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Columna de Opinión: CAE o no cae, más allá del ruido

Rubén Moraga Mamani. Doctor en Ciencias Biológicas. Académico

La promesa surgida en la década de los 90 de masificar el acceso a la educación superior y promover la movilidad social a esos cientos de miles de jóvenes que a través de la educación superior y a la obtención de un título profesional serían la primera generación de profesionales, lo cual les generaría oportunidades de una mejora sustantiva en la calidad de vida y de bienestar, eso quedó en una promesa. Chocó con la realidad de una sociedad de consumo que abarca y devora los sueños, anhelos de dejar una vida de privaciones para acceder a condiciones decentes a esas capas de jóvenes que no querían seguir pateando piedras y tener acceso a eso llamado educación. 

El año 2005 fue creado el Crédito con Aval del Estado (CAE) como instrumento de financiamiento de Estudios Superiores. Todo resultó un espejismo, como siempre termino siendo un gran negocio para la banca por un lado y por otra parte la generación de profesionales con promesas incumplidas y con una deuda bancarizada, como lo señaló en su momento el ex Rector Aldo Valle en el año 2013 cuando manifiesta que se engaña al país cuando se dice que se gasta tanto o más en educación superior, cuando en realidad se compra una cartera de endeudamiento a la banca con un precio usurero para pagar los intereses del CAE, el cual dejó  de ser crédito para estudiar y pasó a ser un subsidio directo con recursos públicos a una oferta privada desregulada. 

En el contexto de una sociedad neoliberal la dimensión injusta del CAE se evidencia por las normas abusivas del contrato que se realiza. La entidad que tenía que regular, la Comisión Ingresa no realizó la pega de resguardar a ese estudiante que adquirió el CAE, que lo hacía a una tasa de un 6% sobre la inflación.

Como lo señaló el expresidente Ricardo Lagos, al parecer los bancos se coludieron, en la primera licitación se avizoro el desastre, obligaron al Estado a ofrecer un incentivo la famosa recarga, es decir, el fisco le compraba con un sobreprecio parte de los créditos morosos. Eso se tradujo en el año 2009 que el fisco pagará por la compra de esas carteras a los bancos más que el monto total que habían prestado esos bancos a los estudiantes. Los bancos se quedan con los mejores clientes pagadores y obligaban al estado a comprar esas carteras de deudores. Desde la creación del CAE hasta el 2021 el fisco ha desembolsado 6,6 billones de pesos. Lo cual corresponde principalmente a la compra de títulos y valores, adquisición de créditos por parte del fisco y la recarga o sobreprecio que el banco solicitaba por la posterior recompra de los créditos por parte del fisco, esta recarga fue de un 20% en sus inicios y hoy es de un 33%. Hay plata, pero se gasta mal.

El 2011 los estudiantes tenían toda la razón para movilizarse, ya que el CAE era un mal negocio, una estafa social y terminaban endeudados. Según la última Encuesta Financiera de Hogares del Banco Central (2022) establece que el endeudamiento educativo ocupa un lugar central en los hogares, siendo de un 12,5% de la deuda general, representando la mayor carga financiera no hipotecaria para las familias chilenas.  

También surgieron otros elementos como el fraude y escándalo en el sistema de acreditación (ver Así opera el escandaloso sistema de acreditación de las universidades, Ciper. 29.09.2011), donde instituciones de dudosa calidad accedieron al CAE, la lógica del voucher se había instalado, surgieron egresados endeudados con cartones que no servían para nada. Por otra parte, la promesa de movilidad social resultó ser un mero titular o propaganda engañosa, según el informe de noviembre del 2023 del OCEC-UDP, 1 de cada 4 egresados está desempleado o subempleado, ganando la mitad de los que están empleados de acuerdo con su nivel educativo, es decir gana en promedio 53,3% menos que aquellos que tienen ese nivel educativo pero que no están en esa situación.

El informe elaborado por el ministerio de educación “Caracterización de deudores del Crédito con Aval del Estado” del 2022, en base a la operación renta 2021, evidencia que casi el 70% de las y los deudores del CAE gana menos de $750 mil mensuales, solo el 8% gana sobre $1.500.000. De estos deudores el 57% corresponde a mujeres, siendo las más perjudicadas, el 72% de estas gana menos de $750 mil mensuales, solo el 6% de esta gana sobre $1.500.000.

