El Presidente de la República, hizo seis anuncios en materia de seguridad este jueves, entre el que se destaca la convocatoria al Consejo de Seguridad Nacional de Chile, (Cosena), en el marco de la tramitación de la Ley de Infraestructura Crítica.
Otro de los anuncios fue la potenciación de la persecución penal en la Región Metropolitana, en un trabajo conjunto con Carabineros, la PDI, el fiscal, Héctor Barros y la delegación presidencial. Respecto a esta temática el subsecretario del Interior Manuel Monsalve declaró: ” Hemos llevado adelante un trabajo de inteligencia para identificar de manera precisa cuáles son las organizaciones que están detrás de los delitos violentos. Nuestro objetivo es desarticularlas y para eso le hemos pedido a la Policía de Investigaciones la conformación de un equipo especial. Son 68 funcionarios que van a acompañar la labor del fiscal Barros en la Región Metropolitana en materia de investigación policial. También hemos acordado con la Policía de Investigaciones el equipamiento y la tecnología que se requieren para que llevar a cabo técnicas especiales de investigación”.
El segundo anuncio, es sobre el aumento de los controles policiales, con 550 funcionarios de Carabineros, que se implementaran en 50 puntos de control en la Región Metropolitana, en lugares estratégicos donde se han cometido delitos violentos, estos controles serán de mañana y tarde. Además, el subsecretario manifestó que para Marzo, esperan aumentar de 50 puntos a 100 en la RM.
En tercer lugar, vino el control de armas. Sobre la cual Monsalve señaló: “Vamos a focalizar de manera radical la fiscalización de armas en la Región Metropolitana, tanto de armas inscritas regularmente vinculada a los lugares donde se cometen los delitos violentos, como la implementación de un programa que permita investigar las denuncias por el uso ilegal de armas de fuego”.
El cuarto anuncio, fue la convocatoria al Cosena. “Es un espacio asesor y el Presidente lo va a convocar en el marco de las facultades que establece la Constitución para pedir opinión”, puntualizó el subsecretario.
El quinto anuncio es la tramitación de una nueva Ley de Infraestructura Crítica, para complejizar la labor de las policías. Que se espera se comience a legislar en marzo, tras el receso legislativo.
El ministro Elizalde, por su parte manifestó: “El proyecto de Ley de Infraestructura Crítica es un marco regulatorio, de rango legal. Ahora, las decisiones operativas que se adopten en el marco de lo que establece la ley es algo que en su momento se anunciará y evaluará, pero hoy día estamos en la etapa precisamente del diálogo legislativo con el objeto de sacar adelante esta ley, que nos parece que es importante y que forma parte de las prioridades legislativas de seguridad que se han anunciado por el Gobierno”.
Asimismo, Elizalde dijo que, le habían pedido al Congreso Nacional nombrar representantes para avanzar durante el receso legislativo, para avanzar rápidamente con su tramitación.
Consultada por la decisión del presidente Gabriel Boric, de llamar al Consejo de Seguridad Nacional de Chile, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa señaló: “Creo que es absolutamente prudente la convocatoria que ha hecho el ejecutivo, sobre todo en este tiempo”.
El último anuncio fue la convocatoria a un gabinete en materia de seguridad, como un espacio en que las instituciones del Estado, buscaran responder las demandas de seguridad que mantiene la ciudadanía.
Por Dra. Elsa Cabrera
Directora carrera de Medicina U. Central
Cada 4 febrero es el día mundial del cáncer y esta palabra se hace presente en nuestras vidas con preocupación y miedo. Según lo reportado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta enfermedad es la principal causa de muerte en el mundo. En 2020 se le atribuyó aproximadamente 10 millones de defunciones y la carga de enfermedad producida por cáncer continúa creciendo a nivel mundial. Esto ejerce una enorme presión física, emocional y financiera en las personas, familias, comunidades y en los sistemas de salud.
En Chile, la incidencia y mortalidad por cáncer continúan creciendo, por primera vez el año 2019, de acuerdo a lo indicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), se transformó en la primera causa de muerte en nuestro país.
En la actualidad, el número de muertes por cáncer sigue aumentando debido, entre otros factores, al envejecimiento de la población. Sin embargo, frente a este escenario preocupante, también es importante destacar que en las últimas décadas se han desarrollado terapias que dan cuenta de un cambio en las posibilidades de curación y en los tiempos de supervivencia de muchos tipos de cáncer. Hay que resaltar que cada paso alcanzado y acumulado ha llevado a cambiar de manera notable el pronóstico y la calidad de vida de muchos pacientes con cáncer.
Si se analizan todos los tumores malignos, a principios de los años 80, la sobrevida a cinco años del diagnóstico apenas superaba el 45%, mientras que hoy se aproxima al 65%, son muchos los pacientes que se han beneficiado de este tremendo desarrollo que viene de la mano, entre otros, del crecimiento en la medicina de precisión.
Es importante recalcar también que entre el 30 y el 50% de todos los casos de cáncer se pueden prevenir. Cerca de un tercio de las muertes por cáncer se deben a los cinco principales factores de riesgo de estilos de vida y dietéticos: consumo de tabaco y alcohol, índice de masa corporal elevado, ingesta reducida de frutas y verduras y falta de actividad física. Según datos publicados por la OMS, cerca 1/3 de las muertes por cáncer son debidas al tabaco, las infecciones(Helicobacter pylori, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, papilomavirus, virus Epstein-Barr, por mencionar algunos), el alcohol, el sedentarismo y las dietas inadecuadas. Por otro lado, también es necesario destacar que hasta 20% de los cánceres se deben a agregación familiar y 5-10% por portación de genes heredables de riesgo de cáncer. A través de la asesoría genética se puede evaluar si tiene un riesgo de gen heredable de cáncer y orientar en el examen necesario.
