Hablar de salud mental en la era de redes sociales está presentando importantes desafíos tanto para especialistas como para consultantes. La psicóloga del Centro de Atención Psicológica (CAPS) de la Universidad de Chile, Andrea Cruzat, observa como positiva la disponibilidad de contenidos de salud mental que hoy están incluidos en las redes sociales, pero analiza varios aspectos en cuanto al autodiagnóstico, la desinformación y la posibilidad que un malestar aumente si no se accede a un tratamiento.
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Hablar de salud mental en redes sociales: especialista aconseja no prescindir de los diagnósticos
Por Carolina Millalen
Hablar de salud mental en la era de redes sociales está presentando importantes desafíos tanto para especialistas como para consultantes. Si bien no es novedad las advertencias que siempre se hacen sobre la veracidad de los contenidos que se vierten en estas plataformas, el llamado no es a abandonarlas sino a comprender algunos aspectos que la suscitan y a considerar que un diagnóstico serio en salud mental requiere del análisis de un especialista.
Frente a una mirada más realista, la psicóloga del Centro de Atención Psicológica (CAPS) de la Universidad de Chile, Andrea Cruzat, observa como positiva la disponibilidad de contenidos de salud mental que hoy están incluidos en las redes sociales, sobre todo para aquellas personas que no se atreven a hablar del tema abiertamente. “En Chile hay una larga tradición donde hablar de salud está más bien estigmatizado”, señala:
Sin embargo, quedarse solamente en ese plano de consulta y evitar otros que conlleven socialización física tiene su lado más riesgoso. La persona “puede acceder a contenidos no fiables y no tener con quien conversar para poder distinguir”.
Incluso, apuntando a los contenidos compartidos en las plataformas que sí permiten alcanzar una mayor comprensión para quienes tienen inquietudes en materia de salud mental, ampliando su vocabulario para pensarse a sí mismo, el propio mundo interior, las emociones o las relaciones interpersonales, Andrea Cruzat indica que este canal no deja de ser una forma unidireccional de comprensión. “Es difícil que eso se transforme en cambios de vida”, acota.
“Chile no es muy famoso porque la gente quiera ir a terapias grupales por ejemplo, por lo mismo que también venimos de una tradición donde compartir lo que nos sucede resulta a veces, sea más fácil en la privacidad del computador o en la privacidad de lo que es la atención individual, creo que tambien es como un tema idiosincrático”.
Los autodiagnósticos
“Creo que por un lado es útil que las personas puedan hacerse preguntas sobre sí mismas y quizás ir entiendo que las cosas que les pasan no tienen que ver con “ser flojo” o “incompetente” y que pueden haber otras raices para ir entendiendo aquello que nos sucede”, destaca también la especialista sobre el interés por encontrar respuestas referentes a salud mental expresado en las redes.
No obstante, las contestaciones que se ofrecen en las plataformas no pueden dimensionar los aspectos únicos y contextuales de cada persona, cosa que sí puede realizar un especialista, advierte Cruzat:
El diagnóstico es importante porque es requerido para acceder a las prestaciones de salud, como por ejemplo, para la depresión, la bipolaridad o para un diagnóstico TEA. Por otro lado, si la persona nota que su malestar afecta la relación consigo misma, con los demás o en sus contextos laborales o de otra índole, “es bueno ir a consultar porque ese malestar podría crecer en el tiempo” señala la especialista del CAPS.
Minsal y OMS
Por otra parte, “no es secreto para nadie que la salud mental en nuestro país puede ser cara o lenta”, sostiene respecto a esta gran demanda manifiesta de la población, donde casi el 70% de los chilenos considera la salud mental como el mayor problema de salud en el país.
Agrega que la salud mental va en aumento, mientras que el mercado laboral no responde a esa demanda. Ante ese panorama donde la salud pública se ve sobrepasada y la oferta privada puede estar fuera del alcance económico de las personas, no es extraño que se recurra a las redes sociales, comenta.