Los deudores que no terminaron sus estudios por diversos motivos corresponden al 23%. El 88% de estos percibe un ingreso mensual de inferior a $750 mil, el 58% tiene ingresos inferiores a $250 mil. En el caso de las mujeres el 92% de ellas percibe menos de $750 mil mensual

Es evidente la deuda del estado, hay una promesa que no se cumplió, no se entiende el alboroto que se ha generado por llevar adelante un compromiso de campaña, al parecer la palabra condonación genera ruido.

Es importante reponer la discusión, se requieren acuerdos políticos, hay una creciente crisis que se incuba, no podemos seguir endeudado con la banca a quien quiera estudiar, se debe reparar el daño ocasionado. 

Se debe buscar un nuevo sistema público de financiamiento que deje fuera a la banca, que dé estabilidad a las instituciones de la educación superior donde estas cumplan su rol integrador de la sociedad terminando con la lógica de los guetos sociales, donde el estado fortalezca a sus instituciones estatales que permita generar el bienestar de quienes pasan por sus aulas, así como un modelo de desarrollo distinto de país que genere el empleo calificado para esos nuevos profesionales.

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Gobierno y trabajadores lograron acuerdo en mejoras laborales y sociales

• La ministra Jeannette Jara y el titular de Hacienda, Mario Marcel, suscribieron documento con la directiva de la CUT, encabezada por David Acuña, en 10 temas de interés laboral, de cara a las negociaciones del Ingreso Mínimo Mensual del próximo año.

El Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) suscribieron este martes un acuerdo en torno a una serie de mejoras sociales y laborales.El acuerdo se enmarca en las negociaciones anuales en torno al Ingreso Mínimo Mensual, que este año no contempla el componente salarial tras la aprobación en 2023 de un aumento escalonado que llevará este guarismo a los $ 500 mil a partir del próximo 1 de julio.

Es así como el Ejecutivo, representado por la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la directiva de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), encabezada por David Acuña, suscribieron esta iniciativa, que considera 10 materias de interés.

La ministra Jara explicó que el acuerdo plantea que “el próximo año se va a volver a negociar el monto del salario mínimo y en 2024 se ha adoptado que esa negociación no va a ser solamente como ha sido en años anteriores y, diría que históricamente en nuestro país, sobre un monto, una cantidad de miles de pesos o sobre un porcentaje, sino que sobre criterios que tengan a la vista el costo de la vida, el nivel de endeudamiento de las familias, las posibilidades de las empresas, las brechas de género y los niveles de informalidad”.

En tanto, el ministro Marcel, destacó que tras un mes de conversaciones con la Central lograron un acuerdo sobre materias sociales, “el año pasado se firmó un protocolo que incluyó un aumento del ingreso mínimo escalonado que va a llegar ahora en julio a $500.000, sin embargo, concordamos que a estas alturas del 2024 tendríamos igualmente un diálogo de otras materias sociales, laborales, legislativas, regulatorias de interés para los trabajadores y para el Gobierno. Este acuerdo recoge justamente eso”.

La autoridad valoró la conformación de un Observatorio de los Ingresos y Costo de Vida para generar más información sobre remuneraciones. “Este es un acuerdo bien completo, y estamos muy contentos de haber podido en esta oportunidad concluir este diálogo de manera exitosa por tercera vez durante el actual gobierno”, manifestó Marcel.

En tanto, el presidente de la CUT sostuvo que “hoy el acuerdo de salario mínimo ya no sólo corresponde a un monto, sino en avanzar en superar las múltiples dimensiones que afectan la calidad de vida de las y los trabajadores, para ir cubriendo las necesidades de las familias, por eso nos hemos enfocado en resguardar el bolsillo electrónico y establecer un compromiso que el próximo año pueda incorporarse nuevamente la discusión del bolsillo electrónico como una política pública permanente donde pueda contar con los recursos necesarios ”.

