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[Podcast] Laura Mlynarz candidata a presidenta de la FECH: “La Federación no es una opción, es una necesidad”

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El próximo 11 y 12 de mayo el estudiantado de la Universidad de Chile elegirá la nueva directiva de la FECh. Las dos listas en competencia, Conectemos La Chile y Nuevo Horizonte, comenzaron su primera semana de campaña.

Laura Mlynarz, candidata a la presidencia de la Federación por la lista Conectemos La Chile, se refirió a los principales desafíos que su colectividad reconoce en la realidad estudiantil, como defender el derecho a la educación y considerar una representación amplia, acorde a la diversidad de proyectos en las que hoy participan los estudiantes.

 

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Amplia participación y defensa del derecho a la educación: Laura Mlynarz es candidata para presidir la FECH

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El próximo 11 y 12 de mayo el estudiantado de la Universidad de Chile elegirá la nueva directiva de la FECh. Las dos listas en competencia, Conectemos La Chile y Nuevo Horizonte, comenzaron su primera semana de campaña.

Laura Mlynarz, candidata a la presidencia de la Federación por la lista Conectemos La Chile, se refirió a los principales desafíos que su colectividad reconoce en la realidad estudiantil, de modo que “la federación y la organización no es una opción sino una necesidad”, plantea.

Acerca de los drásticos recortes que lleva el gobierno de José Antonio Kast -sin reservas a desfinanciar áreas como educación o salud- señala que advirtieron sobre el nefasto escenario que hoy ciñe a la política nacional: “Declaramos desde el momento uno, y es un diagnóstico conjunto, que el gobierno de José Antonio Kast es un peligro real y actual para la educación chilena. No puede ser que en un mes y medio de gobierno se haya tocado a restringir la gratuidad a modo de castigo”.

La estudiante de Ingeniería Hidráulica, precisó que el rol de la Federación debe ser tajante en defender el derecho de la educación y su aporte en la lucha contra la injusticia que también tiene una expresión en áreas específicas como la reinserción: “Quitar o restringir la gratuidad es un castigo que profundiza la estigmatización y la desigualdad”.

Otro desafío por superar es la baja participación política cuyo nudo más crítico se vio el 2024 cuando el proceso federativo se cayó por no haber alcanzado el quórum necesario para validar la elección. “En ese sentido debemos buscar nuevas formas de trabajar junto a los estudiantes y hacer sentido a los diversos proyectos”, acota la candidata: 

El proyecto de Conectemos La Chile es amplio, agrega la estudiante: “Si bien incluye dos fuerzas políticas principales como las Juventudes y Frente Amplio, también participan personas independientes de la lista”.

Laura Mlynarz es militante de las Jota y hasta el año pasado lideró el Centro Deportivo de Estudiantes de la Universidad de Chile, período en que la organización sumó diversos avances, precisa:

La candidata a secretaria de la lista, fue encargada general de la Coordinación de la Secretaria de Trabajo Voluntario en la FECH, mientras que otras integrantes fueron parte de la Secretaría de Género y Sexualidad de la universidad. “Todas y todos provienen de distintos espacios de participación, integrándose muchas personas que no se han formado en espacios formales de política. Y esa es la idea del proyecto: que sea amplio, participativo y creemos que la unidad cuando hay un gobierno que es un peligro inminente para la educación, debe ser un eje central”.

Sobre próximas actividades de campaña, indicó que estarán realizando volanteos, visitas a las salas e invitando a más encuentros programáticos. También sumarán espacios para la cultura y la recreación. “Es la fiesta de la democracia en la universidad, así que, a aprovecharla porque es de todas y todos igual que la Federación”, señaló Mlynarz.

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Diputados denuncian ante UNICEF amenaza de eliminar el Programa de Alimentación Escolar por parte del Gobierno

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Los diputados Luis Cuello (PC), Juan Santana (PS), Patricio Pinilla (DC) y las diputadas Daniela Serrano (PC) y Lorena Pizarro (PC), solicitaron el pronunciamiento de UNICEF frente a la amenaza del Gobierno de Kast de eliminar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y otras iniciativas fundamentales para la educación de niños, niñas y adolescentes.

