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Lautaro Carmona interpela a la oposición frente al clave rol de Chadwick en causas investigadas por corrupción

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En el marco de la investigación que busca esclarecer el historial de conversaciones entre Luis Hermosilla y el ex fiscal Manuel Guerra, se dio a conocer que en ellas hubo traspaso de información sobre el caso Penta y solicitud de nuevas contrataciones por parte del ex persecutor, a quien fue asesor principal del ex ministro Andrés Chadwick.

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, declaró frente a esta nueva mención del ex ministro de Piñera y militante de la UDI en una de las tantas investigaciones que cursan vinculadas al caso Audio-Hermosilla: “La derecha debe responder lo que pasa con Andrés Chadwick. No puede seguir dilatando cuál fue su participación ni divorciarse de su condición de fundador de la UDI”.

El timonel del PC señaló que el silencio de la derecha altera la básica sanidad que debe haber en una convivencia democrática, lo que tiene expresión en el despliegue de sus campañas para las elecciones municipales y regionales que se llevarán a cabo entre el 26 y 27 de octubre.

Sin embargo, Carmona también apuntó a la necesidad de que la coalición oficialista abrace el factor de la unidad como condición de primer orden, “si se quiere tener una correlación para ser mayoría y generar cambios”.

Asimismo, valoró las candidaturas aportadas por el partido en la construcción de alianzas con otras colectividades del progresismo para las elecciones.

En ello, destacó las trayectorias de trabajo social de las candidaturas comunistas que manejan, señaló, las propuestas que están en el debate nacional como seguridad, pensiones a temas más locales de cada territorio, como el transporte público, la infraestructura vial, el agua, etc.

“Si no afinamos la unidad desde las direcciones nacionales hasta la expresión en la base, estamos regalando espacios gratuitamente a la derecha que a la fecha no muestran una ofensiva de propósitos”.

Estallido social

Recordando los 26 años del triunfo del No en el plebiscito del 5 de octubre de 1988 que por voto popular se pudo fin a la dictadura de Pinochet, Lautaro Carmona, se refirió a las luchas del movimiento popular que en ese entonces presionaron para llevar a cabo transformaciones en el país, al igual como ocurrió durante el estallido social de 2019.

En esa línea, señaló que el partido llegada la fecha compartirá una opinión colegiada referido “a ese fenómeno en la política nacional que fue irrupción de la lucha política social de la denuncia y de la protesta”.

“Creo que los políticos debemos tener la disposición y autoexigencia por saber comprender y discernir qué es lo que se representó en esa eclosión social”, indicó respecto a la envergadura de aquella manifestación a nivel nacional y sin precedentes que significó la revuelta de octubre.

“Todas las formulaciones fueron a partir de asumir que esto representaba una crisis política en el funcionamiento del país con repercusiones sociales y que necesitaba salidas políticas”, explicó Carmona, advirtiendo que “los temas presentes en la movilización no están resueltos y la lucha popular venía diciendo la posibilidad de lo que ocurrió”.

“El tema de fondo es que el sistema neoliberal imperante, no resuelve; es parte del fracaso, de la frustración, y el derecho a plantearlo es democráitco”, sostuvo el presidente del PC.

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Consejo para la Transparencia presenta propuestas para modernizar la regulación del Lobby en el Congreso

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El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Bernardo Navarrete, presentó, en la comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados y Diputadas, un conjunto de propuestas para perfeccionar la actual regulación sobre lobby en Chile.

La sesión, celebrada en el Congreso Nacional en Valparaíso, tuvo como eje central la discusión del Proyecto de Ley que “Moderniza la Regulación del Lobby y las Gestiones de Intereses Particulares ante las Autoridades y Funcionarios”.

La presentación destacó las oportunidades que esta modernización de la legislación representa para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la toma de decisiones públicas. Según el titular del CPLT, “este proyecto se alinea con las recomendaciones de la OCDE y podría marcar un precedente para la actualización de otras normativas esenciales, como la Ley de Transparencia y la Ley de Probidad en la Función Pública”.

Dentro de las principales recomendaciones del CPLT, destaca la necesidad de incorporar a la definición de lobby todo tipo de comunicación o contacto efectuado por un lobista con una autoridad, por cualquier medio (correo electrónico, vía telefónica, whatsapp, u otro), de manera que queden comprendidas en la norma todas las posibilidades de contacto entre el mundo privado y el público, y ellas sean registradas.

Asimismo, son especialmente relevantes los ajustes normativos propuestos a la categoría de “representantes de intereses calificados”, que son aquellas personas cuya principal actividad económica es el lobby, a los cuales el proyecto de ley da una mayor carga regulatoria, y cuya calificación queda en manos del CPLT. Para realizar de manera correcta la verificación de los requisitos que debe cumplir una persona para considerarse dentro de esta categoría, el CPLT propuso conferir atribuciones al Servicio de Impuestos Internos para informarle sobre sus ingresos. Además, propuso abordar la actividad de lobby que realicen grupos empresariales.

