En entrevista con Alberto Collados, arquitecto y director del Concurso, se aborda el origen de la iniciativa inspirada en la obra del artista Chileno y oriundo de Puerto Montt, Hardy Wistuba.
Con un especial llamado a la participación de artistas de región y a personas que desarrollen este formato de expresión plástica, Alberto Collados se refiere a las bases que acompañarán a la versión 2022.
Junto a Rodrigo Hurtado, director ejecutivo de la Universidad Abierta de Recoleta, se analizan los principales resultados de la investigación realizada por el Grupo de Estudios de Medios de la UAR.
Señalando que la investigación se engarza en el debate global sobre el rol de los medios dentro de los procesos sociales y políticos, el director del espacio académico comenta parte de los datos recogidos, dentro de los primeros quince días de julio, donde un 39% de los titulares de veinte medios de comunicación presentan una inclinación explícita por el Rechazo, versus un 25% de titulares relacionados con el Apruebo.
La ex vicepresidenta de la Convención Constituyente, abogada Bárbara Sepúlveda, destacó el carácter de paridad de género de la nueva Constitución, la que permitirá terminar con una institucionalidad machista o masculinizada, permitiendo que los distintos órganos públicos, entre otros, cuenten con la paridad de género y al mismo tiempo permita avanzar en la mejora de salarios, de igual trabajo igual salario, entre hombres y mujeres.
La abogada constitucionalista dijo que es una de las normas que se verán rápidamente implementadas tras el apruebo del próximo 4 de septiembre. Es un tremendo avance a la democracia, enfatizó la profesional.
La iniciativa constitucional, como lo plantea la abogada, es notable ya que se empieza a cerrar las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, y alcanza incluso a cerrar las brechas interculturales, señaló.
Consultada sobre el concepto e idea de democracia directa, y que la nueva constitución establece sus principios de participación ciudadana en la toma de decisiones, Bárbara Sepúlveda, detalló cómo la iniciativa permitirá crear confianzas, y conocer mejor las inquietudes y problemas de la gente, para que el Estado los solucione a la brevedad.
La abogada constitucionalista, Bárbara Sepúlveda, dijo que a la campaña del Apruebo se suman más personas, ya que la nueva constitución invita a construir una nueva sociedad, de participación real, y en forma concreta, avanzar en la solución a los graves problemas que afectan hoy al país.
En el debate de las medidas adoptadas por el Banco Central de Chile respecto a la apreciación del dólar, conversamos con el académico y economista de la Universidad Andrés Bello, Víctor Valenzuela, quien califica como correctas las acciones de la entidad basadas en el sistema cambiario de flotación limpia, que lo lleva a intervenir cuando tiene que limpiar el mercado nacional de especuladores.
Acerca del alza del precio del dólar señaló que existen factores externos e internos, en donde los primeros ya estarían internalizados porque hay claridad que los los bancos centrales del mundo viven un momento de alza de tasa, lo que puede influir en la volatilidad en la especulación, es decir, que el dólar vuele alto o bajo, explicó.
Para el economista, este atractivo escenario para los especuladores es probable que haya desaparecido: “No veo razones que justifiquen que el dólar pase de $900 a $920 en lo que viene porque todo lo que tenía que hacerlo subir de precio, lo hizo subir”, indicó el académico.
Respecto a la afectación del alza del dólar, Víctor Valenzuela dijo que cuando sube el dólar nos empobrecemos en la misma proporción, y el dólar como una mercadería, cuando hay inflación sube también. Sin embargo, algo que ayuda que este ambiente no sea tan fuerte, “es que los precios tengan una carácter internacional. Al ser Chile una economía abierta ayuda a que no sea tan grave, de lo contrario, la inflación deja cautiva a la gente de lo que quieran cobrar los empresarios en Chile” sostuvo.
Acerca de los pronósticos de que la inflación bajará en el segundo semestre del año, Víctor Valenzuela señaló que efectivamente aquella ha topado un techo y en cuanto a lo que ocurra a nivel internacional, vendría un período de calma, dada el alza de los intereses en el Banco Central Europeo. No obstante, observó que la inflación en Chile no sería menor del 5%.
