Central termoeléctrica de carbón Ventanas tiene un costo de USD 1.400 millones para la salud pública
Enclavados en la Bahía de Quintero, en la costa oeste de Chile, el pacífico pueblo de Puchuncaví y la cercana ciudad portuaria de Quintero podrían ser un paraíso costero. Gracias al clima mediterráneo y su cercanía a la capital del país, el área de Quintero-Puchuncaví solía ser un resort. Después de décadas de actividad industrial contaminante, la Bahía de Quintero se considera hoy la peor zona de sacrificio de Chile, donde la población vive permanentemente en condiciones tóxicas en beneficio de la gran industria que contamina el agua, el suelo y el aire.
Hoy, el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (Centre for Research on Energy and Clean Air, CREA) publicó una revolucionaria evaluación de impacto en la salud (HIA por sus siglas en inglés) que modela la manera en que las emisiones de las cuatro unidades de la central termoeléctrica de carbón Ventanas en Puchuncaví han afectado la calidad del aire, la salud pública y la economía de la zona durante sus operaciones entre el 2013 y el 2020.
Las emisiones específicas de una central termoeléctrica de carbón (CFPP por sus siglas en inglés) contribuyen a la formación de contaminantes atmosféricos como materia particulada fina (PM2.5), dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2), los que tienen graves impactos en el medio ambiente, la salud pública y la economía mundial.
La evaluación de CREA revela que se encontraron grandes concentraciones de PM2.5, NO2 y SO2 en los alrededores de Puchuncaví, y que, debido a la naturaleza transfronteriza de la contaminación del aire, viajaron hasta 300 kilómetros de distancia para llegar incluso a la capital de Chile, Santiago.
La exposición a estos contaminantes del aire afecta negativamente el sistema respiratorio, cardiovascular y reproductivo de los humanos, además de órganos vitales como el cerebro, el corazón y los pulmones, lo que provoca asma, cardiopatía isquémica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), cáncer de pulmón, infecciones de las vías respiratorias bajas y diabetes.
Los niños son los que más sufren el impacto de la contaminación del aire, y las repetidas crisis masivas de contaminación aérea en la zona de Quintero-Puchuncaví han enfermado a cientos de escolares y adultos.
El análisis de CREA descubrió que la contaminación del aire provocada por las cuatro unidades de la central termoeléctrica de carbón Ventanas generó aproximadamente 1.117 consultas de urgencia por asma entre el 2013 y el 2020.
La crisis no termina en las puertas del hospital. Debido a las repercusiones de la contaminación del aire, la población de Quintero-Puchuncaví ha vivido un estimado de 575 años con discapacidad y más de 300.000 días de ausencia laboral.
La contaminación aérea de la central termoeléctrica de carbón Ventanas también se asocia a cientos de muertes. CREA calcula que las emisiones de CFPP en Quintero-Puchuncaví fueron responsables de aproximadamente 563 muertes entre el 2013 y el 2020.
La carga de la contaminación del aire sobre la salud pública también afecta la economía. En el caso de la central termoeléctrica de carbón Ventanas, la carga económica durante las operaciones entre el 2013 y el 2020 alcanzó un estimado de USD 1.400 millones, equivalente a CLP 1,3 billones.
En el 2019, la Corte Suprema de Chile ordenó al gobierno tomar medidas para rectificar la situación en la zona de Quintero-Puchuncaví y se estableció el Programa para la Recuperación Ambiental y Social de Quintero-Puchuncaví. Hasta el año 2023, los avances han sido limitados. Aunque se retiraron dos unidades de la central termoeléctrica de carbón Ventanas, para muchos no es suficiente.
“Mientras que los grandes contaminadores amasan sus ganancias y el gobierno dilata la aplicación de las medidas de protección, la población y la economía en el camino de las centrales termoeléctricas de carbón sufren inconmensurablemente. Con una carga económica gigantesca y cientos de muertes en el futuro, se necesitan medidas urgentes para proteger a la población y el medio ambiente contra los grandes contaminadores como Ventanas”, señaló Erika Uusivuori, autora principal del informe y analista de CREA.