Por otra parte, se establece la necesidad de fortalecer la fiscalización y sanción, y robustecer los mecanismos de control sobre los particulares que ejercen actividades de lobby. Para ello, el CPLT hizo una serie de consideraciones sobre el procedimiento para sancionar las infracciones a la ley. Destacando la necesidad de flexibilizar el sistema de sanciones, permitiendo al sancionador aplicar las sanciones según la magnitud de la infracción, considerar si hay reincidencias, y tener en cuenta circunstancias agravantes o atenuantes.

Por último, recomendó incorporar a los registros de lobby, no solo las audiencias aceptadas, sino también las solicitudes de audiencias, las audiencias rechazadas y la identidad de los solicitantes.

En cuanto a las oportunidades, el ente regulador de la transparencia en el país subrayó que esta modificación puede ser un hito que otorgue una modernización de otras normativas relacionadas con la transparencia y la probidad. Asimismo, destacó que, a pesar del reconocimiento internacional que recibe Chile en materia de lobby, es una legislación superada por la práctica. Ello refuerza la necesidad de perfeccionar el sistema para evitar influencias indebidas en la toma de decisiones públicas.

Finalmente, el CPLT identificó riesgos en el proyecto de ley. En palabras de su presidente, se señaló: “Vemos ciertos riesgos, como la falta de una autoridad de control con competencias transversales o los desafíos en la gestión interna por la creciente cantidad de información que deberá manejar el CPLT. Ellos deben ser encauzados debidamente en la tramitación del proyecto”.

“El CPLT espera que estas propuestas sean consideradas por el gobierno y el Congreso Nacional durante la discusión del proyecto de ley, con el objetivo de perfeccionar la regulación vigente y continuar avanzando hacia una mayor transparencia y equidad en la toma de decisiones públicas en Chile” finalizó el mandamás del Consejo para la Transparencia.

En la instancia, Navarrete estuvo acompañado por el consejero, Roberto Munita, el director general, David Ibaceta, y la directora jurídica, Ana María Muñoz, todos del CPLT.

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Sudamérica en llamas: el peligroso aumento del número de días con condiciones extremas de calor, sequedad y alto riesgo de incendios

Un estudio internacional, en el que participan investigadores chilenos, utiliza datos de re-análisis y apunta a que la frecuencia de estos eventos ha crecido significativamente en áreas como el norte de la Amazonía, Maracaibo y el Gran Chaco.

“Existe evidencia de que Sudamérica está presentando cada vez más frecuentes condiciones cálidas y secas en conjunto, lo que está vinculado a una mayor periodicidad de incendios forestales”, explica el académico del Instituto de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de O’Higgins (UOH), Raúl Valenzuela, que junto a un grupo internacional de investigadores se dedicó a analizar el fenómeno en toda el área.

De acuerdo al investigador existe un aumento de 2 a 3 veces en el número de días por año con condiciones de riesgo de incendio, considerando el periodo 1971-2022. “Esta tendencia en el incremento del número de días con condiciones de incendio va acompañada de una importante variabilidad año a año asociada con la oscilación de ENSO (El Niño y La Niña)”, añade el Doctor en Ciencias Atmosféricas.

La investigación “South America is becoming warmer, drier, and more flammable” descubrió que la frecuencia de estos extremos ha crecido significativamente en áreas clave como el norte de la Amazonía, Maracaibo y el Gran Chaco, intensificando los riesgos de incendios.

Si bien el análisis no aborda los impactos que esta tendencia pueda tener, sí se discuten potenciales consecuencias en el ámbito ecológico, como una pérdida importante de biodiversidad -especialmente en el Amazonas-; en salud, debido al aumento de olas de calor e incremento en los niveles de contaminación; y en cambio climático, por el aumento en emisión de aerosoles que amplifican el efecto invernadero.

Respecto a la influencia de los fenómenos de La Niña y El Niño, Valenzuela explica que ENSO es un modulador de la variabilidad de eventos compuestos de sequía y calor. “Así, se encontró que mientras El Niño se asocia a eventos compuestos sequía-calor en la parte norte del continente, La Niña muestra un efecto en la parte central”, puntualiza.

Cómo afecta a Chile

El académico destaca que Chile tiene la suerte de que la Corriente de Humboldt, una corriente marina fría que se desplaza de sur a norte, cubre gran parte del territorio central y norte del país. “Ésta permite que la tendencia de temperatura, a lo largo de Chile, no siga necesariamente la tendencia de aumento de temperatura global y de Sudamérica. Sin embargo, nuestro país sí está expuesto a la variabilidad interanual de temperaturas y -por tanto- es posible observar olas de calor al igual que en el resto de Sudamérica. Esto impacta en la frecuencia de incendios que también observamos en nuestro país”.