Comprometámonos a fortalecer acciones destinadas a mejorar la atención de calidad, incluida la prevención, screening, diagnóstico precoz, tratamiento y los cuidados paliativos.
El calor extremo puede representar riesgos para la salud y la seguridad, por lo que es esencial estar bien informado y preparado.
Con las advertencias sobre la inminente ola de calor que se espera esta semana en gran parte de la zona centro sur de nuestro país, donde se pronostican niveles extremos de temperatura, es imperativo considerar ciertas recomendaciones para hacer frente a las condiciones climáticas.
En este contexto, Juan Pablo Espejo, nutricionista y jefe de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad de O’Higgins[SDGC1] (UOH), destaca la importancia de tomar precauciones frente a las altas temperaturas, expresadas a través de consejos prácticos para enfrentar episodios prolongados de calor extremo.
“Es crucial evitar consumir comidas abundantes y pesadas, dado que el proceso digestivo genera calor. Este fenómeno explica en parte por qué, como respuesta adaptativa, en el verano nuestro cuerpo tiende a reducir el apetito, priorizando el control de la temperatura corporal al disminuir la producción de calor derivada de la digestión”, señala Espejo.
En relación con la prevención de golpes de calor, Espejo subraya la importancia de la hidratación adecuada: “Beber agua de manera constante es clave para resistir el calor. Esté atento a las señales de sed y asegúrese de llevar siempre consigo una botella de agua para mantenerse hidratado a lo largo del día. Es relevante evitar consumir sustancias diuréticas, ya que pueden contribuir a que nos deshidratemos al aumentar la producción de orina. Por lo tanto, estos días deberíamos evitar el café, bebidas alcohólicas y las bebidas energéticas, ya que tienen cantidades elevadas de cafeína”.
A pesar de la recomendación general de consumir dos litros de agua diarios, es fundamental destacar que las necesidades de hidratación varían según factores como el género, niveles de actividad física, condiciones médicas, tamaño corporal y edad.
Espejo también enfatiza el aumento en el consumo de frutas y verduras, ya que “a diferencia de los alimentos procesados, estas contienen cantidades significativas de agua. Frutas como los frutos rojos, melón, y verduras como pepino, tomate, apio y pimentón son excelentes opciones. Además, al no requerir cocción, contribuyen a reducir la generación de calor en el hogar”.
Estas recomendaciones son esenciales para enfrentar de manera inteligente y saludable las condiciones extremas de la ola de calor, asegurando la protección y el bienestar de toda la comunidad.
No te pierdas este episodio de la Cartelera Cultural donde repasamos algunos de los mejores panoramas gratuitos del verano.
Comenzamos con la iniciativa Trenes Culturales del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que se desarrolla este verano en coordinación con los municipios de Santiago, Constitución, San Fernando, Curicó, Lautaro y Rancagua. Se trata además de un espacio sumamente significativo ya que combina 140 años de historia ferroviaria en nuestro país con la diversidad cultural y artística que nos caracteriza.
Por otra parte, destacamos la tradicional Feria del Libro Usado de la Universidad Mayor, uno de los eventos culturales que da vida al centro de Santiago durante cada verano. Este año la feria contará con 39 stands y diversas actividades paralelas, como lecturas dramatizadas, muestras infantiles, música u homenajes a autores nacionales o extranjeros.
Y cerramos con Parque Mapocho Río, proyecto actualmente en construcción pero que ya cuenta con su primer tramo habilitado, con 8,2 hectáreas de superficie. En sus instalaciones encontrarás una ciclovía, juegos infantiles, zona de picnic, una plaza parkour, otra para perros, miradores, juegos de agua, bicicleteros, dos multicanchas y mesas de ping pong, entre varios otros espacios.
Pase, escuche y entérese, acá en Radio Nuevo Mundo en un nuevo episodio de la Cartelera Cultural.
En la tarde del martes, el diputado Luis Cuello en conjunto con el Sindicato de Salvavidas de la Quinta Región, presentó el proyecto de ley que regula el trabajo de Salvavidas en playas, ríos, lagos, embalses y piscinas incorporándose al Código del Trabajo.
El proyecto, que crea un nuevo capítulo en el Código del Trabajo titulado “Del Contrato de Trabajadores y Trabajadoras Salvavidas en Playas de Mar, Ríos, Lagos, Embalses y Piscinas”, fue fundamentado desde la gran extensión de la costa chilena y sus numerosos ríos y lagos, hasta la seguridad de estos trabajadores y los bañistas con el fin de potenciar el turismo y alcanzar estándares de la OCDE, estableciendo además, derechos laborales como, por ejemplo, una duración de contrato mínimo de 3 meses, terminando con el sistema de contratos por un mes, con el fin de mejorar la inestabilidad laboral en este sector.