La acción parlamentaria se materializa a través de una carta dirigida a Violet Speek- Warnery, Representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Chile, en la que se advierte que la Circular N°16 del Ministerio de Hacienda —emitida en el marco de la formulación del Presupuesto 2027 y la programación financiera 2028-2031— incorpora recomendaciones para descontinuar una serie de programas del Ministerio de Educación, entre ellos el Programa de Alimentación Escolar.

En ese sentido, el diputado Luis Cuello, impulsor de la iniciativa, señaló: “La sola amenaza de suprimir el programa de alimentación escolar que hoy día beneficia a cerca de 2 millones de niños, niñas y adolescentes, vulnera el derecho a la alimentación que está consagrado en tratados internacionales. Además, acá se está traspasando un límite ético al pretender ahorrar dinero a costa de los niños para luego entregar recursos por la vía de la rebaja de
impuestos a grandes empresas”.

En esa línea, el parlamentario agregó: “Es por eso que hoy día hemos enviado una carta, una comunicación a UNICEF pidiendo que se pueda pronunciar respecto de esta instrucción que ha dado el gobierno en función de restringir y suprimir este programa tan importante”.

Por su parte, el diputado Juan Santana, uno de los autores de la iniciativa, señaló: “Ante la recomendación del ministerio de hacienda, en torno a terminar con el programa de Alimentación Escolar de la Junaeb, conocida este fin de semana, hemos dirigido una carta a la UNICEF, con el propósito de, en primer término alertar sobre esta situación, y conjuntamente para que este organismo se pronuncie, influya y preste asistencia al Estado chileno, en torno a la importancia de un programa como este.

Lo que hemos visto por parte del gobierno en los últimos días, no solo es indolencia y desconocimiento de la entidad de la alimentación escolar, es también una miradaeconomicista de esta importante política pública, centrándose en la evaluación financieradel mismo, pero obviando totalmente el beneficio social que trae aparejado, y creemos queuna mirada especializada como la de la Unicef, puede colaborar en el objetivo de mantenery fortalecer este programa”.

En el documento, los parlamentarios sostienen que esta medida no puede entenderse como un hecho aislado, sino como parte de un diseño fiscal vinculado a la reforma tributaria del Gobierno, que contempla rebajas de impuestos a grandes empresas y, para compensar la menor recaudación, impulsa recortes en programas sociales.

En ese marco, advierten que se trata de una decisión del Ejecutivo que implica eliminar y reducir el financiamiento de programas clave del Ministerio de Educación, afectando directamente derechos económicos, sociales y culturales de niños, niñas y adolescentes, especialmente de sectores más vulnerables. Asimismo, subrayan que, pese a que el Presidente de la República ha señalado públicamente que no existiría intención de aplicar estas medidas, dichas declaraciones no son vinculantes, mientras que la Circular mantiene plena validez jurídica al no haber sido modificada por otro acto administrativo.

En ese contexto, y considerando la misión de UNICEF en la protección de los derechos de la infancia, los parlamentarios solicitaron al organismo evaluar un pronunciamiento que reafirme la obligación del Estado de no retroceder en la garantía del derecho a la alimentación de niños, niñas y adolescentes.

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FENADAJ acusa vulneración de derechos: “Impedir las 42 horas efectivas es una transgresión a la ley”

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La medida afectaría a trabajadores de corporaciones de asistencia judicial y servicios descentralizados, quienes deberán permanecer más tiempo en sus labores pese a la entrada en vigencia de las 42 horas.

La Federación Nacional del Acceso a la Justicia (FENADAJ) manifestó su más enérgico rechazo a la forma en que se está implementando el segundo tramo de la ley de reducción de la jornada laboral a 40 horas, advirtiendo que la interpretación administrativa vigente implica, en la práctica, un retroceso en los derechos de las y los trabajadores del sector público.