Agrega que si bien los resultados del estudio muestran una condición de borde (sequía más calor extremo) que induce a una mayor frecuencia en episodios de grandes incendios forestales, “el factor humano es esencial para que el conjunto de factores llegue a producir incendios masivos. Desde la generación de incendios intencionales hasta la falta de acción para legislar sobre el tema”, explica.

Respecto a las medidas que debieran tomarse en Sudamérica –y especialmente en Chile-, frente a esta realidad, Raúl Valenzuela aclara que “falta una fuerte inversión en sistemas de monitoreo y predicción. Es necesario que los Estados continúen y aumenten las inversiones en sistemas de pronósticos y alertas temprana para que la ciudadanía esté adecuadamente informada y pueda tomar los resguardos correspondientes ante este tipo de desastre socionatural. De igual forma, el marco legislativo debe considerar los resultados de este tipo de estudios para nuevas normas asociadas a los incendios forestales”, finaliza.

Junto a Raúl Valenzuela trabajaron los investigadores Sarah Feron, Raúl Cordero, Alessandro Damiani, Shelley MacDonell, Jaime Pizarro, Katerina Goubanova, Chenghao Wang, Lena Rester y Anne Beaulieu.

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Construcción de un Envejecimiento digno para todos y todas

Por Carolina Moraga Paredes. Académica Facultad de Medicina, Universidad Central

Este año, el Día Internacional de las Personas Mayores nos invita a reflexionar sobre el tema “Envejecer con dignidad”, destacando la importancia de reforzar los sistemas de apoyo y cuidado para mejorar la calidad de vida de las personas mayores en todo el mundo.

Desafortunadamente, en nuestra sociedad, muchas personas mayores enfrentan barreras que limitan su posibilidad de envejecer dignamente. Estas dificultades provienen de factores sociales, culturales, económicos y educacionales, tanto individuales como estructurales. El derecho a una vejez digna no siempre se ve garantizado, y en gran parte, esto se debe a la forma en que nuestra sociedad percibe y trata a las personas mayores.

Una de las grandes barreras es la discriminación por edad, también conocida como Edadismo. De acuerdo con el Informe Mundial sobre el Edadismo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2022, esta forma de discriminación no sólo reduce la calidad de vida de las personas mayores, sino que también aumenta su soledad y aislamiento, restringe su capacidad para expresar su sexualidad y eleva el riesgo de sufrir violencia y abuso. Estos factores afectan la salud mental y física de las personas mayores, pudiendo disminuir su esperanza de vida.

En este contexto, es fundamental que como sociedad tomemos medidas para combatir el edadismo. Una de las vías para lograrlo es a través de los medios de comunicación, que juegan un papel clave en la construcción del imaginario colectivo sobre la vejez y el envejecimiento en la población. La forma en que los medios presentan a las personas mayores influye directamente en cómo la audiencia percibe el envejecimiento, en el fondo si solo se destacan imágenes de enfermedad y fragilidad, estaremos perpetuando estereotipos negativos, base para la exclusión social de la población mayor.

En Chile, hemos visto avances en la representación mediática de la vejez. Cada vez más, las teleseries incluyen personajes mayores en roles protagónicos, mostrándolos como sujetos plenos, con vidas activas y significativas. Además, en los últimos años, la prensa, los espacios radiales, cuentas de Instagram, podcasts, han comenzado a explorar relatos y experiencias de envejecimiento, contribuyendo a modificar esa imagen histórica que asocia la vejez con dependencia y enfermedad.

La Gerocomunicación, o comunicación sobre el envejecimiento, es clave para transformar la percepción social de la vejez. Al mostrar una imagen diversa y realista de las personas mayores, los medios no solo combaten estereotipos, sino que también respaldan políticas públicas inclusivas que reconocen la variedad de formas de envejecer. Reforzando la necesidad de sistemas de atención que respeten las particularidades de las diversas trayectorias de envejecimiento, asegurando que se reciban apoyos acordes a las necesidades y circunstancias.

Sólo si comenzamos a cambiar la narrativa, podremos construir una sociedad que no tema envejecer, que valore a la población mayor y garantice su derecho a una vida plena y digna. Es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con un futuro en el que todas las personas envejezcan con dignidad, respeto y participación plena en la sociedad, hasta el final de su vida.