Bárbara Figueroa critica a la derecha frente a denuncia contra Boric: “Hay un relato contrario a las víctimas y deslegitima la agenda pública”
La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, defendió el actuar del gobierno respecto a la denuncia en contra del Presidente de la República por acoso sexual y difusión de registros de imágenes privadas que informó su abogado:
“Nadie está por sobre la ley, pero también y tal como lo ha señalado el gobierno, frente a una ausencia de avance por las entidades competentes, no es tampoco extraño que el incumbente decida hacer gestiones para conocer el estado de la causa y en ese sentido es saludable lo que ha hecho el Ejecutivo”.
La secretaria general del PC se refirió a la vocería que ayer encabezó la Ministra Camila Vallejo detallando una cronología de la denuncia ingresada a inicios de septiembre de este año y que remiten a hechos ocurridos en 2013 cuando el actual mandatario -candidato a diputado en ese momento-, recibió una serie de mensajes y fotografías de la denunciante, situación que su abogado defensor considera como un acoso más bien en contra del Presidente.
El gobierno conoció la calidad de la denuncia recién el 24 de septiembre por información de Fiscalía. Asimismo, se indicó que los hechos fueron comunicados al Comité Político el 14 de octubre, y una semana después, la entidad a cargo concedió una audiencia donde el ejecutivo proporcionó sus antecedentes. Tras un mes en que Fiscalía no informó de avances, el abogado del presidente emitió un comunicado para dar a conocer los hechos a la luz pública.
Señalando además, que incluso desde la defensa de la denunciante no hay certeza de una imputación directa, Bárbara Figueroa, remarcó la necesidad de no convertir esta causa en un oportunismo político:
“No ha existido respeto ni resguardo a las víctimas eventuales ni al morbo que estas situaciones pueden generar”, indicó la líder del PC respecto al actuar de la derecha.
“Hay una acción de una oposición que busca instalar las señal que Chile no goza de gobernabilidad, que estamos en una crisis, que esto es responsabilidad del gobierno y de construir un relato político y público que poco tiene que ver con la protección de víctimas y que se aloja en una política que deslegitima la agenda pública”.
“Es hora de hacer un llamado y hacerlos responsables de cómo sus acciones fragilizan la democracia; un sistema que se ha construido con sangre, sudor y lágrimas y que por lo demás, sigue siendo imperfecto”, sostuvo Bárbara Figueroa.
Miradas post elecciones
Sobre los resultados de las votaciones regionales y municipales, la secretaria del PC se refirió a los vaticinios de la derecha respecto a que estas elecciones iban a ser un plebiscito reprobatorio a hacia el gobierno, lo que no ocurrió, en tanto el 56% de las gobernaciones quedaron en manos del oficialismo.
En esa línea, indicó que se ha hecho más evidente el objetivo de la oposición de llegar de cualquier manera al gobierno el 2025, situación que es necesario disputar, planteó:
Por otro lado, la secretaria de la colectividad apuntó a la defensa que ha hecho la oposición y el gran empresariado sobre la política noventera de los consensos, modelo que siguió manteniendo viva la desigualdad sin lograr traer bienestar, dijo Figueroa.
Así también, advirtió sobre los avances que la ultraderecha alcanzó en las concejalías, identificándola como una fuerza que no está precisamente desapareciendo, a diferencia de los magros resultados que obtuvo el centro político en las recientes elecciones.
![[Podcast] Comentario de Andrés Solimano sobre encuentros nacionales e internacionales de economía](https://radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2023/06/Solimano.jpg "[Podcast] Comentario de Andrés Solimano sobre encuentros nacionales e internacionales de economía")
540 UTM: Farmacias Ahumada enfrenta millonarias multas por infracciones laborales
La cadena de farmacias cambio de dueño hace un año, pasando de una trasnacional a inversores chilenos. Trabajadores acusan que nuevos contralores ven al sindicato como un problema en vez un socio estratégico.