Desde el 26 de abril comenzó a regir la jornada de 42 horas semanales en Chile. Sin embargo, la entidad que reúne  a las y los trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial,  alerta que un número importante de trabajadores del Estado —especialmente quienes se desempeñan en Corporaciones de Asistencia Judicial y otros organismos descentralizados regidos por el Código del Trabajo— no se están viendo beneficiados con la reducción efectiva de su jornada

Esto se debe a que, según la interpretación administrativa emanada de la Contraloría General de la República, el tiempo de colación dejaría de ser imputable a la jornada laboral. En la práctica, esto implica que los funcionarios deberán permanecer hasta 44,5 horas semanales vinculados al trabajo, superando incluso el límite aplicable a otros regímenes del sector público.

“Impedir la reducción de la jornada laboral a 42 horas efectivas representa no solo una transgresión a la ley, sino también indolencia ante los avances sociales”, señaló la presidenta de FENADAJ, Victoria Escalante.

La representante  sindical sostuvo además  que esta medida “contradice el espíritu de la ley, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores”. En esa línea, denunció que la normativa “estaría siendo utilizada como una herramienta de precarización”.

Asimismo, desde FENADAJ emplazaron a las autoridades políticas a asumir su responsabilidad frente a lo que califican como una interpretación errática, advirtiendo que no aceptarán aumentos encubiertos de la carga laboral ni retrocesos en derechos ya conquistados.

La federación anunció que exigirá el cumplimiento estricto de la legislación laboral, incluyendo el pago de recargos y sanciones en caso de incumplimientos.

Además, confirmó que se encuentra evaluando acciones judiciales y administrativas para revertir la situación, haciendo  un llamado a sus bases a no firmar modificaciones contractuales que vulneren sus derechos laborales y a mantenerse en alerta frente a eventuales imposiciones administrativas.

Finalmente, la organización informó que se encuentra articulando una estrategia conjunta con otras entidades del sector público, reafirmando su compromiso con la defensa de la jornada laboral y la dignidad de las y los trabajadores.

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“En el Congreso va a tener una gran voz desde la oposición” señala secretaria general del PC ante fallida negociación del salario mínimo

La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, remarcó la falta de disposición del ejecutivo en torno a avanzar en una política salarial frente al no acuerdo alcanzado entre el gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores CUT sobre el sueldo mínimo.

“Me parece muy importante relevar que desde el mundo sindical se hizo una apuesta de más largo aliento”, contrastó la dirigenta sobre la propuesta de la CUT de definir los salarios en un monto de $637.000 en aras de superar la línea de la pobreza.

Frente a la medida de reajustar acorde al IPC por el gobierno lo que equivale a $23.000, Figueroa indicó que no solo se insiste en generar empleo a costa de precariedad sino que esa decisión es parte de un plan político.

“En el Congreso se va a tener una gran voz desde la oposición”, acotó la secretaria del PC sobre una orientación que se puede generar en el poder legislativo en defensa de las familias que hoy enfrentan un alza en el costo de la vida por las decisión de Kast de recortar recursos.

“Tenemos dos posibilidades: sentarnos a conversar y arriesgar perder derechos o tener una oposición clara, consolidada que diga no a este proyecto; no es el que ha apostado Chile”, dijo también sobre el rol que puede jugar la oposición política frente a la grave inconsistencia entre el programa de campaña electoral de Kast y las medidas hasta ahora desplegadas:

En esa línea, la dirigenta instó a discutir una perspectiva programática desde su sector y no supeditarse a la negociación del gobierno: “Para cambiar el marco del debate se requiere discutir programa contra programa y lo que nunca quisieron decir a la ciudadanía”.

Conmemoración y organización

Acerca de la celebración del Día Internacional de las y los Trabajadores, Bárbara Figueroa se manifestó a favor de la necesidad de organizar la indignación contra las medidas socioeconómicas de Kast: 

“El llamado es a participar en todas las expresiones a nivel nacional. En algunas regiones tiene expresión de marcha y acto. Hay otras donde se ha hecho otro tipo de conmemoraciones”, comentó.

Construir alianza

Por otro lado, la dirigenta compartió su mirada por la reunión que sostuvieron de forma separada las bancadas parlamentarias de oposición con el ministro Secretario General de la Presidencia, Garcia Ruminot, en torno al proyecto misceláneo de Reconstrucción Nacional.

