- La organización que reúne a trabajadores y trabajadoras de la cartera de Medio Ambiente cuestionó las modificaciones impulsadas por el Gobierno en el proyecto de Reconstrucción Nacional, advirtiendo que debilitan la protección ambiental y excluyen a quienes conocen el funcionamiento del sistema desde el Estado.
El presidente de FENATRAMA, Francisco Cabrera, sostuvo que resulta contradictorio impulsar una reforma que modifica profundamente el funcionamiento de la institucionalidad ambiental sin considerar la experiencia de quienes ejecutan diariamente los procesos de evaluación, fiscalización y protección del medio ambiente.
“La verdadera discusión no puede centrarse únicamente en acelerar inversiones. El problema de fondo es la falta de dotación, recursos y fortalecimiento institucional. No se puede responsabilizar a las y los funcionarios públicos por demoras que muchas veces responden a proyectos deficientes o a problemas de gestión ajenos a nuestro trabajo”, señaló el dirigente.
Desde la federación advirtieron que el proyecto parte de un diagnóstico equivocado al atribuir los retrasos en la inversión principalmente a la evaluación ambiental, ignorando las limitaciones estructurales que enfrenta la institucionalidad pública y el déficit de personal y recursos que afecta a los servicios ambientales.
Asimismo, las y los dirigentes alertaron que las modificaciones propuestas contienen elementos que podrían significar un retroceso en materia de protección ambiental, debilitando los mecanismos de evaluación, restringiendo la participación ciudadana y reduciendo el rol preventivo del Estado frente a proyectos de alto impacto.
La organización reafirmó que cualquier reforma orientada a mejorar la gestión ambiental debe fortalecer la institucionalidad, aumentar la dotación de personal, mejorar las condiciones laborales y robustecer las capacidades técnicas del Estado, en lugar de reducir las garantías ambientales y ciudadanas.
Finalmente, FENATRAMA anunció que seguirá participando activamente en la discusión legislativa e hizo un llamado a las y los parlamentarios a incorporar la opinión de las organizaciones sindicales, las comunidades y los trabajadores de la institucionalidad ambiental antes de adoptar decisiones que comprometan la protección del patrimonio natural, la biodiversidad y los derechos de las futuras generaciones.