El diputado Luis Cuello junto a diversas organizaciones sociales de la región de Valparaíso, además de las concejalas Camila Nieto, Alicia Zúñiga (Valparaíso), Ilén Sáez (Concón) y el concejal Nicolás López (Viña del Mar) entregaron una carta dirigida al Gobierno con el fin de que se asegure trasporte gratuito el día del plebiscito del 4 de septiembre.
En la misiva se argumenta que facilitar el traslado de los electores en el transporte público sería “fundamental para brindar una mayor accesibilidad y garantizar el derecho y obligación al voto de toda la ciudadanía” por lo cual se le solicita expresamente que el Gobierno “pueda realizar una asignación excepcional y extraordinaria de presupuesto para implementar un mecanismo que permita garantizar la gratuidad del transporte público de pasajeros en las ciudades, sectores aislados y localidades rurales de la región de Valparaíso”.
Al respecto el diputado Luis Cuello comentó los alcances de la iniciativa.
Por su parte, el concejal de la ciudad jardín Nicolás López describió el problema que afecta a miles de vecinos
Finalmente, la concejala de Valparaíso, Camila Nieto remarcó que el Estado debe hacerse parte del derecho que exigen los vecinos.
Se requiere facilitar el traslado de los electores en el transporte público, es “fundamental para brindar una mayor accesibilidad y garantizar el derecho y obligación al voto de toda la ciudadanía”, concluyeron las autoridades políticas.
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La Carta:
Señorita
Sofía González Cortés
Delegada Presidencial
Región de Valparaíso
Presente
Junto con saludar, nos dirigimos respetuosamente para exponer y solicitar a usted lo siguiente:
1.- El día 20 de julio de 2022 la Cámara de Diputados finalizó la tramitación del proyecto de ley que “Modifica el Código del Trabajo para asegurar la oferta de servicios de transporte público durante periodo de elecciones populares o plebiscitos”, el que actualmente se encuentra en la etapa de Trámite de Aprobación Presidencial.
2.- Durante la tramitación del proyecto se planteó al Ejecutivo que tuviera en consideración la posibilidad de que, junto con asegurar la oferta del servicio, se pudiera decretar la gratuidad del servicio de transporte público para el plebiscito del próximo 4 de septiembre.
3.- Después de nueve años, el sufragio en el acto plebiscitario para aprobar o rechazar el nuevo texto constitucional volverá a ser una obligación para 15 millones de ciudadanos. Por lo que se hace necesario, más allá de la mera obligación legal, informar a los electores de las medidas tomadas y ofrecer incentivos que permitan asegurar una alta participación.
4.- La actual situación económica e inflacionaria que afecta a las familias del país, con mayor impacto en los sectores económicos medios bajos y bajos, se vuelve una seria dificultad para costear el combustible o pasaje de grupos familiares, jóvenes de bajos ingresos y adultos mayores para concurrir a votar.
5.- El 4 de septiembre Chile vivirá un hito histórico, quizás el más significativo desde su fundación como República y el más importante desde el retorno de la democracia. Por lo que la participación no puede depender de la capacidad económica de los electores. En tal sentido, el Ejecutivo debiera realizar todos los esfuerzos posibles para asegurar una participación en igualdad, no solo política, sino también económica para que los pobres como los habitantes de zonas rurales puedan ejercer su derecho y obligación electoral.
6.- Facilitar el traslado de los electores en el transporte público es fundamental para brindar una mayor accesibilidad y garantizar el derecho y obligación al voto de toda la ciudadanía en el próximo plebiscito, para que toda la población pueda acceder a sus respectivos locales de votación en el país bajo todas las comodidades posibles.
Por lo anterior, venimos en solicitar que el Gobierno, mediante su Delegación, a la Presidencia de la República y al Ministerio Transporte y Telecomunicaciones se pueda realizar una asignación excepcional y extraordinaria de presupuesto para implementar un mecanismo que permita garantizar la gratuidad del transporte público de pasajeros en las ciudades, sectores aislados y localidades rurales de la región de Valparaíso para este 4 de septiembre de 2022 a efectos que ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer su derecho a voto.
