por Amnistía Internacional

 En el contexto de los terremotos que sacudieron Venezuela la tarde del 24 de junio y de las labores de respuesta, Amnistía Internacional alerta sobre los efectos potencialmente devastadores que este desastre puede tener sobre la población venezolana y llama a las autoridades venezolanas y a la comunidad internacional a hacer todo lo posible para brindar asistencia a las personas afectadas. 

“Expresamos nuestra solidaridad con todas las personas afectadas directa o indirectamente por este desastre, que ahora corre el riesgo de agravar aún más una crisis de derechos humanos y una emergencia humanitaria ya severas y prolongadas, que el pueblo venezolano ha sufrido durante más de una década. El sistema de salud del país ha sido diezmado, mientras que la represión estatal ha debilitado gravemente la protección de los derechos humanos”, declaró Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“El pueblo venezolano ha mostrado una resiliencia y una solidaridad extraordinarias frente a esta prolongada crisis de derechos humanos. Debe recibir apoyo urgente mientras enfrenta una nueva tragedia de gran magnitud, y debe ser protegido frente al abandono o la injusticia.” 

“Amnistía Internacional insta a las autoridades venezolanas a brindar asistencia y responder a los terremotos en cumplimiento de las normas humanitarias y de respuesta ante desastres, así como del derecho internacional de los derechos humanos. A su vez, la comunidad internacional debe movilizarse con urgencia para proporcionar y entregar la asistencia humanitaria crítica que el pueblo venezolano necesita de manera tan apremiante.” 

Las autoridades venezolanas han divulgado información limitada y no corroborada sobre la magnitud total de los daños humanos y materiales causados por los terremotos. En este sentido, Amnistía Internacional llama a las autoridades venezolanas a garantizar la divulgación pronta, creíble y periódica de información sobre el alcance de los daños, el número y las características de las personas fallecidas o heridas, las labores de asistencia desplegadas, las rutas de atención para las personas afectadas y el plan de contingencia para la búsqueda de personas desaparecidas, así como para el rescate y atención de las personas sobrevivientes. 

La organización subraya que las autoridades deben garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad mientras asisten a la población. 

El acceso a la información, la libertad de prensa y la libertad de expresión han sido severamente restringidos como consecuencia de años de censura patrocinada por el Estado, incluido el cierre de decenas de medios de comunicación, el bloqueo de plataformas de redes sociales como X y la criminalización de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. En el contexto de la actual emergencia humanitaria, la organización destaca la importancia crítica de levantar de inmediato todas las restricciones indebidas a la prensa, a las plataformas de redes sociales y a los canales esenciales de comunicación en línea. El impacto potencial de no hacerlo podría medirse en vidas perdidas y en derechos irreparablemente afectados. 

Las ONG de derechos humanos y humanitarias operan actualmente en un entorno sumamente restrictivo como resultado de una arquitectura legal represiva orientada a cerrar el espacio cívico y atacar cualquier forma de disidencia percibida. Para ofrecer un plan de respuesta efectivo, las autoridades venezolanas deben derogar de inmediato la llamada ley anti-ONG y todos los demás mecanismos legales que restringen, controlan y limitan las actividades legítimas y necesarias de estas organizaciones de la sociedad civil. 

De manera crítica, Amnistía Internacional expresa su preocupación por las personas que permanecen detenidas y por su situación actual tras los terremotos. Aunque la organización sigue exigiendo la liberación de todas las personas sometidas a detención arbitraria por motivos políticos, en el contexto actual Amnistía Internacional también subraya la necesidad urgente de que organismos humanitarios y de derechos humanos, así como familiares de las personas detenidas, tengan acceso a todos los centros de detención a fin de verificar la seguridad de todas las personas detenidas y suministrar necesidades básicas, incluida atención médica crítica. Asimismo, las autoridades venezolanas deben levantar de inmediato las restricciones ilegales y desproporcionadas a la libertad de miles de ex víctimas de detención arbitraria. Por ejemplo, deben suspenderse las medidas cautelares impuestas a quienes fueron detenidos arbitrariamente por razones políticas. Estas medidas deben ser anuladas, si no completamente levantadas. 

La respuesta urgente necesaria para afrontar esta emergencia requerirá asistencia humanitaria internacional y solidaridad para movilizar cooperación multilateral y recursos estatales a gran escala. Los principios humanitarios internacionales y el derecho internacional de los derechos humanos deben guiar la obtención y el despliegue de estos recursos, en particular los ya mencionados principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia. Amnistía Internacional hace un llamado a los Estados, actores humanitarios y donantes para que ofrezcan estos fondos y recursos, y lo hagan en cooperación con organizaciones locales de la sociedad civil. 

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