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Medidas preventivas en invierno: Cómo reducir el riesgo de quemaduras en el hogar

La llegada del frío viene de la mano con la exposición a fuentes de calor. Informarse sobre los riesgos es una de las medidas claves para evitar accidentes.

Si bien el invierno se caracteriza por ser una estación con bajas temperaturas, su llegada también implica un aumento significativo en los riesgos de quemaduras en niños y en adultos, producto de la exposición directa al fuego, líquidos cáusticos, químicos, gases, radiación o superficies calientes.

Para la médico de la Unidad de Salud de la Universidad de O’Higgins (UOH), Carolina Silva, buena parte de las lesiones de piel sufridas en esta época del año, dentro de los hogares, obedecen al mayor uso de artefactos para calefacción residencial como estufas o chimeneas. Otras, entre tanto, resultan del aumento de enseres eléctricos y electrodomésticos como calefactores o planchas. También se dan los casos de quemaduras que se originan por fallas en instalaciones eléctricas del domicilio que, en algunos casos, se generan por la falta de mantenimiento, o bien, producto de la humedad y deshielo invernal. 

Sin embargo, Silva asegura que estos riesgos pueden disminuirse en la medida en que las personas estén informadas respecto de cómo actuar frente a las amenazas del invierno dentro de los hogares y, muy especialmente, enteradas de las medidas preventivas y de seguridad más inmediatas que se deben aplicar en caso de quemaduras.

Prevenciones

La experta recomienda colocar mallas y barreras de seguridad alrededor de las estufas con al menos un metro de distancia, además de instalar estos artefactos fuera del alcance de los niños. Otras de las prevenciones importantes que advierte es alejar elementos inflamables y fuentes de calor como estufas o calefactores eléctricos. También tener cuidado con la manipulación de líquidos calientes o de hervidores, y mantenerlos en lugares seguros, para evitar quemaduras en la piel.  Asimismo, alejar o proteger a los niños de hornos y cocinas, y no beber líquidos calientes con menores en brazos.

Otras recomendaciones

Para los casos de quemaduras por exposición al fuego, calor, vapor o agua caliente, la médico recomienda en primer lugar tranquilizar a la persona afectada, alejándola del elemento que produjo la quemadura. En segundo lugar, enfriar la lesión dejando correr agua fría sobre ella (agua potable desde la llave, no agua refrigerada), por al menos 10 minutos, aplicando posteriormente una compresa húmeda fría, evitando usar hielo. Silva igual sugiere quitar las prendas de vestir de la zona afectada, en la medida en que estas no estén adheridas a la piel. Posteriormente cubrir la quemadura con apósitos estériles húmedos, o con tela limpia humedecida sin comprimir. En caso de quemadura en los dedos de pies o manos, la doctora indica separarlos y cubrirlos con gasa limpia humedecida. No romper, pinchar o cortar ampollas es otra clave para proteger la piel.

Acciones por descarga eléctrica

En caso de quemaduras por exposición a la electricidad, la médico recomienda “suspender el paso de la corriente eléctrica de forma segura antes de tocar a la persona afectada. De no ser posible se debe alejar a la víctima de la fuente de energía parándose sobre una superficie seca, de goma o madera, y retirarla con un objeto seco, sin tocar directamente a la persona para evitar el paso de descarga eléctrica. Si la persona afectada no responde y no respira se debe llamar a emergencias (131) e iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar. Por el contrario, si la persona se encuentra consciente, habría que trasladarla al servicio de urgencias de la forma más inmediata posible”.

Para la Dra. Silva las descargas eléctricas también se pueden evitar manteniendo en buen estado la red eléctrica, no dejar enchufes o conexiones eléctricas al alcance de niños/as, instalar protectores en los tomacorrientes, evitar la sobrecarga de alargadores, y nunca estar descalzo dentro del hogar cuando se utilicen electrodomésticos.  

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Violencia ginecológica y obstétrica: Desafíos y resistencias de mujeres con discapacidad en el sistema de salud chileno

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La vulneración sistemática de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad se ha tornado una lamentable retórica de las instituciones de salud de Chile, según explica la investigadora UOH Pía Rodríguez.

La violencia ginecológica y obstétrica (VGO) es un grave problema de salud pública en Chile y el mundo. Países como Venezuela, Argentina, algunos Estados de México y –recientemente- nuestro país, han legislado en la materia, con el objetivo de promover su erradicación.

Cabe destacar que la VGO es una manifestación de violencia de género que afecta principalmente a mujeres, niñas y adolescentes, pero también, a toda una sociedad. En el caso de las mujeres con discapacidad, se complejiza aún más la situación, ya que además de ser discriminadas y estigmatizadas en las atenciones de salud, son violentadas en sus procesos sexuales y reproductivos. Esto incide directamente en su salud mental, emocional, física y sexual.