“Cada bancada tiene el derecho a juntarse con el ejecutivo, a que haga sus planteamientos a los ministros y que a su vez tengamos un espacio de articulación conjunta”, expresó:

“Ojala que las diferentes miradas no nos lleven a buscar al enemigo interno entre nosotros ni entre las organizaciones del mundo social”, sumó la secretaria del PC a propósito del rol que juega la Central CUT en la contrapropuesta al gobierno actual.

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Uno de cada cinco trabajadores en Chile no tiene cobertura ante un accidente: ¿sabes si eres uno de ellos

  • En Chile, una persona que trabaja sufre un accidente cada dos minutos y medio. En el día en que se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, es importante que conozcas los derechos y coberturas que tu empleador debe garantizar.

Según el último informe de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), presentado en abril de 2025, el país registró 199.874 accidentes del trabajo y de trayecto. La mayoría de los trabajadores saben que su empresa debe afiliarlos a una mutualidad. Pero ahí suele terminar el conocimiento. Pocos saben si existe cobertura complementaria, cuál es el monto asegurado o si su nombre siquiera figura en la nómina correcta.

El mismo informe registró 287 fallecidos en accidentes laborales y de trayecto: 154 ocurridos en el lugar de trabajo y 133 durante el desplazamiento entre el hogar y el trabajo. Lo que muchos trabajadores y sus familias ignoran es que, frente a un accidente fatal o una invalidez permanente, la Ley 16.744 no agota la responsabilidad del empleador. Los tribunales chilenos han condenado a empresas al pago de entre $100 y $325 millones de pesos por daño moral en casos de accidentes laborales fatales. Esas condenas civiles van más allá de lo que cubre la mutual y recaen sobre el patrimonio de la empresa o sobre el vacío, cuando no existe un seguro que las respalde.

A eso se suma que el 22% de la fuerza laboral ocupada en Chile no está cubierta por el seguro social obligatorio de la Ley 16.744: más de dos millones de personas que trabajan, muchas en modalidad de honorarios o de manera informal, sin ningún respaldo institucional frente a un accidente. Y entre quienes sí están cubiertos, persisten brechas concretas que pocas familias han identificado hasta que las necesitan.

En un nuevo día internacional de la Seguridad y Salud en el trabajo Felipe Gimenez, especialista en Accidentes Personales y Protección Financiera de Viento Sur Corredores de Seguros, entrega consejos para los trabajadores y aclara: “No se trata de que los trabajadores desconfíen de su empresa. Se trata de que conozcan sus derechos y su cobertura real. Eso no es desconfianza: es información. Y la información es lo primero que protege”.

Las cinco preguntas que todo trabajador debería hacerse hoy

El seguro de accidentes laborales no es un trámite que le corresponde solo a la empresa. Es una cobertura que afecta directamente la vida del trabajador y la de su familia, y conocerla es un derecho. El problema es que la información pocas veces llega sola: nadie envía un resumen anual explicando qué cubre la póliza, cuánto vale y quién figura como beneficiario. Esa información existe, pero hay que pedirla.

A continuación, cinco preguntas concretas que cualquier trabajador puede hacer hoy mismo a su empleador o a su departamento de recursos humanos. No requieren conocimientos técnicos ni formación en seguros: solo la disposición de preguntar.

1. ¿Está afiliado a una mutualidad o al Instituto de Seguridad Laboral?

Si trabaja como dependiente, su empleador tiene la obligación legal de afiliarlo a una mutualidad o al ISL desde el primer día de contrato. Si trabaja a honorarios, la situación es distinta: la Ley 21.133 incorporó a los trabajadores a honorarios al sistema de manera gradual, pero su cobertura es anual y está condicionada a la Operación Renta. Si no sabe a cuál organismo está afiliado, consulte a su empleador o en RR.HH.

2. ¿Su empresa tiene un seguro de Accidentes Personales complementario?

Este seguro es voluntario y lo contrata la empresa como beneficio adicional. No todas las organizaciones lo tienen. A diferencia del seguro de la Ley 16.744, que opera en el contexto laboral, un seguro de Accidentes Personales complementario ofrece un capital predefinido en UF para el trabajador o su familia en caso de muerte o invalidez, independiente de la mutualidad y de lo que esté pasando en el proceso legal o administrativo.