En un reciente informe emitido por la Dirección del Trabajo, Farmacias Ahumada ha sido sancionada con más de $35 millones en multas tras detectar diversas infracciones laborales en sus sucursales a nivel nacional. Estas fiscalizaciones fueron impulsadas por denuncias realizadas por el Sindicato de Profesionales de Farmacias Ahumada (SINPROFASA), quienes acusan incumplimientos graves a los derechos laborales.
De las 11 fiscalizaciones realizadas en regiones como Tarapacá, Antofagasta, Biobío y Metropolitana, se identificaron 9 infracciones que abarcan desde el incumplimiento de estipulaciones en el contrato colectivo hasta la falta de transparencia en las liquidaciones de sueldo. Entre las sanciones se encontraron liquidaciones de sueldo incompletas. En cuatro casos, las liquidaciones no incluyeron detalles sobre el cálculo de bonos, premios y otros incentivos, incumpliendo con el artículo 54 bis del Código del Trabajo.
Además, de violación de contratos colectivos: En al menos un caso, se constató que la empresa no cumplió con los acuerdos establecidos en su contrato colectivo, afectando directamente a los químicos farmacéuticos que prestan servicios en distintas sucursales.
El informe señala que estas irregularidades se presentan de forma estructural en la organización, afectando a trabajadores de todo el país. La mayor parte de las infracciones se calificaron como graves o gravísimas, lo que explica el alto monto de las sanciones, que en total alcanzan 540 UTM.
El año pasado la multinacional Walgreens Boots Alliance (WBA) anunció la venta de Farmacias Ahumada a un consorcio de inversionistas chilenos organizado por LarrainVial. Los nuevos inversores de capitales nacionales, Inversiones Da Vinci cuyo controlador es Guillermo Harding y tiene como socios a Gabriel Ruiz-Tagle y a LarrainVial, se hizo con el control de Farmacias Ahumada hace un año.
Desde el sindicato de químicos farmacéuticos, Sinprofasa, señalan que hay un cambio radical en la administración y en la relación con los trabajadores. En este sentido, la presidenta del sindicato, Viviana Castañeda, indicó que “si bien, la trasnacional tenía diferencias legitimas con el sindicato, que agrupa a más del 90% de los profesionales, había una disposición a escuchar y dialogar sobre las problemáticas que afectan al alma de toda farmacia que son sus químicos farmacéuticos”.
“Actualmente, hemos visto una relación distante que ve al sindicato como un problema y no como parte activa de la empresa. Nosotros esperamos que el empresariado nacional, en pleno siglo XXI, vea a los trabajadores como socios estratégicos en la relación laboral y no como un mero número”, sentenció la dirigente sindical.
Desde el sindicato informaron que esperan que luego de estas multas la empresa comience a mejorar la relación que permita fortalecer a la red de farmacias.
Andrés Solimano aborda últimas semanas de noviembre con eventos económicos nacionales e internacionales
En las observaciones económicas de esta semana, el especialista Andrés Solimano se refirió al reciente proceso electoral que culminó con las votaciones de gobernador en segunda vuelta.
Frente a los costos humanos y materiales que significa el organizar una votación a nivel país en modalidad presencial, el economista planteó la posibilidad de implementar el voto electrónico como una alternativa que se viene aplicando en varios países del mundo.
“Haría un llamado a las autoridades pertinentes a que en las próximas elecciones sean en formato digital y dejen abierto el que personas lo hagan de forma presencial”, expresó el experto.
Presupuesto 2025
Por otro lado, en una semana en que culmina la tramitación del presupuesto 2025, Andrés Solimano indicó que no hubo razón en excluir al INDH de recursos, hoy repuestos por la Cámara en su segunda fase de tramitación.
“El país sufrió terribles violaciones a los derechos y es muy importante proteger la institucionalidad”, señaló respecto a la necesidad de que exista una política de estado en la materia:
En relación a la reducción del gasto público en 900 millones de dólares, planteó una crítica en la elaboración del presupuesto, porque “no acude al expediente de aumentar la deuda pública para reactivar y hacer crecer la economía, y así proteger partidas de gasto con impacto social valioso”.