La investigadora del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad de O’Higgins (UOH), Pía Rodríguez Garrido, desarrolló el tema en el estudio “La violencia gineco-obstétrica y su impacto en la salud mental de las mujeres con discapacidad: un estudio de caso en Chile”, junto a las investigadoras Andrea Yupanqui-Concha y Cristina Valenzuela-Contreras. Este trabajo refleja parte de los resultados del proyecto Fondecyt “Mujeres en situación de discapacidad y sus procesos de maternidad (gestación, parto y postparto): experiencias en contextos rurales de Chile“, cuyos hallazgos fueron publicados en Journal of Gender Studies, una de las revistas científicas más prestigiosas de estudios de género y feministas.

“Los hallazgos indican que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad se vulneran sistemáticamente en las instituciones de salud de Chile. Estas incluyen esterilizaciones forzadas, la omisión de información sobre su estado de salud, la objetivación de sus cuerpos, el estigma asociado a su salud mental, la pérdida en la custodia de sus hijos e hijas, y la administración de medicamentos sin su consentimiento, entre otras graves vulneraciones”, explica la investigadora UOH.

Asegura que la violencia ginecológica y obstétrica afecta en la salud mental de las mujeres con discapacidad, “causando estrés traumático, alteraciones en la autopercepción, dolor físico y emocional, impotencia y, en casos más graves, trauma psicológico de por vida”.

Agrega que existe una mayor exposición a la VGO cuando se añaden otras intersecciones al género y la discapacidad, como el origen cultural, la etnia, la ruralidad, la identidad de género, la orientación sexual, el estatus socioeconómico, entre otras experiencias de vida.

¿Qué cambios son urgentes de establecer, especialmente en las instituciones de salud nacionales?

“Una estrategia, a través de la cual abordar la VGO implica la colectivización del malestar subjetivo en los espacios comunes. Es crucial que las instituciones de salud tengan equipos capacitados para atender a las personas con discapacidad, así como estrategias para la prevención y reparación de la VGO. Es fundamental fomentar la participación social de las mujeres con discapacidad en asuntos de atención médica con el fin de hacer visibles sus experiencias en espacios de colaboración con profesionales, instituciones y tomadores de decisiones”.

Estudio de caso

La Dra. Rodríguez explica que en este trabajo se realizó un estudio de caso, a partir de la participación de dos mujeres con discapacidad, visual y psicosocial, respectivamente. “Asimismo, se consideraron los últimos informes sombra presentados por la sociedad civil ante el examen de Chile en Naciones Unidas, junto a la colaboración de la presidenta del Circulo Emancipador de Mujeres y Niñas con Discapacidad de Chile (CIMUNIDIS), Marcela Benavides; asimismo, se consideraron las publicaciones en redes sociales de la misma organización, y todo ello permitió armar el corpus teórico, metodológico y político del estudio”, explica.

Asegura –además- que el proyecto plantea nuevos horizontes, como las experiencias de VGO de mujeres con discapacidad intelectual, neurodivergentes u otras identidades y situación de discapacidad, que se espera conocer y profundizar próximamente.

“Pocas veces se le da importancia y visibilidad en la academia a la realidad de mujeres con discapacidad que habitan en contextos precarios del sur global. En ese sentido, esta publicación no solo apunta a un desafío personal/académico, sino, principalmente, a una responsabilidad social y política de mostrar realidades escasamente visibilizadas por la óptica de la ciencia o el quehacer disciplinar”, finaliza la investigadora UOH.

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Lanzamiento de la Tercera Temporada del Podcast “Raíces Campesinas” de CONAGRO Chile

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CONAGRO Chile, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas y de Agricultores Familiares, se complace en anunciar el lanzamiento de la tercera temporada de su popular podcast “Raíces Campesinas”. Este podcast, creado con el propósito de promover y difundir la importancia de la agricultura familiar campesina, sigue consolidándose como una plataforma esencial para dar voz a las historias y desafíos de los agricultores chilenos.

En esta nueva temporada, “Raíces Campesinas” presenta cuatro emocionantes capítulos que profundizan en diversas facetas de la vida rural y la producción agrícola. A continuación, se ofrecen breves sinopsis de cada capítulo:

Capítulo 1: “Mercados Justos para los Campesinos: Desafíos y Soluciones” La lucha por un mercado justo y equitativo para los campesinos aborda preocupaciones clave en la agricultura familiar. Desafíos como la falta de acceso a tecnologías, presión urbana, subdivisión de tierras y envejecimiento de los agricultores plantean amenazas a la seguridad alimentaria.

