De acuerdo al reciente informe emitido por el Observatorio de Políticas Migratorias de la Universidad Católica Silva Henríquez, se indica que entre el 2010 y 2019 se decretaron 20.535 órdenes de expulsión administrativa que no se ejecutaron.
En conversación con el sociólogo y académico de la Universidad, Luis Eduardo Thayer, se observa el incremento de estas acciones dentro de la política migratoria que se traduce en que actualmente alrededor de 10 mil personas se encuentren en calidad de “expulsados residentes”, a lo que se suman recientes expulsiones ilegales en el norte del país.
Más de una decena de dirigentes sindicales fueron duramente reprimidos y llevados detenidos por Carabineros durante la entrega de una carta presentada por la Central Unitaria de Trabajadores en el Palacio de La Moneda, en el marco de la Huelga Sanitaria convocada este viernes por la multigremial.
En la oportunidad la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, junto con lamentar lo que consideró una brutal provocación de las fuerzas policiales, acusó al gobierno de buscar tergiversar lo que son las demandas de fondo en esta movilización.
Bárbara Figueroa consideró impresentable que deba estar Chile sumido en una de las peores crisis sociales de nuestra historia, para que Sebastián Piñera abriera un dialogo político con el Congreso.
Para la dirigenta de los trabajadores de la Salud, Karen Palma, el actuar represivo de Carabineros se ha hecho costumbre durante la gestión del Gobierno.
Tamara Muñoz, presidenta de la Federación de Trabajadores de Call Center, sostuvo que Piñera intenta cubrir su descredito ciudadano mediante la violencia en contra de los movimientos gremiales.
Del mismo modo el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Patricio Elgueta, acusó indolencia de la autoridad política al negarse sistemáticamente a escuchar las propuestas surgidas desde la CUT.
Amalia Pereira, vicepresidenta de la Central manifestó su repudio a un Ejecutivo que sigue criminalizando y amedrentando al mundo sindical.
Desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, su timonel, José Pérez Debelli, fustigó el proceder de las fuerzas policiales y de las autoridades políticas del Gobierno que siguen imponiendo a las amenazas y a la violencia física por sobre los acuerdos.
Finalmente los dirigentes rodeados de un piquete de carabineros pudieron ingresar su carta en La Moneda , misiva en donde exigieron políticas universales ante la crisis social y económica que se recrudece cada día , como son una Renta Básica de Emergencia de $500mil que llegue al 80% de la población, el congelamiento del precio de los alimentos, un salario mínimo por sobre la línea de la pobreza y el respaldo al proyecto de ley que establece un impuesto a los súper ricos, el royalty a la minería, entre otras medidas.
Juan Andrés Lagos, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista, alertó sobre una grave crisis institucional y de gobernabilidad que golpea a Chile, a propósito de los resultados de la encuesta CEP, donde los peor evaluados son Sebastián Piñera con un 74 por ciento de desaprobación, el Congreso y los partidos políticos.
El candidato de la lista “Apruebo Dignidad” del distrito 8 afirmó que el rechazo al sistema democrático chileno tiene un correlato con la desafección masiva de la ciudadanía a los partidos políticos.
Juan Andrés Lagos aclaró que si bien la desafección ciudadana es creciente, también existe una voluntad mayoritaria de avanzar hacia una democracia directa, evidenciada a partir de la votación del plebiscito de octubre pasado.
El candidato a constituyente del distrito 8, afirmó que el liderazgo de Daniel Jadue se explica en el involucramiento de los sectores populares en la actividad política, desde una perspectiva de transformación.
Finalmente, Juan Andrés Lagos pronosticó que la credibilidad de la CEP va a bajar enormemente, debido a la manipulación que ejerce en sus preguntas, respecto a las presidenciables, con miras a favorecer mediáticamente a la derecha.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos, junto a otras organizaciones jurídicas y humanitarias internacionales, presentaron una denuncia ante la Corte Penal Internacional para que inicie una investigación en contra Sebastián Piñera y otras autoridades políticas y policiales, por su participación en la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, ocurridos en nuestro país desde octubre de 2019 y hasta la fecha, ilícitos que se encuentran descritos y sancionados en el Estatuto de Roma.
Así lo confirmó el abogado y presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, al considerar que tanto las víctimas, sus familiares, la sociedad chilena en su conjunto y toda la humanidad, tienen el derecho y el deber de hacerlo, cuando los órganos y poderes del Estado chileno, han incumplido su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables.
Consultada al respecto la diputada Carmen Hertz valoró esta acción judicial Internacional ante la omisión que ha hecho el Ministerio Público chileno al disponer el cierre de más del 55% de las investigaciones que se originan por denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado, impidiendo con ello, el acceso de las víctimas al derecho a la justicia.
El escrito presentado entre otros por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Fundación Baltasar Garzón y la Asociación Americana de Juristas , denuncia la asimétrica respuesta de los Tribunales de Justicia de Chile, al imponer y mantener medidas cautelares de prisión preventiva a miles de manifestantes de la revuelta social, y en cambio, ha liberado de responsabilidad a los agentes del Estado y autoridades de los altos mandos y autoridades civiles , involucradas en las violaciones sistemáticas cometidas desde Octubre de 2019 a la fecha.