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Investigan soluciones biotecnológicas para el tratamiento de aguas residuales

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  • Mediante el desarrollo de alternativas que imitan a la naturaleza, académicos de la Escuela de Ingeniería Bioquímica de la PUCV plantean la implementación de sistemas de saneamiento sostenibles, como el uso de microalgas y de humedales artificiales, que reduzcan costos, integren fuentes de energía renovables y faciliten la reutilización del recurso hídrico.
  • Respecto de la contaminación de las napas, se propone el uso de bacterias consumidoras de hidrógeno.

    Abordar la escasez de recursos hídricos a través del desarrollo de bioprocesos destinados al tratamiento de aguas residuales para llevarlas a una calidad que permita su uso en distintas aplicaciones, inclusive el consumo humano, es el principal objetivo de la investigación que lidera el académico del Doctorado en Biotecnología y del Doctorado en Ciencias de la Ingeniería Mención Ingeniería Bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), David Jeison.

    “Bioprocesos para la recuperación sostenible del agua” es una iniciativa realizada en el marco del Concurso Anillos de Tecnología 2024 que impulsa la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), que contempla dos líneas de trabajo. “La primera dice relación con el tratamiento de aguas residuales municipales producidas por los hogares, escuelas, negocios, edificios e industrias a partir de desagües como lavabos, duchas, lavanderías e inodoros, y la segunda aborda el tema de la contaminación por nitrógeno que sufren las napas subterráneas debido al uso intensivo de fertilizantes, con potencial de generar problemas de salud pública”, explicó el investigador.

    RECUPERACIÓN SOSTENIBLE DE LAS AGUAS RESIDUALES

    A pesar de ser uno de los compuestos más abundantes en la Tierra, solo el 0,5% del agua es dulce. El cambio climático y la contaminación están reduciendo progresivamente su disponibilidad. Este proyecto plantea el desarrollo de biotecnología que imita a la naturaleza para implementar sistemas de saneamiento sostenibles que reduzcan los costos, integren fuentes de energía renovables y faciliten la reutilización del recurso.

    La primera de las soluciones involucra el uso de microalgas que tienen la peculiaridad de realizar fotosíntesis –al igual que las plantas y las algas–, proceso que permite la captura de dióxido de carbono del aire, produciendo oxígeno. Este elemento puede ser usado por bacterias que participan de la remoción de contaminantes, proporcionando el tratamiento deseado.

    Una segunda opción es el empleo de humedales construidos que, al igual que los naturales, son sistemas que involucran un suelo inundado en el que crecen plantas y microorganismos. Al hacer circular aguas municipales, los organismos de este hábitat se desarrollan gracias al consumo de los contaminantes, limpiando su entorno. El aprovechamiento de humedales artificiales, si bien no es una tecnología nueva para la purificación del agua, enfrenta desafíos como la presencia de microplásticos, que representan una creciente preocupación ambiental en los ecosistemas acuáticos.

    Es precisamente a través de su investigación en el tema de los microplásticos que participa de este proyecto la alumna del Magíster en Ciencias de la Ingeniería con mención en Ingeniería Bioquímica de la PUCV, Valeria Brito, quien analiza la situación de estas estructuras dentro de un sistema raceway microalgas-bacterias.

    “Existen investigaciones acerca de otros tipos de tratamiento de agua. Por ejemplo, en los lodos activados que es un sistema muy utilizado en Chile, pero la ventaja que tiene el tipo de reactor que utilizaremos es que es más simple en términos de operación y más económico, pues básicamente utiliza luz solar. El plan es determinar qué sucede con los microplásticos en estos ambientes, para establecer si el propio sistema de tratamiento tiene efecto o si sufren algún cambio como pérdida de forma o de color”, argumentó.

    La implementación de este plan de saneamiento está pensada en un plazo de tres años y considera la situación de zonas rurales, que muchas veces tienen carencias sanitarias importantes lo que, sumado a una sequía de más de 14 años, impacta negativamente en el acceso a agua limpia que tienen las comunidades.

    “Este proyecto me ha ayudado a aplicar mis conocimientos hacia un contexto real como es la crisis hídrica mundial y del país, asociado a la falta de cobertura sanitaria de muchas zonas rurales. Esta tecnología es una opción para las comunidades pequeñas donde no hay acceso a una planta de tratamiento”, manifestó Valeria Brito.

    Si bien la mayoría de las ciudades de nuestro país cuenta con sistemas de tratamiento de sus aguas municipales para la remoción de contaminantes y el retorno a los cursos naturales, su calidad no permite la reutilización directa por parte de la población. La propuesta contempla el desarrollo de un proceso que combina sistemas de filtración similares a los usados para la desalación del agua de mar (osmosis inversa) con procesos biológicos para la conversión y remoción de los contaminantes residuales, mientras que la osmosis inversa hará posible producir agua de gran calidad, que incluso pueda ser usada por la población de manera directa.