Capítulo 2: “Diseña tu Huerta Agroecológica” Carolina Morales, experta en agroecología y especialista en la producción sustentable HOMA, nos enseña a diseñar una huerta agroecológica desde cero. Carolina comparte su experiencia y conocimientos sobre la creación y mantenimiento de huertas ecológicas, destacando la importancia de reconectar con la tierra y los beneficios ambientales de estas prácticas.

Capítulo 3: “Tipos de Producción Sustentable” Claudia Barrera, ingeniera agrónoma y doctora en agroecología, nos habla sobre diversos tipos de producción sustentable como fukuoka, Homa y permacultura. Claudia también comparte cómo la agroecología ha moldeado su vida y ofrece inspiración sobre diversificación, colaboración comunitaria y cambios en los hábitos de consumo.

Capítulo 4: “Hablemos de Choclos: Un Viaje por el Maíz Ancestral” Faride Tiara, ingeniera en agronegocios y experta en semillas tradicionales, nos lleva a explorar el fascinante mundo del maíz ancestral de Chile. Faride nos comparte historias y sabiduría sobre la riqueza cultural, culinaria y genética de variedades como el maíz curagua y diente de caballo, destacando la importancia de preservar este invaluable patrimonio.

Sobre CONAGRO Chile: CONAGRO Chile es una confederación que agrupa a diversas organizaciones campesinas y de agricultores familiares de todo el país. Su misión es representar y apoyar a estos grupos, promoviendo políticas públicas favorables y difundiendo la importancia de la agricultura familiar campesina. Además del podcast “Raíces Campesinas”, CONAGRO ha desarrollado una miniserie y un curso web, todos destinados a visibilizar y fortalecer el trabajo de los agricultores chilenos.

Para más información sobre “Raíces Campesinas” y otras iniciativas de CONAGRO Chile, visite nuestro sitio web www.conagrochile.cl/raices-campesinas y síganos en nuestras redes sociales.

Youtube y Spotify

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Corte Suprema condena a nueve militares por sustracción de menor y secuestro calificado en caso Paine

La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema dictó sentencia definitiva en el denominado caso Paine, episodio Escorial Cerro Chena, que investiga los crímenes cometidos respecto de Juan Guillermo Cuadra Espinoza (26) y Carlos Manuel Ortiz Ortiz (18), ambos obreros agrícolas, e Ignacio del Tránsito Santander Albornoz (17), estudiante secundario, ocurridos entre septiembre y octubre de 1973, a manos de militares de dotación de la Segunda Compañía de Fusileros de la Escuela de Infantería de San Bernardo.

Los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos,  Jean Pierre Matus y los abogados integrantes Leonor Etcheberry  y Carlos Urquieta, rechazaron todos los recursos de casación presentados por la defensa de los condenados y confirmaron las penas de Jorge Eduardo Romero Campos, Alfonso Faúdez Norambuena, José Hugo Vásquez Silva y Jorge Fernando Reyes Cortés, de 15 años y un día de presidio mayor grado máximo; y de Escipión Pedro Escobar Norambuena, Carlos Enrique Durán Rodríguez, Carlos del Tránsito Lazo Santibáñez, Jorge Segundo Saavedra Meza y Víctor Reinaldo Sandoval Muñoz, de 10 años y un día de presidio mayor en grado medio, todos como autores del delito de sustracción de menor agravada respecto de Ignacio del Tránsito Santander Albornoz y como autores de secuestro calificado, en grado consumado, de las otras dos víctimas.

De acuerdo a la investigación del caso, los tres jóvenes fueron detenidos desde sus domicilios y trasladados a la unidad militar, donde fueron fusilados los días 5 y 6 de octubre de 1973. Los cuerpos de Cuadra Espinoza y Ortiz Ortiz fueron trasladados al Servicio Médico Legal y luego  sepultados en el Patio 29 del Cementerio General. En tanto, a la fecha, se desconoce el paradero del cuerpo del menor Ignacio del Tránsito Santander Albornoz.

Para el abogado querellante Nelson Caucoto este fallo es “tremendamente importante, porque hace justicia a 3 jóvenes de Paine, martirizados y ejecutados al margen de la ley por militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo el año 1973.  Este fallo condenatorio es una forma de reparación para los familiares de las víctimas, los que no han dejado de exigir justicia desde el primer día”, sostuvo.

Caucoto indica que “el máximo tribunal de la República, en forma unánime, ha confirmado el trabajo realizado por la Sra. Ministra de la Corte de San Miguel, Marianela Cifuentes.   Es destacable y ejemplar el trabajo de los tribunales de justicia en este caso, y en los restantes episodios que comprende el Caso Paine, pues han impedido que hechos tan graves queden impunes y han sancionado a los autores de los mismos”, señaló.

En junio de 2023  familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados de Paine solicitaron al presidente de la Corte Suprema apurar la tramitación de las causas todavía pendientes de los distintos episodios del “Caso Paine”, ad portas de cumplirse 50 años de ocurridos los hechos que enlutaron esa localidad, siendo este el último caso que quedaba a la espera del pronunciamiento del máximo tribunal.

