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Ley Karin: Espacios laborales avanzan hacia la prevención de la violencia en el trabajo

La directora de Ars Global, Andrea Aracena, dio a conocer aspectos claves de la ley contra el acoso y la violencia en el trabajo, más conocida como ley Karin y que entrará en vigencia el 1 de agosto.

“Es importante señalar que la violencia en el trabajo, el acoso laboral, sexual, maltrato y discriminación datan desde hace mucho tiempo. No es algo nuevo y no es algo que ahora se esté generando”, precisó la experta.

A partir del la ratificación del Convenio 190 de la OIT hace un año atrás, surge la necesidad de la política pública de robustecer los mecanismos y las exigencias para las entidades laborales “con la idea de empezar a mirar estos temas, visibilizarlos, tratarlos y en especial prevenirlos”, sostuvo Andrea Aracena.

La violencia en el trabajo tiene que ver con acciones vinculadas a las relaciones de poder, precisa la directora de Ars Global: “No se ha tomado conciencia real que el generar trabajo o remuneraciones por una acción asociada a un contrato, no se relaciona con perpetuar relaciones de violencia contra trabajadoras y trabajadores”, puntualizó.

La violencia no llega a todos por igual ni de la misma manera

En Chile, según el estudio realizado este año por Vertical Hunter, el 70,1% de los entrevistados afirmó haber sido víctima de acoso laboral alguna vez en su vida profesional, mientras que el estudio “La violencia laboral en Chile en el marco del Convenio 190 de la OIT”, indicó en el año 2022 que la violencia alcanza al 76%.

Por su parte, Andrea Aracena indicó que en el caso de las mujeres siguen siendo las más afectadas. Incluso, en una situación extrema como es el acoso sexual, el 95 % de los casos -según reporta de la Dirección del Trabajo- corresponde a mujeres.

“La situaciones de violencia en el trabajo no son neutras en materia de género”, precisó, indicando que la ley incluye una mirada más interseccional.

En esa línea, Andrea Aracena precisó que la ley aborda la prevención, investigación y sanción de la violencia con perspectiva de género, “considerando que no a todos nos llega por igual. Hay situaciones que afectan más a personas que son mujeres, a personas de la disidencia sexual, del colectivo LGTBIQ+; algunas personas que son con discapacidad u otras que viene de otro país”.

La experta apunta que un elemento clave ante este complejo escenario en que se expresa y ejerce la violencia, la prevención resulta clave, tal como es el foco de la ley:

Prevención en ley Karin

A diferencia del marco legal que le precede, la ley Karin materializa de manera más robusta un conjunto de exigencias al interior de las entidades laborales, como es la prevención y la creación de un protocolo de prevención de acoso laboral sexual y acoso en el trabajo.

Otro punto relevante, plantea Andrea Aracena tiene que ver en este marco con los llamados riesgos psicosociales:

“Aparte de tener este protocolo, la ley plantea que tienen que documentarse cómo se va a hacer la prevención, la base de ella tiene que estar asociada a reconocer, identificar, medir y diseñar medidas para mitigar estos riesgos inherentes al trabajo y que pueden generar situaciones de violencia y de daño a la salud física o mental de las personas”.

Participación de otras entidades

Andrea Aracena precisó que son tres los actores que participan en la ley en torno a la prevención. Estos son: el espacio de trabajo, la Inspección del Trabajo y la Superintendencia de Seguridad Social SUCESO.

Lo nuevo es que todas las investigaciones de acoso que emprendan las organizaciones van a tener que ser dirigidas e informadas a la DT, quien revisará los antecedentes debiéndose pronunciar en un plazo de 30 días. “Si no lo hace, se darán por válidas las acciones generadas por la organización en relación a las investigaciones”, explicó Aracena.

Está también la Superintendencia de Seguridad Social quien ha establecido todos los reglamentos ya vigentes, mientras que los organismos de administración como las mutuales, deberán entregar asesoría a las empresas para generar los protocolos y el levantamiento de los riesgos psicosociales.

“Las organizaciones se llevan la mayor parte de los desafíos”, observó la especialista, en tanto deben tener el protocolo en función de lo que se establece en la muestra ya publicada, gestionar capacitación para los trabajadores, trabajar una cultura inclusiva donde se incorpore la perspectiva de género y diversidad, y trabajar la reparación.