    CONTAMINACIÓN DE LAS NAPAS A CAUSA DEL NITRÓGENO

    En Chile, las aguas subterráneas son utilizadas para diversas tareas y su contaminación con nitratos es una gran preocupación. El nitrógeno está presente en la naturaleza y es esencial para la vida; su ciclo comienza con las plantas, que lo absorben del suelo, continúa con los animales que se alimentan de ellas y que, al morir y descomponerse, devuelven al suelo este elemento para que las bacterias lo transformen y así recomenzar el ciclo.

    Algunas actividades humanas tienen el potencial de alterar este equilibrio, como puede ser el uso inadecuado de fertilizantes artificiales que, por un lado, permean hacia las napas y, por el otro, provocan su eutrofización y acidificación.

    La presencia de nitratos en el agua puede causar serios problemas de salud. Por ejemplo, al utilizar agua contaminada para la alimentación de niños menores de 6 meses, es posible la aparición del “síndrome de bebé azul” debido a la formación de metahemoglobina en sangre.

    Este estudio también plantea como solución a esta problemática el uso de bacterias desnitrificantes autótrofas, microorganismos que transforman el nitrato en nitrógeno gaseoso, el que puede ser descargado a la atmósfera sin riesgo. Para crecer, estos microorganismos pueden usar diversas fuentes de energía, como el hidrógeno, producido de manera renovable (hidrógeno verde).

    “Creo que tenemos grandes oportunidades en la PUCV para seguir contribuyendo al desarrollo de la región y del país. Esperamos que con nuestro compromiso, trabajo y motivación podamos estar a la altura de las expectativas que implica la adjudicación de este proyecto”, expresó David Jeison.

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Memoria sísmica y comunicación: Las principales medidas preventivas ante terremotos

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Conocer la realidad y necesidades especiales de cada miembro de la familia, tener acceso rápido a los kits de emergencias, claridad sobre las rutas de evacuación, puntos de encuentros, y la capacidad de guardar la calma, forman parte de las claves para enfrentar situaciones de desastres de grandes proporciones.

La investigadora del Instituto de las Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de O’Higgins (UOH), Alejandra Serey, recomienda que mantenerse informado acerca de las medidas preventivas y acciones a seguir en caso de terremoto, constituye uno de los principales hábitos que se deben promover dentro de los hogares y comunidades de Chile, con lo cual se podrían generar prácticas de comunicación y soluciones conjuntas e individuales capaces de salvar vidas.

La geóloga resalta las significativas ventajas que se pueden alcanzar cuando se lleva a la “mesa de conversación” el tema de cómo enfrentar los terremotos de gran envergadura, sobre todo porque con este tipo de comunicaciones se espera conocer los escenarios que se deben generar antes del terremoto, así como las medidas que se activarían durante y después del evento. Lo cual está estrechamente relacionado con “la claridad” de las condiciones familiares y comunitarias para activar los dispositivos de emergencia que cada quién debe conocer previamente, incluyendo niñas y niños lo suficientemente autónomos para resolver situaciones puntuales.

“Eso es lo primero. Que todas las familias, incluso comunidades, junto a niñas y niños tengan sobre la mesa de conversación el tema de la prevención y cómo actuar en caso de terremotos de grandes proporciones, lo que contribuye a tomar una ruta de acciones más claras dentro de la conmoción. Por un lado, porque se debe tener claridad acerca de quién puede o no ser autónomo para ejercer acciones, dependiendo de la edad y las condiciones para ello, considerando que en muchos hogares se encuentran adultos mayores, o personas con capacidades especiales, movilidad reducida o psicomotoras que no se valen por sí solas”.

Y, por otro lado, -aclara la experta- esta comunicación “que debe ser permanente”, ya que permite conocer las características del territorio donde se vive, los puntos de encuentro en caso de cualquier situación de desastre, claridad sobre cuáles son las vías de evacuación, la ubicación de la mochila de primeros auxilios, o el lugar de la linterna -por ejemplo- en caso de corte de energía eléctrica. O bien, cómo y en qué momento usar los marcos de las puertas, o las escaleras de emergencia, dependiendo si se vive en edificio, en casa, u otro tipo de construcciones habitacionales y laborales.

La científica también alerta que en pleno terremoto suelen colapsar las telecomunicaciones, por lo que recomienda a los núcleos familiares y comunidades reconocerse entre sí para establecer protocolos de “comunicación vía mensajes de texto o por telegram”, además de valerse de los canales oficiales de información como el del Senapred, por ejemplo.  