Internacional
El economista también valoró la presencia de Chile en la reunión del G20 que se realizó el 18 y 19 de noviembre en Brasil, invitado por el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Allí, indicó, Brasil puso en la agenda la Alianza Contra el Hambre y la Pobreza la cual fue aprobada al igual que la propuesta de financiar los gastos de reducción del hambre y la desigualdad, por medio de un impuesto al alto patrimonio.
Otra cumbre fue la APEC que se celebró en Perú entre el 10 y 16 de noviembre. Este foro económico del Asia Pacífico -donde también participó el mandatario Gabriel Boric- contó con la concurrencia del Presidente de China Xi Jinping y de EE.UU, John Biden. “Es conveniente la asistencia a estas reuniones”, dijo Solimano, “porque son espacios para dialogar y compartir con otras autoridades; lo que es mejor siempre que los conflictos entre países”.
La última y más reciente, fue la reunión de la Conferencia de las Partes COP29 que se llevó a cabo en Azerbaiyán.
En esta cumbre, “lo que se hace es reiterar la importancia de contener el proceso de aumento de temperatura y lograr que no exceda el aumento de 1,5 C°. De lo contrario, se aceleran los efectos negativos del calentamiento global”, explicó el experto.
Sin embargo, el que no se lograra acordar recursos suficientes para enfrentar el problema del calentamiento planetario, consideró que eso no responde a un fracaso puntual, sino a una orgánica global con pocos resultados sobre un problema que compromete la seguridad humana al igual que el armamento nuclear.
“Creo que es necesario seguir reuniéndose pero con formas de participación de la sociedad civil que exijan a los gobiernos adoptar medidas concretas para evitar una catástrofe ecológica”, concluyó el economista.
InterChile incumple medidas ordenadas por el Tribunal Ambiental
COMUNICADO DE PRENSA
La multinacional desafía las órdenes de reparación ambiental y profundiza la desconfianza de las comunidades afectadas.
La irresponsabilidad de Inter Chile con el medio ambiente ha quedado nuevamente en evidencia. A pesar de las órdenes del Tribunal Ambiental de Santiago, emitidas el 13 de marzo de 2024, la empresa no ha cumplido con medidas clave para reparar el daño ambiental y social causado en el sector de La Dormida, en la Comuna de Olmué.
Un Informe que Revela el Incumplimiento
Un acta de seguimiento, notificada el 21 de noviembre del 2024, confirma retrasos significativos en la ejecución de las medidas ambientales y sociales acordadas. Estas acciones, diseñadas para mitigar el impacto ambiental y restaurar la confianza comunitaria, están con plazos vencidos y en muchos casos ni siquiera iniciadas, según denunciaron abogados de la Cámara de Turismo de Olmué.
Medidas Principales Incumplidas:
• Preservación del bosque nativo: Sin reforestación, estudios ni seguimiento de especies protegidas como la Adesmia resinosa.
• No se creó un canal permanente ni se realizó una reunión informativa con la Comunidad Agrícola La Dormida, ignorando las normas del Acuerdo de Escazú y medidas acordadas en la Conciliación.
• Señalética de seguridad: No se diseñó ni instaló ninguna señal.
• Impacto de torres de alta tensión: No se realizaron estudios de mitigación relacionados con la construcción de torres.
• Fomento al turismo local: Ningún avance en la elaboración de programas para apoyar el turismo comunitario y el paisajismo.
• Conservación del Belloto del Norte: Sin estudios poblacionales, diagnósticos ni acciones de rehabilitación para esta especie en peligro.
Todos estas inobservancias fueron denunciados expresamente en la audiencia de seguimiento del día 12 de noviembre del año en curso por los abogados de la Cámara de Turismo de Olmué Juan Alberto Molina y Miguel Ignacio Fredes.