Los hechos

“1° Que, el 24 de septiembre de 1973, en el asentamiento El Escorial de la comuna de Paine, soldados de dotación de la Segunda Compañía de Fusileros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, comandada por el Capitán Jorge Romero Campos, a cargo del Sub Teniente Osvaldo Andrés Magaña Bau -actualmente fallecido-, detuvieron, sin derecho, entre otros, a Juan Guillermo Cuadra Espinoza e Ignacio del Tránsito Santander Albornoz, de 17 años.

2° Que, tras su detención, Cuadra Espinoza y Santander Albornoz fueron

trasladados al campo de prisioneros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, situado al interior del Cerro Chena, a cargo del Capitán Víctor Pinto Pérez -actualmente fallecido- y el Teniente Alfonso Faúndez Norambuena, lugar en el que además se desempeñaba el Sub Teniente Carlos Walter Kyling Schmidt y el Teniente de Carabineros Sergio Heriberto Ávila Quiroga, sitio en que se les mantuvo ilegalmente encerrados.

3° Que, posteriormente, el día 2 de octubre de 1973, en el asentamiento El Escorial de la comuna de Paine, soldados de la Segunda Compañía de Fusileros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, comandada por el Capitán Jorge Romero Campos, a cargo del Sub Teniente Osvaldo Andrés Magaña Bau, detuvieron, sin derecho, a Carlos Manuel Ortiz Ortiz.

4° Que, igualmente, tras su detención Ortiz Ortiz fue trasladado al campo

de prisioneros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, ubicado al interior del Cerro Chena, a cargo del Capitán Víctor Pinto Pérez y el Teniente Alfonso Faúndez Norambuena, lugar en el que se le mantuvo ilegalmente encerrado.

5° Que finalmente, Juan Guillermo Cuadra Espinoza, Ignacio del Tránsito

Santander Albornoz y Carlos Manuel Ortiz Ortiz fueron fusilados al interior del referido lugar los días 5 y 6 de octubre de 1973, respectivamente, tras lo cual los cuerpos de Cuadra Espinoza y Ortiz Ortiz fueron remitidos al Servicio Médico Legal y, luego fueron sepultados en el Patio 29 del Cementerio General, desconociéndose hasta la fecha el paradero del cadáver de Ignacio del Tránsito Santander Albornoz.”

PAINE EL ESCORIAL SUPREMA (1)

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PUCV y Fundación Víctor Jara suscriben acuerdo para la promoción de la cultura y la memoria de los derechos humanos

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Actividad incluyó conversatorio sobre la reedición del libro “Víctor, un canto inconcluso”, escrito por Joan Jara.

La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Fundación Víctor Jara suscribieron un acuerdo de colaboración e intercambio destinado a promover, a través de acciones y actividades, el fomento a la memoria de los derechos humanos, la formación y educación ciudadana y también la cultura chilena.

La firma de convenio se realizó en la Casa Central de la PUCV con una ceremonia que incluyó un conversatorio sobre la reedición del libro “Víctor, un canto inconcluso”, escrito por Joan Jara, el cual relata su vida luego de la muerte del cantante, el primer viaje a Chile tras el exilio y el reencuentro con amigos y cercanos bajo la clandestinidad.

Amanda Jara, presidenta de la fundación, junto a los académicos PUCV Claudio Guerrero, investigador del Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, Félix Cárdenas, profesor del Instituto de Música, y Claudio Llanos, del Instituto de Historia, compartieron reflexiones y miradas sobre el escrito con el público asistente al evento.

El director de Vinculación Artístico Cultural de la universidad, Bernardo Zamora, indicó que el convenio colaborativo “abre las puertas para generar otro tipo de actividades que sean de beneficio para nuestros estudiantes con la finalidad de contribuir a su desarrollo integral y potenciar sus capacidades disciplinares que se nutren de lo que ocurre en la sociedad y del aprendizaje de ello”.

En esa misma línea agregó que “la misión y la visión de la universidad establece un diálogo con la sociedad y una permanente vinculación con el medio que permite progresar y enriquecernos mutuamente para lograr un desarrollo cultural integral”.

Por su parte, Amanda Jara valoró positivamente integrar una universidad a la red colaborativa de la fundación constituida con la finalidad de preservar el legado artístico y social de un movimiento cultural.

“Nuestra vinculación como fundación hace 30 años siempre ha integrado a diversos actores del país, es por ello que resulta muy interesante llegar a una universidad donde convergen distintas generaciones en torno a la interacción académica entre profesores y estudiantes”, indicó.

La ceremonia contó con la interpretación musical de la artista nacional Thaís Olivera de los temas “Manifiesto” y “Lo único que tengo” de Víctor Jara.