Además, David Acuña manifestó que “hay un compromiso, que hoy volvemos a ratificar por parte del gobierno, que es de poder contar en nuestro país con una negociación ramal que nos permita generar la justa distribución de las utilidades que hoy día generan también las empresas”.

Contenido del acuerdo

1. Avanzar en la construcción de una política salarial integral, mediante:

a. La creación de un Observatorio de los Ingresos y Costo de Vida de las y los Trabajadores, siendo una instancia de carácter técnico y tripartita que contará con representantes de las organizaciones de trabajadores, empleadores y el gobierno, constando de apoyo fiscal para su operación. El rol del Observatorio será evaluar el nivel, composición y distribución de los ingresos familiares de las y los trabajadores, su poder adquisitivo y las condiciones financieras y de bienestar en sus hogares. Esto permitirá suplir las limitaciones de los indicadores estadísticos actuales, así como la generación de políticas que apunten a mejorar las condiciones de vida y la equidad social en el país. El Observatorio tendrá como primera tarea generar un indicador de ingreso disponible familiar de los trabajadores, que considere las remuneraciones y subsidios asociados al trabajo, las brechas de género, los descuentos aplicados, los costos de vida relacionados con la vivienda, el transporte, la alimentación, la salud, el endeudamiento de los hogares y otros factores relevantes, alineándose a los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo respecto al salario adecuado o vital, el que debe permitir a las personas trabajadoras satisfacer sus necesidades básicas y proporcionar un nivel de vida digno considerando las condiciones económicas y sociales de cada país. Asimismo, se reconoce la necesidad que este tipo de instancias respondan a una política de Estado, buscando propiciar su reconocimiento institucional de manera que sea un objetivo de las políticas públicas laborales evaluar permanentemente el presente componente. Este observatorio deberá emitir un informe que será un insumo para la discusión del Ingreso Mínimo Mensual en marzo de 2025.

b. Presentar un proyecto de ley destinado a garantizar el principio de igualdad de remuneraciones conforme a los estándares de la Organización Internacional del Trabajo, que busca garantizar que hombres y mujeres deben recibir igual salario por trabajo de igual valor, prohibiendo la discriminación salarial por motivos de género y promoviendo medidas para erradicar la tendencia a pagar menores remuneraciones en trabajos feminizados a pesar de su importancia social.

c. Retomar el proceso de elaboración de un Indicador Sintético de la Calidad del Empleo en Chile, el que permitirá monitorear el progreso del empleo, identificar grupos vulnerables y guiar las políticas públicas en nuestro país, evaluando su efectividad en el tiempo. Esto se realizará mediante un diálogo tripartito al alero del Consejo Superior Laboral, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Asesora Ministerial de la Calidad del Trabajo que funcionó durante 2020 y 2021 con participación de trabajadores, empleadores y gobierno, junto con organismos internacionales y destacados académicos.

d. Reducir la informalidad laboral en el país, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, la protección y la organización social, en virtud de los principios de la OIT. Para estos efectos se constituirá una instancia destinada a evaluar tanto mecanismos para penalizar los abusos que se producen en torno a la informalidad, como estímulos para la formalización de emprendimientos y relaciones laborales que hasta ahora se producen sin vínculos contractuales ni protección social. Asimismo, se explorarán formas de reconocer y potenciar las organizaciones de trabajadores en estos sectores, como base para apoyar las políticas para la formalización.

2. Desarrollar, durante el tercer trimestre, un diálogo tripartito sobre la regulación de la negociación colectiva multinivel. Concluido este proceso, el Gobierno formulará una propuesta legislativa que se presentará en lo que resta del año 2024. Esta propuesta buscará garantizar plenamente la libertad sindical ajustándose a los estándares internacionales que buscan fortalecer, a través de mayor diálogo, la democracia laboral y promover desarrollo económico justo y equitativo, enfoque que también busca mejorar la productividad a través de la participación directa de las organizaciones sindicales y empresariales.