Memoria sísmica

Otro de los factores que Serey considera de gran relevancia para enfrentar un terremoto de proporciones mayores a los 8.0 de magnitud, se encuentra asociado a “la memoria individual, heredada y colectiva”, entendida como aquel registro de experiencias sobre eventos sísmicos que se ha traspasado generación tras generación, en el que se resguardan “los recuerdos” de quienes vivieron la catástrofe, o de los que vivirán eventos de este tipo en el futuro.

“Todas las generaciones vamos a experimentar uno o dos megaterremotos; es decir, un terremoto con magnitud mayor o igual a 8.0. Motivo por el cual, los recuerdos cobran mucho valor, especialmente porque generan valiosa información sobre traumas y miedos asociados a las catástrofes, que se pueden estudiar de distinto modo, dependiendo del género que experimente el evento (masculino o femenino), en el entendido de que tanto hombres como mujeres reaccionamos de manera distinta frente a los desastres, por lo que la memoria individual, heredada y colectiva, propia de cada lugar, persona y territorio pasa a ser una fuente inagotable de datos y de historia sobre buenas prácticas o malas prácticas durante un acontecimiento sísmico de grandes proporciones”.

La investigadora reconoce que, gracias a esta memoria sísmica, Chile ha desarrollado con el paso del tiempo una capacidad de respuesta y de comunicación inmediata ante desastres, terremotos, inundaciones o tsunamis, fortaleciendo el trabajo de articulación entre redes de carabineros, bomberos, defensa civil, fuerza armada, organizaciones gubernamentales, y personas dedicadas a la atención de catástrofes. “El desafío el día de hoy es trabajar en colaboración y multisectorialmente en el ciclo de la gestión del riesgo de desastres. Un buen ejemplo de ello, es la labor que viene haciendo Senapred con el sistema de comunicación de alerta temprana vía telefónica, junto a los programas de capacitación y simulacro con las comunidades, articulado con la mesa de peligros geológicos aquí en la Región de O’Higgins donde trabajamos la academia con el Minvu, la DGA, el Gobierno Regional, municipalidades, entre otros”.

Para Serey, mientras más se converse y mientras más historias e información de los territorios se entreguen a la gestión de riesgo de desastre, mejor serán las formas de articular medidas preventivas entre las distintas instituciones, y comunidades, donde la academia juega un papel fundamental en el diseño de políticas preventivas y estrategias para la divulgación de conocimiento y acción frente a los peligros geológicos que puedan tener lugar en el país. “Insisto: la memoria sísmica y la comunicación salva vidas”, finaliza la investigadora UOH.

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Suprema deja a firme condenas contra ex uniformados por ejecuciones de 11 campesinos de Paine

Se trata de la sentencia definitiva en el episodio “Paine Aculeo” que dejó once víctimas y con el cual se da por cerrado el proceso judicial “Paine”, una de las causas más crudas que dejó la dictadura militar en nuestro país.

La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema dictó sentencia definitiva y de reemplazo, condenando a cuatro ex uniformados como autores del secuestro calificado de once campesinos, hechos ocurridos en octubre de 1973, en lo que se conoce como episodio Paine Aculeo.

De esta manera, los ministros   Manuel Antonio Valderrama, Jean Pierre Matus, el ministro suplente Juan Manuel Muñoz, y los abogados integrantes Juan Carlos Ferrada y Eduardo Gandulfo confirmaron las condenas emitidas por la Corte de Apelaciones de San Miguel en septiembre de 2022 y condenaron a los oficiales del Ejército en retiro Iván de la Fuente y Alfonso Faúndez Norambuena; y el prefecto de Investigaciones  Roberto Arcángel Rozas Aguilera, a la pena de 18 años de presidio mayor en su grado máximo como autores del secuestro calificado de las once víctimas.

En tanto, el ex oficial de División del Ejército Julio Cerda Carrasco recibió una condena de 15 años como autor del mismo delito ejecutado contra cinco de las once víctimas.

De acuerdo a la investigación, hay oficiales de Ejército que no alcanzaron a ser condenados porque fallecieron durante el proceso, tales como Víctor Pinto Pérez, Andrés Magaña Bau y Alejandro Valdés Visitainer; y Sergio Avila Quiroga, ex Carabinero.

El máximo tribunal, por unanimidad, rechazó todos los recursos de casación formulados por las defensas de los condenados.  Confirmó íntegramente el fallo de primera instancia dictado por la Ministra Marianela Cifuentes, instructora de la causa.  Igualmente dejó sin aplicación la media prescripción solicitada por los condenados, y en el aspecto civil, la Corte Suprema al acoger recurso de casación de los representantes de las víctimas, dejó sin efecto el fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que había rebajado sustancialmente los montos otorgados por la Ministra Cifuentes a los familiares.