Finalmente, la directora de Aers Global apuntó al elemento ético y a la acción personal para la generación de relaciones más respetuosas: “Vamos a erradicar estas situaciones en la medida en que las personas que somos parte de las organizaciones laborales vayamos tomando conciencia y dando cuenta de que tenemos que generar relaciones más respetuosas y equitativas, tendiendo a prevenir estas situaciones de violencia que no son otra cosa que generarle un daño en un otro”.

Algunas de las conductas consideradas acoso:

1. Requerimientos sexuales no consentidos.

2. Hostigamiento verbal o físico.

3. Discriminación basada en género, orientación sexual o identidad de género.

4. Amenazas o actos que perjudiquen la situación laboral.

5. Uso indebido de poder para fines sexuales o discriminatorios.

6. Propagación de rumores malintencionados.

7. Aislamiento o exclusión social en el trabajo.

8. Asignación de tareas humillantes o degradantes.

9. Evaluaciones de desempeño injustas por motivos personales.

10. Chantaje relacionado con el rendimiento sexual.

11. Intimidación o imposición de miedo.

12. Ataques personales o descalificaciones constantes.

13. Control excesivo o vigilancia injustificada.

14. Abuso verbal sistemático.

15. Sabotaje del trabajo o la carrera profesional.

16. Presión indebida para la renuncia.

17. Retención de información crucial para el desempeño laboral.

18. Penalización por denunciar actos de acoso. (Créditos de las conductas uchile.cl)

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Alza en cuentas de electricidad: Bárbara Figueroa apunta a la renegociación de contratos entre empresas y Estado

En el marco del anuncio de ampliación para postular al subsidio eléctrico, la cartera de Energía busca triplicar su cobertura alcanzando a 4,7 millones de familias por medio de un proyecto de ley que será debatido en comisiones parlamentarias durante esta semana y la próxima.

La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, destacó el anuncio de ampliar las políticas de mitigación por parte del ministro Pardow y de no tener que recurrir a aplicar subsidios focalizados:

“Es saludable que el Ministro haya dado noticia de un esfuerzo mayor para ampliar las políticas de mitigación a los sectores vulnerables y de capas medias”, dijo la secretaria general.

Asimismo, planteó que se requiere pensar en las urgencias de las familias y que se evalúen mecanismos para hacer de esto un proceso sostenible; no sólo en base a las sobretasas anunciadas “sino que se mire qué es o qué ha pasado desde el 2015 cuando se promulgó la ley de transición a energías limpias”.

“Hay generadoras que producen energía más barata porque no sólo es limpia sino que además el proceso es menos cuantioso”, explicó Figueroa. En el caso de las empresas con contratos anteriores al 2015, señaló que tienen otras reglas pero igualmente están en proceso de transición.

Frente a eso, abordó como propuesta la renegociación de los contratos:

“Es evidente que es un debate más espinoso y no es algo que se cambie tan rápido, pero no por eso vamos a dejar de plantearlo”, precisó la representante política, agregando que estarán con el gobierno para mitigar lo más posible, “pero no somos ciegos: las generadoras no han dicho ni una palabra”.

Junto con eso, Bárbara Figueroa indicó que el debate de fondo es que la electricidad es un tema estratégico que debe contar con mayor presencia del Estado con regulación y fiscalización, y si el traspaso a energía limpia es de producción más barata, eso tiene que traspasar a las cuentas.

Apelando a equilibrar la discusión, la secretaria del Partido Comunista indicó que el congelamiento de las tarifas fue una medida correcta acorde al contexto. Sin embargo, “la deuda es algo que hay que asumir compartidamente y eso se hace en cualquier lugar del mundo”, sostuvo apuntando a la propuesta de que las partes renegocien.

Reajuste de salario mínimo mirando hacia un salario vital

Respecto al aumento del salario mínimo, Bárbara Figueroa indicó que la medida tiene una tremenda relevancia, dado que la negociación hoy cuenta con un escenario limitado.

En esa línea, apuntó a retomar la discusión sobre negociación ramal que permite una retribución equitativa salarial, y también propicia construir equidad frente a competencias desleales, precisó.

