¡En el marco del 8M! Claudia Pascual participó como Senadora (E) en primera movilización comunal feminista en San Miguel
En el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la senadora electa por la Región Metropolitana y ex Ministra de la Mujer y la Equidad de género, Claudia Pascual, participó de la marcha comunal de Súper Lunes Feminista, junto al Colectivo Feminista Mujeres y Disidencias Autoconvocadas San Miguel, la alcaldesa de dicha comuna, Erika Martínez, y la Concejera Regional (Core) por Santiago 6, Claudina Núñez.
Un nuevo ‘‘Súper Lunes Feminista’’ se vivió el día de hoy a lo largo del país, como previa del 8M que se conmemora mañana, donde diversas organizaciones feministas de la sociedad civil realizaron y convocaron a múltiples actividades. En ese contexto, mujeres y disidencias de la comuna de San Miguel marcharon a partir de las 19:30 horas, desde Metro Lo Ovalle hasta la Municipalidad de San Miguel, en exigencia de sus derechos y una vida digna.
Al respecto, Claudia Pascual, dijo que “este 8 de marzo genera muchas expectativas, porque después de los dos años de pandemia que estamos viviendo, puede nuevamente congregar a las mujeres en las calles. Pero, además, porque hay una expectativa de poder saldar lo antes posible las deudas que tiene la democracia con las mujeres, y en particular los retrocesos que se han vivido en el gobierno de Sebastián Piñera”.
“Las mujeres exigen que se ponga mayor celeridad a políticas públicas que logren prevenir la violencia contra las mujeres, y que una vez que esta ocurre, pueda ser atendida, reparada y sancionada a la mayor brevedad posible. Pero también exigen, trabajos dignos y decentes. El retroceso en la tasa de participación laboral de las mujeres por pandemia es de 10 años, así que esa es una expectativa de salvaguardar rápidamente en el gobierno de Gabriel Boric. Y por supuesto, también, todos los derechos a la ciudad, a la vivienda digna, al respeto de las mujeres migrantes, al ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, entre otras tantas, y obviamente el derecho a salarios y pensiones justas y dignas”, expresó.
Consultada por los principales desafíos del cargo que asume el 11 de marzo, la senadora electa del Partido Comunista indicó que “una primera expectativa es terminar de tramitar el proyecto que Garantiza una Vida Libre de Violencia a las Mujeres, que está en el Senado hace tres años y medio ya, y, en segundo lugar, poder apoyar todas las iniciativas legislativas que tienen que ver con mejoras para las condiciones de las mujeres. Me refiero a 40 horas de jornada laboral semanal, me refiero al proyecto: “Sin Consentimiento es Violación”, me refiero a temáticas que planteen la mejora sustantiva y permanente de la representación de las mujeres en los espacios de la política, y, por lo tanto, instaurar la paridad en todas las formas de elección, entre otras tantas”.
Asimismo, las otras autoridades presentes abordaron las reivindicaciones feministas del 8M, además de expresar sus expectativas en la materia, ad portas de la investidura presidencial de Gabriel Boric, quien liderará el primer gobierno con más mujeres que hombres del continente americano.
En ese sentido, la alcaldesa de San Miguel, Erika Martínez, afirmó que “uno de los principales desafíos en materia de género tiene que ver con transversalizar el concepto de género; que todas las unidades del municipio tengan una política de género.
“Hoy día no nos sirve solo una oficina de la Mujer o una oficina de la Diversidad, sino que necesitamos políticas transversales de género en todas las unidades, en todas las direcciones y departamentos de nuestra comuna, tanto para nuestros funcionarios y trabajadores a la interna, como también para los usuarios de nuestro servicio. Ese es el desafío, que la política de género sea transversal, y no sólo sea una oficina de la mujer, sino que todas las políticas y actividades municipales deben tener perspectiva de género”, manifestó.
Por su parte, la Consejera Regional (Core) por Santiago 6, Claudina Núñez comentó que “este año el desafío más grande es que las demandas de las mujeres del 8M queden plasmadas en la Constitución chilena, y, por lo tanto, como madres, como mujeres, como jóvenes, hoy día nuestra defensa va a ser esta nueva Constitución por la cual hemos luchado, soñado y recogido en la calle.