Nelson Caucoto Pereira, abogado de 10 de las 11 víctimas señaló que “estamos culminando con este fallo terminal del máximo tribunal de la República, en el “Episodio Aculeo”,  un mega proceso que comprende en total 70 víctimas, denominado “Caso Paine”.  Ha sido un trabajo gigantesco de la justicia chilena, expresado en las personas de María Stella Elgarrista, Héctor Solís, y finalmente la ministra Marianela Cifuentes, quienes desplegaron grandes esfuerzos por satisfacer los legítimos anhelos de los familiares de las víctimas, en su gran mayoría campesinos de la zona, por buscar justicia para sus seres queridos”.

Caucoto agrega que “judicialmente se está cerrando positivamente un periodo triste, irrepetible y de mucho dolor para tanta gente humilde, cuyos derechos fueron arrasados por la dictadura militar.  Lo que ha hecho el Poder Judicial en este caso, con la ministra Marianela Cifuentes, es realmente algo que nadie pudo imaginar en el pasado. ¿Quién pensó que se podía avanzar en el esclarecimiento de los hechos y que los autores de estos crímenes aberrantes,  que aún sobreviven irían a la cárcel, y que esos familiares recibirán reparación?”, se cuestionó el profesional.

“Ha sido en concreto, una buena forma de reivindicar el trabajo de tribunales de justicia, que vienen a superar y dejar atrás tiempos de oscuridad y de completa impunidad del pasado.   Hoy, esos familiares pueden mirar con más esperanzas el futuro, la sanación llega también con la justicia “, finalizó Caucoto.

De acuerdo a la investigación, los condenados detuvieron, torturaron y ejecutaron a los trabajadores agrícolas Santo Calderón Saldaño, Benjamín Camus Silva, José Manuel Díaz Inostroza, Rolando Donaire Rodríguez, Luis González Mondaca, Francisco Lizama Irarrázaval, Pedro Meneses Brito, Juan Manuel Ortiz Acevedo, Luis Ortiz Acevedo, Bautista Oyarzo Torres y Jorge Pavez Henríquez, entre el 13 y 20 de octubre de 1973 en la zona rural de Aculeo. Una vez asesinados, sus cuerpos fueron abandonados algunos en el Puente del río Maipo y los otros, en un Fundo de Pirque.

Los hechos

La investigación sustanciada por la ministra Marianela Cifuentes pudo acreditar los siguientes hechos:

El 13 de octubre de 1973, militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo, junto a un funcionario policial y de un civil del sector, realizó allanamientos y detenciones en diversos asentamientos campesinos de la Reforma Agraria, situados en las inmediaciones de la laguna de Aculeo, en la comuna de Paine.

En esa oportunidad detuvieron a los dirigentes campesinos, entre ellos: José Manuel Díaz Inostroza, presidente del asentamiento Mansel Alto; Francisco Javier Lizama Irarrázaval y Jorge Manuel Pavez Henríquez, presidente y tesorero, respectivamente, del asentamiento El Patagual y los hermanos Juan Manuel Ortiz Acevedo y Luis Celerino Ortiz Acevedo, presidente y vicepresidente del asentamiento Rangue

Lo mismo hicieron el 20 de octubre de ese año, esta vez en el sector de El Vínculo, Huiticalán y El Patagual, deteniendo a Pedro Juan Meneses Brito, presidente del asentamiento El Vínculo y Luis Osvaldo González Mondaca, presidente del asentamiento Huiticalán y a los obreros agrícolas Santos Pascual Calderón Saldaña, Benjamín Adolfo Camus Silva, Rolando Anastasio Donaire Rodríguez y Bautista Segundo Oyarzo Torres.

Posteriormente las víctimas fueron trasladados al campo de prisioneros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, en el cerro Chena, lugar en que fueron sometidos a interrogatorios bajo tortura, para posteriormente  ser ejecutados con arma de fuego y sus cuerpos inhumados ilegalmente y abandonados.

Dicho campo de prisioneros estaba a la cabeza del capitán de Ejército Víctor Raúl Pinto Pérez, actualmente fallecido y el teniente de Ejército Alfonso Faúndez Norambuena. Del mismo modo, estaban a cargo de los interrogatorios el teniente de Ejército Osvaldo Andrés Alonso Magaña Bau, el teniente de Carabineros Sergio Heriberto Ávila Quiroga y los oficiales de la Policía de Investigaciones Oscar Hernán Vergara Cruces y Roberto Arcángel Rozas Aguilera.

De acuerdo a la investigación, el 23 de octubre de 1973, se encontraron los cadáveres de José Manuel Díaz Inostroza y de Santos Pascual Calderón Saldaña, Benjamín Adolfo Camus Silva, Luis Osvaldo González Mondaca y Pedro Juan Meneses Brito, en la ribera del río Maipo, a la altura del puente Maipo.