Un Patrón de Negligencia Corporativa
Inter Chile no solo incumple con los plazos, sino que muestra una falta total de compromiso con medidas simbólicas y de bajo costo en comparación con la magnitud del daño causado, según lo advertido por el juez del Tribunal Ambiental Cristián Delpiano Lira. Además, los abogados de la Cámara de Turismo de Olmué denunciaron que los abogados de INTER CHILE documentación que respalde algún progreso de las medidas ordenadas.
Un Llamado a la Acción
El incumplimiento de Inter Chile es una afrenta no sólo para las comunidades afectadas y empresas dedicadas al turismo local, sino también para el sistema judicial y los compromisos internacionales de Chile, como el Acuerdo de Escazú. El Tribunal deberá imponer sanciones más estrictas y exigir cumplimiento inmediato. Los abogados analizan nuevos cursos de acción.
Dieciséis condenados por crímenes de lesa humanidad continúan prófugos de la justicia
El Estudio Jurídico Caucoto Abogados, oficina especializada en derechos humanos, entregó un nuevo listado actualizado con 16 perpetradores prófugos de la justicia. Se trata de 14 ex agentes del Estado y 2 civiles, condenados por diversos delitos de lesa humanidad, involucrados en el asesinato de Víctor Jara y Littré Quiroga; el crimen del diplomático español Carmelo Soria, Operación Cóndor, Caravana de la Muerte, Caso “Quemados” y la masacre en Laja-San Rosendo, entre otros procesos.
En noviembre de 2023, el Estudio Jurídico dio a conocer un primer listado que incluía a 14 ex agentes fugitivos, habiendo sido varios de ellos capturados a la fecha. Sin embargo, nuevos nombres se han agregado al listado y continúan en la impunidad pese a las penas impuestas.
El listado está compuesto por ex militares, carabineros, ex funcionarios de la Armada, y civiles integrantes o de aparatos represores de la dictadura como la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la Central Nacional de Inteligencia (CNI), inteligencia naval, y el Comando Conjunto, acusados como autores y coautores de secuestro calificado, homicidio calificado, asociación ilícita y aplicación de tormentos, entre otros delitos.
“ES OBLIGACIÓN DEL ESTADO QUE LAS PENAS SE CUMPLAN”
Para el abogado Francisco Bustos, responsable de elaborar la lista de fugitivos, resulta preocupante la cantidad de prófugos toda vez que “el deber estatal de investigar, juzgar y sancionar implica también la imposición de penas efectivas y proporcionales. Y desde luego es obligación del Estado que las penas se cumplan”.
Otro aspecto preocupante, según explica Bustos, es el tiempo transcurrido en algunos casos: “Quien más tiempo lleva evadiendo la justicia es el empresario Barrueto, casi dos años después de la sentencia del caso Santa Bárbara – Quilaco. Todos los restantes tienen órdenes de detención de 2023 y 2024. En este sentido, han caído algunos de los que llevaban más tiempo huyendo de la justicia, como Rubén Morales, desde fines de 2022, y Juan Opazo Vera, último prófugo del Caso Paine, Principal, que escapaba desde junio de 2022. Esto es algo que también debe reconocerse, todos los condenados por ese episodio están cumpliendo pena”.
En ese sentido, señala que “esperamos que el Poder Judicial y las policías continúen profundizando aquellas medidas implementadas que han permitido reducir estos márgenes de impunidad”.
LISTADO DE PRÓFUGOS POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
1) Luis Enrique Barrueto Bartning (empresario), condenado a 10 años y un día como coautor de siete secuestros calificados (desapariciones forzadas) perpetrados en la comuna de Santa Bárbara.
2) Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda (oficial de Ejército ®, DINA), condenado en el Episodio Conferencia II, a 12 años de presidio mayor por los delitos de secuestro calificado de Fernando Navarro Allendes y Héctor Véliz Ramírez, y a 3 años de presidio, por los delitos de secuestro simple de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Berríos, por lo que fueron condenados a 3 años de presidio respectivamente.