“Pero también, a defender este gobierno de Apruebo Dignidad, que ha sido importantísimo para terminar con la derecha en nuestro sector. Además, tenemos el desafío del plebiscito de entrada. Ahí estaremos. Por eso las mujeres tenemos que jugar este rol tan importante”, finalizó.
Duras críticas de agrupaciones de DD.HH. a informe del Ejército
Las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos a nivel nacional, expresaron su crítica ante el documento Informe Final: “Reflexiones sobre las actuaciones del Ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el ethos militar”, firmado por el General Ricardo Martínez Menanteau.
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, manifestó sobre el informe del Ejército que éste es más bien para limpiar la imagen del hoy imputado Ricardo Martínez, y al mismo tiempo, para desviar la crisis de corrupción que afecta al Ejército, señaló la dirigenta.
Ricardo Martínez avala la obediencia debida para justificar los crímenes cometidos por las órdenes impartidas por superiores, desconociendo que la acción del Ejercito era parte de una política represiva que se desarrolló al amparo de la doctrina de la seguridad nacional, que no ha podido ser erradicada del ethos militar, acusó la dirigenta humanitaria.
El informe del comandante en jefe del Ejército, emitido a dos días de su renuncia y a dos días de asumir la misma conducta, rebelde y no colaborativa con la acción de la justicia, que hicieron los militares responsables de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura cívico militar, no significa y nada dice sobre garantías de no repetición de los mismos crímenes.
Advertimos que todos los hechos, que en apariencia son reconocidos, constituyen una verdad que ha sido develada con el esfuerzo y la perseverancia de las víctimas, con movilización social, y a través de los procesos judiciales y las sentencias de los tribunales, todas condenatorias de los crímenes del General Schneider, del General Carlos Prats y Sofía Cuthbert, de la caravana dirigida por el general Arellano que asesinó cumpliendo órdenes de Pinochet, de Tucapel Jiménez, de Eugenio Berrios, de los miles de prisioneros políticos detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados, EL Ejército no ha entregado nada sobre la verdad de sus crímenes.
El informe de Ejército no condena el golpe de Estado en contra del presidente Allende, advirtió Alicia Lira.
El informe del Ejército señala que ellos reconocen que en Chile hubo un golpe cívico militar, y justifica la acción militar en el acuerdo de la cámara de diputados de agosto de 1973; señala que miembros del Ejército asesinaron al general René Schneider; que asesinaron al General Carlos Prats y su señora Sofía Cuthbert; que el General Sergio Arellano, delegado de Augusto Pinochet dirigió la Caravana de la Muerte que se desplazó a lo largo de todo el territorio asesinando a civiles detenidos e indefensos, que miles de chilenos fueron torturados por agentes del Estado pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad; que la acción represiva se extendió hasta el gobierno de Patricio Aylwin, con el asesinato de Eugenio Berrios que, como la Operación Cóndor extendió su brazo criminal, coordinado con otras fuerzas extranjeras, más allá de las fronteras del territorio nacional; que el ejército que representa tuvo relaciones con la agencia de inteligencia norteamericana “CIA”, para propiciar el golpe cívico militar e impedir la presidencia legítima de Salvador Allende, subordinando la soberanía nacional a los intereses de un potencia extranjera, y a los intereses de una clase social cuyos privilegios se sintieron amenazados por el gobierno de la Unidad Popular.
Declaracion Publica 8 de marzo 2022-convertido (1)Con respecto al informe entregado por el recién renunciado comandante en jefe del ejército general Ricardo Martínez, la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos siempre sostuvo que el ejército y las fuerzas armadas eran los responsables de la detención.
— AFDDChile (@AFDDChile) March 6, 2022
Plataforma nacional lanza el disco “Revueltas” con 28 artistas chilenas
New Latam Beats presenta “Revueltas”, un trabajo colaborativo entre 28 mujeres artistas chilenas, que emerge de la necesidad de reunir a grandes músicas nacionales abriendo un espacio creativo empático, diverso y sin límites.
