señalar que los pueblos originarios no contamos con los recursos económicos ni la influencia mediática que la industria utiliza para imponer su relato. Por ello, resulta legítimo preguntarse: ¿Quiénes financian esta campaña sistemática en contra de la Ley N°20.249 y sus defensores? Una verdadera investigación periodística debería fiscalizar el poder de quienes históricamente han usado su capital para corromper la política y no enjuiciar, sin fundamentos, a quienes cooperan para equilibrar la gigantesca asimetría de recursos que enfrentamos. Mientras nuestra historia y dignidad permanecen intactas, otros tienen mucho que explicar sobre cómo compran su influencia en el mercado y la política.

Emplazamos a la industria salmonera y a los periodistas comprometidos con un ejercicio ético de la profesión a informar con datos concretos: ¿Dónde están y cuántas son las concesiones de la salmonicultura efectivamente detenidas por los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios? ¿Acaso no operan empresas y capitales noruegos en la industria del salmón en Chile? ¿En qué parte de la Ley N°20.249 se prohíbe la pesca o la actividad acuícola? La ley es clara y de acceso público.

La Ley Lafkenche no busca frenar el desarrollo, sino ordenar el territorio costero bajo principios de respeto, diálogo y cuidado de la biodiversidad. Promueve la convivencia entre todos los actores del lafken, integrantes de un pueblo originario o no. Entonces, ¿lo que incomoda es la ley en sí misma o que las comunidades costeras sean protagonistas del desarrollo de sus territorios? No creemos que sea justo ser simples observadores o mano de obra barata de un modelo extractivista. Los pueblos originarios tenemos derecho a promover nuestra autonomía, y decidir cómo proyectar nuestro accionar. No existen “otros actores” que vengan a instalar su agenda en nuestras organizaciones.

La oportunidad de diálogo siempre ha estado abierta, sin embargo se toma el camino de la difamación. La misma Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado que está discutiendo la modificación de la Ley N°20.249 no ha sido capaz de llamarnos a conversar. En cambio, se sienta semana tras semana con los abogados y equipos de la gran industria de la salmonicultura, muchos de los cuales formaban parte de la institucionalidad pública pesquera.

La defensa del lafken es una responsabilidad ancestral y un derecho reconocido por la legislación vigente. No es un negocio, como malintencionadamente ha intentado instalar TVN en el reportaje dirigido por Amaro Gómez-Pablos y Cristián Díaz, a través de una hipótesis sesgada que se suma al largo historial de intentos de difamación por parte de ciertos sectores políticos y del empresariado, que usan a diestra y siniestra a los medios de comunicación para desacreditar las legítimas reivindicaciones del pueblo mapuche.

Por ello, rechazamos categóricamente las acusaciones difundidas y, como pueblos originarios, exigimos una rectificación pública por parte de TVN proporcional al daño causado.

FIRMAN:

Comunidad Kawésqar Atap – Región de Magallanes

Comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar – Región de Magallanes

Comunidad Yagán de Bahía

Consejo Nacional del Pueblo Chango

Comunidad Chango Calchilla, familia Castro González (ECMPO Barranquilla)

Comunidad Changos de Ramadilla, Familia Castillo Cortés. (ECMPO Ramadillas)

Changos Huajachis de Valparaíso (ECMPO LAFKEN MAWIDA)

Changos Hijuela Las Heras de El Yeco (ECMPO LAFKEN MAWIDA)

Changos Quebrada La Capilla de Algarrobo (ECMPO LAFKEN MAWIDA)