Un marco fundamental para este debate, es el salario vital, sostuvo, y no solo la superación de la pobreza:

Elecciones de octubre

Acerca de la negociación de las y los candidatos a gobernadores por el pacto progresista Contigo Chile Mejor, la secretaria del PC señaló que luego de la reunión del día lunes, los partidos están abordando distintas propuestas en la mesa:

“Si bien no está comenzando, hoy el desafío es ver si logramos comparecer en un acuerdo que nos permita equilibrio y candidaturas únicas y esperamos que eso se pueda concretar”.

Al respecto, expresó que un escenario sin acuerdos en lo regional puede afectar lo ya logrado a nivel comunal, para lo cual es necesario considerar más elementos en los criterios, como por ejemplo, incluir una instancia de contraevaluación para la aplicación de la regla “el que tiene mantiene”.

“Esperamos que eso tenga una ponderación mayor y sobre todo le damos valor a que se llegue acuerdo”, precisó.

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Radares que penan: Sistemas frontales desnudan falencias en la prevención

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Muchos de los episodios dramáticos de las últimas lluvias pudieron conocerse con detalle y antelación al contar con estas potentes herramientas meteorológicas, que pueden analizar la atmósfera en tiempo real.

En 2016, la Selección Chilena de Fútbol jugaba la Copa América Centenario en Chicago. Tras el primer tiempo, frente a Colombia, una fuerte lluvia y la amenaza de truenos y rayos terminó con la suspensión temporal del partido. Dos horas después y tras la aprobación de los meteorólogos que asesoraron a la organización, el partido se reanudaba y Chile conseguía el triunfo por 2-0. ¿Cómo anticiparon aquello?

Se trató del uso de radares meteorológicos, algo muy común en los sistemas de alerta estadounidenses y -en general- en gran parte del mundo, que les permite –por ejemplo- detectar la formación de un tornado en tiempo real, además de conocer el desarrollo de una tormenta y su peligrosidad en el momento en que se produce.

Radares que ayudan

El radar meteorológico es una herramienta fundamental en la observación y previsión del tiempo. Permite detectar y monitorear fenómenos meteorológicos severos y su utilización en sistemas de alerta es crucial para mitigar los impactos de eventos climáticos adversos, como lo ocurrido hace unos días en la zona centro-sur de Chile.

Su principio básico es que se emiten pulsos de ondas de radio que se reflejan en la precipitación (lluvia, nieve, granizo) y otros elementos atmosféricos. Dichas ondas reflejadas regresan al radar y son analizadas para determinar su ubicación, la intensidad que traen y el movimiento de las precipitaciones.

Gracias a estas bondades, los radares meteorológicos identifican el desarrollo y evolución de las tormentas con una precisión única, permitiendo que se emitan alertas tempranas para fenómenos como tormentas severas y tornados. Además, su capacidad de medir la intensidad de la precipitación permite a las autoridades emitir alertas de inundaciones. Y todo en tiempo real.

Realidad nacional

“Como país, estamos súper atrasados. Gran parte del hemisferio norte, exceptuando algunas zonas de África, usan radares de este tipo. A nivel regional, solo Bolivia y Chile no lo usan”, explica Raúl Valenzuela, académico del Instituto de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de O’Higgins (UOH) e investigador adjunto del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2).

El Doctor en Ciencias Atmosféricas relata que -en 2019- la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y el expresidente Sebastián Piñera anunciaron un plan que buscaba implementar una red nacional de radares meteorológicos desde Valparaíso hasta Los Lagos, “ello tras un enjambre de tornados y trombas marinas que afectó aquel año a la región del Bío Bío. Pero el estallido social y el inicio de la pandemia congelaron el proyecto”, asegura el Dr. Valenzuela.

Tras los últimos episodios de lluvia ocurridos en la zona centro sur de Chile, producto de la influencia del Fenómeno de El Niño, y que han producido serias inundaciones y poca capacidad de alerta temprana, el uso de esta tecnología se convierte en una postergación que requiere de pronta voluntad política.

“La falta de voluntad política y las dificultades geográficas son la principal causa de este atraso en la implementación de radares meteorológicos a nivel nacional. El cambio climático aumenta nuestra incertidumbre sobre cuán preparados estamos para futuros temporales este invierno o el próximo y la urgencia de contar con esta tecnología en Chile se vuelve imperativa. Las últimas tormentas lo han demostrado y las futuras lo seguirán haciendo”, finaliza el académico UOH.

