En radio Nuevo Mundo conversamos con el abogado especialista en derecho indígena y colaborador en calidad de experto de la Comisión para la Paz y el Entendimiento (CPE).
El también integrante de Observatorio Ciudadano participó en la Comisión desde sus inicios hasta diciembre del 2024 -por tanto, no fue parte del equipo que trabajó en las recomendaciones- y compartió su mirada crítica respecto a algunas de esas sugerencias que se concluyeron y que desde el mes de agosto comenzarán a ser analizadas a través de la consulta indígena:
1. José, qué respondería frente a las críticas de que el informe no contempla la participación de todos quienes pertenecen al pueblo mapuche, entre ellos, quienes viven en la zona central del país, incluido el 30% que habita en la Región Metropolitana.
“La verdad es que el mandato de la Comisión establecía que esta debía abocarse a identificar las demandas de tierras en el mundo mapuche y la brecha en relación a ella desde el Estado en las regiones del Bío Bío, la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
Entonces, si bien la Comisión también establecía la necesidad de formular recomendaciones que ayudaran a lograr la paz y el entendimiento través de un proceso de diálogo, se centraba en la problemática de las tierras en estas regiones y ello determinó que en una medida importante tanto los procesos participativos que impulsó la comisión, como sus recomendaciones se refirieran esencialmente a la problemática de las tierras del pueblo mapuche que habita en esa regiones.
Efectivamente, ahí se genera una brecha importante con el mundo mapuche que no habita en esas regiones que es, al menos, la mitad de la población por de pronto un 30% habita la Región Metropolitana de Santiago que precisamente a mi grado de esas regiones por el desposeimiento de sus tierras de las que han sido objeto a través de la historia.
Entonces, resulta problemático que para procurar la paz y el entendimiento las respuestas o las propuestas de la Comisión se centren esencialmente en el problema de tierras y se acoten a las regiones desde el Bio Bio hasta Los Lagos, sin dudas, un déficit problemático de la Comisión”.
2. ¿Qué opina sobre la modificación en el sistema de contratos para la tenencia de la tierra como una de las recomendaciones para la demanda de tierras? ¿Puede esa reestructuración terminar favoreciendo el despojo territorial e identitario del pueblo mapuche?
“La situación jurídica de las tierras indígenas fue también objeto de intensa discusión a lo largo del trabajo de la misma. Si bien hubo comisionados que propendía a la liberalización total de las tierras y su inserción en el mercado, primó un acuerdo de que ello, desde la perspectiva política y jurídica iba a ser problemático y, por lo tanto, se desechó la liberalización total de las tierras en el mercado.
Sin embargo, los comisionados de los sectores conservadores insistían en la necesidad de abrir las tierras indígenas en esta caso las tierras mapuche para la celebración de contratos no solo de arrendamiento de mera tenencia de usufructo que posibilitaran su desarrollo económico.
Se llegó, incluso, a proponer que el periodo para la celebración de estos contratos o el lapso podía extenderse hasta 50 años Sin embargo, se llegó a esta fórmula de los 25 años que está relacionado esencialmente con el ciclo productivo forestal porque la rotación agrícola es anual y la rotación forestal es del orden de los 20, 25 años.
De modo que ahí hubo una transacción de modo de posibilitar el arrendamiento y otros contratos de mera tenencia para generar incentivar el desarrollo productivo forestal: y eso, si bien hay precauciones que se adoptaron en las recomendaciones para asegurar de que estos no fueran contratos abusivos generándose una figura institucional para ello, claramente la experiencia del pasado da cuenta que contratos de larga duración pueden generar un detrimento al control que tanto las personas como las comunidades que pueden celebrar ahora estos contratos, tienen sobre las pocas tierras que son de su propiedad”.
3. A su juicio ¿por qué el Tratado de Tapihue no figura en el informe y cómo observa el planteamiento que más que reconocimiento constitucional lo que se debiese realizar es ratificar el tratado?