Mejillones – Yagán Usi – Cabo de Hornos – Región de Magallanes

Delegados de la Identidad Territorial Lafkenche – Región de La Araucanía

Delegados de la Identidad Territorial Lafkenche – Región de Los Lagos

Delegados de la Identidad Territorial Lafkenche – Región de Los Ríos

Delegados de la Identidad Territorial Lafkenche – Región del Biobío

ECMPO Ancapan – Mapulafquen – Región de Los Lagos

ECMPO Ayllarewe Budi – Saavedra – Región de La Araucanía

ECMPO Bahía Mansa Paleria – Región de Los Lagos

ECMPO Budi -Toltén – Teodoro Schmidt – Región de La Araucanía

ECMPO Caleta Milagro – San Juan de la Costa – Región de Los Lagos

ECMPO Carelmapu – Maullin – Region de Los Lagos

ECMPO Lafquen Mapu – Los Álamos / Cañete – Región del Biobío

ECMPO Leufu – Lebu – Región del Biobío

ECMPO Locobe – Arauco – Región del Biobío

ECMPO Malalhue – Teodoro Schmidt – Región de La Araucanía

ECMPO Manqueche – Tirúa – Región del Biobío

ECMPO Mawidam Lafquen – Región de Los Lagos

ECMPO Mehuín – Mariquina – Región de Los Ríos

ECMPO Meli Mawidam Lafquen – San Juan de la Costa – Región de Los Lagos

ECMPO Mississippi – Mariquina – Región de Los Ríos

ECMPO Newen Pu Lafkenche – Carahue – Región de La Araucanía

ECMPO Nueva Lleu / Lleu Quidico – Tirúa – Región del Biobío

ECMPO Paleria Punta Pichi-Mallay – Región de Los Lagos

ECMPO Pilcomañi – Toltén – Región de La Araucanía

ECMPO Punta Chucaucura – Arauco – Región del Biobío

ECMPO Tirúa Dankil – Tirúa – Región del Biobío

ECMPO Última Esperanza – Región de Magallanes

ECMPO Wadalafken – Valdivia / Corral / La Unión – Región de Los Ríos

ECMPO Islas Huichas – Comunidad Antunen Rain – Comunidad Fotum Mapu – Región de Aysén

ECMPO Waywen Wapi, Comunidad Indígena Pu Wapi – Región de Aysén

ECMPO Weky Buill – Chaitén – Región de Los Lagos

ECMPO Tawokser – Región de Magallanes

Identidad Territorial Lafkenche

Mesa Territorial Comunidades Lafquenche San Juan de la Costa – Región de Los Lagos

* Hasta este momento la declaración sigue en proceso de revisión por parte de territorios y ECMPO para su adhesión.

 

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Sergio Melinao, candidato a consejero de Conadi: “Hago un llamado a asumir la defensa de la ley indígena”

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Sergio Melinao, candidato a consejero de Conadi: “Hago un llamado a asumir la defensa de la ley indígena”

El domingo 19 de abril de 2026 se realizará el proceso de elección de las consejeras y consejeros de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) para el período 2026–2030.

Sergio Melinao Curiqueo, Lonko del Lof Truf Truf de la comuna de Padre Las Casas y miembro de la Asociación Mapuche Adkimvn, es uno de los candidatos. En su propuesta, valora la importancia de estar en terreno y destaca la urgencia de defender la ley indígena:

“Este nuevo gobierno va a ser muy difícil y hay que estar en terreno en conjunto con las  comunidades, las familias”, plantea respecto a las amenazas reales que han recaído en el último tiempo sobre diferentes instrumentos y avances institucionales.

Tal como lo han expresado parlamentarios de derecha, el oficialismo busca modificar la ley indígena, acota Melinao, recordando que el Presidente Kast en campaña planteó al menos, revisar el instrumento si es que no derogar. Asimismo, se han levantado alertas por el pronunciamiento del ex candidato presidencial de extrema derecha, Johannes Kaiser, respecto a invalidar la Ley Lafkenche:  

Frente al actual ciclo político hegemonizado por la derecha en el gobierno y en el Parlamento, el candidato indicó que una alternativa para los pueblos ancestrales está en la construcción de alianzas políticas, entendiendo que un escenario adverso para ellos, lo es también para las mayorías:

Asimismo, el candidato mapuche se refirió a la grave situación del ex director de Conadi, Álvaro Morales Marileo, forzado a renunciar por no frenar procesos de compra de tierras ya en curso: “Sabemos que los directores de la Conadi son de confianza de cada gobierno y sabemos que cuando llega uno nuevo tiene que producirse los cambios. Pero pedirle a un director que retire el mandato que tiene la ley indígema es algo aberrante y no puede suceder”:

“El gobierno también ha desmantelado Bienes Nacionales sacando las unidades indígenas de ese ministerio donde muchos hermanos mapuche jóvenes que no tienen título de propiedad en su territorio, a través de esa unidad podrían haber accedido a regularizar las propiedades”, precisó Melinao, junto con recalcar la intención del ejecutivo de no volver a rectificar el Convenio 169 de la OIT que regula la consulta indígena.

Respecto a la demanda por proteger y rescatar el conocimiento ancestral planteó que en el país existen muchas falencias, “incluso, ha habido una especie de retroceso”.