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18 condenados por delitos de lesa humanidad aún siguen prófugos de la justicia

El Estudio Caucoto Abogados, oficina especializada en derechos humanos, dio a conocer un nuevo listado actualizado con un total 18 ex uniformados prófugos de la justicia condenados por diversos delitos de lesa humanidad, algunos involucrados en el crimen de Víctor Jara y Littré Quiroga, en la ejecución de 38 campesinos en el Caso Paine principal, el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, Operación Cóndor, Caravana de la Muerte y Caso “Quemados”, entre otras investigaciones.

De acuerdo al listado dado a conocer por dicha oficina en noviembre de 2023, de un total de 14 prófugos, cerca de la mitad han sido capturados. Sin embargo, ahora se agregan a lista 10 nuevos ex uniformados que habiendo sido condenados por sentencia firme, están en calidad de fugitivos de la justicia.

El listado está compuesto por ex militares, carabineros, ex funcionarios de la Armada, y civiles integrantes o de aparatos represores de la dictadura como la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la Central Nacional de Inteligencia (CNI), inteligencia naval, y el Comando Conjunto, acusados como autores y coautores de secuestro calificado, homicidio calificado, asociación ilícita y aplicación de tormentos, entre otros delitos.

Se trata de los sentenciados:

1) Rubén Aroldo Morales López (oficial de Carabineros ®), condenado a 10 años y un día de presidio mayor como autor del homicidio calificado de Jorge Vásquez Matamala.

2) Luis Enrique Barrueto Bartning (empresario), condenado a 10 años y un día como coautor de siete secuestros calificados (desapariciones forzadas) perpetrados en la comuna de Santa Bárbara.

3) Un condenado en el episodio Conferencia II (antes eran cuatro)

Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda (oficial de Ejército ®, DINA),

Chaigneau tiene además condenas en el proceso Operación Cóndor. Está sentenciados a dos penas de 18 años de presidio mayor en su grado máximo, por los delitos de secuestro calificado reiterados de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velázquez Mardones; y como coautor de los delitos reiterados de homicidio calificado de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto Gálvez y Ruiter Enrique Correa Arce.

4) Alberto Roque del Sagrado Corazón Badilla Grillo (oficial Armada ®),

sentenciado como autor del delito de homicidio calificado y aplicación de tormentos contra Enrique López Olmedo, a las penas de 12 años y 541 días respectivamente.

5) Nelson Edgardo Hasse Mazzei (oficial del Ejército ®),

– Condenado como coautor de los secuestros calificados y homicidios calificados de Víctor Jara Martínez y Littré Quiroga Carvajal. Se impuso una pena de 10 años y un día por los secuestros y de 15 años de presidio por los homicidios.

6) Guillermo Salinas Torres (oficial del Ejército ®),

7) Pablo Belmar Labbé (oficial del Ejército ®),

8) René Patricio Quilhot Palma (oficial del Ejército ®),

– Condenados como coautores de los delitos de homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza y autores de asociación ilícita. Por el primer cargo se impuso una pena de 15 años y un día a Salinas Torres, y de 10 años y un día a los dos restantes. Por el delito de asociación ilícita se impuso a todos la pena de 541 días de presidio.

A ellos se suman ahora los nuevos prófugos:

9) Juan de Dios Higueras Álvarez (suboficial de Carabineros Ⓡ), condenado en el Episodio Mulchén, como coautor de los homicidios calificados perpetrados en el (i) Fundo Carmen y Maitenes: Florencio Rubilar Gutiérrez, José Liborio Rubilar Gutiérrez, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Alejandro Albornoz González, Luis Alberto Godoy Sandoval, Miguel del Carmen Albornoz Acuña, Daniel Alfonso Albornoz González; ii) del Fundo Pemehue: Alberto Albornoz González, Felidor Exequiel Albornoz González, Jerónimo Humberto Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y José Fernando Gutiérrez Ascencio, ocurridos en los días 6 y 7 de octubre de 1973; a la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, más accesorias;

También en el mismo episodio fue condenado como coautor de los delitos de secuestro calificado de las siguientes personas del (ii) Fundo El Morro: de Juan de Dios Laubra Brevis, José Florencio Yáñez Durán, Celsio Nicasio Vivanco Carrasco, Edmundo José Vidal Aedo, Domingo Sepúlveda Castillo y de Guillermo José Albornoz González, perpetrados a partir de los días 5, 6 y 7 de octubre de 1973, en la comuna de Mulchén, a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, más accesorias legales.

10) René Riveros Valderrama (oficial de Ejército Ⓡ) sentenciado en el proceso Operación Cóndor, a dos penas de 18 años de presidio mayor en su grado máximo, por los delitos de secuestro calificado reiterados de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velázquez Mardones; y como coautor de los delitos reiterados de homicidio calificado de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto Gálvez y Ruiter Enrique Correa Arce.