Garzón y Comisión Chilena de DDHH acusan al Presidente Piñera en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad 👉https://t.co/m84UKVZeHQ
"Las máximas autoridades civiles y políticas de Chile sí tienen responsabilidad penal internacional", señaló la diputada @carmen_hertz por la acusación contra el Presidente Piñera a la Corte Penal Internacional. pic.twitter.com/oHwOxlsboP
— Comité PC – FRVS – AH Independientes (@BancadaPC_FRVS) April 29, 2021
El dirigente del Partido Comunista y postulante a la Convención Constitucional por el Distrito 13, Marcos Barraza, señaló que el tercer retiro de fondos previsionales no es una medida caprichosa, sino más bien responde a la grave crisis socioeconómica que atraviesa la clase trabajadora en Chile, y que se ha profundizado debido a las malas políticas del gobierno.
En ese sentido, el académico criticó que Sebastián Piñera frenara la iniciativa del Parlamento, habiendo sido incapaz de ofrecer medidas acorde a la magnitud de las carencias económicas de las familias.
Marcos Barraza explicó que el tercer 10 por ciento se presenta como la mejor alternativa frente a los débiles apoyos del Estado, el impacto de la cesantía y los bajos salarios.
El exministro de desarrollo social afirmó que Piñera prefiere mantener la estructura neoliberal que rige el modelo de AFP, antes de garantizar el derecho de los trabajadores a contar con previsión social y recursos en tiempos de pandemia.
Marcos Barraza aclaró que el gobierno pudo haber hecho transferencias monetarias a la ciudadanía sin necesidad de presentar un proyecto propio de tercer retiro, lo que da cuenta de su interés por mantener la arquitectura neoliberal.
El exministro Barraza concluyó que el objetivo del gobierno al proponer una cotización extra de los trabajadores y el Estado es seguir fortaleciendo el modelo de AFP, lejos de atender la voluntad popular mayoritaria de retirar sus fondos previsionales como una medida rápida para palear los efectos de la crisis.
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, reiteró la convocatoria a Huelga General Sanitaria este viernes 30 de abril, en el marco de la Conmemoración del 1 de mayo: Día Internacional de los Trabajadores, cuyo énfasis estará puesto en las decisiones erráticas del gobierno durante la pandemia.
La dirigenta y candidata a constituyente de la lista “Apruebo Dignidad” por el distrito 12, dijo que en la instancia, buscan exigir que el gobierno recoja sus propuestas para enfrentar la crisis socio-económica.
Bárbara Figueroa informó que este 30 de abril van a realizar su tradicional acto, respetando las medidas sanitarias que ello implica, a objeto de entregar un mensaje, respecto a los grandes desafíos del mundo del trabajo.
La presidenta de la CUT aclaró que esta convocatoria recoge el planteamiento tanto de la Mesa de Unidad Social como de numerosas estructuras sindicales del país en torno a demandas concretas como una Renta Básica de Emergencia.
Bárbara Figueroa aclaró que el debate sobre la recuperación económica tiene que ir necesariamente de la mano con el abordaje de las condiciones laborales en tiempos de crisis económica.
Bárbara Figueroa concluyó que hay un sinnúmero de razones para movilizarse, entre ellas, la exigencia de liberar a los presos políticos de la revuelta social, y la urgencia de una Renta Básica de Emergencia financiada mediante un impuesto a los altos patrimonios.
Grupo de Iniciativas por la Libertad de lxs Presxs Políticxs de la Revuelta se suma a la convocatoria a #HuelgaGeneralSanitaria para este 30 de abril 🚩¡Justicia, verdad, reparación y no a la impunidad! ✊📢 pic.twitter.com/OXe5cBQIZ4
Chile vive hoy una profunda crisis política, institucional, económica y social. Crisis expresada también desde los Partidos que apoyan al gobierno, por un nefasto e indolente presidente que gobierna para unos pocos privilegiados que se hacen cada vez más ricos y que se niegan a pagar impuestos a sus riquezas y a una verdadera reforma tributaria progresiva, mientras la gran mayoría permanecemos endeudados y sin soluciones integrales en el ámbito económico y social para nuestras familias, para las Pymes y emprendimientos, los bonos anunciados por el gobierno no llegan a las múltiples y crecientes necesidades. Nuevamente los y las trabajadoras pagamos la crisis de la pandemia teniendo que recurrir a nuestros ahorros a través del tercer retiro del 10%.