Respecto a la justificación de la ley, el diputado Luis Cuello comentó: “Hemos vivido lamentablemente un incremento de los accidentes en las playas de nuestra región de Valparaíso y eso tiene que ver, como claramente nos han expresado los dirigentes del sindicato, con la precariedad de las condiciones laborales y sanitarias”. A lo anterior y con respecto a la ampliación de la duración de los contratos el diputado Cuello expresó: “la estabilidad se debe traducir en una duración mínima del contrato, hoy día hemos conversado con los dirigentes que han expresado por ejemplo que se les contrata durante el verano por un mes; del 15 de diciembre al 15 de enero y eso, naturalmente, los pone en una situación de angustia, de inestabilidad”.
Por su parte, el presidente del Sindicato de Salvavidas de la Quinta Región, Esteban Araya, valorando el proyecto, señaló que es “indispensable la regulación” de sus “condiciones mínimas laborales, los implementos de seguridad y de rescate” debido a que además ellos prestan, indirectamente, servicios turísticos: “La gente nos pregunta dónde pueden ir a hospedarse, dónde ir a almorzar, dónde puedo alojar de mejor manera y, además, somos el primer punto de rescate a nivel nacional en el borde costero en las temporadas estivales”.
El diputado por la región de Iquique, Matías Ramírez, enfatizó: “En la región que me toca a mí representar, el periodo estival dura todo el año. Son 12 meses donde tenemos verano. Y eso genera una dificultad cuando tenemos precarización en el empleo”. “Tenemos salvavidas que se les tiene que renovar mes a mes y no pueden tener vacaciones, no pueden postular ni siquiera a beneficios, eso genera detrimento en quienes, en definitiva, nosotros ponemos nuestra confianza cada vez que vamos a la playa, en salvar las vidas de quienes vamos a la playa”, puntualizó.
Al mismo tiempo, la diputada por la región de Coquimbo, Carolina Tello, agradeció la invitación a sumarse al proyecto y especificó que “la región de Coquimbo tiene la necesidad de tener una regulación permanente y estable respecto a las condiciones laborales de los salvavidas” debido a que “al ser una región altamente turística, el periodo estival comienza antes y termina después de la duración del contrato de trabajo que acá nos han expresado los dirigentes”
Finalmente, el diputado Tomás Lagomarsino, mencionando que este proyecto es un “aporte significativo” y que “avanza en la dirección correcta”, recalcó que la tarea de los salvavidas está “pobremente regulada, tercerizada, abandonada”, remarcando que no puede ser que “el país con más kilómetros de borde costero en relación con el territorio” tenga “una regulación tan pobre en esta materia”.
(Colaboración de agencia Xinhua y spanish.news.cn). En abril de 2009, durante la V Cumbre de las Américas, el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, entregó a su homólogo estadounidense, Barack Obama, un libro titulado “Las venas abiertas de América Latina”, en el que su autor, Eduardo Galeano, afirma que “el subdesarrollo de América Latina proviene del desarrollo ajeno y continúa alimentándolo”.
Tras más de 300 años de dominio colonial europeo, América Latina, una tierra rica y fértil, había visto el amanecer de la independencia nacional a principios del siglo XIX, antes de convertirse en un manjar en boca de su vecino, Estados Unidos.
En diciembre de 1823, el quinto presidente estadounidense, James Monroe, pronunció un discurso ante el Congreso proclamando una “América para los americanos”. Desde entonces, EE. UU. ha abrazado la Doctrina Monroe para practicar el hegemonismo y el intervencionismo, lanzando invasiones, dando golpes de Estado, imponiendo sanciones y realizando infiltraciones e injerencias contra América Latina una y otra vez.
Hoy en día, la hoja hegemónica de la Doctrina Monroe sigue punzando profundamente en “las venas” de los pueblos latinoamericanos, causando graves daños a la seguridad política, al desarrollo económico, a la estabilidad social y a la vida cotidiana de la región.
(191205) — CIUDAD DE PANAMA, 5 diciembre, 2019 (Xinhua) — Un visitante observa obras de la exposición “Una Invasión en 4 Tiempos” en el Museo de Arte Contemporáneo, en la Ciudad de Panamá, Panamá, el 5 de diciembre de 2019. La exposición, realizada colectivamente por distintos artistas panameños, ofrece al visitante sobre la invasión militar de Estados Unidos a Panamá el 20 de diciembre de 1989. (Xinhua/Mauricio Valenzuela) (mv) (mm) (da)
Invasiones
La madrugada del 20 de diciembre de 1989, en Ciudad de Panamá, una violenta explosión puso nerviosa a Trinidad Ayola. Se preocupó por la seguridad de su marido, quien estaba asignado a la defensa del Aeropuerto de Paitilla ubicado en la capital panameña.
Sus peores miedos se hicieron realidad. “Cuando lo fueron a identificar, yo no pude, no tuve fortaleza para identificar, toda la espalda estaba llena de huecos”, dijo.
Ese día, EE. UU. lanzó una operación militar denominada “Causa Justa” para invadir Panamá y derrocar al Gobierno de Manuel Noriega. Durante la invasión, un gran número de casas y edificios fueron destruidos, y aunque el Pentágono cifró en 500 el número de fallecimientos de soldados y civiles panameños, la cifra real de muertos y heridos sigue siendo un misterio.
Como presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de los Caídos el 20 de diciembre, Ayola ha trabajado durante años para sacar a la luz la verdad sobre esta invasión. A su juicio, lo ocurrido dejó un trauma aún no superado por muchos panameños.
“La Causa Justa eran ellos detrás de sus intereses, para nosotros, no. Fue una gran injusticia lo que vivimos”, apuntó.