“El Parlamento de Tapihue fue señalado innumerables veces por académicos, historiadores en las audiencias de la comisión a lo largo de su trabajo y sobre todo, por las organizaciones mapuche que participaron de los diálogos interculturales y de los encuentros autoconvocados que hicieron llegar sus comunicaciones a la Comisión.
En general, se tomó nota de ello y paradojalmente el informe hace referencia a la importancia que tuvo este parlamento celebrado por el Estado chileno con el pueblo mapuche que reconoció su territorialidad y su autoridad sobre las tierras al sur del Bio Bio como un hito importante en la historia de la relación entre el pueblo mapuche y el Estado.
Ahora, paradojalmente, señalo, no se consideró ese parlamento como un instrumento que podía tener ni fuerza jurídica ni tampoco, al menos, fuerza simbólica en el contexto de los 200 años de celebración la relevancia de establecer . un nuevo acuerdo, una nueva relación basada en el respeto como lo fue el parlamento de Tapihue
Interesantemente el Presidente Boric cuando emitió en cadena nacional su mensaje para dar a conocer el informe, refirió a la importancia de Tapihue y no solo lo refirió a ello sino que lo tenía sobre la mesa sobre su escritorio y señaló que así, como Tapihue en su momento simbolizó una posibilidad de una relación diferente entre el Estado y el pueblo mapuche, ésta era una nueva oportunidad de establecer dicha relación, haciendo una expresa mención a Tapihue en su significado, al menos, simbólico.
En mi opinión, se desaprovechó una evidente oportunidad y se habría hecho justicia con un reconocimiento, al menos, simbólico de Tapihue”.
4. Qué rol cumple la consulta en esta etapa y cómo evalúa la posibilidad que las comunidades rechacen las recomendaciones emitidas.
“El informe contiene 21 recomendaciones y esas recomendaciones deben transformarse en medidas, muchas de ellas legislativas y otras pueden ser administrativas para concretarse.
El Presidente Boric anunció el envió al Congreso de un proyecto para el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y de su derechos individuales y colectivos reconocidos por los tratados internacionales ratificados por Chile -esto es, el Convenio 169- y no estimó el caso de someterlo a consulta, toda vez que proyectos de reconocimiento constitucional sobre pueblos indígenas han sido sometido a procesos de consulta en reiteradas ocasiones: bajo el gobierno de la Presidenta Bachelet primero y luego, en el proceso constituyente primero donde también fue objeto de consulta.
Sin embargo, días atrás se dictó un decreto a través del cual se somete a consulta la creación de un nuevo sistema de tierras para el pueblo mapuche.
Interesantemente no se habla de medida legislativa y evidentemente se requiere para la concreción de ese nuevo sistema de tierras de una medida legislativa, vale decir, una legislación que cree los órganos que se recomiendan por parte de la Comisión.
El hecho de que haya una consulta indígena al respecto es una consecuencia del Convenio 169 que señala que este tipo de medidas deben ser consultadas de buena fe, de manera adecuada y con miras de llegar a un acuerdo o consentimiento.
Evidentemente es una oportunidad para que, si es que así se decide, si se considera que son recomendaciones que pueden ser conducentes al reconocimiento de derecho territoriales mapuche que haya una participación de sus comunidades y de sus instituciones representativas.
De ser así, podrían éstas ser propuestas y eventualmente llegar a un acuerdo para mejorar, completar y modificar las propuestas realizadas por la comisión. Ahora, lamentablemente los decretos que rigen este tipo de consultas, en particular el Decreto Supremo N ° 66, son restrictivos, toda vez que en caso de no llegarse a acuerdo o consentimiento se considera que la consulta ha sido realizada. De modo que eso ha determinado que algunas comunidades y organizaciones mapuche hayan desestimado y hayan anunciado que no participarán del proceso de consulta.
Es una oportunidad y a la vez es un desafío y la participación en ese proceso será resultado de una determinación libre, autónoma de las organizaciones e instituciones propias del pueblo mapuche”.
*Puede escuchar la entrevista completa en este medio:
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