A esto se le suma la organización del Festival Documental Revueltas en el GAM en conmemoración del 8M que se inicia hoy a las 13:30 horas.
Música Nueva: Banda bluesera “El Cruce” suma a grandes artistas como invitados a su primer concierto en solitario
Los icónicos representantes del género en nuestro país, se tomarán el Teatro Caupolicán el próximo 26 de marzo para celebrar más de 20 años de carrera, donde repasarán sus éxitos y cautivarán a sus seguidores con más de una sorpresa.
Para la cita también está confirmada la participación de los músicos nacionales Joe Vasconcellos, Quique Neira, Nano Stern y Francisco “Pancho” Rojas, quienes se sumarán a otras sorpresas que irá revelando la banda durante los próximos días.
Función Vermú: “Bestia” en los Oscar 2022 y “La hija perdida” de Netflix entre las preferidas .
Iniciando nuestra temporada 2022 del Todo por la Tarde, en el espacio de cine semana, Jose Parra y Richard Sandoval, abordan la nominación y expectativa de “Bestia”, la obra animada de Hugo Cobarruvias, en los premios Oscar .
También se conversa sobre la película de Netflix, “La hija perdida”, que cuenta con la brillante actuación de Olivia Colman y que figura como una carta fuerte en la distinción de mejor actriz principal y de reparto dentro de la premiación.
Fiscalización de transparencia estableció problemas de acceso a información para quienes buscan interrumpir embarazo en 3 causales
Proceso tuvo como objetivo verificar si existe información abierta que posibilite el acceso a la ciudadanía a detalles del procedimiento y la forma en que se implementa la normativa en establecimientos de la red pública de salud.
“En 1 de cada 3 organismos prestadores de la red de salud pública, no se pudo acceder a los protocolos de atención de los organismos públicos” vinculados a la aplicación de la Ley Nº 21. 030 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Este fue uno de los hallazgos de la fiscalización impulsada por el Consejo para la Transparencia (CPLT) a 107 organismos públicos vinculados al ejercicio de este derecho acorde a la normativa vigente.
Asimismo, el proceso estableció que “existirían barreras de acceso a la información sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo en 3 causales”, como se lee en el informe que resultó tras analizar diversos documentos públicos de hospitales autogestionados y de las Fuerzas Armadas y Carabineros, Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, Servicios de Salud y entidades de la Administración Central del Estado.
En particular, se estableció respecto de los protocolos —que reúnen prácticas, procedimientos, técnicas y requisitos para cualquiera de las tres causales— éstos no están disponibles de manera permanente para quien esté interesado. Asimismo, se logró evidencia que en ninguno de los organismos fiscalizados se tuvo acceso vía página transparencia activa, cuestión que para la titular del Consejo “claramente muestra que sin acceso a información es complejo ejercer otros derechos para muchas mujeres, y que complejizan la implementación de la ley”.
“A partir de este proceso hemos conseguido levantar una serie de evidencias asociada a problemas de acceso a información disponible para las mujeres o cualquier persona que desee conocer antecedentes sobre la prestación médica para interrumpir un embarazo. También identificamos y queremos subrayar problemas de control y de implementación de la política”. Además, apuntó a la evidencia de diversas necesidades que tienen las personas de acceder a estos procedimientos.
“Por ejemplo, identificamos que se registran 3 reclamos entre 2019 y 2020 hacia prestadores por la aplicación de esta ley y que fueron presentados ante la Superintendencia de Salud. La pregunta que emerge es ¿los reclamos son pocos porque no existe información sobre los procedimientos para hacer efectivo este derecho?. Creemos que es una de las razones que lo podría explicar”, dijo De la Fuente.
El CPLT además consignó en su reporte que la Superintendencia de Salud habría informado que no se han realizado fiscalizaciones asociadas a la implementación de esta ley. Además, se pudo identificar que solo una SEREMI en todo el país ha realizado auditorías a las fichas clínicas vinculadas a éstos procedimiento (Los Lagos), en las cuales no constató ningún incumplimiento o irregularidad.