3. ¿Cuál es el capital asegurado en esa póliza?

No basta con saber que existe un seguro: hay que saber el monto. Muchas pólizas tienen sumas aseguradas que no se han actualizado en años y que no guardan ninguna relación con el sueldo actual del trabajador ni con las necesidades reales de su grupo familiar. Una póliza con un capital de 200 UF contratada hace cinco años puede ser completamente insuficiente hoy.

4. ¿Está en la lista de asegurados?

En empresas con rotación, trabajo estacional o contrataciones frecuentes, es habitual que trabajadores nuevos o recontratados no estén incorporados en la nómina del seguro complementario. El contrato vigente no garantiza automáticamente la inclusión en la póliza. Confirmarlo con RR.HH. es un paso simple que puede evitar una sorpresa mayor.

5. ¿Qué exclusiones tiene la póliza?

Toda póliza tiene condiciones y exclusiones. Algunas no cubren ciertas condiciones de salud preexistentes, otras tienen límites de edad, restricciones por tipo de actividad o plazos estrictos para declarar un siniestro. Conocer esas exclusiones antes de que ocurra un accidente es tan importante como tener la póliza.

Seis pasos concretos para conocer y mejorar su protección

  • Consulte en RR.HH. a qué mutualidad o al ISL está afiliado. Si trabaja a honorarios, verifique si está registrado en el ISL.
  • Pregunte si la empresa tiene un seguro colectivo de Accidentes Personales complementario. No asuma que existe: pregúntelo directamente.
  • Si existe ese seguro, solicite el monto del capital asegurado y compárelo con sus gastos familiares reales.
  • Confirme que su nombre está en la nómina de asegurados, especialmente si ingresó recientemente o fue recontratado.
  • Anote quién es su beneficiario designado en la póliza. La aseguradora paga al beneficiario registrado, no necesariamente al familiar más cercano.
  • Si tiene dudas sobre su cobertura, consulte a un corredor de seguros independiente. Un corredor tiene obligación legal de asesorarle a usted, no de proteger a la aseguradora.

El informe de la SUSESO presentado en abril de 2025 también registró una reducción del 23% en fallecidos por accidentes del trabajo respecto al año anterior, alcanzando la tasa más baja en los últimos años: 2,1 fallecidos por cada 100.000 trabajadores protegidos. Son avances reales. Pero mientras el 22% de la fuerza laboral siga sin cobertura obligatoria, y mientras la mayoría de los trabajadores no conozca el contenido de su póliza, los números positivos contarán solo una parte de la historia.

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Influenza aviar y comercio exterior: claves para entender el impacto en la industria chilena

  • Académica UOH explica cómo los brotes sanitarios inciden en las exportaciones, los desafíos de control epidemiológico y la importancia de la bioseguridad para resguardar la competitividad del sector

La reciente detección de un brote de influenza aviar de alta patogenicidad en Chile ha puesto en evidencia la estrecha relación entre sanidad animal y comercio internacional, generando efectos inmediatos en mercados altamente exigentes. Así lo analiza la académica del Instituto de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales (ICA3) de la Universidad de O’Higgins (UOH), la Dra. Paula Toro Mujica, quien aborda las principales implicancias de este escenario para el sector avícola nacional.

De acuerdo con la especialista, la confirmación de un foco en aves de corral puede activar rápidamente restricciones comerciales por parte de países importadores, pues “la detección de un brote es extremadamente relevante para el comercio internacional, ya que se interpreta como una pérdida temporal del estatus sanitario libre del país o zona de origen”, explica. En ese contexto, Chile activó una autosuspensión de sus exportaciones avícolas tras la confirmación de un brote en la Región Metropolitana, en línea con los protocolos internacionales.

La Dra. Toro detalla que estas decisiones se sustentan en marcos regulatorios globales como el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que establecen criterios para resguardar la sanidad y el comercio seguro, incluyendo herramientas como la zonificación, la certificación veterinaria y la vigilancia epidemiológica.