Chaigneau tiene además condenas en el proceso Operación Cóndor y por la desaparición forzada de Reinalda Pereira Plaza. En Operación Cóndor está sentenciado a dos penas de 18 años de presidio mayor en su grado máximo, por los delitos de secuestro calificado reiterados de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velázquez Mardones; y como coautor de los delitos reiterados de homicidio calificado de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto Gálvez y Ruiter Enrique Correa Arce.
Recientemente fue condenado a 7 años de presidio como coautor del secuestro de Reinalda Pereira Plaza.
3) Alberto Roque del Sagrado Corazón Badilla Grillo (oficial Armada ®), sentenciado como autor del delito de homicidio calificado y aplicación de tormentos contra Enrique López Olmedo, a las penas de 12 años de presidio y 541 días respectivamente.
4) Nelson Edgardo Hasse Mazzei (oficial del Ejército ®), condenado como coautor de los secuestros calificados y homicidios calificados de Víctor Jara Martínez y Littré Quiroga Carvajal. Se impuso una pena de 10 años y un día por los secuestros y de 15 años de presidio por los homicidios.
5) Guillermo Salinas Torres (oficial del Ejército ®),
6) Pablo Belmar Labbé (oficial del Ejército ®),
7) René Patricio Quilhot Palma (oficial del Ejército ®),
– Condenados como coautores de los delitos de homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza y autores de asociación ilícita. Por el primer cargo se impuso una pena de 15 años y un día a Salinas Torres, y de 10 años y un día a los dos restantes. Por el delito de asociación ilícita se impuso a cada uno la pena de 541 días de presidio.
8) Juan de Dios Higueras Álvarez (suboficial de Carabineros Ⓡ), condenado en el Episodio Mulchén, como coautor de los homicidios calificados perpetrados en el (i) Fundo Carmen y Maitenes: Florencio Rubilar Gutiérrez, José Liborio Rubilar Gutiérrez, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Alejandro Albornoz González, Luis Alberto Godoy Sandoval, Miguel del Carmen Albornoz Acuña, Daniel Alfonso Albornoz González; ii) del Fundo Pemehue: Alberto Albornoz González, Felidor Exequiel Albornoz González, Jerónimo Humberto Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y José Fernando Gutiérrez Ascencio, ocurridos en los días 6 y 7 de octubre de 1973; a la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, más accesorias;
También en el mismo episodio fue condenado como coautor de los delitos de secuestro calificado de las siguientes personas del (ii) Fundo El Morro: de Juan de Dios Laubra Brevis, José Florencio Yáñez Durán, Celsio Nicasio Vivanco Carrasco, Edmundo José Vidal Aedo, Domingo Sepúlveda Castillo y de Guillermo José Albornoz González, perpetrados a partir de los días 5, 6 y 7 de octubre de 1973, en la comuna de Mulchén, a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, más accesorias legales.
9) René Riveros Valderrama (oficial de Ejército Ⓡ) sentenciado en el proceso Operación Cóndor, a dos penas de 18 años de presidio mayor en su grado máximo, por los delitos de secuestro calificado reiterados de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velázquez Mardones; y como coautor de los delitos reiterados de homicidio calificado de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto Gálvez y Ruiter Enrique Correa Arce.
10) Jaime Ojeda Torrent (oficial de Ejército Ⓡ), condenado en el proceso Caravana de la Muerte, episodio La Serena, condenado en calidad de cómplice de 15 homicidios calificados, a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio.
Las víctimas son Óscar Aedo Herrera, Marcos Barrantes Alcayaga, Mario Ramírez Sepúlveda, Hipólito Cortés Álvarez, Jorge Contreras Godoy, Roberto Santa Cruz, Jorge Jordán Domic, Gabriel Vergara Muñoz, Carlos Alcayaga Varela, Jorge Osorio Zamora, José Araya González, Óscar Cortés Cortés, Manuel Marcarian Jamett, Víctor Escobar Astudillo y Jorge Peña Hen.