Si bien el uso de redes sociales para esta necesidad es un hecho, desde la Organización Mundial de la Salud han existido campañas para afrontar el exceso de información o la infodemia para ciertos contenidos relativos a la salud. En esa línea, la psicóloga refuerza la importancia de contrastar los datos hallados:
“Siembre es bueno hacerlo ante cualquier temática. En realidad no solo en la salud mental”, precisa la especialista respecto a siempre comparar los contenidos con fuentes certificadas.
“El per cápita no alcanza” y “peligran los PRAPS”: funcionarios de salud de Macul explican causas del paro nacional en salud primaria
La Atención Primaria de Salud vuelve a movilizarse a nivel nacional, y Macul no es la excepción. La presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal (Afusam) de la comuna, Mariela Corvalán Fuentes, explicó que la adhesión al llamado nacional responde a la deuda que mantiene el Estado con la salud primaria por concepto de per cápita, que a nivel país supera los 30.000 millones de pesos, y afirmó que “en Macul son más de 200 millones de pesos los que se adeudan en ese concepto”.
Corvalán detalló que el problema tiene un alcance estructural: “nosotros más del 70% de la atención primaria se financia a través del per cápita”, hoy fijado en $11.900 y fracción por persona inscrita, monto que asegura “no alcanza finalmente para poder dar todas las prestaciones, como medicamentos, alimentos, todas las prestaciones de los distintos profesionales”, generando una brecha de más de $4.000 por usuario que termina afectando la atención.
“Nosotros estamos pidiendo un per cápita sobre los 16.000 pesos que debería ser. Ahora entendemos que la idea es ir regularizándolo en un plazo, pero la oferta hoy día del Ministerio de Salud es de 600 pesos, y eso es del aumento para el 2027. Entonces eso está muy alejado de la realidad de lo que necesitamos”.
La dirigenta puso en perspectiva el volumen de usuarios que dependen de este financiamiento en la comuna: Macul cuenta con más de 140 mil personas inscritas, cifra donde solo el CESFAM Padre Hurtado concentra sobre 37 mil usuarios.
“En Macul son más de 140.000 usuarios, más o menos. Solo Padre Hurtado, por ejemplo, tiene sobre 37.000 usuarios. Nosotros llamamos a toda la comunidad también y a los funcionarios a poder adherirse a esta movilización. Mañana tenemos una marcha que va a partir desde el bandejón de Los Héroes hacia el Ministerio de Salud. Eso va a partir a las 10 de la mañana y esperamos poder llegar al Ministerio de Salud y poder hacer una manifestación con todas nuestras demandas”.
Más allá de la deuda del per cápita, Corvalán puso el foco en el eventual recorte a los Programas de Reforzamiento a la Atención Primaria (PRAPS), que en Macul tienen una presencia particularmente alta.
“En el caso de nuestra comuna, nuestra comuna tiene casi la mayoría de los PRAPS que existen. El problema de los PRAPS es que ya vienen desfinanciados de alguna forma porque los recursos que inyecta el ministerio no alcanzan como para poder cubrir todas las necesidades de gasto de cada uno”.
En adición al problema ya existente, estan los recortes anunciados por el ministerio en este sentido: “En el año 2027 se amenaza de alguna manera con terminar con 40 PRAPS en salud. Son más de 20 los que afectarían a la atención primaria, entre ellos temas de, por ejemplo, cuidados paliativos, el programa Más AMA, está Salud Bucal, Más Sonrisas, están los programas de Vida Sana y así un montón de otros programas que en el fondo nos afectan en el área de salud mental, como el DIR, que trabaja con pacientes con alcohol y drogas. Entonces es bien complejo el escenario porque eso sabemos que va a reducir las prestaciones a los usuarios y también pone en riesgo la continuidad laboral de muchos funcionarios de la atención primaria a nivel nacional”.
Ante este panorama, la dirigenta remarcó la importancia de tejer alianzas entre las organizaciones gremiales y la comunidad.