En cuanto a los desafíos que enfrenta la industria, la investigadora sostiene que el principal objetivo es controlar rápidamente el brote, evitar su propagación y demostrar la ausencia de circulación viral.

“Esto implica una coordinación estrecha entre el sector público y privado, junto con medidas como el sacrificio sanitario, la limpieza y desinfección de los planteles afectados, la restricción de movimientos y una vigilancia activa”, señala la académica.

Desde el punto de vista productivo, la bioseguridad se posiciona como una herramienta fundamental para prevenir nuevos focos. En ese sentido, la especialista indica que las medidas deben centrarse en reducir tanto la entrada como la salida del virus en los planteles comerciales, ya que “es clave reforzar el aislamiento de las aves, controlar el ingreso de personas, vehículos e insumos, proteger las fuentes de agua y alimento, y mantener protocolos estrictos de limpieza y desinfección”, afirma. A ello se suma la capacitación del personal, el fortalecimiento de la infraestructura y la notificación oportuna de cualquier signo sospechoso ante el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

En este escenario, Paula Toro también enfatiza la relevancia de fortalecer la comunicación de riesgo hacia la ciudadanía y los actores productivos, ya que en estos casos “la gestión de este tipo de crisis no solo depende de las medidas sanitarias, sino también de la capacidad de informar adecuadamente, generar confianza y alinear a todos los actores en torno a una respuesta coordinada”.

Respecto a los impactos económicos, la académica advierte que la suspensión de importaciones por parte de China podría generar efectos inmediatos en los ingresos del sector, considerando la relevancia de este mercado para las exportaciones avícolas chilenas y la necesidad de una reorganización logística por parte de la industria ante este nuevo escenario.

Finalmente, destaca que este tipo de situaciones representa también un desafío estratégico para el país, dado que “más allá del impacto económico inmediato, estos episodios obligan a fortalecer la bioseguridad, la trazabilidad y la diversificación de mercados, con el objetivo de sostener la confianza internacional y asegurar la continuidad del comercio exterior”, concluye la Dra. Toro.

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Denuncian discriminación por identidad de género en Clínica Alemana La Dehesa

El hombre acudió de urgencia al recinto tras un accidente sufrido por su esposa. Sin embargo, la cajera desconoció tanto su identidad como el vínculo, pese a que el cónyuge había rectificado su partida de nacimiento y mostró su certificado de matrimonio como respaldo. 

Un inusual y grave episodio de discriminación sufrieron en la Clínica Alemana La Dehesa un hombre de 30 años y su esposa, luego de que la cajera del recinto se opusiera a reconocer la identidad de género del cónyuge, y con ello su matrimonio, aún cuando el afectado había rectificado su partida de nacimiento hace seis años y portaba su cédula.

“Al momento del check out de la atención de urgencia de mi esposa, me presenté para firmar el pagaré correspondiente en mi calidad de cónyuge. Tenía mi cédula de identidad vigente en mano. La funcionaria de caja ingresó mi RUT y al aparecer mis datos anteriores en el sistema, se negó a aceptar mi firma y mi cédula vigente como documentos válidos, tratándome con desconfianza y extrañeza”, señaló.

Más aún, y pese a ser la cédula de identidad un documento válido y que el esposo le mostró  desde su teléfono su certificado de matrimonio, “ambos documentos fueron ignorados por los funcionarios. La cajera me indicó que debía haber realizado previamente una solicitud de auditoría interna con la clínica para que evalúen la actualización de mis datos, y que sin ese trámite previo no podía ejercer el derecho a firmar”.

“Cabe destacar que en otras clínicas privadas donde hemos concurrido a urgencias, como Clínica Dávila, jamás se me ha exigido este tipo de trámite previo ni se ha cuestionado mi identidad. Este es el único caso en que he enfrentado esta situación”, añadió tras precisar que debido a la urgencia que atravesaba su esposa ella había salido de su casa sin su cédula.