Esperando que la solicitud tenga una buena acogida en el Gobierno, sin otro particular
Luis Alberto Cuello Peña y Lillo
Diputado de la República
Nicolás López Pimentel Alicia Zúñiga Valencia
Concejal de Viña del Mar Concejala de Valparaíso
Según la FAO, la seguridad alimentaria se refiere al acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, mientras que la soberanía alimentaria se concibe como un modelo para lograr la primera, en base a poner la necesidad de alimentación de las personas en el centro de las políticas, reconocer los conocimientos tradicionales y ser compatible con la naturaleza.
En entrevista, Alicia Muñoz, presidenta de la Asociación de Mujeres Indígenas y Rurales de Chile Anamuri, una de las organizaciones con mayor trayectoria en la materia, se aborda la reciente discusión de la soberanía y la seguridad que llevaron a la Convención y al proceso constituyente, así como a la activa participación de Anamuri en la campaña del plebiscito de salida, por la que se están desplegando en varias regiones del país:
“Para nosotros fue muy importante este espacio que disputamos para que fueran escuchados nuestros temas. El primer tema que colocamos fue la alimentación para nuestro país, para nuestro pueblo. Pero no cualquiera, porque hoy podemos ir al supermercado y van a estar llenos. Estamos hablando de una alimentación sana y saludable para nuestro pueblo, y esa alimentación solo viene de la tierra de la agricultura familiar campesina, sin agrotóxicos, sin agroquímicos”, detalló la dirigenta.
Acerca de la nueva propuesta de nueva Constitución, que establece la alimentación como un derecho social (art.54), Alicia Muñoz relevó la importancia de la norma, y destacó que en el caso de Anamuri, llevan décadas aportando en su discusión, en particular, sobre el tema de la soberanía alimentaria: “Fue un concepto que nació hace 25 años al que lo íbamos llenando de contenido con la propias compañeras que producen los alimentos en los territorios. Cuando hablábamos de soberanía lo primero es ser soberana para tomar nuestras propias decisiones: qué vamos a sembrar, qué vamos producir y qué vamos a comer el día de mañana”, explicó Alicia.
Por otro lado, se refirió a la creación de la Comisión Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria CNSSA, encabezada por el Ministerio de Agricultura y la autoridad de la cartera, Esteban Valenzuela, que busca levantar un Plan Nacional.
Al respecto, la presidenta de Anamuri indicó que esperan que se transforme en una herramienta para que los propósitos alimentarios se hagan realidad, observando que “estamos ante un gobierno que le importan estos temas y que los ha tomado con mucha fuerza”.
Junto con ello, se refirió al aumento del hambre en América Latina y el Caribe en los últimos años, situación ante la cual se han pronunciado, participando del llamado de Naciones Unidas para estudiarla y ponerse de acuerdo entre privados y organizaciones sociales.
Sobre aquello, Alicia Muñoz enfatizó sobre la actual escasez de agua y granos y cómo aquello afecta además, por la dependencia económica de Chile que ocupa parte importante del suelo con el monocultivo forestal.
A respecto, citó el reciente trabajo de Anamuri junto a otras organizaciones de América del Sur, quienes lanzaron el “Atlas de sistemas alimentarios del Conosur”, análisis exhaustivo de lo que significa el hambre en la región.
El día martes y luego de permanecer privado de libertad por más de 2 años y siete meses, Francisco Hernández, el primer preso de la revuelta de octubre del 2019, pudo recobrar su libertad.
En conversación con su abogado defensor e integrante de la ONG Defensoría Popular, Lorenzo Morales, indicó que en la condena de Francisco participaron declarando carabineros Intramarchas, los cuales también han participado en la condena de otros casos notorios por sus irregularidades.
Junto con ello, también recalcó que la salida de Francisco otorgada por solicitud de derecho intrapenitenciario, requiere de tres semanas para que gendarmería informe. Sin embargo, en su caso este plazo ineditamente se extendió a un año: “Cuando estaba la administración de Piñera no querían por ningún motivo que Francisco saliera en libertad, y después fue bastante difícil desde marzo hasta esta fecha que se dieran los informes pertinentes”, relató el abogado.