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Programa piloto entregará orientación y asistencia judicial a cerca de seis mil mujeres demandantes de pensiones de alimentos

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  • El programa será financiado por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género a través del Fondo para la Igualdad, que este año permitirá la implementación de 24 iniciativas para fortalecer los derechos de las mujeres y reducir las brechas.
  • La iniciativa, que será implementada por la Corporación de Asistencia Judicial RM, beneficiará a cerca de seis mil mujeres de nueve comunas de la RM que concentran más solicitudes en esta materia.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, junto al subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, y el director general de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, Rodrigo Mora, presentaron este 2 de julio el “Programa Piloto de Acceso a la Justicia de Mujeres Demandantes de Pensión de Alimentos”.

Esta iniciativa de la Corporación de Asistencia Judicial RM, financiada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género a través del Fondo para la Igualdad, permitirá entregar orientación y representación judicial especializada a mujeres de la Región Metropolitana que se encuentren en juicio o en procedimiento para asegurar el pago de las pensiones alimenticias de sus hijos e hijas, ampliando así su acceso la justicia.

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, explicó que, desde la entrada en vigencia de la Ley de Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, en mayo de 2023, ya se han efectuado órdenes de pago por más de 830 mil millones de pesos. “Eso ha generado un volumen importante de pagos, pero también ha generado una nueva demanda de personas que se están acercando a los tribunales porque hoy tienen un incentivo y una expectativa de pago”, señaló la ministra Orellana.

Orellana explicó que, por este motivo, “a través de nuestro Fondo para la Igualdad 2024 vamos a apoyar a la Corporación de Asistencia Judicial, organismo que permite el acceso a la justicia de miles de personas del país. Este es uno de los mecanismos que estamos ejecutando, así como también la inyección de recursos a Tribunales de Familia y la Comisión para el Mercado Financiero, para que esta nueva expectativa pueda tener un acompañamiento desde lo judicial”.

El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, también valoró esta iniciativa que permitirá “concretizar un derecho, como es que los niños, niñas y adolescentes reciban la pensión de alimentos que se les adeuda. Para eso se constituyó este equipo de trabajo que ya comenzó a trabajar y que nos tiene muy contentos, pues nos va a permitir llegar a una gran cantidad de mujeres que están actualmente demandando estas pensiones de alimentos”.

En su etapa inicial, el proyecto contará con 12 abogados y abogadas y una coordinadora. Con este equipo se proyecta llegar a nueve comunas de la Región Metropolitana (Lampa, Colina, La Florida, Maipú, Santiago, La Pintana, Puente Alto, San Bernardo, Melipilla) y beneficiar a cerca de 6 mil mujeres con orientación y/o asistencia judicial.

Rodrigo Mora, director de la Corporación de Asistencia Judicial RM, explicó que estas 6 mil mujeres “se verán impactadas directamente en la aceleración de sus causas de alimentos o en la interposición de la respectiva demanda en los Tribunales de Justicia”. Además, señaló que “la misión de la Corporación de Asistencia Judicial es entregar justicia material para todas las personas que lo necesitan y especialmente para grupos que son históricamente discriminados, como son las mujeres en este caso”.

Además de contribuir a descomprimir la lista de espera existente en los Centros de Atención Jurídico Sociales (CAJS) de la Corporación de Santiago, la iniciativa permitirá difundir los alcances de la nueva legislación en materia de cumplimiento de alimentos, a través de charlas informativas y otras actividades. “Nuestro llamado es a activar el proceso. Los nuevos mecanismos, como el Registro de deudores y la Ley de Pago Efectivo, solo son eficaces en la medida de que hay una demanda por pensión de alimentos ante un tribunal, no un acuerdo de palabra”, concluyó la ministra Orellana.

Esta es una de las 24 iniciativas que financiará este año el Fondo para la Igualdad del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el que busca fortalecer derechos y reducir las brechas desde todas instituciones, integrando de manera sistemática la perspectiva de género en el diseño y aplicación de las políticas públicas.