“La clínica cometió un error y una falta gravísima, explicada solo por discriminación en razón de la identidad de genero, toda vez que el esposo portaba su cédula y mostró el certificado de matrimonio, generando un estrés innecesario y mayor en la paciente y su cónyuge.  Es deber de toda institución pública aceptar como válidos documentos legales y vigentes, así como actualizarlos, en vez de cuestionarlos y traspasar su ineficiencia y burocracias a los pacientes”, señaló el encargado del Área Trans del Movilh, Nicolás Morales

“Exigimos a la clínica Alemana que ofrezca disculpas públicas a la pareja afectada, que capacite a sus funcionarios en temas de diversidad sexual y de género y que modifique sus protocolos, pues a nadie debe negársele la atención o un trámite en el servicio de salud en razón de la identidad de género de las personas, menos cuando sus documentos oficiales están al día , vigentes y reconocidos”,  finalizó, tras señalar que la abogada del Movilh ya envió un reclamo formal al recinto.

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Banco Central mantiene la tasa en 4,5% y refuerza cautela ante incertidumbre internacional

En su Reunión de Política Monetaria, el Consejo del Banco Central de Chile acordó mantener la tasa de interés de política monetaria en 4,5%. La decisión fue adoptada por la unanimidad de sus miembros.

La evolución del panorama internacional continúa marcada por la incertidumbre en torno a la guerra en Medio Oriente. Si bien los contratos futuros del precio del petróleo siguen previendo un descenso, la prolongación del conflicto ha aumentado los riesgos de que los precios permanezcan elevados. De momento, los mayores efectos se concentran en la inflación efectiva y sus proyecciones —producto del alza del precio del petróleo y de otras materias primas—, lo que ha reforzado la cautela por parte de los bancos centrales. Por el lado de la actividad, el panorama no ofrece mayores cambios, aunque con diferencias entre regiones.

En este contexto, comparado con la Reunión anterior, los mercados financieros globales han mostrado un desempeño favorable. En parte, esto refleja una percepción de que la economía mundial se mantendrá resiliente. En la mayoría de las economías, incluido Chile, las bolsas muestran una recuperación y las monedas se han apreciado frente al dólar. En cuanto a las materias primas, el precio del petróleo se ha ubicado en niveles por sobre los previstos en el Informe de Política Monetaria (IPoM) de marzo. Por su lado, el precio del cobre aumentó, situándose en torno a los US$6 la libra.

En febrero, el Imacec no minero se contrajo 0,3% anual (-0,3% mensual en su serie desestacionalizada). Esta cifra se ubicó por debajo de lo coherente con la proyección del IPoM de marzo. La diferencia fue explicada principalmente por factores de oferta ligados a recursos naturales. En cuanto al gasto, indicadores de alta frecuencia del primer trimestre sugieren que el desempeño del consumo privado habría estado acorde con lo esperado, mientras que la formación bruta de capital fijo se habría desacelerado algo más que lo anticipado, en particular en su componente de maquinaria y equipo. En todo caso, el último catastro de la Corporación de Bienes de Capital reportó un significativo aumento en el monto de proyectos de inversión para el período 2026-2029. En el mercado laboral, la tasa de desocupación no mostró cambios y la creación de empleo se mantuvo acotada.

En marzo, la variación anual del IPC total fue de 2,8%. Este valor fue algo superior a lo previsto en el último IPoM, producto del mayor aumento de los precios volátiles distintos de la energía. De hecho, el incremento anual de la inflación subyacente —3,4% en marzo— se situó en línea con lo esperado. Las expectativas de inflación a dos años plazo de la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) se ubica en 3% y la de la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) en 3,2%.

El desarrollo de la guerra en Medio Oriente ha sido más adverso que el considerado en el escenario central del IPoM de marzo, elevando la probabilidad de resultados más negativos para la inflación y la actividad global. Por su parte, en lo interno, las proyecciones de inflación de corto plazo han aumentado. El Consejo estará particularmente atento a los factores que puedan incidir en una mayor transmisión y/o persistencia de la inflación.