3. En materia de Subsidio Único Familiar y Asignación Familiar acuerdan la entrega de un reajuste de 4,5% a partir del 01 de julio de 2024 a los valores del Subsidio Único Familiar y la Asignación Familiar establecidos en la ley N°21.550. Asimismo, se conviene la necesidad de ajustar los tramos de la Asignación Familiar en 4,5% a partir de 01 de julio de 2024 de manera de incluir a un mayor número de beneficiarios, quedando como sigue:

a. Primer tramo para beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $563.598.-
b. Segundo tramo para beneficiarios cuyo ingreso mensual sea mayor a $563.598 y no exceda de $823.195.-
c. Tercer tramo para beneficiarios cuyo ingreso mensual supere $823.195 y no exceda de $1.283.902.- Se realizará un ajuste en la forma en que opera el SUF y el AF, de modo de  asegurar de que los beneficiarios del SUF, al transitar a un empleo formal, mantengan como Asignación Familiar el mismo monto que recibían en el SUF previamente a su formalización durante los siguientes dos años.

4. La reactivación por los meses de invierno del Bolsillo Familiar Electrónico, considerando las restricciones presupuestarias enfrentadas durante 2024. Asimismo, se considerará la incorporación permanente de este instrumento a la política social a partir del año 2025. También se inyectarán recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP), para que el precio del kerosene se mantenga en torno a $1050 (promedio histórico RM).

5. Con el objetivo de elevar los estándares laborales del país, el gobierno se compromete a avanzar en la ratificación de los siguientes instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de acuerdo con las directrices establecidas en dicha instancia tripartita:

a. Convenio N°155 sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores: El gobierno presentará al Congreso Nacional un proyecto de ley para ratificar este convenio, el cual es parte de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, siguiendo la decisión tomada en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2022.

b. Convenio N°81 sobre la inspección del trabajo: Reconociendo el sistema de inspección laboral existente en el país, que cumple 100 años en 2024, el gobierno enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley para ratificar este convenio, con el respaldo de la Dirección del Trabajo y la colaboración de la Organización Internacional del Trabajo para identificar posibles brechas existentes.

c. Convenio N°149 sobre el personal de enfermería: El gobierno solicitará el apoyo técnico de la Organización Internacional del Trabajo y creará una instancia de diálogo y estudio que incluya a los Ministerios del Trabajo y Previsión Social, Hacienda y Salud, y a representantes sindicales del sector, con el fin de analizar las eventuales brechas entre este convenio y la legislación nacional, y determinar las medidas necesarias para subsanarlas.

d. Convenio N°102 sobre la Seguridad Social: El gobierno solicitará el apoyo técnico de la Organización Internacional del Trabajo para que emita un informe sobre las diferencias entre la normativa nacional y las normas mínimas establecidas en este convenio, con el propósito de identificar las brechas existentes.

6. Elaborar un estudio exhaustivo sobre los niveles de sindicalización en los distintos sectores económicos de nuestro país, con el objetivo de ofrecer recomendaciones basadas en evidencias que contribuyan al fortalecimiento de la actividad sindical en Chile y su rol en la formulación de políticas laborales más efectivas y equitativas.

7. Presentar un proyecto de ley para eliminar la posibilidad de descuento de la cotización del empleador al seguro de cesantía de la base de cálculo de la indemnización por año de servicios. Este se elaborará a partir de la evidencia generada por la obligatoriedad, a partir del 1 de mayo de 2024, de registrar la información relativa a la imputación de saldos dentro de los cinco días posteriores a la suscripción del respectivo finiquito, que fue establecida por la Ley N°21.628 de octubre de 2023, que flexibilizó los requisitos y mejoró las prestaciones del Seguro de Cesantía.

8. Se estudiarán posibles medidas para el fortalecimiento institucional de la Dirección del Trabajo, en el contexto de las leyes laborales promulgadas y en proceso de implementación durante el gobierno. El propósito de las referidas medidas será mejorar la capacidad administrativa y la eficacia en la fiscalización de dicha entidad.

9. En atención al deber del Estado de asegurar que las trabajadoras y los trabajadores tengan acceso oportuno a la justicia, se llevará a cabo una evaluación conjunta con el Poder Judicial sobre la propuesta de creación de un Tercer Tribunal Laboral en Santiago. Esta evaluación considerará la carga actual de procesos judiciales que mantienen los tribunales existentes y la importancia que tiene la tutela judicial para el cumplimiento de los avances laborales generados en el actual gobierno.