Señalando la disconformidad que existe con el anterior gobierno por los riesgos que se instalaron en la comisión de Paz y Entendimiento, el lonco de Truf Truf se refirió también, a la lucha dada por defender este legado partir del reconocimiento constitucional, el cual -dijo- no presenta avances:

“Habíamos propuesto un Ministerio de Pueblos Indígenas y un Consejo de Pueblos y eso en el gobierno de Bachelet sí se había puesto en tabla. Pero, después llega el gobierno de Piñera y con Boric había una esperanza, pero eso no sucedió para nada: quedó estancado hasta el día de hoy y más con este gobierno que es un gobierno racista anti mapuche donde es imposible trabajar en esos términos”, declaró.

No obstante, pese al complejo panorama “nosotros vamos a seguir como pueblo porque aquí se trata de la existencia del pueblo mapuche en plenitud”, afirmó el candidato, llamando a participar masivamente en las elecciones de Conadi en el mes de abril: “Hago un llamado a acudir y asumir esta defensa de la ley indígena”.

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Gran Valparaíso enfrenta déficit crítico de conductores y técnicos en transporte

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Gran Valparaíso enfrenta déficit crítico de conductores y técnicos en transporte

Nota en Poder y Liderzgo

Un estudio evidenció que el sistema de transporte del Gran Valparaíso presenta una brecha de 1.600 conductores y más de 80 técnicos, situación que ya afecta la frecuencia, continuidad y mantenimiento del servicio. El diagnóstico instala presión sobre autoridades y operadores para adoptar medidas urgentes.

El sistema de transporte del Gran Valparaíso registra un déficit crítico de capital humano que está impactando su operación diaria. La falta de conductores y técnicos reduce la disponibilidad de recorridos, incrementa los tiempos de espera y limita la capacidad de respuesta del sistema frente a la demanda de movilidad en la región.

Con una flota de 1.880 buses operativos, el sistema requiere 4.004 conductores, pero actualmente dispone de cerca de 2.400, lo que configura un déficit de aproximadamente 1.600 trabajadores. En el ámbito técnico, de los 162 especialistas necesarios, solo existirían entre 50 y 80, generando un faltante de hasta 112 técnicos.

Brecha laboral impacta frecuencia y mantenimiento

El diagnóstico fue presentado el 18 de febrero en Viña del Mar, en el marco del cierre del Estudio de Mercado Laboral del Transporte Público y Privado del Gran Valparaíso, impulsado por SENCE, con colaboración de OTIC PROFORMA y ejecutado por GlobalVAS.

Las cifras reflejan un sistema que opera bajo presión. La escasez de conductores obliga a ajustar frecuencias y redistribuir turnos, mientras que la falta de técnicos restringe el mantenimiento de la flota y reduce la disponibilidad de buses en operación.

Entre los factores que explican la brecha destacan jornadas extensas, condiciones operativas exigentes, infraestructura insuficiente en terminales y esquemas de remuneración variables, elementos que dificultan la atracción de nuevos trabajadores y elevan la rotación.

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 Homo/transfobia aumenta a un 27% y supera los 3.600 casos y denuncias por discriminación

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 Homo/transfobia aumenta a un 27% y supera los 3.600 casos y denuncias por discriminación

El XXIV Informe Anual de los DDHH de la Diversidad Sexual y de Género alertó que en 2025 se quebró el consenso político que había concebido a la realidad LGBTIQ+ como  un tema de derechos humanos, en vez de ideológico, además de registrarse un alza sostenida de la discriminación y nuevos retrocesos e inconsistencias del Estado para proteger de los abusos.

 Los casos y denuncias por discriminación en razón de la orientación sexual, la expresión y la identidad de género subieron un alarmante 27,1% en el último año, sumando 3.620 los atropellos a los derechos humanos, la cifra más alta de la cual se tiene registro y “que refleja un deterioro progresivo de los espacios de protección y resguardo de la igualdad para las personas LGBTIQ+”.

 Así lo arrojó el XXIV Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, dado a conocer hoy por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), precisando que solo el 2025 concentra el 23% del total de casos de discriminación conocidos en los últimos 24 años.