“Para nosotros es súper importante en el fondo poder ir haciendo una alianza entre las organizaciones y la comunidad. Todas las demandas que nosotros tenemos, nosotros somos funcionarios que peleamos por el per cápita justamente para poder brindar la mayor atención a la comunidad de las distintas prestaciones. Y bueno, dispuestos y disponibles a hacer todas las alianzas posibles para que podamos luchar en conjunto respecto a una necesidad tan básica como la salud, un derecho humano que tenemos que seguir fortaleciendo y no dejar que retroceda nuestra atención primaria”.
Diputado Barraza acusa al gobierno de “fabricar una crisis económica” y advierte que las movilizaciones sociales irán en aumento
El diputado Marcos Barraza cuestionó duramente la gestión del gobierno del presidente Kast, al que acusó de deteriorar la economía, postergar obras clave de infraestructura y conducir la política exterior con “opacidad”. Además, aseguró que las protestas ciudadanas seguirán creciendo.
“El Gobierno sigue empeorando las cosas”
El parlamentario sostuvo que Chile terminó el gobierno del presidente Boric con indicadores macroeconómicos y microeconómicos favorables, en materia financiera y de crecimiento, pese a los cuestionamientos que la prensa y la entonces oposición de derecha repetían constantemente. Recordó que el IPC estaba controlado: pasó de un 17%, cifra heredada por inercia del gobierno de Piñera, a un 3%.
Según Barraza, el actual “gobierno de extrema derecha” decidió fabricar una crisis económica, desincentivando la inversión. Explicó que, si el Estado no responde de manera contracíclica, es difícil que los privados y las grandes empresas produzcan más o generen empleo. Por eso, dijo, los subsidios no son suficientes, y criticó los recortes presupuestarios en Vivienda y Obras Públicas, carteras que tienen capacidad de enviar señales reactivadoras al mercado.
Tren a la Alameda: “No se puede postergar una obra tan necesaria”
El diputado denunció una inconsistencia entre las declaraciones del presidente José Antonio Kast, quien calificó como estratégica la etapa de 3,2 kilómetros entre Lo Errázuriz y la Alameda el pasado 7 de septiembre. Mientras que EFE toma la decisión de postergar esa obra.
El diputado comunista recordó que se trata de un trayecto que beneficia a un millón de personas que se desplazan a diario desde el sector poniente. En esa línea, Barraza afirmó que la decisión de EFE “no es inconsulta”, pues involucra a los ministerios de Hacienda, Obras Públicas y Transportes. Por ello, exigió transparentar la información y rectificar la medida.
Interpelación al canciller: “Una exposición nebulosa”
En materia de política exterior, el parlamentario acusó al Gobierno de actuar con poca transparencia, con decisiones contradictorias y “con mentiras”. Recordó que el Ejecutivo primero dijo que Chile sería observador en el Escudo de las Américas, luego pasó a evaluar la pertinencia y, en ocho días y en el marco del Foro Mundial de las Naciones Unidas, anunció la incorporación del país.
Según Barraza, existen dos relatos distintos: el del Gobierno, que minimiza el impacto de la iniciativa y la dependencia económica, de seguridad pública y de defensa que implicaría, y el de Estados Unidos, que tiene textos e interpretaciones diferentes. A su juicio, el acuerdo compromete a Chile en materias como el suministro de minerales raros, el control de inversiones, la inteligencia artificial y la doctrina militar y de seguridad pública.
Soberanía y Estrecho de Magallanes
El diputado criticó que el canciller no logre precisar el carácter vinculante del acuerdo, y aseguró que, sea o no un tratado internacional (él cree que lo es), igualmente obliga a Chile. Advirtió que esto “coacciona” al país y lo triangula en las decisiones con Argentina sobre la soberanía en el Estrecho de Magallanes.
Barraza afirmó que Estados Unidos no es un actor neutro, pues tiene intereses en el Estrecho, dada la debilidad del Canal de Panamá, y le conviene relativizar la soberanía chilena. “La soberanía de Chile es exclusiva, no es co administrada con Argentina”, enfatizó, y agregó que Argentina cuenta con el respaldo estadounidense.