El mejor largometraje documental ganador de los Óscar de 1992, “El engaño de Panamá”, reveló las razones por las que EE. UU. lanzó esta invasión: dejar que el Ejército estadounidense permaneciera desplegado a largo plazo, instalar un nuevo Gobierno que defendiera los intereses de EE. UU., salvaguardar los intereses de los consorcios estadounidenses, y ocupar de forma permanente el Canal de Panamá.
Durante los últimos 200 años, EE. UU. ha consolidado su posición hegemónica en América Latina mediante invasiones militares directas o intervenciones indirectas para lograr una serie de objetivos, como anexionarse territorios, derrocar a Gobiernos y obtener derechos de uso de los canales. Por ejemplo, lanzó la guerra entre Estados Unidos y México, en la que México perdió alrededor del 55 por ciento de su territorio; ocupó militarmente Haití y saqueó su riqueza nacional; invadió Granada y derrocó al Gobierno; envió buques de guerra para “supervisar” las elecciones de la República Dominicana, etc.
Según un estudio de la Universidad de Tufts, EE. UU. ha lanzado casi 400 intervenciones militares en todo el mundo desde su independencia en 1776 hasta 2019, el 34 por ciento de las cuales se dirigieron contra países de América Latina y el Caribe.
“Desde sus inicios, la Doctrina Monroe se basó en la idea de que Estados Unidos tendría la excepcionalidad de ser el pueblo elegido para dirigir a los demás, aunque ello supusiera intervenciones militares, golpes de Estado y colonialismo”, comentó Lucas Leite, profesor asociado de Relaciones Internacionales en la FAAP, una reconocida institución académica de Brasil.
Por su parte, Euclides Tapia, profesor de relaciones internacionales de la Universidad de Panamá, opinó que la esencia de la Doctrina Monroe es lograr el control de EE. UU. sobre todo el continente americano y colocarlo dentro de su esfera de influencia.
“Lo que se llama los coronarios de la Doctrina Monroe, significan los instantes, los momentos, las circunstancias en que ella muta para adaptarse a las circunstancias del momento, pero es la misma su esencia a través de la historia”, apuntó.
(220325) — CIUDAD DE PANAMA, 25 marzo, 2022 (Xinhua) — Un residente descansa frente a un mural alusivo a la invasión de Estados Unidos a Panamá de 1989 en el barrio de El Chorrillo, uno de los principales puntos destruidos durante la invasión, en la Ciudad de Panamá, capital de Panamá, el 25 de marzo de 2022. (Xinhua/Mauricio Valenzuela) (mv) (jg) (ra) (vf)
Golpes
La mañana del 11 de septiembre de 1973, Radio Magallanes transmitió a la audiencia la voz tranquila pero potente del entonces presidente chileno, Salvador Allende: “¡Yo no voy a renunciar! Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo”.
Rodeado de tanques y bombardeado por aviones de combate, Allende dirigió a la guardia presidencial en una lucha desesperada contra las fuerzas golpistas, muriendo finalmente durante el cumplimiento de su deber.
Ese día, una comisión de la junta militar encabezada por el comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet, ordenó a Allende que dimitiera de inmediato y entregara el poder a los militares. En los últimos momentos de su vida, Allende reveló al público, a través de la radio, que este golpe había sido iniciado por la connivencia del capital extranjero, el imperialismo y las fuerzas reaccionarias.
Este golpe de Estado, coincidieron varios medios de comunicación internacionales, fue uno de los episodios más oscuros de la historia chilena. Según el diario británico The Guardian, “las manos de EE. UU. están manchadas con la sangre de los chilenos”, ya que el país norteamericano instigó a este golpe para evitar el surgimiento de una “segunda Cuba” en América Latina.
De acuerdo con el diario estadounidense The New York Times, el entonces Gobierno estadounidense había destinado 815.000 dólares para crear divisiones dentro del Gobierno de Allende, y, entre 1970 y 1973, la Agencia Central de Inteligencia gastó más de ocho millones de dólares en Chile, la mayor parte de los cuales se utilizaron para financiar huelgas y manifestaciones organizadas por grupos de oposición de derechas.
Durante los últimos 200 años, EE. UU. ha manipulado con frecuencia golpes de Estado en países latinoamericanos y ha perseguido a líderes de partidos políticos de izquierda latinoamericanos. Según un estudio de la Universidad de Harvard, entre 1898 y 1994, en menos de 100 años, el Gobierno estadounidense planeó y llevó a cabo al menos 41 golpes de Estado en América Latina, lo que equivale a uno cada 28 meses.
En los últimos años, la Doctrina Monroe ha recurrido a los golpes judiciales de manera más secreta. Con la connivencia entre los servicios judiciales y de inteligencia de EE. UU. y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el entonces candidato presidencial más popular, fue incriminado y encarcelado en la Operación “Lava Jato” y perdió la habilitación para participar en las elecciones presidenciales.
Mientras tanto, líderes de izquierda de Argentina, Bolivia, Ecuador y otros países, también han enfrentado repetidamente las amenazas de golpes judiciales y se han convertido en víctimas de los mismos.
Según la revista estadounidense Foreign Policy, EE. UU. ha apoyado repetidamente golpes de Estado en países latinoamericanos, sofocando la democracia y provocando innumerables actos de violencia y corrupción. Citando al congresista estadounidense Greg Casar, “la política exterior de Estados Unidos ha contribuido, con demasiada frecuencia, a la inestabilidad en América Latina”.
