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ACHM ante informe de Contraloría: “Este no es solo un caso administrativo, es una traición al deber público”

Tras la publicación del informe de la Contraloría General de la República (CGR), que reveló que más de 25 mil funcionarios públicos habrían incumplido sus licencias médicas entre 2023 y 2024, la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) expresa su más enérgica condena a este tipo de prácticas que vulneran principios esenciales de probidad, dañan la fe pública y profundizan la desconfianza ciudadana.

Según la CGR, se detectaron 35.585 licencias médicas en que sus titulares habrían salido del país en más de 59.500 oportunidades durante su periodo de reposo, lo que constituye una grave irregularidad. De esas licencias, un 69% fueron emitidas por Fonasa y un 31% por Isapres. Entre los organismos con mayor número de licencias emitidas figuran JUNJI, Fundación Integra y la Municipalidad de Arica. Las regiones con mayores registros de salidas del país fueron la Metropolitana, Arica y Parinacota, y Magallanes.

“Lo que se ha revelado aquí no puede dejarnos solo en la condena moral. Este caso es el reflejo claro de cómo un sistema debilitado puede ser vulnerado sin mayores consecuencias. Y eso exige una voluntad política real para transformar de raíz una institucionalidad que aún opera bajo lógicas de hace medio siglo”, sostuvo el presidente de la ACHM y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri.

Más que una irregularidad, una traición al servicio público

La ACHM subraya que esta situación no se trata únicamente de una falla administrativa, sino de una señal de alerta sobre una preocupante falta de vocación de servicio. “Quien acepta un cargo en el Estado tiene el deber moral de servir con honestidad, responsabilidad y compromiso. Lucrar con licencias falsas, mientras miles de personas mueren por falta de atención médica, no es solo inmoral: es una traición al deber público”, agregó Alessandri.

Desde la Asociación se advierte que este tipo de abusos no solo provocan un perjuicio económico al sistema de salud, sino que también debilitan la integridad del Estado y desvían recursos que podrían marcar la diferencia entre la vida y la muerte para muchas personas.

Propuestas concretas desde el municipalismo

Frente a este escenario, la ACHM propone avanzar sin dilaciones en una agenda de modernización institucional y control efectivo del uso de licencias médicas, que incluya:

  • La creación de una plataforma tecnológica nacional para detectar licencias fraudulentas, integrando datos de Fonasa, Isapres, Compin y la Superintendencia de Salud, con el uso de inteligencia artificial para identificar patrones anómalos y generar alertas preventivas.
  • Fortalecimiento del control interno en las instituciones públicas, incluyendo revisiones periódicas, capacitación funcional, coordinación con servicios de salud y uso de sistemas integrados de gestión de personal.
  • Colaboración interinstitucional con organismos como la Contraloría, el Ministerio de Salud y la Fiscalía, para asegurar sanciones efectivas y prevenir la impunidad.
  • La ACHM participa activamente en instancias como la Alianza Anticorrupción UNCAC-Chile, y continuará impulsando buenas prácticas y estándares de transparencia en todos los niveles del Estado.

“No necesitamos más diagnósticos: necesitamos acción. Este escándalo debe ser el punto de partida para una transformación profunda. Es hora de construir un Estado moderno, transparente y a la altura de los desafíos del Chile de hoy”, concluyó Alessandri.

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El Salvador profundiza el asedio a la sociedad civil

El 20 de mayo, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, una normativa que impone restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de asociación, a la libertad de expresión y al trabajo legítimo de organizaciones de derechos humanos y sociedad civil. La ley se basa en el concepto de “agente extranjero” para imponer restricciones que incluyen un impuesto del 30% sobre la recepción de fondos internacionales, y otorga al Ejecutivo facultades discrecionales para cancelar personerías jurídicas y aplicar multas de hasta US$ 250,000. El concepto de “agente extranjero” no solo carece de una definición legal clara y precisa, lo que deja a las a las organizaciones de la sociedad civil en una situación de vulnerabilidad frente a la arbitrariedad estatal, sino que además existen abundantes evidencias de su creciente uso a nivel global como herramienta para  restringir el espacio cívico y silenciar voces críticas.

Al respecto, Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas indicó: “Lejos de garantizar transparencia, esta ley pretende institucionalizar la persecución contra organizaciones y se convierte en una herramienta más para intentar silenciar, debilitar y desmantelar la sociedad civil independiente. El talante ‘cool’ que le intentó imprimir el presidente Nayib Bukele a sus acciones cada vez se parece más a lo peor de las acciones autoritarias que han tenido lugar en América Latina por décadas”.