Sobre la interpelación, calificó la exposición del canciller como nebulosa y evitativa, y dijo que debilitó la política de Estado en relaciones exteriores. Aun así, destacó que la Cámara aprobó un oficio al Presidente de la República, quien deberá responder formalmente el cuestionario presentado al canciller.
“Es justo y necesario que existan movilizaciones”
Finalmente, el parlamentario proyectó que las manifestaciones irán incrementándose, porque el malestar y las carencias son “una realidad objetiva”. Afirmó que el “benzinazo” pulverizó los presupuestos familiares y que los recortes a ministerios de alta sensibilidad social fueron un “mazazo” a la calidad de vida de las familias.
Agregó que los recortes a los municipios afectaron a las instituciones que llegan primero a la ciudadanía, y advirtió que vienen nuevos ajustes: el Gobierno anunció preliminarmente recortes de entre 7% y 20% para los gobiernos regionales, que financian parte importante de la oferta programática de los municipios.
Con un 10% de cesantía y áreas clave como educación y salud amenazadas, Barraza concluyó que las movilizaciones no solo se explican por condiciones objetivas, sino que son “justas y necesarias” frente a “un gobierno indolente”.
“Por lo pronto, en lo que respecta al Parlamento y a la bancada del Partido Comunista Independiente, nosotros nos estamos disponiendo para un debate altamente intensivo en materia presupuestaria, defendiendo el presupuesto en áreas estratégicas: salud, educación, reactivación económica y empleo, generación de apoyo a las personas y políticas sociales” concluyó el diputado.
Más de 40 organizaciones sociales exigen a Hacienda proteger los derechos humanos y sociales ante ajustes fiscales
La sociedad civil expresó su preocupación al ministro Quiroz por la reducción de recursos estatales en desarrollo social, justicia, derechos humanos, cultura y salud, al tiempo que solicitó “abrir instancias formales de diálogo entre el Ejecutivo y las organizaciones de la sociedad civil antes de la aprobación de nuevos recortes en la Ley de Presupuestos 2027”
Un total de 46 organizaciones sociales, entre esas el Movilh, se dirigieron hoy al Ministerio de Hacienda para dejar una carta al ministro Jorge Quiroz Cartes, donde exigieron una revisión técnica y participativa a los ajustes al gastos fiscal relacionados con los derechos humanos y sociales, con miras a la discusión de la Ley de Presupuestos 2027.
El fundador del Movilh., Rolando Jiménez, precisó que “en el movimiento social y gremial de distintos ámbitos hay una fundada preocupación e incertidumbre porque los ajustes a la Ley de Presupuestos 2027 terminen con derechos sociales y humanos fundamentales que han costado décadas conquistar, por lo que esperamos que el Ejecutivo cumpla sus dichos en orden a que no habrá recortes en estos campos”
En la carta, las agrupaciones señalaron que “nos preocupa profundamente que los recortes presupuestarios en la nueva Ley de Presupuestos afecten de manera directa e indirecta, programas y servicios vinculados a derechos sociales y humanos fundamentales. Entre las medidas conocidas hasta la fecha se cuentan reducciones de recursos en áreas sensibles como desarrollo social, justicia, derechos humanos, cultura, salud, además de ajustes que podrían alcanzar cerca de 260 programas gubernamentales distribuidos en prácticamente todos los ministerios”.
Añadieron que “estas decisiones se producen, además, en un contexto de compromisos públicos reiterados por el gobierno del Presidente José Antonio Kast donde ha señalado que los derechos sociales “no se tocan”. La ciudadanía, y en particular los sectores históricamente más vulnerables tienen derecho a que esa promesa se traduzca en hechos concretos y no en recortes progresivos que erosionan el financiamiento de derechos ya reconocidos”
“La búsqueda de eficiencia en el gasto público es una tarea legítima y necesaria, pero no puede transformarse en un eufemismo para el retroceso en Derechos Sociales conquistados con enormes esfuerzos colectivos a lo largo de décadas. Un ajuste fiscal que se financia a costa de las personas y los grupos más desfavorecidos, y no de quienes tienen mayor capacidad contributiva, no es neutro, sino que refleja una decisión política y por tanto ideológica”, redondearon
En virtud de ello, las agrupaciones solicitaron al ministro Quiroz que “se instruya una revisión pública y participativa de los recortes propuestos que permita a la ciudadanía y a las organizaciones conocer con transparencia su alcance real y sus fundamentos técnicos”, “garantizar que ningún ajuste fiscal comprometa Derechos Sociales y humanos ya reconocidos por el Estado de Chile” y “abrir instancias formales de diálogo entre el Ejecutivo y las organizaciones de la sociedad civil antes de la aprobación de nuevos recortes en la Ley de Presupuestos 2027.