Si bien esta iniciativa está dirigida especialmente a personas que se encuentran actualmente en la lista de espera de atención de la Corporación de Asistencia Judicial de Santiago (CAJS), ya sea al inicio del programa para orientación e información, o entrevista judicial en materias alimentos, cualquier persona puede llamar a la línea gratuita de la CAJ 800 248 300. (martes y jueves 09:00 a 13:00 hrs y de 14:30 a 17:00 hrs). Asimismo, pueden escribir al webchat disponible en el sitio www.cajmetro.cl/ .

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Expresidenta Bachelet participó del lanzamiento del libro “Reflexiones feministas sobre los cuidados” en la UAH

Con la presencia de la exmandataria Michelle Bachelet se presentó en dependencias de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) el libro “Reflexiones feministas sobre los cuidados” (LOM), editado por las académicas Daniela Alegría y Lieta Vivaldi, en un evento en el que también estuvieron presentes el rector UAH, Cristián del Campo SJ; la decana de la Facultad de Derecho, Miriam Henríquez, y el decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Eduardo Molina.

El libro es una recopilación de reflexiones en torno a los cuidados desde distintas perspectivas, fruto de un seminario realizado en 2022 en el que participaron personas de todas las edades para abordar el tema de los cuidados: personas con algún tipo de discapacidad; personas que ejercen labores de cuidado; profesionales de la salud; representantes de la academia y del activismo. Y cuenta con los aportes de referentes a nivel mundial, como Joan Tronto y Sara Farris, así como dirigentas de organizaciones sociales, como Lucha Venegas y Mariela Serey.

“Nos encontramos en un momento crucial donde urge una discusión pública sobre los debates éticos y políticos que surgen en torno a los cuidados. Estos debates pueden permitirnos articular nuevas formas de convivencia y contribuir a la transformación del mundo en uno más justo y equitativo”, versan las editoras en las primeras páginas del libro.

Palabras que respaldan la presencia de la expresidenta, ya que fue en sus gobiernos (2006-2010 y 2014-2018) donde se realizaron importantes avances en materia de cuidados: se implementaron los sistemas Chile Crece Contigo (2009), enfocado en la primera infancia, y Chile Cuida (2017), para responder a las necesidades de las personas mayores, cimentando el camino al Sistema Nacional Integral de Cuidados anunciado por el presidente Gabriel Boric.

“Reconocer el trabajo de cuidado es un paso esencial para construir una sociedad más justa. Dicho reconocimiento debe ir acompañado de políticas públicas que apoyen y valoren el cuidado. Necesitamos contar con sistemas de cuidado intersectoriales y convoquen a los distintos actores de nuestra sociedad, al Estado, los hogares, las comunidades, el sector privado y la ONG. Es la única forma de transitar hacia una sociedad de cuidado”, aseguró la expresidenta Michelle Bachelet.

El rector Cristián del Campo SJ agradeció el recorrido de la expresidenta en esta materia e instó a seguir avanzando en el reconocimiento de los cuidados hacia un horizonte de mayor equidad y corresponsabilidad social. “Es una realidad patente que tras el cuidado de tantas personas se esconde el sacrificio y postergación de miles y miles de mujeres”, aseguró.

“Una universidad para el bien común, cuyas facultades de Derecho y de Filosofía y Humanidades se encuentran fuertemente comprometidas con la justicia social, no puede sino tener al centro de nuestro interés la temática que hoy nos convoca: los cuidados”, apuntó la decana de la Facultad de Derecho Miriam Henríquez, en cuya gestión se ha impulsado el Programa de Género, Derecho y Justicia Social y el Programa Derecho y Cuidados.

En tanto, el decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Eduardo Molina, resaltó el Diplomado en Cuidados con Perspectiva de Género, dirigido por la académica y editora del libro Daniela Alegría, pues en él “hay una mirada muy interdisciplinaria que se hace cargo de esta necesaria reflexión contemporánea”.

“Reflexiones feministas sobre los cuidados” está disponible en las principales librerías del país.

FICHA TÉCNICA
ISBN: 9789560018113
Páginas: 264
Formato: 14 x 21 cms.
Peso: 320 grs.
Año de publicación: 2024

 

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Economista Andrés Solimano alerta sobre alza de la luz: Ajustes abruptos han arrastrado importantes protestas sociales

Esta semana comenzó la agenda económica nacional -señala Andrés Solimano- con tres temas de relevancia: El alza en las tarifas de la luz eléctrica, el aumento del sueldo mínimo y la votación en el Senado de la reforma de pensiones.

