Por Eduardo Álvarez. Quilpue.

Todos los meses somos testigos de nuestro ahorro para la vejez. Ese famoso porcentaje que va a parar a las AFP. Pero ante esto sabemos una verdad también incómoda: esta plata es mía. Esto es el sudor de veinte años de trabajo, los turnos nocturnos, las locomociones colectivas. Y, sin embargo, está ahí, inasible, convertido en un número más dentro de una masa financiera que viaja a alguna parte.

La pregunta incómoda, la que nadie formula en la opinión pública, es: ¿a dónde llega a parar exactamente?

El último informe de la Superintendencia de Pensiones (2025), correspondiente al último trimestre de 2025 (octubre-noviembre-diciembre), revela algo que debería inquietarnos. De los 239 mil millones de dólares que hemos acumulado los trabajadores chilenos a lo largo de décadas, una parte importante —42.601 millones de dólares para ser exactos— está invertida en Estados Unidos. Y de esa cifra, una parte significativa corresponde a bonos del Tesoro. Es decir, a préstamos que le hacemos al gobierno del país que, entre otras cosas, sostiene el bloqueo más largo de la historia contemporánea contra el pueblo de Cuba y acaba de solicitar 500 mil millones de dólares adicionales para financiar su guerra con Irán.

Conviene detenerse un momento en este dato, no para hacer una crítica antiimperialista de manual, sino para preguntarse por el origen de esta operación. ¿Cómo es posible que el ahorro de un profesor rural de Cabildo, de una temporera de Hijuelas, de una pobladora de Villa Alemana, termine convertido en liquidez para el Pentágono? ¿Qué laberinto financiero tan sofisticado permite que nuestro dinero, ganado con esfuerzo en una economía dependiente y periférica, se transforme en dólares que abultan la caja de la primera potencia militar de la historia?

La respuesta técnica es sencilla: las AFP buscan “seguridad” y “rentabilidad”. Y en el imaginario financiero global, no hay activo más seguro que un bono del Tesoro estadounidense. Es la confianza absoluta en que el imperio, por más deudas que acumule, por más guerras que desarrolle, siempre pagará. Es la fe puesta en la capacidad de Washington de extraer recursos del mundo entero para honrar sus compromisos. Es en definitiva, la aceptación de que nuestra vejez depende de la salud financiera de quien hoy bombardea Medio Oriente y amenaza con intervención militar a nuestra América Latina y el Caribe.

Aquí aparece la primera paradoja, la que debiese hacernos reflexionar sobre los límites de la racionalidad técnica. Las AFP, entidades privadas que administran un bien público (nuestros ahorros), toman decisiones que parecen estrictamente financieras pero que tienen implicancias políticas profundas. No es que haya una reunión secreta donde se decida “financiemos la guerra”. Es que la lógica misma del sistema —la búsqueda de la máxima ganancia con el mínimo riesgo— conduce inevitablemente a colocar el dinero donde el poder global lo necesita. No hay complot, hay estructura. No hay conspiración, hay inercia del capital.

Pero entonces aparece la segunda paradoja, más doméstica y no menos irritante. En Chile nos escandalizamos cuando el gobierno destina 1 millón de dólares en ayuda humanitaria a Cuba. Saltan las declaraciones a través de las editoriales de los medios de comunicación, las comparaciones con la pobreza local, el fanatismo moral del ejercicio democrático. “Cómo se les ocurre”, dicen, “si aquí falta plata para las pensiones, para la salud, para las viviendas”. Y, sin embargo, esa misma indignación no se activa cuando las AFP envían, en un solo trimestre, 2.555 millones de dólares al exterior en remesas netas. Es decir, más del doble de todo lo que Chile ha destinado a cooperación internacional en la última década, pero en tres meses.

Uno podría preguntarse, qué es más indignante, ¿un gesto simbólico de solidaridad con un pueblo bloqueado durante más de sesenta años, o el desvío sistemático de nuestros ahorros hacia la economía del país que aplica ese bloqueo? La respuesta parece obvia, pero no lo es en el debate público. Porque el primer caso es político e ideológico. El segundo es técnico, financiero, cubierto por una sábana de neutralidad que lo vuelve invisible.

He ahí la trampa, pero no la trampa neoliberal como categoría abstracta, sino la trampa cotidiana en la que estamos metidos hasta el cuello. Nos han convencido de que la diversificación es un imperativo técnico incuestionable, de que los mercados financieros son el único horizonte posible para nuestros ahorros, de que pensar en invertir en Chile – en industrializar el país, construir un sistema de salud digno, garantizar viviendas dignas – es un gustito irresponsable. Y mientras tanto, el dinero termina donde el capital lo necesita.

Uno lee los informes de la Superintendencia y encuentra detalles que son pequeñas joyas para los lectores. Por ejemplo, que los fondos más conservadores – de las y los trabajadores más cercanos a jubilarse – son precisamente los que tienen mayor exposición a inversión en renta fija extranjera. 

La pregunta es, ¿qué hacer con esta información? No basta con la denuncia retórica. Se trata más bien de comenzar a nombrar las cosas por su nombre. Una transferencia de recursos desde la periferia hacia el centro, desde los trabajadores hacia el capital financiero global, desde el sur hacia el norte. Y preguntarse, con honestidad y humildad, si no hay otra forma de hacer las cosas.

Porque Chile no es un país pobre. Chile es un país desigual. Tiene recursos de sobra para garantizar pensiones dignas, pero esos recursos están mal administrados, mal invertidos, mal dirigidos. La pregunta no es si debemos o no invertir en el extranjero, sino cuánto, cómo, con qué criterios y, sobre todo, con qué límites democráticos.

Mientras tanto, todos lo meses vemos en nuestras liquidaciones de sueldo el ahorro obligatorio para nuestra vejez, y pensamos: esto es mío. Esto es mi vida. Sin embargo, está allá, al otro lado del mundo, financiando quién sabe qué. Y eso debería incomodarnos. Debería movilizarnos a exigir respuestas que hasta ahora nadie ha dado.

Porque el futuro de las y los trabajadores no puede ser esto. Trabajar toda una vida para que, al final, nuestros ahorros vayan a financiar las guerras de otros. Eso, más que una mala política, es una estafa existencial. Y las estafas existenciales, tarde o temprano, se pagan.

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