Junto al Movilh firmaron la carta AcciónGay, Fundación Iguales, Fundación Ronda, Fundación Yo Quiero Estar, Asociación OTD Chile, AHF Chile, Recoqueer, Fundación DA, Círculo de Apoyo Positivo, APROFA, Fundación Zero, Fundación SAVIA, Corporación Miles, Salud Trans para Chile, ONG Amaranta, Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, Asociación Ginecólogas Chile, Fundación Chile necesita ESI, Fundación Bienestar Mayor, Observatorio de Género y Equidad (OGE), Afaps El Bosque, Asamblea Feminista de Ñuñoa, Fundación Margen de apoyo y promoción de la mujer, Vínculos Nutritivos, REDOFEM – Red Docente Feminista, Fundación Observatorio de Género y Educación, Fundación Chile Positivo, Centro de Apoyo a la Salud Prevención Viña, Fundación Ciudadanía Inteligente, Fundación Cerro Navia Joven, Fundación Soymás, Fundación Educación Popular en Salud (EPES), Fundación Ludovico Rutten, Fundación Honra, Colectivo Raíces Transmasculinas, CORPALIV, Colegio Médico de Chile A.G., Fundación Abrazarte, artistas por una obra, Fundación Mar, Corporación Sympathia, ONG Proyecto Tepuy, Fundación Red de Gestores Interculturales, Criando y Migrando Chile, ONG Solidaridad Activa Chile y Fundación para el Desarrollo Social (FUDESO).
CONUPIA espera que Plan Chile Despega tenga efectos concretos y de corto plazo en las pymes
El presidente de la organización, Humberto Solar, valoró las medidas anunciadas por el Gobierno y señaló que el desafío ahora es que los recursos y mecanismos comprometidos lleguen efectivamente a las pequeñas y medianas empresas.
La Confederación Nacional de la Pequeña Industria y Artesanado de Chile (CONUPIA) valoró la presentación del Plan “Chile Despega”, iniciativa anunciada por el Gobierno que contempla medidas para acelerar la inversión, impulsar el empleo, recuperar liquidez para empresas y proveedores y fortalecer el financiamiento.
El plan contempla una movilización de recursos por alrededor de $1,3 billones y tiene entre sus objetivos generar más de 100 mil puestos de trabajo entre 2026 y 2027. Entre sus medidas se considera además el fortalecimiento de las garantías estatales para facilitar el acceso al financiamiento de las empresas.
Para el presidente de CONUPIA, Humberto Solar, uno de los aspectos centrales será que estas medidas puedan traducirse rápidamente en mejores condiciones para las pequeñas y medianas empresas.
“Esperamos que este plan pueda tener en el breve plazo un efecto positivo en las pymes. Lo importante ahora es que las medidas anunciadas se implementen con rapidez y que los recursos efectivamente lleguen a las empresas que necesitan financiamiento, liquidez y mayores posibilidades de desarrollar su actividad”, señaló Solar.
El dirigente gremial sostuvo que las pymes requieren que la reactivación económica se traduzca en mayor actividad, acceso al crédito, inversión y generación de empleo, considerando el escenario que enfrenta actualmente el país.
El Gobierno presentó el plan en un contexto de una tasa de desocupación de 9,5% para el trimestre mayo-julio, mientras la agenda considera acelerar la ejecución de obras públicas, ampliar los subsidios a la contratación y reforzar instrumentos de financiamiento para las empresas.