 El estudio calificó además al 2025 como el año “del quiebre del consenso social, político e institucional que había permitido concebir los derechos de las personas LGBTIQ+ como parte indivisible y no ideologizada de los derechos humanos universales”. El período estuvo además caracterizado por “el fortalecimiento de tendencias negativas”, como lo fueron la consolidación de la tendencia al alza de la discriminación y nuevos retrocesos de derechos, “la focalización del odio en la población trans”, la “descentralización regional de la discriminación y el desplazamiento de buena parte de las hostilidades al espacio digital”.

  Todo el año estuvo al mismo tiempo cruzado por la “inconsistencias y carencia de la densidad estatal, en especial de los poderes Ejecutivo y Legislativo, para proteger y promover los derechos LGBTIQ+, a diferencia del Judicial donde se registraron positivas señales que marcaron hitos a favor de la igualdad”.

“Así, el 2025 no fue únicamente un año de retrocesos, sino el momento en que se consolidó un cambio de clima: de la expansión progresiva de derechos a su disputa abierta; de la desideologización a la polarización; y de la promesa de igualdad a una etapa de vulnerabilidad e incertidumbres para las diversidades sexuales y de género” lo que refuerza la necesidad de implementar estrategias y medidas para la “recuperación de una comprensión básica pero indispensable: que los derechos de las personas LGBTIQ+ son, sin excepciones ni adjetivos, derechos humanos” y que, por tanto, no son un tema de izquierdas, derechas o centro, señaló el estudio.

Los casos de discriminación

Los 3.620 atropellos a los derechos humanos del 2025 se distribuyeron en 45 agresiones físicas o verbales perpetradas por personas desconocidas para las víctimas; 7 casos de detenciones o agresiones policiales arbitrarias; 93 episodios de abuso laboral; 70 hechos de discriminación en el ámbito educacional; 21 campañas o movilizaciones homo/transfóbicas; 320 exclusiones institucionales; 62 marginaciones o ataques en espacios públicos y privados donde las víctimas acudieron en búsqueda de bienes o servicios ; 141 vulneraciones ocurridas al interior de las familias o barrios; 2.860 declaraciones homo/transfóbicas; y 1 caso de discriminación en los ámbitos de los medios de comunicación, la cultura o el espectáculo.

El mayor incremento se registró en las detenciones o agresiones policiales arbitrarias cometidas por Carabineros, con un alza del 250% respecto del año anterior. Le siguieron las campañas o movilizaciones homo/transfóbicas, que aumentaron en un 133%; las hostilidades en espacios públicos y privados que niegan el acceso igualitario a bienes y servicios (+47,6%); los discursos de odio (+41,3%); la discriminación educacional (+7,6%); los abusos al interior de las familias o barrios (+7,6%); los atropellos laborales (+4,4%); y los ataques perpetrados por personas desconocidas por las víctimas. (+2,27%).

Solo en tres de las once categorías de discriminación consideradas en Informe de DDHH se registraron descensos: las exclusiones en los ámbitos de los medios de comunicación, la cultura y el espectáculo (-66%), la marginación institucional (-26,6%) y los crímenes de odio, que por primera vez desde 2009 no ocurrieron. “Esta última noticia positiva debe, sin embargo, ser relativizada, pues durante 2025 se tomó conocimiento de un crimen de odio ocurrido en 2024 que no había sido previamente registrado. A ello se suma que los aumentos se concentraron en categorías de discriminación que tienen lugar en espacios llamados a proteger y resguardar a las personas; como las familias, los barrios o las policías; y en ámbitos destinados a garantizar derechos fundamentales, tales como la educación, el trabajo y la salud”, apuntó el estudio.

Las discriminaciones tuvieron como responsables a un total de 39 instituciones y 826 personas, cuyos principales responsables fueron integrados al Ranking Anual de la Homo/transfobia que se describe en el segundo capítulo del Informe.