El escenario macroeconómico sigue sujeto a un grado de incertidumbre mayor al habitual. Por ello, el Consejo estima que será necesaria la constante evaluación de los escenarios alternativos en que la respuesta de la economía mundial y local pueda configurar presiones inflacionarias distintas de las esperadas y requiera de cambios en la política monetaria. De este modo, la evolución futura de la TPM irá evaluándose Reunión a Reunión en función del desarrollo de los acontecimientos. El Consejo reafirma que tomará las decisiones necesarias para cumplir con su objetivo de que la inflación proyectada se ubique en 3% en un horizonte de dos años.

La Minuta de esta Reunión de Política Monetaria se publicará a las 8:30 horas del jueves 7 de mayo de 2026. La próxima Reunión de Política Monetaria se efectuará el martes 16 de junio de 2026. El Comunicado respectivo será publicado a partir de las 18 horas de ese día.

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CPLT detecta 50 entidades municipales sin página de transparencia y otras con fallas principalmente en publicación de escala de sueldos, contratos y presupuesto

50 organismos municipales del país operan sin siquiera una página web en que den cumplimiento a sus obligaciones legales de transparencia activa, según detectó el Consejo para la Transparencia (CPLT) en su más reciente fiscalización correspondiente al período 2025 a organismos vinculados a municipios. Específicamente se revisó el nivel de cumplimiento de 257 instituciones: corporaciones municipales (181), asociaciones de municipalidades y junta de alcaldes (58), fundaciones municipales (8) y entidades regionales (10).

Pero la opacidad no se limita a quienes no tienen página web. La fiscalización muestra un problema más profundo: incluso entre quienes sí publican, la información clave muchas veces no está disponible o está incompleta. El resultado global lo confirma: el cumplimiento promedio de las entidades que sí publican alcanza solo un 73,7% (se asigna un 100% cuando la entidad publica de forma completa y actualizada toda la información que mandata la Ley de Transparencia).

Si los resultados se clasifican por niveles de cumplimiento, 90 organismos se encuentran en un nivel “Bajo”, con un promedio de 53,7%; 89 en un nivel “Medio”, promediando éstos un 78,6%; y 78 está en un nivel “Alto”, alcanzando un índice de cumplimiento promedio de 91,5%.

Si el análisis de desagrega por materias, las principales infracciones se concentran en la publicación de la escala de remuneraciones, con menos de un 21% de cumplimiento, seguida por información sobre participación ciudadana, presupuesto y su ejecución, y adquisiciones y contrataciones.

En este contexto, la presidenta del CPLT, Natalia González, advirtió que “cuando no existe siquiera una página donde publicar información, lo que hay es opacidad total. Y cuando la información está incompleta o desactualizada, el efecto es el mismo: la ciudadanía no puede saber cómo se usan los recursos públicos”.

“Las principales brechas se concentran precisamente en lo más relevante para el control ciudadano: cuánto se paga, a quién se contrata y en qué se gastan los recursos. Es decir, información básica que permite seguir la ruta del dinero público”. Agregó que “estos espacios no pueden quedar fuera del escrutinio. La transparencia es una condición básica para prevenir riesgos y fortalecer la confianza pública”.

Finalmente, sostuvo que “por eso estamos impulsando una propuesta de modernización a la Ley de Transparencia, con el objeto de ampliar expresamente su alcance a todo el Estado, incluidas entidades que se forman bajo el alero del derecho privado, pero que cumplen una función administrativa con recursos públicos. Hoy este grupo de entidades han sido incorporadas al sistema de transparencia, a través de un esfuerzo jurisprudencial del Consejo y la Contraloría General de la República. Sin embargo, y a pesar de una serie de fallos en su contra por parte de los Tribunales de Justicia, todavía discuten ante estos su calidad de obligadas, generando una verdadera dilación en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia”.

Desde el CPLT recalcaron que el acceso a esta información no es opcional. Es un derecho establecido por ley, y cualquier persona puede exigirlo y reclamar cuando no se cumple. Ante infracciones, el CPLT puede sancionar con multas al jefe de servicio del órgano infractor y, en ciertos casos, a todos los demás funcionarios que comparten responsabilidad hacia abajo.

Revisa el documento: Reporte corporaciones municipales, asociaciones de municipalidades y otros organismos del ámbito local y regional

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