Esta ley no es una medida aislada. Se suma a una serie de acciones emprendidas por el gobierno salvadoreño en los últimos años para debilitar y restringir el derecho de asociación, que han incluido controles desproporcionados sobre las organizaciones sin fines de lucro, y los intentos de imponer nuevos requisitos fiscales, administrativos y de registro. Estas medidas forman parte de un patrón de cierre del espacio cívico, caracterizado por el hostigamiento, la vigilancia y el discurso estigmatizante contra quienes defienden derechos humanos o exigen rendición de cuentas.

Riesgos identificados

Uno de los elementos más preocupantes de la legislación es la criminalización del derecho de asociación al sancionar acciones protegidas por el derecho y las normas regionales e internacional de los derechos humanos. La ley permite castigar a organizaciones simplemente por recibir fondos del exterior catalogándolas de “agentes extranjeros”, sin que haya ningún motivo justificado en razón de sus actividades o de la comisión de algún acto ilegal. Esta arbitrariedad habilita un margen amplio para la discrecionalidad estatal y puede ser utilizada para hostigar, fiscalizar o cerrar organizaciones que resulten incómodas al poder.

Además, la ley limita el derecho a la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos, al prohibir actividades políticas o que “alteren el orden público” sin ofrecer más detalles sobre tales actividades. Esto va en contra de lo dispuesto por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que establecen que toda restricción de derechos debe cumplir con el principio de legalidad y estar estrictamente justificada en función de los objetivos legítimos establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos. Además, debe ser no discriminatoria, necesaria y proporcional para alcanzar dichos objetivos.

El impuesto del 30% sobre fondos provenientes del extranjero representa un castigo fiscal desproporcionado y discriminatorio que obstaculiza la cooperación internacional y afecta directamente el funcionamiento de organizaciones no gubernamentales. Varios mecanismos internacionales, como la Relatoría Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, han advertido que el acceso a financiamiento externo es esencial para garantizar la independencia y sostenibilidad de la sociedad civil. Además, ha advertido que las restricciones al financiamiento internacional pueden ser incompatibles con el derecho internacional cuando se utilizan para estigmatizar o restringir a organizaciones críticas del gobierno, y ha enfatizado que deben cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que limitar el acceso al financiamiento internacional puede constituir una forma de represión institucional. En su informe Cierre del espacio cívico en Nicaragua (2023), documentó cómo leyes similares han derivado en cierres masivos de organizaciones, allanamientos, criminalización de líderes sociales y autocensura generalizada.

Por último, la norma establece un régimen sancionatorio que incluye multas altísimas, posibilidad de cancelar personerías jurídicas, y una dependencia del Ejecutivo —el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX)— con amplias facultades para supervisar, revocar registros y transmitir información sobre presuntas infracciones a la Fiscalía. Esto vulnera el principio de seguridad jurídica y pone en jaque la autonomía de las organizaciones.

“La aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros representa un nuevo golpe al ya debilitado espacio cívico en El Salvador. Esta ley no ocurre en el vacío: forma parte de una preocupante escalada autoritaria orientada a silenciar voces críticas y neutralizar a la sociedad civil independiente. El Salvador no necesita más opacidad ni represión, necesita instituciones que protejan derechos, no que los criminalicen”, señaló Ana Piquer.

Una ley sin contrapesos

El peligro que representa esta ley se agrava considerablemente en un contexto donde el Ministerio Público y el Órgano Judicial han sido cooptados por el Ejecutivo. En El Salvador actual, las instituciones responsables de fiscalizar y garantizar el respeto del estado de derecho carecen de independencia. Bajo estas condiciones, las amplias facultades que otorga la ley al Ejecutivo y al RAEX pueden ser utilizadas para ejercer persecución directa y selectiva contra organizaciones que defienden derechos humanos, luchan contra la corrupción o simplemente expresan posturas críticas.

Además, la ley no establece mecanismos claros ni efectivos de control judicial que permitan apelar, revisar o revocar decisiones que las organizaciones puedan considerar arbitrarias o desproporcionadas. Ante la ausencia de recursos judiciales confiables e independientes, las organizaciones afectadas quedan prácticamente indefensas frente a posibles abusos de poder.

“Cuando el poder de fiscalizar, sancionar y disolver organizaciones queda en manos de instituciones alineadas con el Ejecutivo —y no existen vías reales para impugnar decisiones arbitrarias— la ley deja de ser una herramienta jurídica y se convierte en un arma política. En El Salvador, esta combinación resulta profundamente peligrosa para quienes ejercen su derecho a disentir”, advirtió Ana Piquer.