 Focalización del odio en la población trans

  “Durante 2025, la población trans fue el grupo más afectado por la discriminación, lo que evidencia una clara focalización del odio. Esta situación impactó de manera especialmente grave a niños, niñas y adolescentes trans, así como a sus familias cuando acompañan y apoyan sus procesos de transición. Ello se explica tanto por retrocesos en sus derechos impulsados desde el Estado, como por la intensificación de la acción de sectores opositores a la igualdad que desplegaron campañas transfóbicas persistentes, particularmente a través de redes sociales, en un contexto de descenso en los niveles de aceptación social de dicho sector, según diversas encuestas y sondeos”, señala la investigación

  “En términos cuantitativos, la población trans concentró el 39,64% del total de los casos y denuncias por discriminación registrados en 2025, con un incremento del 26,87% en relación con el año anterior. Los gays, por su parte, acumularon el 9,98% de los abusos, registrando un aumento de 84,18%. Las personas lesbianas fueron afectadas en el 4,7% de los atropellos con un incremento del 43,22% respecto del año previo. Finalmente, los casos que afectaron al conjunto de las personas LGBTIQ+ concentraron el 45,71% del total nacional, reflejando la persistencia de acciones colectivas y discursos que buscan erosionar de manera transversal la dignidad y los derechos de todas las diversidades sexuales y de género”, añadió el estudio.

 Descentralización de la discriminación y desplazamiento del odio al espacio digital

Si bien las regiones de Valparaíso y Metropolitana concentraron nuevamente la mayor cantidad de casos y denuncias por discriminación, fueron las únicas donde los abusos disminuyeron durante 2025. “En las otras 14 regiones del país, en cambio, se registraron incrementos, lo que sugiere descentralización de las denuncias y un desplazamiento de las expresiones de odio hacia territorios donde las temáticas LGBTIQ+ tienen menor visibilidad y debate público. Este fenómeno parece orientado a obstaculizar avances en contextos locales más frágiles y se ve facilitado por el aumento sostenido de la violencia y de los discursos de odio difundidos a través de redes sociales”, enfatizó el estudio.

 En términos de concentración geográfica, la Región de Valparaíso acumuló el 46,13% del total de abusos, seguida por la Región Metropolitana (23,46%), Biobío (7,2%), Los Lagos (3,14%), Coquimbo (2,62%), Antofagasta (2,09%), Maule (2,09%), La Araucanía (1,96%), Tarapacá (1,83%), Atacama (1,83%), Ñuble (1,83%), Libertador General Bernardo O’Higgins (1,57%), Magallanes (1,31%), Los Ríos (1,04%), Arica y Parinacota (1,04%) y Aysén (0,65%). Adicionalmente, el 0,13% de los casos tuvo lugar en la Embajada de Chile en Colombia.

 Respecto de las variaciones interanuales, el mayor incremento de casos y denuncias se registró en la Región de La Araucanía, con un aumento de 150%, seguida por Antofagasta (+45,45%), Aysén (+25%), Maule (+23,07%), Coquimbo (+17,6%), Ñuble (+16,66%), Los Ríos (+14,28%), Arica y Parinacota (+14,28%), Biobío (+12,24%), Magallanes y la Antártica Chilena (+11,1%), Los Lagos (+9,09%), Libertador General Bernardo O’Higgins (+9,09%), Tarapacá (+7,69%) y Atacama (+7,69%). En contraste, en las regiones de Valparaíso y Metropolitana los casos y denuncias por homo/transfobia disminuyeron en un -17,56% y -14,35%, respectivamente.

 “Este escenario da cuenta de una expansión territorial de las odiosidades hacia zonas con menor discusión pública sobre las diversidades sexuales y de género, lo que incrementa las condiciones de vulnerabilidad. Dicho proceso está estrechamente vinculado al aumento desmedido de los discursos de odio, especialmente en el ámbito digital, donde las agresiones van desde insultos y deshumanización hasta amenazas de muerte y de vandalización contra bienes de las víctimas”, sostuvo el estudio.

 Añadió que “durante 2025 se registraron 2.860 discursos de odio, la cifra más alta de la cual se tiene registro, expresada mayoritariamente a través de redes sociales. Ello confirma un desplazamiento ya consolidado de las campañas y arremetidas anti-derechos hacia el espacio virtual, donde las agresiones suelen desplegarse en contextos de alta impunidad y con escasos costos para quienes las perpetran. Esta realidad refuerza la necesidad de contar con una legislación que sancione los discursos de odio, incorporando de manera explícita regulaciones en el ámbito digital”.

Ideologización: el quiebre de un consenso clave

De acuerdo al informe “la característica más grave del año 2025, en lo que respecta a los procesos socioculturales y políticos, fue la ruptura del avance hacia un consenso clave para la promoción universal de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+: su progresiva desideologización y despartidización”.