10. Se analizarán proyectos de ley actualmente en proceso de tramitación en el Congreso Nacional, con el objetivo que sean patrocinados por el ejecutivo, que busquen promover mejoras laborales en lo que respecta al cumplimiento de las condiciones de salud y seguridad de las y los trabajadores, considerando especialmente aquellos que aborden temas como la prevención de la violencia externa, el debido acceso a servicios sanitarios, la entrega de elementos de protección personal y otras problemáticas que afecten su calidad de vida.

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Dalivor Eterovic, candidato PC en las primarias de Punta Arenas, apunta a recuperar la calidad de vida de sus habitantes

Punta Arenas es una de las comunas donde el partido comunista irá a primarias y su candidato es el concejal Dalivor Eterovic, quien en entrevista dio a conocer los problemas, preocupaciones y desafíos que hoy atraviesan la capital de la región más austral del mundo.

“Hemos retrocedido en la calidad de vida de la comuna” señala Dalivor, indicando que bajo la actual administración de Claudio Radonich (RN) se ha decidido por una drástica disminución de recursos en el área social del municipio.

“En esta comuna existía una gran cantidad de programas que estaban ejecutándose con recursos de diferentes sectores para la infancia, las mujeres, del orden de la prevención y consumo de adiciones; lo que cambió absolutamente”, indicó:

Esta situación obliga a que dentro de la propuesta se parta por recuperar lo que se perdió, sostiene Eterovic, “y sobre esa base ir proponiendo nuevas iniciativas, buscar fórmulas distintas para resolver los problemas de la comunidad”.

El concejal y candidato PC en las primarias de Punta Arenas, señaló que las prioridades de la comuna son distintas al cuadro país: “Las bajadas nacionales no siempre tiene que ver con la realidad, pues las prioridades son otras”, indicó mencionando la consulta hecha a más de 60 dirigentes vecinales quienes situaron a la violencia intrafamiliar, las adicciones, las incivilidades y la explotación sexual como los flagelos más apremiantes.

Dalivor Eterovic apuntó a que gran parte de estos problemas tiene que ver con la salud mental, y ésta a su vez, con un trasfondo económico y social. Indicó que el Estado no da abasto. “Están absolutamente colapsados”, dijo señalando que Senda está sobrepasado y con escasez de profesionales. “Por lo tanto, es necesario que el municipio haga su aporte con un centro de rehabilitación municipal, pues “no se está haciendo nada al respecto”, indicó.

En materia de vivienda señaló que desde el gobierno, “se está haciendo la pega, pero falta, abordar el sector periurbano, donde  las personas han ido sub parcelando sus hectáreas y autoconstruyendo”.

La alternativa es apoyar esas iniciativas, dijo, regularizando con el apoyo comunal y del Estado en su conjunto: “Hay un rol del municipal y del alcalde que tiene que ver con relacionar a los demás entes del Estado con las personas, incluso con las empresas privadas de los servicios básicos”, indicó el concejal Eterovic.

Respecto al combate de las incivilidades, recalcó sobre la importancia de hacer comunidad para que el barrio vuelva a ser como era: “Abandonar la lógica del individualismo; hacer de los sectores alejados, lugares seguros en la medida que los propios vecinos se apoderan de su sector. Hay que llegar como municipio con algún tipo de apoyo, que sientan que son parte de la ciudad”.

Acerca de la educación, el candidato PC precisó que en educación se ha dado una baja histórica de matrículas con la administración de Radonich quien ya lleva dos períodos. En su propuesta, indicó, que si bien los colegios traspasaron al SLEP, no abandonarán la preocupación por la enseñanza, pensando que sus dependencias pueden tener un rendimiento mayor , profundizando en las escuelas de teatro, de música; en talleres o clínicas.