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Casos Soria, Jara, Quiroga y otros: Actualizan listado de violadores de DD.HH. prófugos de la justicia

Se trata de 12 ex uniformados que,  a la fecha, se encuentran prófugos de la justicia tras haber sido condenados por diversos delitos de lesa humanidad, involucrados en casos como de Littré Quiroga y Víctor jara, y el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, entre otros procesos. Algunos de ellos llevan más de dos años fugitivos de la justicia, mientras que otros una vez capturados esgrimen razones mentales para evadir sus condenas.

Un nuevo listado actualizado dio a conocer el Estudio Caucoto Abogados, oficina especializada en derechos humanos, el cual informa un total 12 ex uniformados condenados por delitos de lesa humanidad y que, a la fecha, se encuentran prófugos de la justicia.

Entre los fugitivos se encuentran ex militares, carabineros, ex funcionarios de la Armada, y civiles integrantes de aparatos represores de la dictadura como la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la Central Nacional de Inteligencia (CNI), inteligencia naval, y el Comando Conjunto, acusados como autores y coautores de secuestro calificado, homicidio calificado, asociación ilícita y aplicación de tormentos, entre otros delitos.

Se trata de condenados por diversos delitos de lesa humanidad, algunos involucrados en el crimen de Víctor Jara y Littré Quiroga, el asesinato del diplomático español Carmelo Soria; las operaciones Cóndor y Calle Conferencia; así como el crimen de Reinalda Pereira y Caso “Quemados”, entre otras investigaciones.

Primero prófugos y ahora “locos”

A diferencia de los listados anteriores dados a conocer por la oficina de DD.HH., esta vez llama la atención que una vez que los ex uniformados son capturados manifiestan problemas de demencia para evadir la justicia, y así lo informa el abogado Francisco Bustos, encargado de elaborar el informe: “en el último tiempo, diversos agentes han comenzado a pretextar problemas mentales para evitar o interrumpir el cumplimiento de sus penas, incluso si estos han sido prófugos de la justicia, resulta sospechoso que luego de su detención reclamen deterioro cognitivo, cuando han desarrollado estrategias sofisticadas para escapar de la justicia, y evitar pagar por los crímenes que cometieron en la dictadura”.

Bustos,  destaca como ejemplo de lo anterior el caso del oficial de Carabineros (R), Héctor Osses Yáñez, condenado al menos en una docena de casos: “durante el juicio su defensa intentó decir que era un anciano indefenso, sin embargo, después de su primera condena se mantuvo prófugo eludiendo a la policía entre octubre 2021 a septiembre de 2023. Y ahora en 2025 está solicitando sustitución de condena alegando demencia”.

El abogado destacó además la captura reciente de algunos prófugos “como el exagente CNI José Vidal Veloso o Braulio Wilckens Recart. Por otro lado, resulta preocupante que algunos perpetradores lleven más de dos años prófugos, lo cual representa una forma de mantener la impunidad”.

Francisco Bustos expresó que “el objetivo de nuestra oficina es recordar permanentemente la situación de los prófugos por crímenes de lesa humanidad, quienes deben enfrentar la justicia. Actualmente estamos  enfrentando en tribunales la estrategia de Osses, en cuanto a simular demencia, y otros condenados por delitos de lesa humanidad en la misma situación”.

Listado de prófugos actualizado (2025)

1) Luis Enrique Barrueto Bartning (empresario), condenado a 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio como coautor del delito de siete secuestros calificados (desapariciones forzadas) perpetrados en la comuna de Santa Bárbara.

2) Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda (oficial de Ejército ®, DINA), condenado en el Episodio Conferencia II, a 12 años de presidio mayor en su grado medio por los delitos de secuestro calificado de Fernando Navarro Allendes y Héctor Véliz Ramírez, y a 3 años de presidio menor en su grado medio, por los delitos de secuestro simple de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Berríos Cataldo. Chaigneau tiene además condenas en el proceso Operación Cóndor y por la desaparición forzada de Reinalda Pereira Plaza. En Operación Cóndor está sentenciado a dos penas de 18 años de presidio mayor en su grado máximo, por los delitos de secuestro calificado reiterados de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velázquez Mardones; y como coautor de los delitos reiterados de homicidio calificado de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto Gálvez y Ruiter Enrique Correa Arce.

Recientemente fue condenado a 7 años de presidio mayor en su grado mínimo como coautor del secuestro de Reinalda Pereira Plaza.

3) Alberto Roque del Sagrado Corazón Badilla Grillo (oficial Armada ®), sentenciado como autor del delito de homicidio calificado y aplicación de tormentos contra Enrique López Olmedo, a las penas de 12 años de presidio mayor en su grado medio y de 541 días de presidio menor en su grado medio respectivamente.