“En efecto, tras décadas de cambio cultural, al finalizar el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera se encontraba relativamente instalado en el imaginario ciudadano y en el debate público que los derechos de las personas LGBTIQ+ no constituían una causa de izquierdas, derechas o centro, sino una materia propia de la universalidad de los derechos humanos. Este entendimiento transversal había permitido avances relevantes y una disminución de la polarización política en torno a la temática”, estableció el estudio.

Sin embargo, añadió, “dicho consenso, que venía en ascenso, comenzó a desacelerarse en los años recientes y alcanzó su quiebre más perjudicial durante 2025, en un contexto marcado por las elecciones presidenciales y parlamentarias. En este escenario, diversos actores reintrodujeron con especial vehemencia una lógica de confrontación ideológica que tensionó gravemente los consensos que previamente iban avanzando”.

Por una parte, ejemplificó la investigación “la ultraderecha y amplios sectores de la derecha, animados por expresiones evidentes de homo/transfobia, presionaron para ideologizar los derechos LGBTIQ+, presentándolos errónea e interesadamente como una supuesta agenda exclusiva de la izquierda. Esta estrategia buscó deslegitimar tales derechos como universales, transformándolos en un objeto de disputa política, partidaria y electoral. Frente a ello, la derecha liberal y/o favorable a los derechos LGBTIQ+ guardó silencio” .           “A su vez, un sector de la izquierda contribuyó a ese proceso al abandonar progresivamente un enfoque basado en derechos humanos universales y promover, en los últimos años, medidas supuestamente favorables a las personas LGBTIQ+ desde marcos conceptuales ideologizados, centrados en “disidencias” y en la construcción de espacios de trincheras o de guetos partidarios. Estas propuestas, más que representar efectivamente a las diversidades sexuales y de género o responder a sus necesidades concretas, terminaron por fragmentar la discusión pública. Cuando dicha estrategia no logró los resultados esperados, se produjo con el correr del tiempo un silenciamiento o repliegue del tema en el espacio público, fenómeno que en 2025 estuvo fuertemente influido por cálculos partidarios y electorales”, añadió el estudio.

  Fortalecimiento de tendencias negativas

 “El fortalecimiento de las tendencias negativas orientadas a boicotear los derechos de las personas LGBTIQ+ constituye, sin duda, una de las características más claras del año 2025, generando una alerta respecto de la actual vulnerabilidad que enfrenta la protección de los derechos humanos de la diversidad sexual y de género”, señaló el Informe de DDHH.

 “Por una parte se consolidó la tendencia al alza de los casos y denuncias por discriminación, siendo los discursos de odio uno de los principales factores facilitadores de este fenómeno; y, por otra, se registraron por segundo año consecutivo retrocesos en materia de derechos para las personas LGBTIQ+, afectando de manera específica a la población trans”, dijo el estudio.

 Precisó que “el Gobierno y el Congreso Nacional figuran como los principales responsables estatales de estas regresiones, las cuales se vieron potenciadas y retroalimentadas por un escenario internacional cada vez más hostil hacia los derechos de niños, niñas y adolescentes trans. Este contexto se tradujo en arremetidas periódicas de grupos anti-derechos que desinformaron y denigraron la dignidad humana, así como en políticas incivilizadas impulsadas desde Estados Unidos, cuyos efectos están teniendo impacto en diversos países”.

 Añadió que “en este marco, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un informe transfóbico de una comisión investigadora (CEI-57) orientado a limitar y eliminar derechos de niños, niñas y adolescentes trans. Paralelamente, el Congreso Nacional eliminó de la Ley de Presupuestos 2026 el financiamiento del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG), dejando a niños, niñas y adolescentes trans y a sus familias en una situación de orfandad estatal”.

 “A su vez, y contraviniendo derechos ya conquistados, el Ministerio de Salud, mediante la circular N°8, restringió el acceso al PAIG al establecer que los menores de 14 años deben contar con la autorización de al menos uno de sus representantes legales para acceder a este beneficio. Esta exigencia desnaturaliza el sentido original del programa, concebido precisamente para brindar respuesta y apoyo a niños, niñas y adolescentes que enfrentan, en sus propias familias u otros espacios, discriminación o abusos que obstaculizan el desarrollo libre y sin prejuicios de su identidad”, consideró el estudio.