“Tenemos que poner en valor la información pública, entre otras cuestiones, para evaluar las políticas públicas que se implementan en las distintas administraciones. En un contexto en el que existe una normativa, que establece ciertos protocolos, el hacer efectivo el derecho exige el cumplimiento de estos procedimientos, a los que deben poder acceder libremente quienes estén interesados sino estamos contraviniendo otros derechos”, comentó De la Fuente.
¿Qué se analizó?
Desde el CPLT su titular explicó que la entidad que encabeza habría desarrollado un proceso de revisión de antecedentes disponibles en sitios web de transparencia activa en abril del año pasado y “en el segundo semestre de 2021 se inició una segunda fiscalización focalizada con el fin de obtener información de contraste y poder verificar la consistencia de la información entregada versus la publicada”. Así, comentó “se pudieron catastrar 58 protocolos, lo que representó, accediendo a información en un 55% de los casos”.
El proceso contempló la revisión una serie de documentos públicos y datos de instituciones adscritas Portal de Transparencia y una revisión sobre disponibilidad de información en distintas secciones de Transparencia Activa y sitios webs de los organismos de la administración del Estado, respecto a antecedentes sobre interrupción voluntaria del embarazo en las tres causales establecidas acorde a la regulación.
Algunas entidades que informaron no contar con protocolos propios, remitieron información aludieron que se rigen por la Norma Técnica Nacional y/o la Ley Nº 21.030 —constatándose que la totalidad de éstos no tienen disponible esta información en sus sitios web. Asimismo, 5 hospitales afirmaron no tener un protocolo y/o los antecedentes requeridos al no contar con especialidad de ginecología y obstetricia, entre ellos los hospitales pediátricos — Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramírez (Valparaíso), Hospital de Urgencia Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río (HUAP), Hospital de Niños Dr. Luis Calvo Mackenna, Hospital Dr. Exequiel González Cortés (San Miguel, RM) y Hospital Clínico de Niños Dr. Roberto del Río (Independencia, RM), este último remitió un flujograma para derivaciones. Por su parte, el Servicio de Salud Iquique, remitió flujograma de atención.
Servicios de Salud, en su mayoría sin protocolo
Sobre las solicitudes que se realizaron en el marco del proceso –bajo la modalidad de usuario simulado- se observó que cerca de la mitad de los organismos fiscalizados —que tienen obligaciones acorde a la ley, no han diseñado un protocolo de atención específico para su establecimiento con la finalidad de atender a aquellas mujeres que deseen interrumpir su embarazo “lo cual puede generar obstáculos al momento de comprender la aplicación del procedimiento vinculado a esta normativa”, se lee en el informe del CPLT.
En el caso de esta fiscalización se estableció que solo tres Servicios de Salud disponen de protocolo para regular internamente y en sus servicios dependientes la aplicación del procedimiento de IVE.
Escaso seguimiento
Otra problemática que mostró el proceso impulsado por el CPLT apunta a la falta de seguimiento a la implementación de los procedimientos que se requieren para hacer efectivo el derecho a interrumpir el embarazo en las tres causales por parte de los organismos responsables durante los años 2019 y 2020. Esto dado que se han realizado pocos procesos de auditoría.
En el período analizado (2019-2020) se constituyeron 1.458 casos IVE en el sistema de salud pública. De este total, sólo 11 procedimientos han sido auditados a través de sus fichas y cuyas auditorías fueron efectuadas por una sola Seremi de Salud de las 16 existentes.
“En este ámbito, se devela un bajo nivel de procesos de fiscalización por parte de los organismos competentes, a lo que se agrega a la dificultad de efectuar control social, por cuanto existe ausencia de información básica, en los canales de libre acceso, como transparencia activa o a través de motores de búsqueda, sobre la implementación de esta política pública”, concluyó el informe del Consejo.
Antecedentes de la Ley IVE
La normativa vigente fue promulgada en septiembre de 2017 y regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: la Ley establece que se podrá interrumpir el embarazo cuando: 1) se encuentre en peligro la vida de la mujer; 2) exista inviabilidad del feto para sobrevivir fuera del útero, y, 3) cuando un embarazo sea resultado de una violación.