4) Nelson Edgardo Hasse Mazzei (oficial del Ejército ®), condenado como coautor de los secuestros calificados y homicidios calificados de Víctor Jara Martínez y Littré Quiroga Carvajal. Se impuso una pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio por los secuestros y de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo por los homicidios.

5) Pablo Belmar Labbé (oficial de Ejército ®), condenado como coautor a 10 años y un día por el Homicidio Calificado en el caso de Carmelo Soria, también es condenado a 541 días por asociación ilícita.

Además, se decretó en su contra Prisión Preventiva en el caso de de

Jorge Renato Francisco León Centeno.

6) René Patricio Quilhot Palma (oficial del Ejército ®), Condenado como coautores de los delitos de homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza y autores de asociación ilícita. Por el primer cargo se les impuso una pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio. Por el delito de asociación ilícita se impuso a cada uno la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio.

7) Juan de Dios Higueras Álvarez (suboficial de Carabineros ®), condenado en el Episodio Mulchén, como coautor  de los homicidios calificados perpetrados en el (i) Fundo Carmen y Maitenes: Florencio Rubilar Gutiérrez, José Liborio Rubilar Gutiérrez, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Alejandro Albornoz González, Luis Alberto Godoy Sandoval, Miguel del Carmen Albornoz Acuña, Daniel Alfonso Albornoz González;

ii) del Fundo Pemehue: Alberto Albornoz González, Felidor Exequiel Albornoz González, Jerónimo Humberto Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y José Fernando Gutiérrez Ascencio, ocurridos en los días 6 y 7 de octubre de 1973; a la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, más accesorias;

8) Miguel René Riveros Valderrama (oficial de Ejército ®), sentenciado en el proceso Operación Cóndor, a dos penas de 18 años de presidio mayor en su grado máximo, por los delitos de secuestro calificado reiterados de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velázquez Mardones; y como coautor de los delitos reiterados de homicidio calificado de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto Gálvez y Ruiter Enrique Correa Arce.

9) Jaime Ojeda Torrent (oficial de Ejército Ⓡ), condenado en el proceso Caravana de la Muerte, episodio La Serena, condenado en calidad de cómplice de 15 homicidios calificados, a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio. Las víctimas son Óscar Aedo Herrera, Marcos Barrantes Alcayaga, Mario Ramírez Sepúlveda, Hipólito Cortés Álvarez, Jorge Contreras Godoy, Roberto Santa Cruz, Jorge Jordán Domic, Gabriel Vergara Muñoz, Carlos Alcayaga Varela, Jorge Osorio Zamora, José Araya González, Óscar Cortés Cortés, Manuel Marcarian Jamett, Víctor Escobar Astudillo y Jorge Peña Hen. También en el mismo episodio fue condenado como coautor de los delitos de secuestro calificado de las siguientes personas del (ii) Fundo El Morro: de Juan de Dios Laubra Brevis, José Florencio Yáñez Durán, Celsio Nicasio Vivanco Carrasco, Edmundo José Vidal Aedo, Domingo Sepúlveda Castillo y de Guillermo José Albornoz González, perpetrados a partir de los días 5, 6 y 7 de octubre de 1973, en la comuna de Mulchén, a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, más accesorias legales.

10) Andrés Pablo Potin Lailhacar (ingeniero civil – Patria y Libertad – Comando Conjunto). Condenado en calidad de coautor del delito de secuestro calificado de Luis Emilio Maturana González, a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, y en calidad de coautor del delito de secuestro de Juan René Orellana Catalán, a la pena de 400 días de presidio menor en su grado mínimo.

11) Iván Humberto Figueroa Canobra (oficial de Ejército Ⓡ), condenado a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, más accesorias legales, por los delitos de homicidio calificado consumado de Rodrigo Rojas De Negri, y homicidio calificado frustrado de Carmen Gloria Quintana Arancibia.

12) Alberto Juan Fernández Michell (oficial de Carabineros ®), condenado en el Episodio Laja – San Rosendo como autor de 19 homicidios calificados, a la pena de presidio perpetuo, más accesorias legales.

Prófugos capturados recientemente:

1) José Isaías Vidal Veloso (comisario de la Policía de Investigaciones de Chile Ⓡ – CNI) Condenado como coautor de los delitos de homicidio calificado de Hugo Ratier Noguera y Alejandro Salgado Troquian, a la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo más accesorias legales.

2) Braulio Javier Wilckens Recart (miembro del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea ®) condenado como autor del delito de homicidio calificado de José Francisco Bordás Paz, a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, más accesorias.