Acerca del incremento en el precio de la electricidad, el economista indicó que esta decisión tomada por el Congreso en abril, puede significar incluso un aumento del 50% de las tarifas en un plazo de 12 meses, las que se mantuvieron congeladas cerca de 4 años, coincidiendo con el estallido social y la pandemia.

“Llama la atención el momento de la implementación, justo al inicio del invierno, en meses con mayor frío y cuando no se puede prescindir de la calefacción”, precisó.

”Viene un shock de precios y un aumento de costos serios que pilla a mucha gente que vive con un presupuesto acotado. Más de la mitad gana menos de 500 mil mensual”.

Solimano también reparó en la historia socioeconómica chilena donde ajustes tan abruptos han arrastrado importantes protestas sociales:

Respecto al aumento del salario mínimo que ya comenzó a cifrar en $500 mil, consideró que representa una reivindicación importante, “pero hay que estar consciente que un aumento de precio de la luz y la inflación pueden hacer del aumento insuficiente”.

En materia de reforma previsional, nuevamente se repite un complejo escenario para avances, en tanto “los intereses de la AFPs, quienes manejan cerca de USD $200 mil millones y donde la gente está obligada a hacerlo con estas asociaciones, es un negocio demasiado bueno”, comentó Solimano respecto a la voluntad política necesaria para cambiar su marco legal.

Internacional

En el exterior, también son tres los eventos comentados por el economista como fue el intento de golpe de Estado en Bolivia, el debate presidencial en EEUU y la primera mayoría relativa obtenida por la ultra derecha en las legislativas de Francia.

Lo sucedido en Bolivia produjo una situación bastante compleja, dijo el especialista, para el país andino y para el presidente Arce, lo cual muestra que existen debilidades en los sistemas democráticos dentro de Américalatina:

“Bolivia durante el gobierno de Evo Morales logró avances muy importantes en la economía, en el crecimiento, la incorporación social, se aprobó una constitución bien interesante, pero hay problemas no resueltos”, advirtió.

En el caso de EEUU, Solimano apuntó a la inquietud que despiertan, por un lado, las idóneas facultades de Joe Biden para continuar un nuevo mandato, y por otro, lo que significaría un segundo período de Trump. Algunos dicen que los demócratas debiesen retirar la candidatura de Biden y buscar un reemplazante, pues no augura un triunfo y casi está entregando el balotaje en bandeja a trump, “ con todas las consecuencias que eso tiene para la democracia en EEUU y para la estabilidad del mundo”, señaló Solimano.

Por otra parte, respecto a las elecciones parlamentarias en Francia, antecedidas por el adelanto de las legislativas, el economista se refirió a “la acción de dudosa sabiduría que le dio el triunfo como fuerza individual a la Agrupación Nacional que habría tenido el 33% de las preferencias, seguido por el nuevo Frente Popular de los partidos de izquierda con 28% y el partido del presidente Macron con un 20% de las preferencias”.

“Sería bien complicado que llegara la ultraderecha a tener mayoría y a elegir un primer ministro. Hay una segunda fase este domingo en el que se decide y se trata de hacer un frente por quienes están por la democracia y por parar el avance de Agrupación Nacional”, concluyó Solimano.

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Autoridad ancestral de Queilen señala sobre Ley Lafquenche: “La industria del salmón busca que no todos los actores participen”

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El werken Jaime Velásquez del lof Quechalen ubicada en la gran isla de Chiloé, analizó la situación que afecta a decenas de comunidades mapuche solicitantes de Espacios Costeros Marinos que regula la Ley Lafquenche y cuyas demandas hoy, son aquilatadas por algunos, como lesivas para la obtención de recursos por otros agentes como pescadores artesanales y trabajadores de salmoneras.

La autoridad ancestral desmintió categóricamente este señalamiento, indicando que tras una campaña con sesgo racista, están los intereses de la industria salmonera a la cual se han unido representantes de partidos políticos y de la institucionalidad:

“En la conversación con las autoridades ancestrales en los lof, hemos llegado a la conclusión que vivimos en un Estado totalmente racista y vemos cómo hoy se han aliado los partidos políticos en contra de las comunidades indígenas; cómo la industria del salmón ha estado impulsando, de cierta manera, que los pescadores artesanales y también el sector de la industria se vayan en contra de las comunidades”, señaló.