11) Jaime Ojeda Torrent (oficial de Ejército Ⓡ), condenado en el proceso Caravana de la Muerte, episodio La Serena, condenado en calidad de cómplice de 15 homicidios calificados, a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio

Las víctimas son Óscar Aedo Herrera, Marcos Barrantes Alcayaga, Mario Ramírez Sepúlveda, Hipólito Cortés Álvarez, Jorge Contreras Godoy, Roberto Santa Cruz, Jorge Jordán Domic, Gabriel Vergara Muñoz, Carlos Alcayaga Varela, Jorge Osorio Zamora, José Araya González, Óscar Cortés Cortés, Manuel Marcarian Jamett, Víctor Escobar Astudillo y Jorge Peña Hen.

12) Ricardo Lilllo Morandé (oficial de Carabineros Ⓡ), condenado a la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, por los homicidios calificados de Héctor Marín Álvarez, don José Luque Schurman y Benjamín Garzón Morillo, el día 23 de septiembre de 1973, en el sector del Salar del Carmen, ubicado en la comuna de Antofagasta.

13) Iván Humberto Figueroa Canobra (oficial de Ejército Ⓡ), condenado a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, más accesorias legales, por los delitos de homicidio calificado consumado de Rodrigo Rojas De Negri, y homicidio calificado frustrado de Carmen Gloria Quintana Arancibia.

14) Juan Daniel Marambio López (suboficial del Ejército Ⓡ) Condenado como coautor del homicidio calificado de Francisco Javier Santoni Díaz, a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias.

Dos del Episodio Janequeo:

15) Miguel Fernando Gajardo Quijada (empleado civil del Ejército Ⓡ – CNI) Condenado como cómplice de los delitos de homicidio calificado de Hugo Ratier Noguera y Alejandro Salgado Troquian, a la pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio más accesorias legales.

16) José Isaías Vidal Veloso (comisario de la Policía de Investigaciones de Chile Ⓡ – CNI) Condenado como coautor de los delitos de homicidio calificado de Hugo Ratier Noguera y Alejandro Salgado Troquian, a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo más accesorias legales.

17) Luis Raimundo Quezada Chandía (ex conscripto) condenado como coautor de los homicidios calificados de Hernan Henríquez Aravena, y de Alejandro Flores Rivera, a la pena de 17 años de presidio mayor en su grado máximo.

18) Andrés Pablo Potin Lailhacar (ingeniero civil – Patria y Libertad – Comando Conjunto). Condenado en calidad de coautor del delito de secuestro calificado de Luis Emilio Maturana González, a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, y en calidad de coautor del delito de secuestro de Juan René Orellana Catalán, a la pena de 400 días de presidio menor en su grado mínimo.

Prófugos capturados a la fecha:

Jorge Vargas Bories, oficial de Ejército Ⓡ y agente de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), por lo que fue trasladado al penal Colina I. El exuniformado fue condenado como coautor del asesinato bajo tortura del profesor de enseñanza media y ex militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez, ocurrido el 21 de agosto de 1979.

Manfredo Enrique Jurgensen Caesar (médico, CNI) sentenciado como coautor del homicidio calificado de Federico Álvarez Santibáñez, a la pena de 8 años de presidio. Estuvo prófugo desde enero, detenido en Argentina en junio de 2023 cuando intentaba abordar un vuelo a Alemania, siendo solicitada su extradición pero falleció días después privado de libertad;

Olegario Enrique González Moreno (Ejército ®, DINA), condenado como

coautor de 9 secuestros calificados (desapariciones forzadas), a la pena de 10 años y un día, entrando a cumplir condena en julio de 2023;

Héctor Fernando Osses Yáñez (oficial de Carabineros ®, dirigente gremial de uniformados en retiro), condenado como autor en casi una docena de casos por asesinatos en la Población San Gregorio, quién estuvo prófugo entre 2021 a 2023.

José Miguel Meza Serrano (Armada ®, DINA), y Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme (suboficial Ejército ®, DINA), sentenciados como coautores de los delitos de secuestro calificado de Fernando Navarro Allendes y Héctor Véliz Ramírez, a la pena de 12 años de presidio cada uno, y de los delitos de secuestro simple de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Berríos, por lo que fueron condenados a 3 años de presidio respectivamente;

Víctor Álvarez Droguett (Ejército ®, DINA),

– condenado como coautor de los delitos de homicidio calificado en las personas de don Juan Fernando Ortiz Letelier, don Horacio Cepeda Marinkovic y don Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, a la pena de 15 años y 1 día de presidio mayor en su grado máximo;

– condenado como coautor de los delitos de secuestro calificado en las personas de don Fernando Alfredo Navarro Allendes y de Héctor Véliz Ramírez, a la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio;

– condenado como autor de los delitos de secuestro simple en las personas de don Juan Fernando Ortiz Letelier, don Horacio Cepeda Marinkovic y don Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, a la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio“

– condenado a 10 años de presidio por el secuestro calificado de Marta Ugarte Román.