En opinión de Leite, a pesar de que han pasado 200 años desde el nacimiento de la Doctrina Monroe, la intervención estadounidense en América Latina nunca ha cesado. “Los estadounidenses han intervenido, y siguen haciéndolo, en los procesos electorales y políticos de varios países latinoamericanos, desde la financiación de grupos hasta la presión directa a los Gobiernos”, afirmó.
De acuerdo con Pável Alemán Benítez, investigador del Centro de Investigaciones de Política Internacional de Cuba (CIPI), mediante la Doctrina Monroe, EE. UU. trata de generar inestabilidad política en América Latina y sustituir a corto plazo a gobernantes que cuestionen la relación de subordinación que ha impuesto el país norteamericano a América Latina y el Caribe.
(110911) — SANTIAGO, septiembre 11, 2011 (Xinhua) — Familiares y amigos de v¨ªctimas de la dictadura militar de Augusto Pinochet, encienden velas frente al Estadio Nacional, durante la conmemoraci¨®n de los 38 a?os del golpe de Estado contra Salvador Allende, en la ciudad de Santiago, capital de Chile, el 11 de septiembre de 2011. (Xinhua/Victor Rojas) (ce)
Sanciones
El 14 de febrero de 2019, en un edificio residencial de la populosa parroquia El Valle, ubicada en el sureste de Caracas, capital de Venezuela, el taxista Ramón de la Hoz estaba preparando el almuerzo con su esposa. La comida era muy sencilla: caldo, arroz y jugo de naranja.
Debido a las sanciones de EE. UU., Venezuela se enfrenta a una difícil situación de falta de atención médica y medicamentos. Esto ha inquietado a De la Hoz, que padece diabetes y tiene que inyectarse insulina todos los días.
“El tema de salud es tremendo” y la situación ha hecho que “nos cueste mucho conseguir las medicinas”, señaló De la Hoz.
En cuanto a la supuesta “ayuda humanitaria” que EE. UU. presta a la oposición venezolana cuando, al mismo tiempo, impone sanciones al país latinoamericano, De la Hoz dijo que a la hegemonía del país norteamericano no le preocupa el humanitarismo, sino inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela usándolo como pretexto.
Durante los últimos 200 años, EE. UU. ha adoptando una serie de políticas unilateralistas hacia los países latinoamericanos, tales como sanciones económicas, embargos comerciales y tecnológicos, congelación de activos, cancelación de visas, restricciones de entrada y confiscación de bienes contra funcionarios y empresarios latinoamericanos desobedientes.
Los embargos y las sanciones a largo plazo impuestos por EE. UU. no solo han asestado un duro golpe a los sistemas económicos de los países latinoamericanos, sino que también han desencadenado una grave crisis humanitaria. Cuba, Venezuela y algunos otros países son los más afectados.
Desde 1962, EE. UU. ha impuesto un embargo económico, comercial y financiero contra Cuba. Los bloqueos han abarcado casi todos los aspectos, desde el combustible, los alimentos y las medicinas, hasta otros artículos de necesidad diaria, provocando que Cuba se enfrente a una grave escasez de bienes a largo plazo.
A pesar de que la Asamblea General de la ONU ha adoptado durante 31 años consecutivos resoluciones que piden a EE. UU. el fin de su embargo contra Cuba, la potencia norteamericana no ha cedido.
Según estadísticas oficiales de Cuba, desde 1962, el embargo estadounidense le ha ocasionado pérdidas acumuladas de más de 154.200 millones de dólares, o unos 1,4 billones de dólares si se tiene en cuenta la depreciación del dólar estadounidense frente al precio del oro en el mercado internacional.
En caso de Venezuela, EE. UU. ha impuesto sanciones a la nación latinoamericana desde 2006 y, en los últimos años, no ha cesado de redoblar sus esfuerzos para ejercer una presión extrema sobre ella, incluida la prohibición de importar crudo venezolano y la congelación de sus activos en el país norteamericano.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, reveló que su país dejó de percibir 232.000 millones de dólares de divisas y hubo un daño económico al Producto Interno Bruto (PIB) por encima de 630.000 millones de dólares debido a las sanciones estadounidenses.
Para el excanciller boliviano Fernando Huanacuni, dicha estrategia solo ha tenido “consecuencias catastróficas” para la región, en lo que ha constituido “una historia negra del neocolonialismo”.
Señaló que América Latina se ha dado cuenta de que los “200 años de aplicación de la Doctrina Monroe en América Latina no han traído ningún beneficio” y exhortó a que no se “repita nunca más la imposición imperial de EE. UU. y de Occidente, porque la historia, las consecuencias de la historia, nos muestran que ese no es el camino”.
(210624) — LA HABANA, 24 junio, 2021 (Xinhua) — Un hombre camina frente a un cartel por una calle del municipio Plaza de la Revolución, en La Habana, capital de Cuba, el 24 de junio de 2021. Los cubanos celebraron el jueves el rechazo casi unánime de la Asamblea General de Naciones Unidas al bloqueo que desde 1962 mantiene Estados Unidos contra el país caribeño. (Xinhua/Joaquín Hernández) (jh) (ah) (da) (vf)
Infiltraciones
La tarde del 4 de febrero de 2020, cuando el entonces presidente de EE. UU., Donald Trump, pronunció el discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso, presentó a un invitado especial a los congresistas.
“Esta noche está aquí un hombre muy valiente que lleva consigo las esperanzas, los sueños y las aspiraciones de todos los venezolanos. Nos acompaña en la Galería el verdadero y legítimo presidente de Venezuela, Juan Guaidó”, dijo Trump.