Solar planteó que, desde la perspectiva de las pequeñas empresas, será fundamental observar cómo se implementan estas medidas y cuál es su impacto concreto en los próximos meses.
“Las pymes necesitan señales y medidas que permitan recuperar dinamismo. Esperamos que Chile Despega pueda convertirse efectivamente en una herramienta de reactivación para las pequeñas empresas y que sus beneficios se puedan observar prontamente en los territorios”, concluyó el presidente de CONUPIA.
El tiempo no lo es todo: lo que el terremoto de Kamchatka enseña sobre el riesgo sísmico en Chile
- Un nuevo estudio científico publicado en Science Advances y liderado por el académico del Instituto de Geografía de la PUCV, Matías Carvajal, demuestra que los megaterremotos pueden repetirse mucho antes de lo previsto debido a la viscoelasticidad del manto terrestre.
- El hallazgo cuestiona el “tiempo de silencio sísmico” como único indicador para anticipar zonas de futuros terremotos y obliga a mirar con especial atención a zonas como el sur de Chile.
Durante décadas, la ciencia sísmica ha operado bajo una premisa casi indiscutible: mientras menos tiempo haya pasado desde el último gran terremoto, menor es la posibilidad de que ocurra otro similar. Sin embargo, una investigación internacional liderada por el académico chileno Matías Carvajal, del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), acaba de cuestionar este paradigma.
El estudio propone que la corteza terrestre y el manto subyacente no actúan como una simple “goma elástica” donde la energía disponible para el próximo terremoto se acumula proporcionalmente con el paso del tiempo. En cambio, el material terrestre actuaría como un sistema viscoelástico, provocando que la energía se acumule de manera acelerada durante las primeras décadas posteriores a un gran terremoto.
El descubrimiento —publicado recientemente en la prestigiosa revista Science Advances con la colaboración de investigadores de Chile y Canadá— redefine la forma en que se debe evaluar el riesgo sísmico global y llama a repensar cómo se monitorea la amenaza sísmica en Chile.
El enigma de los 73 años en Rusia
La investigación tomó como punto de partida un evento que desafió la lógica sismológica tradicional en la península de Kamchatka, Rusia. En 1952, la zona sufrió un megaterremoto de magnitud 9.0 —el quinto más grande registrado en la historia global—. En 2025, solo 73 años después, la misma región volvió a sacudirse con un evento de magnitud similar.
“Dado que en esa zona las placas se desplazan a 8 centímetros por año, en 73 años solo se acumularían cerca de 6 metros de movimiento relativo. Eso era insuficiente para generar un terremoto mayor; la comunidad científica estimaba un intervalo de recurrencia de entre 150 y 200 años. Por ende, se esperaba que faltaran al menos siete décadas para un evento similar”, explicó Matías Carvajal, autor principal del estudio.
La primera hipótesis de la comunidad científica sugería que el nuevo sismo había roto un segmento adyacente o “rezagado” de la falla, ajustándose así a los modelos convencionales. Pero los investigadores decidieron verificar si efectivamente se trataba de zonas distintas.
La clave oculta en los mareógrafos del Pacífico
Para contrastar ambas zonas de ruptura, el equipo se enfrentó a un problema técnico: la evidencia sismológica de 1952 era escasa e imprecisa debido a las limitaciones tecnológicas de la época. Sin embargo, hallaron la respuesta en el mar.
Decenas de mareógrafos analógicos distribuidos por distintos puertos del mundo habían registrado con alta precisión el tsunami generado en 1952. Al comparar cuantitativamente los registros mareográficos de 1952 y de 2025 en las mismas estaciones a lo largo del océano Pacífico, los científicos descubrieron que ambos tsunamis eran prácticamente idénticos.
Mediante modelación numérica avanzada, los investigadores confirmaron que ambos terremotos habían roto esencialmente la misma sección de la falla, poniendo en duda la teoría de que se necesitaban siglos para acumular la energía equivalente.
El manto viscoelástico: la pieza que faltaba
La limitación de los modelos tradicionales radicaba en asumir que el material terrestre en las zonas de subducción se deforma únicamente de manera elástica. Si bien la corteza terrestre (la capa superficial) posee propiedades elásticas, el manto inmediatamente inferior es viscoelástico (combina la rigidez de un sólido con la fluidez lenta de un líquido denso).