 “Altos representantes del Gobierno fueron denunciados además por sus propios funcionarios de tres casos de discriminación en razón de la identidad de género y uno en razón de la orientación sexual. Estos hechos ocurrieron en la Seremi de Gobierno de la Región del Maule, en la Embajada de Chile en Colombia y en las Seremi de Salud de Coquimbo y Valparaíso, siendo este último el que generó un impacto nacional, dado que la víctima, Sol Millakura Hernández Márquez, murió por suicidio tras denunciar discriminación laboral. A lo expuesto se añadieron nuevos reportes de discriminación al interior de Gendarmería. Nunca antes, en el plazo de solo un año, se había registrado desde órganos gubernamentales un volumen tan alto de denuncias por homo/transfobia, ni hechos de tal gravedad como el ocurrido a Hernández Márquez, lo que constituye un severo retroceso en materia de derechos humanos”, detalló la investigación.

Inconsistencias y carencia de densidad estatal

“Al analizar el quehacer de los tres poderes del Estado en relación con los derechos de las personas LGBTIQ+, el año 2025 evidenció de manera clara inconsistencias y una preocupante carencia de densidad institucional. Esta situación no solo se explica porque mientras el Poder Judicial registró avances, el Poder Ejecutivo y el Legislativo experimentaron retrocesos, sino también porque, al interior tanto del Gobierno como del Congreso Nacional, coexistieron medidas regresivas con algunos progresos puntuales”, enfatizó la investigación.

Añadió que “si bien dichos avances no alcanzan a compensar ni neutralizar los retrocesos sufridos, y se sitúan por debajo de conquistas previamente alcanzadas; en tanto no requirieron mayores esfuerzos políticos o culturales para su concreción; resultan igualmente relevantes en la medida en que contribuyen, aunque de forma acotada, a la construcción de sociedades más justas e inclusivas”.

“Así, mientras el Ministerio de Salud debilitaba derechos de niños, niñas y adolescentes trans, publicó simultáneamente la Resolución Exenta N.º 733, que puso término a la exigencia de atención psicológica o psiquiátrica como requisito para que personas mayores de 18 años accedan a terapias hormonales”, precisó el estudio.

“En paralelo a denuncias de funcionarios públicos por homo/transfobia en el ámbito laboral, la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) dictó la Circular N.º 3876, mediante la cual exige a los empleadores la implementación de protocolos, capacitaciones y programas de atención psicológica que consideren explícitamente la orientación sexual y la identidad de género. Esta medida representó un avance normativo relevante en el ámbito de la prevención y abordaje de la discriminación laboral”, añadió la investigación.

“A su vez, el Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación del Gobierno inauguró en sus dependencias el denominado “Biblioespacio Mónica Briones”, en memoria de esta escultora cuyo asesinato constituye el primer crimen lesbofóbico documentado en Chile. Ello ocurrió en un año en que, de manera contradictoria y lamentable, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio se distanció de toda mención a la orientación sexual y al legado literario de contenido lésbico de Gabriela Mistral, en el marco de la conmemoración de los 80 años de la obtención del Premio Nobel”, estableció el Informe.

Agregó que “el Congreso Nacional, por su parte, aprobó; aunque ya a comienzos de 2026;  la ley que “reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados”, a lo que se sumó la promulgación, a fines de 2024, de la Ley N.º 21.719 que “regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales”. Ambas normas mencionan a la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas o factores relevantes. Sin embargo, y de manera simultánea a estos avances, el Parlamento impulsó retrocesos en derechos de las personas trans y fue incapaz de aprobar la Reforma a la Ley Zamudio y de tramitar una ley de Educación Sexual Integral, las demandas legislativas LGBTIQ+ más antiguas y transversales en la actualidad y que fueron promesas gubernamentales”.

“En un plano más específico y, afortunadamente, exento de inconsistencias, se registraron avances relevantes a nivel local e institucional. La Municipalidad de Rapa Nui aprobó la creación de su primera Oficina de Atención a la Diversidad y Neurodivergencia; la Municipalidad de Atacama convocó a la primera Marcha del Orgullo en la comuna; y, en un hecho de especial y gravitante relevancia, la Policía de Investigaciones de Chile lanzó su primera “Guía de Atención a Grupos Vulnerables”, entregando recomendaciones a sus funcionarios para el respeto de los derechos de las personas LGBTIQ+”, resaltó el estudio.