11) Andrés Pablo Potin Lailhacar (ingeniero civil – Patria y Libertad – Comando Conjunto). Condenado en calidad de coautor del delito de secuestro calificado de Luis Emilio Maturana González, a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, y en calidad de coautor del delito de secuestro de Juan René Orellana Catalán, a la pena de 400 días de presidio menor en su grado mínimo.
12) Iván Humberto Figueroa Canobra (oficial de Ejército Ⓡ), condenado a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, más accesorias legales, por los delitos de homicidio calificado consumado de Rodrigo Rojas De Negri, y homicidio calificado frustrado de Carmen Gloria Quintana Arancibia.
13) Luis Raimundo Quezada Chandía (ex conscripto) condenado como coautor de los homicidios calificados de Hernán Henríquez Aravena, y de Alejandro Flores Rivera, a la pena de 17 años de presidio mayor en su grado máximo.
14) José Isaías Vidal Veloso (comisario de la Policía de Investigaciones de Chile Ⓡ – CNI) Condenado como coautor de los delitos de homicidio calificado de Hugo Ratier Noguera y Alejandro Salgado Troquian, a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo más accesorias legales.
Dos condenados en el Episodio Laja – San Rosendo
15) Alberto Juan Fernández Michell (oficial de Carabineros ®), condenado como autor de 19 homicidios calificados, a la pena de presidio perpetuo, más accesorias legales.
16) Mario Sebastián Montoya Burgos (cabo de Carabineros ®), condenado como coautor de 19 homicidios calificados, a la pena de 15 años y un día de presidio, más accesorias legales.
PRÓFUGOS CAPTURADOS A LA FECHA
Jorge Vargas Bories, oficial de Ejército Ⓡ y agente de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), por lo que fue trasladado al penal Colina I. El exuniformado fue condenado como coautor del asesinato bajo tortura del profesor de enseñanza media y ex militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez, ocurrido el 21 de agosto de 1979.
Manfredo Enrique Jurgensen Caesar (médico, CNI) sentenciado como coautor del homicidio calificado de Federico Álvarez Santibáñez, a la pena de 8 años de presidio. Estuvo prófugo desde enero, detenido en Argentina en junio de 2023 cuando intentaba abordar un vuelo a Alemania, siendo solicitada su extradición pero falleció días después privado de libertad;
Héctor Fernando Osses Yáñez (oficial de Carabineros ®, dirigente gremial de uniformados en retiro), condenado como autor en casi una docena de casos por asesinatos en la Población San Gregorio, quién estuvo prófugo entre 2021 a 2023.
José Miguel Meza Serrano (Armada ®, DINA), y Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme (suboficial Ejército ®, DINA), sentenciados como coautores de los delitos de secuestro calificado de Fernando Navarro Allendes y Héctor Véliz Ramírez, a la pena de 12 años de presidio cada uno, y de los delitos de secuestro simple de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Berríos, por lo que fueron condenados a 3 años de presidio respectivamente;
Juan Dionisio Opazo Vera (ex conscripto) sentenciado como coautor de 38 homicidios calificados a la pena de 10 años y un día, en el Caso Paine, Episodio Principal.
Víctor Álvarez Droguett (Ejército ®, DINA),
– condenado como coautor de los delitos de homicidio calificado en las personas de don Juan Fernando Ortiz Letelier, don Horacio Cepeda Marinkovic y don Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, a la pena de 15 años y 1 día de presidio mayor en su grado máximo;
– condenado como coautor de los delitos de secuestro calificado en las personas de don Fernando Alfredo Navarro Allendes y de Héctor Véliz Ramírez, a la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio;
– condenado como autor de los delitos de secuestro simple en las personas de don Juan Fernando Ortiz Letelier, don Horacio Cepeda Marinkovic y don Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, a la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio“.
– condenado a 10 años de presidio por el secuestro calificado de Marta Ugarte Román.