A su vez, el werken de Quechalen indicó que desde el gobierno ha existido un mensaje fallido que ha estimulado las reacciones, y con ello, un escenario que calza con debilitar la Ley Lafquenche:

“Es una situación muy delicada porque lo que persigue la industria del salmón no es la participación de todos los que hacen uso del borde costero”, precisa Jaime Velásquez, “sino lo que plantean y está planteado en la Ley de Pesca (art. 81) es que los bienes de concesiones de acuicultura sean hipotecados y sean bienes transables para las salmoneras”.

Si bien, agregó, el interés de expansión de esa industria es perjudicial para pescadores y comunidades, la concesión de una ECMPO no implica quitar las ya otorgadas a la industria, pues son concesiones bajo decreto:

“Queremos decir también a los trabajadores que no se preocupen porque su empleo los tienen garantizados al tener las concesiones de acuicultura, tanto en los centros de engorda como los de proceso de la industria del salmón”, advirtió el werken. “Por el contrario es una instancia no solamente valorada por las comunidades de este país sino también ha sido valorada a nivel internacional”.

Diplomacia y asociatividad

Jaime Velásquez junto a otras autoridades ancestrales de la Coordinadora Willi Lafquen Weychan y una amplia delegación mapuche de distintos territorios, se reunieron hace una semana en Santiago con representantes de Naciones Unidas en Chile, para plantear que la libre determinación y autonomía de los pueblos sean respetadas, a la luz del Tratado de Tapihue.

Esta no es la primera acción efectuada a nivel internacional, como menciona el werken de Quechalen, quien se refiere a la participación años atrás en una conferencia en Lisboa frente a más de 170 países donde relevaron el modelo a seguir que puede representar la Ley Lafquenche:

Por otra parte, indicó que al presentar sus solicitudes en 2018 como comunidad de Queilen, efectuaron contacto con la pesca artesanal, “pensando que puede ser un gran aliado estratégico en el proceso de administración del mar”, sostuvo Jaime Velásquez.

”Después seguimos avanzando con otras organizaciones que también hacen uso del borde costero como la Cámara de Turismo y los miticultores del cultivo de choritos. Estuvimos cerca de 4 años conversando con todos estos actores, y los acuerdos a los que llegamos fue con la Cámara para la conservación de los distintos patrimonios que tenemos en el borde costero: sitios de anidación, el resguardo de los pingüinos, de los delfines chilenos”.

“Lamentablemente con la pesca artesanal pese a que al inicio tuvimos una muy buena acogida, fueron influenciados por sus líderes que tienen intereses económicos en el mar”, señaló la autoridad ancestral: “Estamos hablando de armadores que tienen embarcaciones, grandes lanchas; con otro tipo de intereses que van en contra del pescador que vive del sustento de día. Lamentablemente los dirigentes de la pesca artesanal han tenido un comportamiento apático y casi racista con las comunidades indígena”, expresó.

“Sin embargo -advierte- en esta nueva discusión con la nueva ley de pesca, los artesanales no van a tener a los salmoneros de lado, ni a la industria pesquera sino que quienes van a volver a estar al lado de los pescadores van a ser las comunidades indígenas”.

“Hay una sensación de conformismo por parte de los pescadores”, indicó Jaime Velásquez, pues al defender que el mar es libre y soberano no condice con la enorme diferencia entre las cuotas repartidas: “Hoy el mar fue entregado a las 7 familias más ricas y poderosas de este país. El 92% pertenece a estas familias y la gran mayoría de los pescadores artesanales no tiene nada más que ese porcentaje”.

Hasta el momento, indicó que no han vislumbrado ninguna conversación entre pescadores y comunidades, “pero estamos dispuestas a conversar con la pesca artesanal y que se entienda que lo que intentamos es resguardar y proteger lo poco y nada que va quedando de los recursos naturales. Creemos que la conversación que tenemos que tener con la pesca es de qué manera vamos a cuidar, de qué manera vamos a proteger, si acaso quieren participar de un plan de administración. La idea nuestra es que quede producto para las nuevas generaciones y no que hoy día explotemos y mañana si te he visto no me acuerdo”, expresó.

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