El 13 de noviembre de 1973 fueron encontrados semienterrados y en estado de putrefacción los cadáveres de Francisco Javier Lizama Irarrázaval, Juan Manuel Ortiz Acevedo, Luis Celerino Ortiz Acevedo, Rolando Anastasio Donaire Rodríguez y Bautista Segundo Oyarzo Torres, todos en el interior del fundo San Vicente de Lo Arcaya, comuna de Pirque

Finalmente, los restos de Jorge Manuel Pávez Henríquez fueron encontrados en la tumba N° 2.476 del Patio 29 del Cementerio General.

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Abogado informa diligencias incumplidas en contra de Aes-Andes: “Un nuevo retraso inexplicable para las víctimas de Quintero-Puchuncaví”

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En la zona de sacrificio de la Quinta Región, los episodios de contaminación han continuado y las instituciones fiscalizadoras no han respondido de manera oportuna.

Si bien el miércoles 3 de octubre, el Ministerio del Medio Ambiente presentó una serie de normas secundarias de calidad ambiental para la zona de Quintero Puchuncaví, a más de un año del cierre definitivo de la División Ventanas de Codelco, estas medidas anunciadas por la cartera cumplen con una exigencia hecha por la Corte Suprema en el año 2019.

Por otra parte, el anuncio se dio a conocer tres días después de terminada una alerta ambiental en la zona que se extendió durante dos meses por nuevos casos de intoxicación que afectaron a 45 niños en el mes de agosto.

En este episodio, las emanaciones contaminantes provinieron de la planta de Enap, situación que se habría reiterado incluso desde el mes de mayo, acusaron vecinos del sector.

La espera inexplicable

En ese marco, un llamado de atención también hizo el abogado Miguel Fredes representante en la causa de más de 1000 residentes de la zona, y quien interpuso en el año 2022 cuatro querellas criminales agrupadas al RIT 1291-2018 .

Fredes solicitó en ese año a la fiscal Ana María Aldana Saavedra tomar declaración indagatoria a ejecutivos claves de la multinacional AES ANDES, empresa transnacional, otrora Aes Gener, que ha llevado operaciones para la generación de electricidad en el país principalmente en base al uso de carbón.

Son centenares los varamientos de residuos de ese material que se le imputan en Quintero, así como la controvertida negociación -llamada acuerdo mordaza- que la firma buscó entablar ese mismo año con pescadores de la zona para impedir una denuncia por daño ambiental.

Entre los ejecutivos claves de la multinacional AES ANDES de ese momento se encontraba: Ricardo Manuel Falú, ex gerente General, Juan Ignacio Rubiolo, Presidente; Bernard Da Santos, Director; Radovan Razmilic Tomicic, Director; Gonzalo Parot Palma, Director; Daniel Fernández Koprich, Director; Arminio Borjas, Director y Madelka McCalla, Directora.

“La mayoría de los ejecutivos de AES Andes han abandonado el país y han dejado todo tipo de responsabilidades y funciones de sus cargos en Chile”, indicó el abogado, a propósito de la entrada en vigencia de la ley N°21.595 sobre Delitos Económicos y ambientales que comenzó a regir este año.

Fredes señaló que tras 2 años de llevar los recursos legales y de reiteradas evasivas, la Unidad de Alta Complejidad del Ministerio Público, le dio cita telemática el lunes 23 de septiembre de 2024, pero no con la fiscal a cargo sino con su asistente, Lorena Nuñez Oviedo, dado que la funcionaria se encontraba con licencia médica.

Fredes también precisa que la abogada en reemplazo reconoció tener muy poco tiempo en la causa y confirmó que hay pericias del año 2018 que aún están pendientes, como ocurre con la ordenada a la Comisión Chilena de Energía Nuclear que además suma 60 días de plazo. “Un nuevo retraso inexplicable para las víctimas”, subrayó el abogado.

“También existen otras diligencias sin cumplirse”, señaló Fredes como la cita a prestar declaración a los Fiscalizadores de la Región de Valparaíso de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y la actualización del ISA (Investigación Sumaria Administrativa) a la Armada de Chile y Gobernación Marítima de Quintero, en contra de Puerto Ventanas y Aes Andes.

Allí, se pide especificar “los antecedentes sobre eventos de varamientos de carbón indicando y remitiendo acuerdo de cooperación y limpieza entre AES ANDES y Puerto Ventana S.A. entre el año 2019 hasta hoy”. Además se solicita el historial de naves atracadas en Puerto Ventanas, indicando nombre, matrícula, bandera, armador, fecha de eventos, etc.

Asimismo, indicó que no se ha avanzado en oficiar al Ministerio de Bienes Nacionales para remitir sobre el contrato de arriendo que ha suscrito el Estado de Chile con la empresa PUERTO VENTANAS S.A.

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