Por otro lado, luego que la Corte Suprema rechazó los reclamos por las pruebas usadas en la sentencia, su defensa dedujo una denuncia a la Corte Interamericana CIDH por prisión política, acción que el abogado destacó para seguir en otros casos: “Estas denuncias se demoran, pero como en el caso de Catrillanca o Lemún, al menos se encuentra justicia”, indicó.
Sobre estas pruebas Lorenzo Morales indicó que las de hidrocarburo salieron negativas respecto al uso de bombas incendiarias, por lo cual Francisco debiese haber sido absuelto. No obstante, junto a la primera defensa -que luego tomó el abogado de la Ong Defensoría Popular- tal instancia que debiese haber ocurrido en más de una semana, tomó solo algunos días.
Francisco Hernández ahora se encuentra con el régimen de libertad vigilada intensiva por 1826 días, de los cuales ya ha cumplido 958 y por lo cual la audiencia se realizará en septiembre. El joven presenta importantes problemas de salud, además de haber sufrido una lesión en el fémur dentro del penal Santiago 1 que lo mantuvo con muletas durante 6 meses, pero gracias a la atención solidaria de un grupo de médicos, pudo ser asistido.
Acerca del caso Hotel Principado -también llevado por el abogado-, indicó que el caso llegó a la Corte Suprema y que durante estas semanas se están llevando a cabo los amparos.
Respecto a la composición de los jueces, Morales indicó que levantaron acciones para asegurar la imparcialidad del tribunal, puesto que como defensa “nos consta que había un peso político muy fuerte”.
Respecto a todos los presos de la revuelta que se mantienen privados de libertad, el abogado indicó que cerca de medio centenar de ellos, corren el riesgo de volver a estar en prisión, donde en todos se ha mantenido presente el Ministerio del Interior y el Consejo de Defensa del Estado”, sostuvo.
En relación al proceso constituyente donde también se emanaron o se recibieron iniciativas por la libertad de los presos, Morales observó que aquellas podrían haber sido parte de las normas transitorias, pero faltó una mayor articulación de las fuerzas que las apoyaban al interior de la Convención. Al respecto, valoró la iniciativa del ex Ministro Francisco Cumplido quien falleció hace algunas semanas atrás y cuya labor fue fundamental para la libertad de los presos políticos de los años 90: “Por lo menos él se atrevió a hacer una ley que a lo mejor fue criticada por todos los sectores , pero ese atrevimiento no ha ocurrido en estos tiempos”, expresó.
Como amenazas muy graves, y contrarias al Estado de derecho, calificó el Secretario General del Partido Comunista, Lautaro Carmona, los ataques realizados a través de medios de comunicación y redes sociales, por parte del empresario Pedro Pool, en contra de ex convencionales constituyentes, a quienes dijo que “los mataría a balazos”.
El dirigente político llamó la atención que hasta hoy nadie de la Derecha, sector que representa el empresario, haya rechazado tales intimidaciones que incluso apuntan a organizar grupos reaccionarios para detener el triunfo del Apruebo en el plebiscito de Salida.
Sobre el tenor, y frente a las campañas del Rechazo a la nueva Constitución, que están fundadas en provocar miedo a la ciudadanía con amenazas y mentiras, Lautaro Carmona destacó la campaña del Apruebo, que efectivamente avanza en forma concreta y con la verdad de lo que dice la nueva Constitución.
Lautaro Carmona dijo que al leer la nueva carta magna, comprobó que ésta garantiza, entre otras cosas, el trabajo decente y salario reales.
Al mismo tiempo, destacó el derecho a la vivienda, los derechos sociales y políticos para los adultos mayores, como no lo garantiza la Constitución del abuso, como es la pinochetista.
Al concluir, Lautaro Carmona dijo que la nueva Constitución recoge y resuelve el mandato de décadas de exclusión que ha denunciado la ciudadanía.
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