Desde la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, valoraron la aprobación con una sólida mayoría por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto de ley que reajusta, de forma progresiva, el sueldo mínimo a $500.000 a julio del 2024, y que eleva este monto de $410.000 a $440.000 a partir del presente mes de mayo de forma retroactiva, destacando que con este resultado se ha dado cumplimiento al Acuerdo suscrito entre el gobierno y la CUT, para avanzar en una política salarial con el objetivo de garantizar que todo/a trabajador/a perciba un ingreso que le garantice salir de la pobreza.

A juicio de los dirigentes, con este resultado, “se ha abierto un camino que permite visualizar una correlación de fuerzas que termine con esta lógica de bloqueo, negación y oposición destructiva que ha instalado el Partido Republicano ensoberbecido por un resultado electoral transitorio”, a propósito de la elección del pasado 7. Es en este contexto que, durante toda la tramitación del proyecto de ley las bancadas de diputados y diputadas de derecha y ultraderecha rechazaron, aprobando sólo aquellos artículos que incorporan subsidios y franquicias tributarias para las empresas.

Karen Palma, vicepresidenta de la Mujer y la Equidad de Género de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y presidenta de la Confederación de Trabajadores de la Salud (Fenats Nacional), valoró que con este reajuste se haya dado cumplimiento al programa de Gobierno y al compromiso que se adquirió con la CUT “a pesar del boicot que intentó hacer la derecha de impedir que los trabajadores más humildes de nuestro país pudieran tener mejores condiciones laborales”.

Cabe señalar que pese a la negativa de Chile Vamos y el Partido Republicano, las enmiendas del Senado fueron aprobadas por 85 votos a favor, 55 contra y 2 abstenciones.

El 17 de mayo, la aprobación del salario mínimo en la Sala del Senado estuvo marcada por la abstención de Chile Vamos y el rechazo de dos legisladores del Partido Republicano: Carmen Gloria Aravena y Rojo Edwards, mientras que el pasado 10 de mayo en la Cámara de Diputados, la bancada de Republicanos rechazó el proyecto de ley en su totalidad, en tanto la bancada de la UDI contabilizó 9 de los 24 votos en contra.

Por su parte Carlos Insunza, coordinador de la Mesa del Sector Público y Consejero Nacional de la CUT, calificó este reajuste como “una gran noticia para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, y para todos quienes aspiran a una sociedad más justa y más equitativa en que el valor del trabajo esté puesto en el centro”.

Insunza añadió que la ley que reajusta el salario mínimo, incorpora además otros importantes compromisos suscritos por la CUT con el Gobierno, como la extensión del Bolsillo Familiar Electrónico, un alza sustantiva de las Asignaciones Familiares, un importante incremento en las Becas de JUNAEB, así como un subsidio para las PYMES que les permita transitar de forma paulatina en esta importante alza de salarios, que permitirá a casi 1.000.000 de trabajadores/as enfrentar en mejores condiciones la escalada de IPC y del costo de vida que ha impactado a las familias trabajadoras durante el último año.

Carlos Insunza fue enfático en sostener que este resultado significa una derrota para la derecha y la ultraderecha que han boicoteado sistemáticamente los avances sociales en el Congreso, y, por ende, llamó a que este sea un punto de partida para que las fuerzas progresistas del mundo social y político se unan en torno a los desafíos venideros.

El Consejero Nacional de la CUT remarcó que la aprobación del salario mínimo “es un motivo para celebrar”, puesto que ha abierto un camino para proyectar correlaciones de fuerzas que permitan romper con el bloqueo legislativo de la oposición destructiva que se ha puesto de vagón de cola de los republicanos.

Esta ley, además, implica una serie de compromisos fiscales en beneficio de las familias de menores ingresos que fueron parte del compromiso del Gobierno con la CUT y que son: la extensión del Bolsillo Familiar Electrónico a $49.494 millones; el incremento de la Asignación Familiar a $150.850; y el Incremento de los programas de alimentación JUNAEB a $140.756 millones.

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