Acorde a cifras del Departamento de Estadísticas e Información e Información de Salud (DEIS) citados en el informe del Consejo, entre enero de 2018 y diciembre de 2020 se habrían registrado un total de 2.192 casos en los cuales se configuró lo establecido por la norma en alguna de las tres causales contempladas, interrumpiéndose el embarazo en el 83% de dichos casos. La misma fuente mantiene disponible información que apunta a que la segunda causal representaría la mayor cantidad de procedimientos en el mismo período, registrando 883 interrupciones de un total de 1100 casos constituidos. Le sigue la primera causal, con un total 573 interrupciones de 687 casos. La tercera causal, en tanto, registró 371 interrupciones realizadas de un total de 403 casos.
Entregan conclusiones de Cabildos de salud mental: “En Chile es deplorable”
Profesionales de la salud piden que este tema sea incorporado a la Nueva Constitución y alertan que al año 2030 la depresión será la principal causa de discapacidad.
Esta semana un grupo de profesionales relacionados con el bienestar psicológico de la población hicieron entrega en la Convención Constitucional de las conclusiones del cabildo-seminario de Salud Mental realizado el 27 de marzo del año pasado. La instancia que reunió a diferentes organizaciones de la sociedad civil de la región de Valparaíso, académicos, profesionales, entre otras organizaciones, dieron a conocer sus conclusiones.
Para Salvador Arredondo, psicólogo y presidente de la Fundación SaviaSalud, “el estado de la salud mental en Chile es deplorable”. Agregando que “que hemos sido uno de los 30 países que no tiene ley de salud mental. Ahora tenemos una ley que es precaria y con este insumo queremos abordar en el marco teórico como en el dato para el proceso constituyente”.
El documento entregado señala que “en el país los indicadores de salud mental nos muestran una situación muy crítica en nuestra población, independiente de su rango etario o condición social. Según la OMS las enfermedades mentales están identificadas entre las más incapacitantes del mundo occidental, las cuales tienen efectos superiores a los de afecciones como la diabetes, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares juntas, estimando que en el año 2030 la depresión será la principal causa de discapacidad”.
Una de las conclusiones que entregó el cabildo señala que “es necesario que lo que se plasme en nuestra próxima Constitución dé cabida a estrategias sanitarias de mayor alcance, orientadas muy especialmente a la prevención primaria en salud mental”. Indicando además que “la Constitución que nos rija en las décadas por venir debe sentar las bases para una Ley de protección integral de la niñez y adolescencia que se haga responsable de las generaciones más jóvenes, así como también legislación que regule de mejor forma la atención de salud mental…”.
Marcos Barraza, psicólogo y constituyente del distrito 13, quien fue participe de los seminarios-cabildos señaló que “la institucionalidad que existe en materia de salud pública es deficiente, es insuficiente y cuando ponemos un zoom en la salud mental es más precaria”.
“En la Convención Constituyente y a propósito de las normas, estamos debatiendo precisamente el fortalecimiento de la salud pública con un doble componente en términos de garantía estatal la salud física y la salud mental. Es decir, desde una perspectiva altamente integral”, agregó Barraza, quien además valoró el documento entregado.
En tanto, Nikolai Soto, psiquiatra y director médico de SaviaSalud, señaló que fue un arduo trabajo para tener una mirada transversal para saber el estado de la salud mental en Chile. Soto indica que hay “diagnósticos muy solidos respecto a las condiciones que estamos hoy en día. Por ejemplo, los médicos psiquiatras que hay hoy en día en Chile, en el sistema público, es muy inferior a lo que los países de la OCDE recomiendan”.
“Es fundamental de que los esfuerzos que se hagan desde aquí en adelante incluyan en primer lugar un cuidado de lo que estamos haciendo con el Estado y cómo el Estado debiera hacerse cargo del sistema público para que los profesionales de salud mental prefieran el sistema público, estén dentro y no huyan, no opten tanto como lo hacen hoy en día por la salud privada”, sentenció Soto.