-Juan Dionisio Opazo Vera (ex conscripto) sentenciado como coautor de 38 homicidios calificados a la pena de 10 años y un día, en el Caso Paine, Episodio Principal.

-Juan Renán Jara Quintana (oficial del Ejército ®), Condenados como coautor de los secuestros calificados y homicidios calificados de Víctor Jara Martínez y Littré Quiroga Carvajal. Se impuso una pena de 10 años y un día por los secuestros y de 15 años de presidio por los homicidios.

Prófugos como forma de impunidad

Para el abogado Francisco Bustos, del Estudio Caucoto Abogados, “nos parece importante alertar sobre este fenómeno, el cual tiene una doble dimensión de análisis. Por un lado, nos muestra que el Estado chileno, y en particular el Poder Judicial, está cumpliendo con su obligación de investigar, juzgar y sancionar crímenes de lesa humanidad. Por esa razón se han dictado decenas de sentencias, y aquí solo basta recordar que el año pasado concluyeron 96 procesos por crímenes contra la humanidad por sentencia firme”.

Agrega que “la segunda dimensión muestra un déficit. Las agrupaciones de familiares, organizaciones de la sociedad civil como Londres 38 han venido denunciando la existencia de prófugos como forma de impunidad. El hecho que desde que esto se advirtiera haya aumentado el número de evadidos, es indicativo de que el sistema de persecución penal puede tomar más medidas para prevenirlo, especialmente en materia de mejorar el control o imponer medidas cautelares más gravosas”.

Bustos, informó que “por nuestra parte como querellantes hemos solicitado las medidas cautelares correspondientes en cada caso”.

Pese a ello, también hay algunas buenas noticias, señala el abogado “como el hecho que varios de estos represores han sido detenidos, y hoy cumplen sus condenas, lo que habla también de un buen trabajo policial”, finalizó.

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Trabajadores de multinacionales de la región se reúnen en Santiago para abordar desafíos laborales en unidad

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Entre el 9 y 10 de julio se realizó en Santiago de Chile, el noveno Foro Regional de Sindicatos de las Empresas Multilatinas organizado por UNI Américas y la Confederación de Trabajadores del Comercio CONATRACOPS. En la instancia se abordaron diversos temas relativos a fortalecer la protección de los derechos laborales en los diferentes países de la región en los que hay filiales de estas multinacionales.

Con presencia de dirigentes de diversos países, entre ellos, Argentina, Brasil, Colombia. República Dominicana, Estado Unidos y Chile, el encuentro estuvo marcado por el propósito de construir alianzas sindicales a nivel internacional, reflexionar en torno a los desafíos del trabajo del presente y del futuro y procurar un espacio de diálogo social con las empresas multilatinas.

En la apertura del Foro, estuvieron presentes Claudio Sagardías, Presidente de la Confederación de Trabajadores del Comercio y Servicios CONATRACOPS de Chile; Marcio Monzane. Secretario Regional de UNI Americas; José Luis Oberto de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios FAECyS; la Ministra del Trabajo de Chile, Jeannette Jara y el Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT Chile, David Acuña.

Mario Monzane apuntó a la importancia del fortalecimiento de la organización de los trabajadores para los procesos de negociación colectiva; en tanto, Claudio Sagardías resaltó que la unidad permite saber cómo actuar frente a malas prácticas de estas empresas, como el no respetar los derechos laborales en otros países:

Las multinacionales de origen latinoamericano actualmente abarcan diversos sectores productivos como el retail, manufactura, financiero y otros, abriéndose espacios en mercados como el español, incluso el estadounidense, indicó el dirigente de CONATRACOPS. En el caso de Chile, estas empresas corresponden a Cencosud, Ripley y Falabella, las cuales concentran el 80% del mercado laboral.

La ministra Jeannette Jara abordó en su presentación el esfuerzo desplegado en la promulgación de cerca de 25 leyes laborales en el gobierno de Gabriel Boric y en la aún pendiente tramitación de la reforma de pensiones: “Ha costado muchísimo”, expresó, apuntando a que los gobiernos progresistas requieren alianzas con el mundo sindical y en estos procesos se optó por el modelo tripartito de diálogo social.

Apuntando al fortalecimiento de los sindicatos, se refirió a las dificultades que se generan cuando el tema previsional se separa del mundo del trabajo, siendo que en los países con más potencia sindical hay complementos en los sistemas previsionales pudiendo negociar aportes de los empleadores, mientras que en los más débiles ese punto no está en la agenda:

“Frente a eso, es importante el sindicalismo fuerte y hacer conversaciones amplias. Eso puede ampliar la línea de lo posible”, indicó la ministra.