Ya en 2005, Guaidó, como “líder estudiantil” venezolano, recibió capacitación sobre “insurrección” financiada por el Fondo Nacional para la Democracia de EE. UU. Después del entrenamiento, Guaidó regresó a su país para promover ideas de extrema derecha con el fin de influir en los jóvenes, y planeó una serie de actividades políticas callejeras violentas.
Después de que Maduro ganara con éxito la reelección en los comicios venezolanos de 2018, el Gobierno estadounidense comenzó a apoyar a Guaidó, entonces presidente del Congreso venezolano y autoproclamado “presidente interino”, en un intento por derrocar al Gobierno de Maduro.
Bajo la coerción de EE. UU., más de 50 países y la Unión Europea reconocieron sucesivamente el llamado “estatus presidencial legítimo” de Guaidó.
A juicio de Jesús Marcano, analista político venezolano, la existencia del “presidente interino” Guaidó se sostenía “por la voluntad y financiamiento estadounidense, y era la Casa Blanca quien decidía, de acuerdo a sus intereses, hasta cuándo se sostenía la farsa”.
Mediante exportar productos culturales, vender la “democracia estadounidense” y difundir información falsa, EE. UU. ha instrumentalizado la ideología y manipulado las percepciones de los pueblos latinoamericanos, allanando así el camino para interferir en los asuntos internos de los países latinoamericanos e incluso incitar a “revoluciones de color”.
Abundan los ejemplos: producir obras cinematográficas y musicales para propaganda anticomunista, instigar la “revolución del hip-hop” para intentar derrocar al Gobierno en Cuba, establecer redes sociales para difundir información falsa e ideas de extrema derecha, difundir rumores que sacuden el apoyo público del Gobierno de Arbenz de Guatemala y del Gobierno de Allende de Chile, entre otros.
Las agencias de inteligencia estadounidenses también han establecido un gran número de organizaciones para realizar infiltración cultural e ideológica en América Latina e incluso en el mundo, incluidas la Agencia para el Desarrollo Internacional y la Fundación para la Democracia, convirtiéndolas en “intermediarios” para exportar ideología y “guantes blancos” para encubrir las maldades del Gobierno estadounidense.
A ojos del historiador venezolano Amílcar Figueroa, la intervención de EE. UU. en los países latinoamericanos no se limita a medios militares, sino que “hubo una combinación de lo que llamaban el poder blando con el poder duro”.
“Allí hubo una variedad en la política, una aparente variedad, pero conservando la misma esencia supremacista y hegemonista de toda la historia de EE. UU.”, comentó.
A lo largo de los 200 años pasados, los pueblos latinoamericanos se han vuelto cada vez más conscientes del intento intervencionista de los estadounidenses y se han vuelto cada vez más fuertes los llamados a que los países latinoamericanos se integren y se unan, así como los llamados a que EE. UU. deje de interferir en los asuntos latinoamericanos.
Como instó William Jones, jefe de la Oficina de Washington de la revista estadounidense Executive Intelligence Review, uno debería relegar la Doctrina Monroe a su lugar apropiado en los anales de la historia y dejar de pretender que tiene alguna relevancia para el mundo de hoy, un mundo de Estados soberanos independientes, en las Américas y más allá.
(190505) — LA HABANA, 5 mayo, 2019 (Xinhua) — Personas caminan frente a una pared pintada en el centro de La Habana, capital de Cuba, el 5 de mayo de 2019. Políticos, funcionarios y académicos cubanos han reaccionado con enérgico rechazo a la activación total por parte de Estados Unidos de la Ley Helms-Burton, que desde 1996 codifica el entramado legal del bloqueo impuesto a la isla hace más de medio siglo por la Casa Blanca. (Xinhua/Joaquín Hernández) (jh) (au) (ah)
El Senador de la República, Daniel Núñez, entregó declaraciones respecto a la Ley Corta por las Isapres, aprobada el pasado lunes en el Senado, que otorga un salvataje a las aseguradoras, reduciendo ostensiblemente el monto que deben devolver a sus afiliados por defraudarlos y contraviniendo el fallo de la Corte Suprema.
Daniel Núñez fue enfático en señalar que la aprobación de algunas indicaciones, como la mutualización de la deuda o el aumento de los planes base constituyen un hecho gravísimo, y anunció que junto a un grupo amplio de Senadores presentarán un requerimiento al Tribunal Constitucional que esperan concretar este viernes.
“Lo más grave, lo que daña la democracia, es la indicación que aprobó la derecha, de acuerdo con los senadores Demócratas, y coludidos con las Isapres, que significó en la práctica, que la deuda que tienen las Isapres, la devolución que tienen que hacerle a los afiliados disminuye en un 50%”.
Para el senador comunista esta norma contraviene el Estado de Derecho y los principios democráticos, al interceder en el fallo de la Corte Suprema, rebajando la deuda de las Isapres. Razón que lleva a Daniel Núñez a señalar que, esta norma “es inconstitucional”.
Requerimiento al TC
Núñez aseguró que se mantiene trabajando junto a un grupo de senadores amplios, que incluye a la DC, el PPD, FSRV e Independientes, para pedirle al Tribunal Constitucional que se pronuncie al respecto. “Esperamos tener un arco muy amplio, para llegar a las 13 firmas, y esperamos tener todo preparado para el día viernes”.