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Diputado Matías Ramírez exige investigación por venta de artículos alusivos a la dictadura en actividad oficial de la Escuela Militar

El parlamentario ofició al Ministerio de Defensa tras denuncia por conmemoración indebida del régimen militar durante el Día del Patrimonio.

El diputado Matías Ramírez (PC) solicitó al Ministerio de Defensa una investigación rigurosa para determinar las responsabilidades en la venta de artículos alusivos a la dictadura civil-militar ocurrida al interior de la Escuela Militar durante la reciente jornada del Día del Patrimonio. La denuncia pública surgió tras la circulación de imágenes que muestran la comercialización de objetos que enaltecen la figura del dictador Augusto Pinochet en un espacio institucional.

“Poco creíble resulta el comunicado del Ejército de Chile en orden a la denuncia pública que efectuamos sobre la venta de artículos en conmemoración a la Dictadura civil militar al interior de la Escuela Militar durante el día del patrimonio. Es insostenible porque estamos hablando de una actividad organizada por la escuela castrense, bajo supervisión de la misma y que autorizó en este caso, ingresar a personas a vender estos artículos”, afirmó el parlamentario.

El diputado señaló que, además del oficio para esclarecer lo ocurrido, ha solicitado una revisión más amplia sobre posibles actos de apología a crímenes de Estado al interior de las instituciones armadas.

“Por ello hemos oficiado el Ministerio de Defensa para que se inicie una investigación acuiciosa, que dé con los responsables de esta situación, pero además, una vez más hemos solicitado se investigue en todos los recintos castrenses, si existe apología a lo que fue el terrorismo de Estado, cuestión que nos parece insostenible, dada la gravedad de las condenas que han existido, respecto al rol que jugaron las Fuerzas Armadas durante la dictadura”, agregó Ramírez.

El parlamentario reafirmó que este tipo de hechos son inaceptables en una institución que debe regirse por los principios democráticos y el respeto irrestricto a los derechos humanos.

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Camila Fuentevilla presidenta de Confedeprus e integrante lista Unidad Sindical para Transformar Chile previo a las elecciones CUT: “Fortalecer el mundo sindical es clave para enfrentar gobiernos que quieran quitarnos derechos”

Camila Fuentevilla es enfermera del Hospital Gustavo Fricke y recientemente asumió la presidencia de la Confedeprus. Es candidata a Consejera Directiva Nacional de la Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores de Chile en las elecciones que se disputarán este 26, 27 y 28 de mayo.

Desde su mirada la dirigenta de la salud expresa que un eje fundamental en el nuevo período de la CUT es “potenciar el trabajo decente, es decir, las condiciones laborales de las y los trabajadores, en particular del área de la salud, donde esperamos precisamente poder avanzar en carrera funcionaria, en cerrar las brechas para los cuidados infantiles, en disminuir la violencia también dentro de nuestros espacios laborales, tanto entre pares como desde personas externas”.

“nos parece importante relevar tiene que ver precisamente con seguir profundizando en una agenda con perspectiva de género”, agrega Fuentevilla que se debe relevar “la erradicación de la violencia en el mundo del trabajo y, por supuesto, también avanzar en miras a la acortar la brecha salarial”.

La presidenta de Confedeprus cree que el actual momento político es complejo por el avance de la ultraderecha por lo que estima que “fortalecer el mundo sindical es clave para enfrentar posibles gobiernos que podrían querer retrotraer todo lo que hemos avanzado en distintas materias, en particular en derechos laborales”.

Finalmente Camila Fuentevilla hace la invitación a “a todas y todos quienes se encuentran afiliados a la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras a que participen en este proceso democrático, que fortalece a nuestra organización, que fortalece al mundo sindical y que es clave para que podamos avanzar en la conducción política de la central más grande y representativa de nuestro país, en función de todos los objetivos y todos los sueños que queremos concretar como parte de la lista Unidad Sindical para Transformar Chile”.

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Ministerio de Educación lanza ChatSP: un asistente virtual para fortalecer la enseñanza de matemática a docentes en todo el país

  • En la Escuela San Luis de Maipú, autoridades presentaron una herramienta de inteligencia artificial generativa que apoya a docentes en planificación, resolución de consultas y adaptación de actividades para mejorar los aprendizajes en matemática.

La subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia; el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic; y el director ejecutivo del SLEP Santa Corina, Ignacio Cáceres, encabezaron en la Escuela San Luis el lanzamiento de ChatSP, un asistente virtual basado en inteligencia artificial generativa, diseñado para apoyar a docentes en la implementación del texto escolar de matemática Sumo Primero, destinado a estudiantes de 1° a 6° básico.