Por su parte, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT Chile, David Acuña, se refirió a la construcción de diálogo como una fase compleja, donde los representantes de las multi gremiales tienen discursos heterogéneos y el modelo fomenta la autoexplotación frente al avance de nuevas normativas laborales en beneficio de las y los trabajadores.

En esa línea, el dirigente nacional abordó la importancia del sindicato sociopolítico respecto, por ejemplo, a saber leer los discursos del empresariado y sus representaciones políticas.

Con la pandemia cambiaron los cánones. Viendo que se puede producir con menos gente, han bajado las dotaciones, pero bajo una lógica de la subcontratación y la precariedad, sostuvo David Acuña: “Tenemos que generar estos cambios culturales: cómo vamos hacer el sindicalismo del futuro y cómo vamos a enfrentar estas nuevas formas”.

 

Retroceso en Chile para los trabajadores del comercio

Durante la misma jornada trascendió que el Congreso de Chile aprobó la ley que pone fin a declarar feriado los días de votación y elección política para los trabajadores del comercio.

Claudio Sagardías calificó la decisión como el peor retroceso en democracia, dado que el feriado era un derecho adquirido hacía ya casi 20 años:

El presidente de CONATRACOPS indicó que la decisión fue un avance político de la derecha y que en discusión de la tramitación participó el Ministerio de Hacienda y de Interior.

Por otra parte anunció que de ser necesario acudirán al Tribunal Constitucional.

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Pudahuel: La sexta comuna que más empleo ofrece en Chile

Según el informe mensual que mide el mercado laboral en nuestro país, desarrollado con datos del Instituto Nacional de Estadísticas, la comuna de Pudahuel ocupa el lugar número seis en el ranking del portal Trabajando.com. 

El Boletín Mercado Laboral mide las comunas de Chile que tienen mayor cantidad de ofertas laborales, cuáles son los cargos que más se solicitan y la remuneración promedio que se paga por ellos.

En esta dimensión, la Gerenta General de Desarrollo y Negocios de Trabajando.com, María Jesús García-Huidobro indicó, “a nivel técnico y sobre todo profesionales, gran parte de los cargos están requiriendo cada vez más conocimientos tecnológicos, uso de softwares y análisis de data”.

Por su parte, el alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo, comentó al respecto, “desde que llegamos al municipio en 2021 hemos rascado donde pica. Además de los temas de seguridad, para nuestra gestión, generar más trabajos es lo que de verdad mejora la calidad de vida. En estos 3 años logramos construir sólidos puentes con las empresas. Nuestro programa “Cooperar para Crecer” ha permitido una muy buena comunicación con el sector privado. Pudahuel no es solo un buen lugar para invertir, es también la comuna del buen vivir”.

Finalmente, dentro de las 20 comunas que lideran el ranking de junio, 10 se encuentran en la Región Metropolitana. Pudahuel es una de las comunas con mayor proyección económica en función de las buenas condiciones que ofrece su ubicación estratégica entre los puertos, autopistas y el aeropuerto internacional.

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ACHS: Tribunales da la razón a los trabajadores y obliga a extender descanso compensatorio por pandemia a prevencionistas

El pasado 10 de marzo la mutualidad fue multada por la Inspección del Trabajo por no otorgar descanso compensatorio por ley a expertos en prevención de riesgo.

Santiago, 12 de julio.- El Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago rechazó la reclamación judicial interpuesta por la Asociación Chilena de Seguridad, ACHS, contra la multa interpuesta por la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia a inicios del mes de marzo pasado por no otorgar el descanso compensatorio, dispuesto en la Ley N°21.530, a 718 trabajadores expertos en prevención de riesgos. La mutualidad buscaba dejar sin efecto la multa de 60 UTM (3,9 millones de pesos) y no otorgar el descanso establecido en la ley.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Empresa Asociación Chilena de Seguridad, Sintachs, había denunciado que la ACHS entregó este descanso solo a algunos de sus trabajadores y dejó fuera a cientos de prevencionistas, siendo que ante la ley la ACHS es un establecimiento de salud. Producto de esta denuncia se aplicó la multa, la cual fue rechazada por la empresa.
El sindicato valoró la sentencia del tribunal capitalino y destacó que la ACHS “deberá cumplir y respetar los derechos labores de sus prevencionistas”. Además, agregaron que “esperamos que no sigan dilatando el otorgamiento de los derechos laborales a sus funcionarios con recursos judiciales y comiencen a otorgar el descanso reparatorio a todos sus trabajadores y trabajadoras sin discriminar”.

Documento-356
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