Entrevista con el exdiputado y candidato a constituyente Hugo Gutiérrez quien acusó persecución política y vicios procesales en la reciente orden de detención en su contra dictada por el tribunal de garantía de Iquique. Conozca en detalle los argumentos del abogado de derechos humanos:
Hugo Gutiérrez reiteró que esta orden de detención que lo afecta, es consecuencia de su permanente lucha por enfrentar a los poderes facticos y los agentes corruptores de la política como Orpis. Isasi y Longueira
Como una nueva estrategia política para frenar su elección a constituyente calificó el exdiputado y postulante a la Convención, Hugo Gutiérrez, la orden dictada este jueves por el Tribunal de Garantía de Iquique, que ordenó su detención en el marco de un juicio en su contra tras un polémico control sanitario efectuado por la Armada en agosto del año pasado.
Para el abogado y dirigente del partido Comunista resulta atentatorio que justo en el momento en que se reinicia la campaña electoral, se retoma de forma irregular un procedimiento judicial que estaba previsto para el mes de junio.
El abogado de DD.HH y exparlamentario por Iquique insistió en la existencia de graves errores del procedimiento en su contra, los cuales impiden y anulan que sea notificado legalmente, siendo esto a su juicio, responsabilidad exclusiva del Tribunal que lleva a cabo la investigación.
Hugo Gutiérrez adelantó que ante falta de imparcialidad y objetividad del tribunal nortino, su defensa ha interpuesto un Recurso de Amparo para impedir su detención arbitraria.
Del mismo modo, el candidato a convencional por el distrito 2, aseguró que la persecución penal de la que ha sido objeto no le impedirá proseguir su campaña, ni menos efectuar los cambios estructurales que la ciudadanía demanda.
Finalmente Hugo Gutiérrez reiteró que esta orden de detención que lo afecta, es consecuencia de su permanente lucha por enfrentar a los poderes facticos y los agentes corruptores de la política, a propósito de las denuncias que realizó como diputado en contra de los ex parlamentarios de la UDI Jaime Orpis y Marta Isasi, en el marco de la tramitación de la polémica ley de pesca.
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¿Culpas?: Ser querellante del caso Caravana de la Muerte en dictadura que terminó enjuiciando a Pinochet; desbaratar el entramado #Corpesca que encarcelará a Orpis; La querella contra Longueira que por ella no pudo ser candidato a Constituyente, entre otras.
Se acogió a tramitación el recurso de amparo en contra de la resolución que ordenaba la orden de detención emanada por el Juzgado de Garantía de Iquique. pic.twitter.com/loNNUBNPEP
El diputado Guillermo Teillier presentó un nuevo proyecto de ley que busca modificar el Código del Trabajo, específicamente en su artículo 183- E, para incorporar una nueva obligación a las empresas principales que les permitan a las y los trabajadores de reparto subcontratados resguardar su seguridad y vida.
Los hechos ocurridos a finales de marzo del 2021, en que un trabajador de reparto de la empresa Starken fue asesinado a mansalva por asaltantes en la comuna de Lo Espejo, alertaron públicamente la desprotección que viven miles de trabajadoras y trabajadores subcontratados, muchos de ellos son parte de empresas de reparto a domicilio o delivery, modalidad que ha aumentado por las restricciones de circulación en pandemia.
Actualmente se establece la obligación de las empresas principales de adoptar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores que laboran en obra, empresa o faena, cualquiera sea su dependencia. Este proyecto de ley busca especificar una nueva medida obligando a la empresa principal a contar con un seguro de responsabilidad civil que resguarde la seguridad y la vida de sus trabajadores.
Así lo explicó el creador de la iniciativa, el diputado Guillermo Teillier. “Las nuevas modalidades de negocio, la pandemia y los avances tecnológicos, han modificado las relaciones laborales y muchas de ellas hoy son externalizadas por lo cual es urgente que dentro de las medidas necesarias a las que hace alusión el artículo 183 E del Código del Trabajo, se contemple mayores obligaciones a la empresa principal para la protección de los trabajadores y trabajadoras que laboran en la modalidad de subcontrato”.
El proyecto de ley establece:
Intercálese en el artículo 183 E del Código del Trabajo un nuevo inciso 2°, que indican:
“La empresa principal estará́ obligada a contratar un seguro civil para resguardar la seguridad y vida de los trabajadores que laboran en la obra, empresa o faena, conforme a las condiciones, coberturas y plazos que determine la ley 20.667.”
Para el parlamentario, esta iniciativa de ley permitirá dar protección ante los abusos de las empresas. “Si se aprueba este proyecto sería un avance sustantivo para miles de trabajadores y trabajadoras y sus familias que hoy están en las calles en completa indefensión con la argucia que son colaboradores y subcontratistas cuando en realidad hablamos de funciones esenciales e inherentes a los giros y servicios que ofrecen las empresas además con jugosas ganancias”.
“Esperamos que el caso del asesinato del trabajador repartidor de Starken, Pablo Valdés, quien dejó una viuda y tres hijos pequeños en el desamparo, sea el aliciente para que este proyecto se apruebe a la brevedad”, finalizó el diputado.
El proyecto de ley fue ingresado a la Cámara de Diputados y será tratado en la Comisión de Trabajo de la misma, cuenta además con el patrocinio de los parlamentarios integrantes de esa comisión Amaro Labra y Alejandra Sepúlveda.
