• Esta alza tendría repercusiones directas en capacidad de la infraestructura y presupuesto asociado. Además, señalan, que la evidencia revisada muestra que sanciones más severas o períodos más prolongados de privación de libertad no necesariamente disminuyen la reincidencia.
• Académicos(as) y especialistas proponen concentrar las intervenciones más intensivas en el grupo de adolescentes que acumula los delitos de mayor gravedad y reiteración, no en la población en general, junto con fortalecer la prevención, reinserción y persecución del reclutamiento por organizaciones delictivas.

Santiago, 12 de agosto de 2026.- Un aumento de 206% en los casos sancionados con régimen cerrado es solo uno de los impactos que proyecta el documento Hacia una justicia juvenil eficaz: impacto de la agenda legislativa reciente y alternativas de acción, elaborado por la Defensoría de la Niñez en un análisis que contó con la participación académicas, académicos y especialistas sobre las modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que actualmente se discuten en el Congreso Nacional.

El análisis, de carácter exploratorio, concluye que una de las propuestas, donde se modifican las reglas de determinación de la pena, es la que tendría el mayor impacto, ya que implica que más de mil casos sancionados en un año bajo modalidades diferentes a régimen cerrado, puedan ser ingresados a privación de libertad total. Esto significa que, tratándose de los delitos señalados en el proyecto de ley, los casos podrían pasar, en régimen cerrado, de los 143 actuales, a 1.189, impactando en los ingresos generales que ya recibe este tipo de sanción.

Otra de las modificaciones estudiadas y que dice relación con la restricción del uso de la medida de Libertad Asistida Especial para sanciones de tres años o más, podría significar por si sola un aumento de 61% en las sanciones privativas de libertad. El análisis advierte que este mayor uso de la privación de libertad debe ser evaluado no solo por su impacto presupuestario y sobre la capacidad de los centros, sino principalmente por su efectividad para disminuir la comisión de nuevos delitos.

Junto a ello, el análisis advierte de otras medidas que tendrían como impacto principal el aumento de la duración de las sanciones y un mayor uso de la internación provisoria, que, junto con lo anterior, aumentaría el gasto que finalmente ejecutaría el Estado en privación de libertad, sin evidencia suficiente de su efectividad frente a otras alternativas.

Penas más severas no garantizan menor reincidencia

La revisión realizada por la Defensoría de la Niñez en conjunto con las y los especialistas concluye que una mayor severidad de las sanciones o períodos más prolongados de privación de libertad no muestran, por sí solos, mejores resultados en reducción de la reincidencia. La evidencia recopilada destaca que la calidad y pertinencia de la intervención son factores fundamentales para favorecer procesos de desistimiento delictivo.

Los antecedentes nacionales incluidos en el documento muestran diferencias relevantes según el tipo de sanción. Para el periodo 2020, la reincidencia a 12 meses alcanzó un 53% entre quienes estuvieron en régimen cerrado y un 48% en semicerrado, frente a un 27% en Libertad Asistida Especial. Además, esta última modalidad registra una mayor proporción de egresos satisfactorios respecto de las sanciones privativas de libertad. 

Delitos se concentran en un grupo reducido

El documento advierte también que los delitos cometidos por adolescentes no son un fenómeno homogéneo. De acuerdo con el Informe sobre Responsabilidad Penal Adolescente del Ministerio Público para el período 2015-2025, más del 70% de los sujetos analizados no presenta reincidencia, mientras que la delincuencia reiterada no constituye la trayectoria predominante.

Para los 24 expertos y expertas, esta concentración exige diferenciar las respuestas del Estado y desarrollar intervenciones intensivas para los casos de mayor gravedad, reiteración y complejidad.

El análisis reconoce, asimismo, cambios en la composición de la delincuencia adolescente que requieren especial atención. Mientras durante los últimos años han disminuido proporcionalmente robos y hurtos, se observa un aumento relativo de lesiones (principalmente leves), delitos sexuales (influenciados por aquellos del entorno digital) y delitos asociados a drogas, además de una creciente preocupación por hechos relacionados con armas y crimen organizado.

 Una respuesta más focalizada para los casos más graves

Frente a este escenario, el documento no propone disminuir la respuesta del Estado frente a los delitos graves, sino que focalizarla con mayor intensidad donde existe mayor riesgo de reiteración. Entre las recomendaciones se encuentra fortalecer la investigación y persecución penal de los casos de mayor severidad, incluyendo estrategias de disuasión focalizada, patrullaje estratégico y seguimiento personalizado. También plantea desarrollar en el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil una respuesta especializada para adolescentes de alta complejidad, con equipos de seguimiento y gestión de casos a nivel nacional y regional.

En materia de crimen organizado, se propone fortalecer la investigación de delitos asociados a microtráfico y armas y tipificar específicamente el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para la comisión de delitos, fenómeno generalmente vinculado a bandas integradas por personas adultas.

“Una política de seguridad no se mide solo por cuánto aumenta una pena, sino por su capacidad para evitar nuevos delitos. La evidencia muestra que un grupo reducido concentra una parte importante de los hechos, por lo que la respuesta debe ser firme, focalizada y especializada. Resulta muy peligroso aumentar la privación de libertad y no tener una respuesta programática adecuada para la reinserción, resulta de hecho irresponsable como política pública, y solo traslada el problema al futuro, cuando vuelva a la sociedad como adulto”, señaló el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille 

Prevenir antes de que las trayectorias delictivas se consoliden

Junto con las medidas dirigidas a los casos de mayor gravedad, los especialistas proponen reforzar la prevención temprana. Entre las recomendaciones se encuentran fortalecer los sistemas de seguimiento y alerta frente a comportamiento delictivo temprano, exclusión educativa, problemas de salud mental y consumo de drogas; mejorar la coordinación entre los sistemas de protección y justicia juvenil; ampliar la cobertura del Sistema Lazos; desarrollar alternativas de reingreso educativo y fortalecer la intervención en medio libre y los mecanismos de justicia restaurativa.

El documento sostiene que la modernización de la justicia juvenil debe orientarse a interrumpir las trayectorias delictivas, promover la reinserción social y utilizar la privación de libertad como una medida excepcional, manteniendo el carácter especializado que diferencia el sistema adolescente del sistema penal adulto.

Este informe fue elaborado por el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez y contó con la colaboración y revisión de académicas(os) y especialistas en justicia juvenil.

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