Posicionamiento del Poder Judicial como el más protector del Estado

Tal como había ocurrido en 2018, el Poder Judicial volvió a posicionarse en 2025 como el órgano del Estado que mostró una mayor protección y respeto por los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, en marcado contraste con el Congreso Nacional y el Gobierno. A este escenario se sumaron, además, pronunciamientos favorables del Tribunal Constitucional”

“Aunque esta protección no estuvo exenta de contrastes; pues algunos tribunales continuaron actuando de manera discrecional o de forma incomprensible en materias vinculadas a las infancias trans o a la aplicación de agravantes en delitos motivados por discriminación, lo cierto es que durante el año el Poder Judicial marcó hitos relevantes a favor de la igualdad y la no discriminación” señaló el estudio.

Entre los hitos judiciales destacaron la primera sentencia por femicidio lesbofóbico, dictada por el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago; la condena a presidio perpetuo impuesta por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas por un crimen de odio; la sanción aplicada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Puente Alto contra un empleador por transfobia laboral; y la condena superior a 30 millones de pesos que el 17.º Juzgado Civil de Santiago impuso a un establecimiento educacional católico por la discriminación sufrida por una niña de 12 años en razón de su orientación sexual y expresión de género. Asimismo, el Tercer Juzgado de Letras de Copiapó acogió una demanda contra un establecimiento educacional por no brindar orientación adecuada a una madre, Marcela Guevara, quien perdió a su hijo, José Matías, luego de que muriera por suicidio tras sufrir bullying transfóbico.

En tanto “el Tribunal Constitucional, otrora una de las instituciones más homo/transfóbicas del país, también contribuyó a este escenario al anular una glosa de la Ley de Presupuestos 2025 que prohibía a todo evento el financiamiento de terapias hormonales en menores de 18 años. Especialmente relevante fue además una sentencia donde estableció que las personas trans menores de 14 años sí pueden rectificar su partida de nacimiento, al acoger un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por el Segundo Juzgado de Familia de Santiago contra disposiciones de la Ley de Identidad de Género que excluían menciones explícitas a dicho grupo humano”.

 Movimiento LGBTIQ+ en resistencia y marcando hitos

“En un escenario particularmente complejo para los derechos LGBTIQ+, los movimientos y organizaciones del sector lograron impulsar hitos relevantes que contribuyeron a contrarrestar narrativas negativas y paliar efectos culturales de las políticas regresivas, fortaleciendo al mismo tiempo sus niveles de articulación y coordinación”, sostuvo el estudio.

“En este contexto, y en medio de la arremetida contra las infancias trans, se lanzó “Ariel es una Niña”, el primer cuento sobre la materia que contó con patrocinio estatal y académico. Esta iniciativa permitió romper el silenciamiento que afectaba a los derechos LGBTIQ+ durante el período electoral, trasladando la temática desde los márgenes hacia el centro de la discusión pública, incluyendo el ámbito del debate presidencial”, enfatizó la investigación.

“De forma paralela, colectivos lésbicos instalaron en Santiago la primera placa en memoria de Mónica Briones y de las víctimas del lesbo-odio; organizaciones LGBTIQ+ elaboraron el primer manual orientado a prevenir y enfrentar los discursos de odio; y, de manera inédita, en las regiones de Atacama y Puerto Varas se realizaron marchas del Orgullo, ampliando la visibilidad territorial del movimiento”. añadió la investigación.

“Un mayor nivel de coordinación entre las agrupaciones se expresó en la realización del Primer Encuentro Nacional por los Derechos LGBTIQ+, que reunió a representantes de las 16 regiones del país, instancia sin precedentes en la historia del movimiento en Chile”, apuntó el estudio. En el mismo período, se inauguró en Chile el primer Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de Naciones Unidas, siendo elegida como una de sus representantes la lideresa trans de Rapa Nui, Isis Teao.

“En el plano sociocultural, en tanto, diversos estudios y encuestas publicados durante 2025 evidenciaron un aumento en el número de personas que se declaran abiertamente LGBTIQ+. Este dato sugiere que, pese al contexto hostil y a la intensificación de los discursos de odio, no se ha debilitado la disposición de las personas a visibilizar su identidad ni a ejercer sus derechos”, apuntó el informe.

 “Finalmente, artistas con alta exposición pública contribuyeron a visibilizar las realidades LGBTIQ+ y a disputar narrativas en espacios con tradición. En ese contexto, la canción Infernodaga, de Dani Ride, con temática LGBTIQ+, representó a Chile en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, un hito para el certamen y los eventos televisados”, concluyó el estudio.

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