Aumento de alza en los precios
Daniel Núñez señaló que junto con la Senadora Claudia Pascual votaron en contra de que las Isapres puedan aumentar los precios de los planes base, que incluso podrían llegar a alcanzar un 41% más de lo que se paga en estos momentos.
“Creemos que aquí hay un principio que tampoco compartimos, que no tienen que ser los usuarios o afiliados, quienes terminen financiando la situación económica compleja que viven las Isapres con alzas, sino que son los dueños de las Isapres que por muchos años tuvieron espectaculares ganancias, quienes asuman la responsabilidad”.
Salvataje
Al ser consultado, sobre si esta ley generaría un eventual perdonazo a las Isapres, el Senador declaró: “Con las indicaciones que se aprobaron ayer con la derecha, claramente tiene más rostro de salvataje que de medidas que nos permitan decir que vamos fortaleciendo el sistema público”.
Pensiones de gracia
Finalmente, el Senador se refirió a la polémica que se ha instalado por la entrega de pensiones de gracia, tras un duro informe de Contraloría que consigna que algunas de estas fueron mal administradas. Daniel Núñez, comenta que esta situación se vive, porque en el gobierno de Piñera existieron brutales violaciones a los Derechos Humanos, durante la revuelta.
En todo caso, el senador argumenta que de existir casos en que no se debieran otorgar se debe revisar y revocar la reparación: “Esto hay que hacerlo caso a caso, y no cuestionar, la necesidad de que haya una reparación, para todas aquellas personas que fueron víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, y que han quedado imposibilitada de hacer una vida normal por la represión de agentes del Estado, ese es el principio y eso nosotros lo reivindicamos absolutamente”.
El Senador, culminó su entrevista, anunciando que un grupo de Senadores recurrirán al Tribunal Constitucional para descartar la Ley Corta que le entrega un salvataje a las Isapres y asegurando que el Estado debe hacerse cargo de la reparación integral a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.
En la tarde del martes, y en el contexto de la polémica suscitada por las pensiones de gracia, las bancadas de oposición de la Cámara de Diputados y Diputadas, se restaron de aprobar la lectura de un documento donde se les pedía el compromiso de no violar los Derechos Humanos en un futuro Gobierno de su sector.
La petición de lectura que incluyó, además, un extracto del Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde se documentan las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Gobierno de Sebastián Piñera, fue solicitada por el diputado Luis Cuello, Jefe de Bancada del PC, dentro de la cuenta de la mesa y fue aprobada por 63 votos a favor, 35 en contra y 20 abstenciones.
Respecto de la lectura del documento y su contexto por las pensiones de gracia, el diputado Luis Cuello, expresó: “Toda esta polémica en torno a las pensiones de gracia tiene un origen que la derecha ha intentado ocultar y que son las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno de Sebastián Piñera”. “Ayer logramos, en una votación ajustada, que se diera lectura a un extracto del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se da cuenta de las mutilaciones oculares y otros graves daños que se produjeron a los manifestantes y, al mismo tiempo también, hicimos presente la necesidad de que Chile Vamos garantice que, en un eventual futuro gobierno, no vuelva a violar los derechos humanos”, añadió el parlamentario.
A su vez, la diputada Camila Rojas, Jefa de Bancada del Frente Amplio, explicó: “Pedimos que esto se leyera (el documento) y que en definitiva haya un compromiso porque lo ocurrido no vuelva a repetirse. Sin embargo, no se contó con los votos mayoritariamente de la derecha”. “Eso sí, me queda valorar que Evópoli, por ejemplo, sí lo apoyó y eso es precisamente lo que necesitamos: una condena transversal a la violación de los derechos humanos”, enfatizó.
Por su parte, la diputada Marta González, Jefa de Bancada PPD-Independientes, mostró su preocupación frente al intento de la derecha “de reescribir lo que fue el estallido social dejando de lado el contexto general donde hubo una violación sistemática a los derechos humanos”. “Por eso para nosotros era importante que se leyera el informe, es importante no perder esa perspectiva general de lo que pasó en nuestro país y por supuesto si hay hechos puntuales que estuvieron mal otorgados hay que corregirlos sin duda, pero no por eso desconocer un contexto social”, finalizó.
El principio de no repetición, es uno de los márgenes básicos que toda sociedad se impone para que agentes estatales nunca más vuelvan a cometer atropellos graves a los derechos humanos.
La jornada de este martes, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, por 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones, el informe final de la Comisión Especial Investigadora (CEI) por las 89 cajas con osamentas de eventuales detenidos desaparecidos abandonadas en dependencias de la Universidad de Chile y el Servicio Médico Legal.
Dicho informe señala que “no hay explicación alguna que justifique la existencia, por más de dos décadas, de eventuales evidencias que estarían vinculadas a violaciones de los derechos humanos en dependencias de organismos del Estado sin que, salvo excepciones, se realizaran pericias para su identificación”.
Además se sugiere que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realice una permanente fiscalización para que el Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, efectivamente, impulse y respalde las diligencias judiciales y las pericias que correspondan en relación con eventuales víctimas de desaparición forzada.
A su vez se recomienda que se disponga de todos los recursos para identificar fragmentos y restos óseos que se encuentren en cualquier dependencia pública o privada.
En el informe también se lee que se hace necesario que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informe cuatrimestralmente a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputadas y Diputados el avance respecto al trabajo desarrollado por el Servicio Médico Legal para la identificación de víctimas de desaparición forzada.