“Al integrar la viscoelasticidad en los modelos de acumulación de energía, descubrimos que el sistema no se carga de forma proporcional con el paso del tiempo, sino que lo hace de manera acelerada en las décadas inmediatamente posteriores al terremoto”, precisó Carvajal. Esta recarga acelerada implicaría que la falla recupera su capacidad de ruptura mucho más rápido de lo que se creía en el periodo inmediatamente posterior a un megaterremoto.
¿Qué significa este paradigma para Chile?
Chile ha enfocado históricamente su vigilancia en las llamadas grandes brechas sísmicas que llevan siglos acumulando tensión sin registrar un gran evento, tales como: el Norte Grande (Iquique – Mejillones), sin un gran terremoto de este tipo desde 1877; el Norte Chico (Coquimbo – Taltal), con su último evento significativo en 1922 (hace un siglo); y la Zona Central (Metropolitana y Valparaíso), cuyo último megaterremoto de gran escala ocurrió en 1730 (hace casi 300 años). En el resto del país, los grandes terremotos recientes hacían suponer que el próximo tardaría muchas décadas en ocurrir.
Sin embargo, los resultados de este estudio obligan a ampliar la mirada a otras regiones como la zona sur golpeada por el histórico terremoto de Valdivia de 1960 (magnitud 9.5).
“Lo ocurrido en Rusia deja de ser una hipótesis teórica y se convierte en una advertencia real: los tiempos de recurrencia entre grandes terremotos pueden reducirse drásticamente respecto a lo que pensábamos. Un nuevo gran sismo en el sur de Chile ya no sería una sorpresa inexplicable, sino un fenómeno científicamente comprensible bajo este nuevo paradigma”, concluyó Carvajal.
CUT acusa “mirada bicéfala” del Gobierno tras anuncios en materia laboral: por un lado da y por el otro quita
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, José Manuel Díaz, valoró que el plan Pro-Empleo presentado hoy por el Gobierno recoja una de las propuestas que la Central ha planteado: que el Estado active y dinamice los proyectos en ejecución y evalúe nuevos, de modo de mover la cadena de abastecimiento y de suministro.
Sin embargo, el dirigente advirtió una contradicción en la política del Gobierno del presidente José Antonio Kast frente a la alta tasa de desempleo. Según explicó, el Ejecutivo propone activar los ministerios de Obras Públicas y de Vivienda, pero al mismo tiempo, a través del Presupuesto de la Nación, recorta en un 7% los recursos de los gobiernos regionales, que son quienes en los territorios mueven la economía mediante subsidios, apoyo a proyectos y su relación directa con los municipios.
“Hay una confusión que generan estas políticas del Gobierno: por un lado da y, por el otro lado, quita”, sostuvo Díaz.
El presidente de la CUT también apuntó a los empresarios, a quienes describió como un actor pasivo que mira desde la galería. Afirmó que deben invertir y volver a creer en Chile, y que hasta ahora “solamente son declaraciones y no acciones”. Agregó que la inversión, tanto pública como privada, debe tener condiciones: trabajo digno y remuneración ajustada, lo que a su juicio también reactiva la economía nacional y la local.
En esa línea, Díaz sostuvo que la economía local está colapsando por la decisión política de aplicar el alza del combustible a la cadena de suministros, lo que restó poder adquisitivo a los trabajadores.
El dirigente advirtió además que un millón de trabajadores cesantes configura una crisis laboral que, con el tiempo, puede convertirse en una crisis social. Por ello, pidió al Gobierno mirar hacia el futuro, en lugar de hacer cuentas de cuántos meses se retrocedió por el no crecimiento del país, y hablar con la verdad y con cifras reales.
Díaz criticó, asimismo, que las proyecciones del Ejecutivo apunten a 2027 y 2028, cuando “los trabajadores y trabajadoras necesitan trabajo mañana para llevar el sustento a sus hogares”.