Juan Renán Jara Quintana (oficial del Ejército ®), Condenados como coautor de los secuestros calificados y homicidios calificados de Víctor Jara Martínez y Littré Quiroga Carvajal. Se impuso una pena de 10 años y un día por los secuestros y de 15 años de presidio por los homicidios.
Juan Daniel Marambio López (suboficial del Ejército Ⓡ) Condenado como coautor del homicidio calificado de Francisco Javier Santoni Díaz, a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales. También fue condenado como coautor del secuestro calificado de Bernardo Cortés Castro, a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias.
Miguel Fernando Gajardo Quijada (empleado civil del Ejército Ⓡ – CNI) Condenado como cómplice en el Episodio Janequeo, por los delitos de homicidio calificado de Hugo Ratier Noguera y Alejandro Salgado Troquian, a la pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio más accesorias legales.
Rubén Aroldo Morales López (oficial de Carabineros ®), condenado a 10 años y un día de presidio mayor como autor del homicidio calificado de Jorge Vásquez Matamala.
Olegario Enrique González Moreno (Ejército ®, DINA), condenado como coautor de un secuestro calificado (desaparición forzada), a la pena de 10 años y un día.
Marcos Barraza plantea conclusiones claves post elecciones: “El proyecto transformador debe contener diferentes fuerzas en un solo proyecto”
Como un saldo positivo estimó el dirigente del Partido Comunista los resultados electorales globales de gobernadores en segunda vuelta que posicionaron al oficialismo en 9 de las 16 gobernaciones del país.
“El saldo es positivo con 9 gobernaciones en manos del oficialismo, una independiente que no es de la derecha en La Araucanía y 6 conducidas por la derecha”, expresó Barraza lamentando a su vez la no elección de Javier Vega en Coquimbo, único candidato PC en este balotaje de las regiones.
“En lo general el resultado es positivo porque la derecha estructuró una estrategia ampliamente derrotada como es plebiscitar las elecciones”, agregó:
Asimismo, destacó la holgada reelección de Mundaca en Valparaíso como expresión de una preferencia programática que se hace cargo de temas estructurales y emergentes.
Respecto a la reelección de Orrego en la Región Metropolitana señaló como muy significativo que no haya ganado la derecha, incluso en comunas como Providencia, Santiago o Ñuñoa, cuyas alcaldías están representadas por esa fuerza política.
Por otro lado, Barraza planteó que estas elecciones dan cuenta que la ciudadanía tomó posición sobre lo que es mejor para su región, demostrando madurez ciudadana y distinguiendo entre los debates centrales y los que no lo son.
“Esa claridad política de lo que es mejor para su región, es basamento para procesos políticos de unidad social que deben experimentar las fuerzas progresistas de izquierda, centro izquierda y progresistas. Es evidente que enfrentar y detener el avance de la derecha no es prerrogativa de un grupo de partidos sino que debe convocar al conjunto de fuerzas de izquierdas, progresistas e independientes”.
“No creo que el universo de votantes que eligió a Matías Toledo en Puente Alto sean de izquierda”, graficó el dirigente. “Ese universo social puede eventualmente sentirse interpretado por uno u otra fuerza política; y si esas son las variaciones del comportamiento electoral, el proyecto transformador tiene que ser capaz de contener diferentes fuerzas de izquierda, democráticas, de centro izquierda, progresistas y fuerzas sociales independientes en un solo proyecto. Esa es la principal conclusión de esta elección”.
Uruguay
En referencia al triunfo del Frente Amplio en el Uruguay con la elección de su candidato, Yamandú Orsi, para llevar la presidencia de ese país durante el período 2025-2030, el dirigente comunista indicó que aún es prematuro concluir un posible retroceso de la ola derechista en la región sudamericana.
“La izquierda tiene que retomar su principal preocupación que son los salarios y los ingresos de los trabajadores”, dijo Barraza, a propósito de la impregnación del diagnóstico de Trump en los sectores populares estadounidenses. “Lo que importa es extraer las principales conclusiones y referencias extrapolables para construir una correlación de fuerzas de países democráticos y que en Américalatina hagan frente a las derechas”.