Esta iniciativa, enmarcada en el Plan Nacional Sumo Primero, apoyará a los docentes en el aula, respondiendo consultas rápidas, entregando orientación sobre el uso de los textos escolares, facilitando la búsqueda de recursos y ofreciendo sugerencias basadas en la Guía Didáctica Docente.

Al respecto, la subsecretaria Alejandra Arratia sostuvo que “como Ministerio de Educación nos hemos comprometido desde el inicio del gobierno con el fortalecimiento de los aprendizajes, uno de los ejes centrales del Plan de Reactivación Educativa. En ese marco, estamos poniendo a disposición de las y los docentes esta importante herramienta. El objetivo de este chat es brindar un apoyo concreto a la gestión docente, tanto en la planificación como en el diseño de secuencias y en el uso de diversos recursos que les permitan sacar el máximo provecho a los textos Sumo Primero”.

Además, ChatSP permitirá identificar los conocimientos previos necesarios para cada tema, entender la progresión y articulación de los contenidos, ubicar con precisión los objetivos de aprendizaje y orientaciones pedagógicas, así como acceder a materiales de apoyo, evaluaciones y actividades complementarias para abordar las brechas de aprendizaje de los estudiantes.

Daniela Rojas, coordinadora del Plan Nacional Sumo Primero y parte del equipo del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile (CMM), institución que colaboró en el desarrollo del ChatSP, detalló que esta iniciativa “articula un conocimiento didáctico especializado que tiene el equipo del Laboratorio de Educación con la Inteligencia Artificial. Se trata de un proyecto de vanguardia que viene a aportar desde el conocimiento y, por otro lado, desde la parte práctica hacia el docente”.

En tanto, el director ejecutivo del SLEP Santa Corina, Ignacio Cáceres afirmó que el asistente virtual “es una herramienta tecnológica que van a acompañar a los docentes de primero a sexto básico. Tras ver los resultados del SIMCE de Matemática, tenemos el desafío de cómo acortamos las brechas que, después de muchos años, volvieron a expresarse en términos de mujeres y hombres. Por lo tanto, este acompañamiento será fundamental para avanzar en mejores experiencias de aprendizaje, pero también en mejores resultados para las niñas, niños y jóvenes”.

Por su parte, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, destacó que la Escuela San Luis “ha tenido un proceso de transformación que es realmente admirable, no solo en su infraestructura, que ha mejorado mucho en los últimos años, sino también en sus puntajes. Es muy bonito ver que en esta misma escuela hoy implementamos innovaciones en el aula que están permitiendo a los niños y niñas de Maipú adquirir más herramientas, acercarse a la tecnología y mejorar su conocimiento del currículum”.

En la actividad participaron además el secretario ejecutivo de Reactivación Educativa, Joaquín Walker; la directora del establecimiento, Tania Carter; profesores y profesoras de matemática; estudiantes y miembros de la comunidad educativa.

Plan Nacional Sumo Primero

El Plan Nacional Sumo Primero pone a disposición de todos los establecimientos educacionales del país una colección única de textos escolares de matemática para 1° a 6° básico, beneficiando a más de 1.300.000 estudiantes y 30.000 docentes.

Esta iniciativa, desarrollada en alianza con el CMM de la Universidad de Chile y adaptada desde material japonés creado por el profesor Masami Isoda, busca fortalecer los aprendizajes mediante un modelo didáctico innovador, centrado en el pensamiento matemático y crítico.

Para potenciar el uso de los textos Sumo Primero, el Mineduc está reforzando el acompañamiento a docentes y equipos directivos mediante 68 talleres a nivel nacional, webinars para familias y la implementación de la iniciativa Juego Primero, que beneficiará a más de 180 mil niños y niñas de prekínder con recursos didácticos.

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Sobre el pánico moral y el coraje de hablar: El silencio de Occidente sobre Gaza

Por Ilan Pappé. profesor de historia en la Universidad de ExeterReino Unido, codirector del Centro Exeter de Estudios Etno-Políticos y activista político. Anteriormente fue profesor de ciencias políticas en la Universidad de Haifa (1984-2007) y director del Instituto Emil Touma de Estudios Palestinos de Haifa (2000-2008). Pappé es autor de libros como La limpieza étnica de Palestina (2006), El Oriente Medio moderno (2005), Una historia de la Palestina moderna: una tierra, dos pueblos (2003) y Gran Bretaña y el conflicto árabe-israelí (1988). Fue también uno de los fundadores de la coalición Hadash.

Las reacciones del mundo occidental a la situación en la Franja de Gaza y Cisjordania plantean una pregunta inquietante: ¿por qué Occidente oficial, y en especial la Europa occidental oficial, es tan indiferente ante el sufrimiento de los palestinos?