Finalmente, el líder de la CUT reiteró que en momentos de crisis el Estado debe volver a invertir, reactivando las carteras de Obras Públicas, Vivienda y otras que generen empleos de calidad y trabajos decentes. “Somos activos y propositivos, pero aquí el Gobierno tiene que invertir”, concluyó, y sostuvo que los recortes al Presupuesto de la Nación van en sentido contrario a la urgencia que hoy tiene el país.
Sindicato de Artesanos denuncia decomisos y falta de protocolos en Santiago y logran mesa de trabajo con el ministerio de Cultura
El Sindicato Independiente de Artesanos y Cultores del Arte Popular Urbano de Chile acusa falta de protección para los trabajadores del sector y cuestiona los procedimientos utilizados durante los decomisos realizados por inspectores municipales. Desde la organización aseguran que han solicitado protocolos a municipios y que, en algunos casos, no han podido recuperar sus pertenencias.
“Estamos en cero resguardo, cero protección”, afirma María Angélica Paz, presidenta del Sindicato Independiente de Artesanos a nivel nacional y Cultores del Arte Popular Urbano de Chile, al describir la situación que enfrentan los artesanos que trabajan en las calles.
La dirigente sostiene que uno de los principales problemas son los decomisos de artesanía realizados por funcionarios municipales de Santiago. María afirma que los trabajadores han solicitado información mediante la Ley de Transparencia a las municipalidades de Santiago y Providencia para conocer los protocolos utilizados durante estos procedimientos, pero las respuestas recibidas apuntan a que no existirían protocolos específicos para los artesanos y que, en su lugar, se les han entregado procedimientos asociados al comercio ambulante.
“Al final llegan, te quitan las cosas y se van sin trazabilidad”, señala.
La organización asegura que en la mayoría de los casos las pertenencias decomisadas no han podido ser ubicadas, cuestión que ha llegado hasta tribunales de justicia. “Hay decomisos perdidos. Hemos pedido información por el juzgado para saber qué pasó con nuestras cosas y el mismo juez dice que no se pudo determinar qué pasó con ellas”, sostiene.
Denuncian hostigamiento durante los operativos
El sindicato también acusa situaciones de hostigamiento durante los procedimientos municipales. María Angélica Paz, afirma que cuentan con registros audiovisuales de distintos operativos y cuestiona la forma en que algunos inspectores se identifican al momento de realizar los decomisos.
“Hay montones de videos donde se registra cómo realizan los decomisos y cómo funcionan los operativos”, afirma.
La dirigente señala que en determinadas ocasiones los funcionarios se habrían burlado de artesanos o cultores, antes de quitarles su mercadería cuestión que excede el comportamiento que debe tener un funcionario público.
Asimismo, Paz cuestiona que algunos inspectores participen en los operativos con el rostro cubierto y sin un mecanismo claro de identificación: “Hay inspectores que llegan completamente cubiertos, incluso encapuchados, sin un protocolo de identificación”, plantea.
Ante esta situación, el sindicato plantea como una de sus principales demandas la regularización del uso del espacio público para quienes desarrollan actividades vinculadas a la artesanía y al arte callejero.
Mesa de trabajo con autoridades
La organización asegura que durante los últimos meses ha sostenido reuniones con distintas instituciones para plantear sus demandas. Entre ellas se encuentra el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, con cuyos representantes, se acordó avanzar hacia una mesa de trabajo.
“El subsecretario de las Culturas y las Artes se comprometió a gestionarla”, afirma María Angélica Paz, quien señala que esperan que esta instancia pueda comenzar a concretarse durante los próximos meses.
El sindicato también ha mantenido conversaciones con el Ministerio del Trabajo, desde donde, según su versión, existiría disposición para participar en una mesa destinada a abordar la situación de los artesanos.
La dirigenta plantea que el problema no se limita a los decomisos, sino que también involucra lo que considera un trato desigual hacia quienes desarrollan actividades artísticas en el espacio público.
“Es un tema de justa regularización, porque hay personas que sí son discriminadas”, concluyó.
