El Consejo para la Transparencia (CPLT) realizó una nueva fiscalización extraordinaria con el objeto de caracterizar la recaudación y el destino de los aportes entregados a las municipalidades a través de los fondos transitorios de Royalty Minero correspondientes a 2024 y una muestra de 2025. Específicamente, se evaluó el nivel de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos correspondientes al Fondo de Comunas Mineras y Fondo de Equidad Territorial (denominados “Fondos Puente”), de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable y especialmente en la Ley N°21.591 que es la que establece este impuesto específico que se aplica a las grandes empresas explotadoras mineras, así como el deber de las municipalidades de informar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) sobre el uso de estos recursos. Asimismo, la Ley de Presupuestos 2024 estableció la obligación de publicar en sus sitios de transparencia activa cómo se gestionaron esos recursos, lo que no se mantuvo en la Ley de Presupuestos 2025, dificultando así la posibilidad de controlar la inversión de estos recursos.

La metodología empleada por el CPLT para el período 2024, fue la revisión masiva de los portales de transparencia activa de todas las municipalidades, así como la realización de solicitudes de acceso a la información a la SUBDERE y a una muestra que consideró los 20 municipios con mayor incremento proporcional en sus presupuestos como consecuencia de la recepción de estos fondos. Para el período 2025, en que la publicación de transparencia activa dejó de ser obligatoria para las municipalidades, se revisaron los sitios de transparencia activa de este grupo de 20 municipios para ver si realizaban publicaciones voluntarias de la rendición de estos fondos.

Dentro de los principales hallazgos de la investigación para el período 2024, se pudo constatar que un 61% de las municipalidades beneficiarias de los Fondos Puente (187) no cumplió plenamente con la obligación de publicar en sus sitios de transparencia activa los reportes sobre el uso de estos recursos en el ítem “Información Presupuestaria”, sub ítem “Informe fondos transitorios Royalty a la Minería. Ley de Presupuestos 2024”. Al respecto, cabe destacar que las comunas beneficiarias fueron 307, entre las que se distribuyó $93.645 millones, los cuales son de libre disposición para los propósitos que cumplen las municipalidades, con la limitación de que no pueden utilizarse para el pago de deudas.

En relación con los tipos de incumplimiento de los 187 municipios con infracciones, estos fueron no habilitar el sub ítem específico de Royalty, no publicar los reportes de rendición de fondos, subir información incompleta o publicar los reportes en un sub ítem distinto al que establece la normativa.

Respecto de las 38 comunas que no recibieron Fondos Puente, pero igualmente debían informar en sus portales que no eran beneficiarias, un 24% no cumplió con esta obligación.

En cuanto a la ejecución de los recursos en 2024, pudo extraerse de la información enviada por las municipalidades a la SUBDERE, que la totalidad de los municipios beneficiarios de los Fondos Puente imputaron los dineros a algún ítem presupuestario, de los que un 97% reporta haber hecho algún gasto con cargo a estos. El análisis reveló además que, un 37% de los fondos se destinó a iniciativas de inversión, un 23% a bienes y servicios de consumo, un 18% a transferencias corrientes, un 12% a adquisición de activos no financieros y un 8% a gastos en personal. Entre los 5 mayores receptores se cuentan Puente Alto, Calama, Maipú, Copiapó y La Pintana.

Por su parte, entre los 5 mayores gastos reportados se evidencia una amplia diversidad de usos. El gasto más alto reportado corresponde a una transferencia de la Municipalidad de Maipú a su Corporación Municipal de Educación (CODEDUC) por $1.670 millones. Lo sigue, la Municipalidad de La Pintana en recarpeteo de calles por $1.332 millones, La Granja en aseo domiciliario por $732 millones, Cerro Navia en pago de sueldos por $628 millones y San Ramón en aseo de calles y mantención de jardines por $514 millones.

En cuanto al detalle de la ejecución misma de los recursos, también se reporta una gran variedad de usos para este período, detectándose transferencias a corporaciones municipales de salud, educación y deporte, así como ayudas sociales a personas naturales y organizaciones comunitarias. También celebraciones comunales, producción de eventos, compra de vehículos municipales como ambulancias, buses y camiones aljibe y adquisición de mobiliario y equipos computacionales, entre otros.

En relación con este mismo periodo (2024), de 21 solicitudes de información enviadas a la muestra de 20 municipios, un 71% respondió en plazo, un 14% fuera de plazo y un 14% derechamente no respondió.

En cuanto al período 2025, la revisión de los portales de transparencia activa de la muestra de 20 municipios arrojó que solo el 20% reporta voluntariamente algún tipo de información sobre la ejecución de los recursos, con formatos dispares entre sí.

Sobre estos hallazgos, la presidenta del CPLT, Natalia González, advirtió que: “La normativa es clara al establecer que los recursos provenientes del royalty minero que se distribuyen a las municipalidades deben gastarse en promover la inversión, el desarrollo y mejorar la calidad de vida de las comunidades. Asimismo, se trata de cuantiosas sumas de dineros públicos. Por ello, conocer cómo se gastan es una materia de alto interés público, que los ciudadanos tienen derecho a conocer. Los resultados de nuestra fiscalización evidencian que los gobiernos locales aún tienen una brecha importante en transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de estos recursos. El compromiso de nuestra corporación es a acortar esta brecha con todas las herramientas que la ley nos otorga”.

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