¿Por qué el Partido Demócrata en Estados Unidos es cómplice, directa e indirectamente, de apoyar la inhumanidad cotidiana en Palestina, una complicidad tan obvia que probablemente fue una de las razones por las que perdió las elecciones, ya que el voto árabe-estadounidense y progresista en estados clave no pudo, y con razón, perdonar a la administración Biden por su papel en el genocidio en la Franja de Gaza?

Es una pregunta pertinente, dado que estamos ante un Genocidio que fue transmitido en vivo y ahora se ha renovado sobre el terreno. Es diferente de períodos anteriores, cuando se demostró la indiferencia y complicidad occidentales, tanto durante la Nakba como en los largos años de ocupación desde 1967.

Durante la Nakba y hasta 1967, la información no era fácil de conseguir, y la opresión posterior a 1967 fue en su mayor parte gradual y, como tal, ignorada por los medios y las políticas occidentales, que se negaron a reconocer su efecto acumulativo sobre los palestinos.

Pero estos últimos dieciocho meses han sido muy diferentes. Ignorar el genocidio en la Franja de Gaza y la limpieza étnica en Cisjordania sólo puede describirse como intencional y no como un acto de ignorancia. Tanto las acciones de los israelíes como el lenguaje que las acompaña son demasiado visibles como para ser ignorados, a menos que los políticos, académicos y periodistas decidan hacerlo.

Este tipo de ignorancia es, en primer lugar, el resultado del eficaz lobby israelí, que ha prosperado en el terreno fértil del complejo de culpa europeo, el racismo y la islamofobia. En el caso de Estados Unidos, es también el resultado de muchos años de una eficaz y despiadada máquina de presión que muy pocos en la academia, los medios de comunicación y, especialmente, en la política se atreven a desobedecer.

Este fenómeno es conocido en investigaciones recientes como Pánico Moral, muy característico de los grupos más conscientes de las sociedades occidentales: intelectuales, periodistas y artistas.

El pánico moral es una situación en la que una persona tiene miedo de adherirse a sus creencias morales porque ello requeriría una cierta cantidad de coraje que podría tener consecuencias. No siempre nos ponemos a prueba en situaciones que exigen coraje, o al menos integridad. Cuando esto sucede, es en situaciones en las que la moralidad no es una idea abstracta, sino un llamado a la acción.

Esta es la razón por la que tantos alemanes permanecieron en silencio cuando los judíos fueron enviados a los campos de exterminio, y esta es la razón por la que los estadounidenses blancos se quedaron de brazos cruzados y observaron cuando los afroamericanos fueron linchados o, antes, esclavizados y maltratados.

¿Cuál es el precio que tendrían que pagar destacados periodistas occidentales, políticos veteranos, profesores titulares o directores ejecutivos de conocidas empresas si culparan a Israel de cometer genocidio en la Franja de Gaza?

Parecen estar preocupados por dos posibles resultados. Los primeros son condenados como antisemitas o negadores del Holocausto; La segunda es que temen que su respuesta honesta desencadene una discusión que incluya la complicidad de su país, de Europa o de Occidente en general, en facilitar el Genocidio y todas las Políticas Criminales contra los Palestinos que lo precedieron.

Este pánico moral conduce a algunos fenómenos sorprendentes. En general, convierte a las personas educadas, elocuentes y competentes en completos imbéciles cuando hablan de Palestina. Impide que los miembros más astutos y reflexivos de los servicios de inteligencia examinen las demandas israelíes de incluir a toda la resistencia palestina en una lista de terroristas, y deshumaniza a las víctimas palestinas en los grandes medios de comunicación.

La falta incluso de un mínimo de compasión y solidaridad hacia las víctimas del Genocidio ha quedado expuesta por los dobles estándares que aplican los principales medios de comunicación occidentales, y en particular los periódicos más establecidos de los Estados Unidos, como el New York Times y el Washington Post .

Cuando el editor de Palestine Chronicle, Ramzy Baroud, perdió a 56 miembros de su familia asesinados en la campaña de genocidio de Israel en la Franja de Gaza, ninguno de sus colegas periodistas estadounidenses se dignó a hablar con él o mostrar interés en esta atrocidad. Por otra parte, una acusación fabricada por Israel sobre un vínculo entre el Chronicle y una familia en cuyo edificio de apartamentos se habían tomado rehenes despertó enorme interés por parte de estos medios y captó su atención.

Este desequilibrio entre humanidad y solidaridad es sólo un ejemplo de las distorsiones que trae consigo el pánico moral. No tengo ninguna duda de que las acciones contra estudiantes palestinos o pro palestinos en Estados Unidos, o contra activistas destacados en Gran Bretaña y Francia, así como el arresto del editor de The Electronic Intifada , Ali Abunimah, en Suiza, son todas manifestaciones de este comportamiento moral distorsionado.