Si bien las recomendaciones fueron aprobadas por la Cámara, la derecha votó en contra de estas, situación que, en todo caso, no extrañó a quien fuera la impulsora y presidenta de la Comisión, diputada Lorena Pizarro.
“Me parece que la creación y funcionamiento de esta CEI vuelve a develar el pensamiento y el actuar que tiene la derecha frente a las causas de violaciones a los derechos humanos en la dictadura civil-militar, incluso en lo que significa la identificación de las víctimas. Es realmente impresentable que, pese a la voluntad de la mayoría de los integrantes de la Comisión de establecer y recomendar al Estado sus obligaciones en la materia, la derecha busque, una vez más, avanzar hacia la profundización mayor de la impunidad, señalando que presentarían un proyecto que pretende avanzar en la dirección de transformar a nuestros familiares en solo un objeto para identificar y no avanzar en lo que significa la verdad y la justicia”.
Por su parte, la diputada Claudia Mix también cuestionó a los parlamentarios de derecha, en especial a republicanos, que dejaron de manifiesto su intención de cerrar los procesos judiciales a los eventuales culpables de desapariciones forzadas.
“Tanto repentino interés de la derecha por cerrar la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada no es otra cosa que otro intento de aprobar un proyecto de impunidad para eludir la condena de los responsables. Los delitos de lesa humanidad son especialmente detestables e imprescriptibles. Seguiremos buscando a nuestros desaparecidos siempre, pero también perseguiremos conocer la verdad de lo ocurrido con ellos, para que se haga justicia”.
“En esas cajas no hay huesos de animales, como sugirió un miembro la comisión de extrema derecha; en esas cajas hay un padre, un hijo, un hermano, un amigo que después de 50 años sigue esperando volver a los brazos de sus seres queridos; seres humanos a los que se les arrebató la vida y merecen justicia”, agregó Mix.
En tanto, la diputada Marcela Riquelme sostuvo que “los familiares de las víctimas han visto una violación sistemática de sus derechos fundamentales al continuar no solo la incógnita del paradero de sus familiares, sino que además este vejamen de que las cajas se hayan estado deteriorando en instalaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile”.
La parlamentaria también se refirió a la intención de la derecha de cerrar los procesos judiciales en causas de violaciones a los derechos humanos.
“Esta propuesta de los republicanos de investigar la identidad de las osamentas sin que estuviese esto asociado a una causa penal es perjudicial, pues no solo buscamos la verdad, sino que también buscamos justicia para los familiares y víctimas de la dictadura militar”, finalizó la legisladora.
El diputado comunista Boris Barrera, señaló que las pensiones de gracia son solo uno de los ejes que el Estado debería cubrir en su política de reparación a la víctimas de violaciones a los derechos humanos; además, el parlamentario comunista aseguró que durante su participación en la mesa investigadora por las pensiones de gracia, le había solicitado al gobierno “la creación o presentación de una Ley de Reparación Integral”.
Esta ley, debería entregar garantías de no repetición, verdad, justicia y reparación por los hechos acontecidos en la revuelta obrera popular de 2019-2020.
Barrera declaró: “Todo esto nace porque en el gobierno de Sebastián Piñera, en complicidad con todos los partidos de Chile Vamos, violaron los derechos humanos, dejaron personas sin ojos, muertas, torturadas y así una infinidad de atrocidades que están acreditadas por organismos internacionales”.
El diputado del distrito 20, manifiesta que las pensiones de gracia creadas por el gobierno de Sebastián Piñera sólo abordan el factor económico en la vida de los sobrevivientes de violencia del Estado, sin embargo apunta a que el Estado debería velar también por su salud, tanto física como psicológica y apoyo familiar.
“Se debería crear una ley, o una comisión de verdad, de justicia y de reparación, que abarque todas las cosas que exigen las normas internacionales sobre la materia” sentenció Barrera.
Respecto a las entregas erróneas de las pensiones de gracia, el diputado mantiene que es importante que se revisen en detalle, para determinar si hubieron casos en que no se debieron entregar, pero advierte que en tanto exista una violación de los derechos humanos una persona merece reparación.
El parlamentario comunista, sostiene que el Estado está muy al debe respecto a las víctimas de violaciones a los derechos humanos en la revuelta de 2019, aludiendo que los programas de reparación integral, tanto el PIRO de Piñera, como el PACTO de Boric, han sido insuficientes para atender a quienes aún mantienen perdigones en su cuerpo, ni ha entregado atención psicológica oportuna. Cabe destacar que se contabilizan casos de suicidios de personas víctimas de violencia policial y militar durante el estallido, varios de estos casos con trauma ocular.
Por otro lado, Boris Barrera apunta a que, muchas personas que fueron afectadas no reciben pensión de gracia ni ningún tipo de reparación, cuestión que le preocupa y que asegura lo mantendrá atento.
Fares Jadue precandidato del PC en Recoleta
Adicionalmente el diputado se refirió a la candidatura del concejal de Recoleta, Fares Jadue Leiva, quien será el continuador del proyecto político que impulsó Daniel Jadue, de la mano del Partido Comunista en Recoleta.
Barrera dijo: “Cuando algo ha funcionado, algo ha cambiado en el fondo la vida de las personas, esto tiene que continuar”, agregando que Fares Jadue, “es la persona indicada para continuar este proyecto”.
Boris Barrera rayó la cancha en materia de reparación integral a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos durante la revuelta, señalando que este gobierno debería presentar una Ley de Reparación, que asegure, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
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