Un caso similar ocurrió recientemente en Australia. Mary Kostakidis, una conocida periodista australiana y ex presentadora de SBS World News Australia , un programa semanal en horario de máxima audiencia, ha sido llevada ante el Tribunal Federal por sus informes –bastante de mal gusto, se podría decir– sobre la situación en la Franja de Gaza. El mismo hecho de que el Tribunal no rechazara inmediatamente esta acusación demuestra cuán profundamente arraigado está el pánico moral en el Norte global.

Pero hay otra cara de la moneda. Afortunadamente, hay un grupo mucho más grande de personas que no tienen miedo de correr los riesgos que implica declarar abiertamente su apoyo a los palestinos y que demuestran esta solidaridad incluso si saben que podría conducir a la suspensión, la deportación o incluso la prisión. No se encuentran fácilmente en el mundo académico, los medios de comunicación o la política, pero son la voz auténtica de sus sociedades en muchas partes del mundo occidental.

Los palestinos no pueden darse el lujo de permitir que el pánico moral occidental tenga voz y voto. No dejarse llevar por el pánico es un paso pequeño pero importante hacia la construcción de una red global para Palestina, que se necesita con urgencia: primero, para detener la destrucción de Palestina y su pueblo, y segundo, para crear las condiciones para una Palestina descolonizada y liberada en el futuro.

Ilan Pappé es profesor en la Universidad de Exeter. Anteriormente fue profesor de ciencias políticas en la Universidad de Haifa. Es autor de los recientes Lobbying for Zionism on Both Sides of the Atlantic y The Physical Cleansing of Palestine, The Modern Middle East; Una historia de la Palestina moderna: una tierra, dos pueblos (Una historia de la Palestina moderna: una tierra, dos pueblos) y Diez mitos sobre Israel (Diez mitos sobre Israel). Pappé es descrito como uno de los “nuevos historiadores” de Israel que, desde la publicación de documentos relevantes de los gobiernos británico e israelí a principios de la década de 1980, han reescrito la historia de la creación de Israel en 1948. (Traducción: La Zona Gris )

https://savageminds.substack.com/ 

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[Podcast] Cartelera cultural: Furia del Libro y día nacional de los patrimonios

En este nuevo episodio de la Cartelera Cultural destacamos los imperdibles panoramas culturales, artísticos y sociales que se desarrollan a lo largo del país.

Comenzamos con la “Furia del Libro 2025” con novedades en poesía, narrativa, periodismo, ensayo y teoría, un espacio ideal para el diálogo e intercambio entre libreras y libreros, editores y editoras, autores, lectoras y lectores locales. La instancia se posiciona también como un festival cultural, abriendo espacios para la música, la narración oral y otras formas de expresión artística, ampliando la experiencia de quienes asistan. Una cartelera nutrida y variada a lo largo de cuatro días es lo que trae la Furia Del Libro, festival literario y cultural que además es completamente gratuito. Conoce los detalles en la web www.lafuriadellibro.com y en las redes @furiadellibro

Por otra parte, te contamos que entre el 26 y el 30 de mayo se desarrolla la instancia “Estrenos & Wip’s” en el marco de la 14° versión del Festival Internacional de Animación Chilemonos. Podrás disfrutar gratis de diversas piezas de animación en el Centro Cultural Gabriela Mistral GAM y en la Sala de Cine UC, desde cortometrajes hasta películas animadas. Te invitamos a conocer los detalles en la web www.fundacionchilemonos.com y en las redes @chilemonos

Te contamos también que, en el marco del Día de los Patrimonios, la Casa Museo Eduardo Frei Montalva, en colaboración con la Cineteca Nacional de Chile, invita a una actividad especial para conmemorar el centenario de la película “El Húsar de la Muerte”, obra fundamental del cine chileno, única película nacional declarada Monumento Histórico. La actividad se realizará el sábado 24 de mayo a partir de las 15:00 horas e iniciando con un conversatorio. La entrada es liberada y no requiere de inscripción previa. Toda la información en la web www.casaeduardofrei.cl y en las redes @casamuseoefm

Y cerramos recordándote que este sábado y domingo conmemoramos el Día de Los Patrimonios, que ya cuenta con más de 3500 actividades confirmadas a lo largo de todo el país, de las que puedes enterarte e inscribirte desde el sitio web www.diadelospatrimonios.cl y en las redes @servicio_patrimonio

Pasa, escucha y entérate, acá en Radio Nuevo Mundo en un nuevo episodio de la Cartelera Cultural.

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