En una línea similar, Dalivor Eterovic, abordó las expectativas económicas en la comuna y la región, dadas principalmente por la generación de hidrógeno verde. Para ello se requiere mucha proyección e inversión a la altura de lo que la sociedad requiere, sostuvo el candidato, apuntando al desarrollo humano y la dotación de infraestructura para recibir a miles de trabajadores que probablemente llegarán a la región.

“La educación deberá tener una mirada distinta. Necesitamos que nuestros jóvenes aprendan oficios y profesiones relativas al hidrógeno verde. Nos gustaría soñar que Magallanes pueda desarrollar partes y piezas de estos aerogeneradores; por qué no pensar en fábricas y que no sea solo el agua y el viento, para que estos productos vayan a las grandes economías; que se intente acotar al máximo posible las externalidades”, expresó Eterovic.

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Políticas económicas estadounidenses contradicen el espíritu abierto de la globalización

El estado de la globalización hoy, hace pensar sobre su futuro. Es lo que señala Andrés Solimano, a propósito de las altas tarifas que EEUU está aplicando a determinados productos chinos importados.

El economista indicó que hay una continuidad entre Trump y Biden de aplicar esa política a un amplio rango de manufacturas chinas. “Con esta tarifa de importación se produce un incentivo a la industria del país que impone el impuesto, pero castiga a los consumidores que tiene que pagar un valor mayor”,  explica Solimano.

Tampoco se trata de cualquier producto, pues en la lista se encuentran paneles solares, autos eléctricos, turbinas eólicas, semiconductores y baterías de litio. Todos ellos, dentro del rango de los denominados productos verdes que facilitan la transición energética desde los combustibles fósiles.

Es notable cómo China en los últimos 20 años ha transitado de la generación de productos livianos como textil, grifería o plásticos, a ser productor de tecnologías sofisticadas y con acento en los productores verdes, indicó el economista.

Sin embargo, esta decisión de EE.UU “va contra el espíritu de la globalización” precisó Solimano, modelo orientado a que los países importen desde otras regiones productos más baratos y de calidad y que produzcan con mayores ventajas comparativas.

Algunos países industrializados ya han desarrollado capacidades manufactureras livianas y pesadas, entonces ya no está el argumento de la industria naciente para aplicar dichas tarifas, plantea el experto. En el caso de EEUU, el motivo podría responder a posicionarse dentro de la carrera por la hegemonía económica.

La globalización ya ha presentado crisis y dificultades como ha ocurrido con la crisis de 2008, el Brexit, y ahora esta guerra comercial de EEUU contra China. El futuro de integración económica se ve afectada con los cambios geopolíticos, las políticas internas y la competencia por la hegemonía, precisó el economista.

Volver al IPS

En el caso de Chile, Andrés Solimano se refirió a la propuesta compartida por tres destacados profesionales que plantean alternativas para las demandas sociales que hoy se encuentran empantanadas, producto de la intromisión legislativa de la oposición que ha frenado reformas en materia de pensiones o tributos.

La propuesta de Hugo Fazio, director general de Cenda; Miguel Lawner, miembro del directorio y Manuel Riesco, vicepresidente de dicha institución, apunta a que el gobierno retire esas reformas del Congreso y que a través de una ley, se autorice el traslado voluntario al Instituto de Previsión Social IPS, entre otras medidas.

Se indica que de esta forma entrarían recursos y habría una mejora de las pensiones, pues el Estado actualmente paga 2/3 de los gastos previsionales y las AFP se llevan las grandes ganancias, explicó el economista.

También señalan que estos recursos podrían sustentar un plan de vivienda e incluyen un análisis sobre la necesidad de aumentar el control del litio y de  industrializar el cobre.

Tal propuesta, indicó Solimano, amerita ser analizada porque presenta una visión alternativa a cómo avanzar con reformas paralizadas.

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Marcos Barraza destaca figura de Eduardo Contreras: “Tuvo un carácter preclaro para perseguir al dictador y a tantos otros violadores de derechos humanos”

El dirigente del Partido Comunista recordó y homenajeó la labor inclaudicable en la defensa de los derechos humanos del recientemente fallecido abogado, diplomático, diputado y alcalde de Chillán, Eduardo Contreras, quien además interpuso la primera querella contra el dictador Augusto Pinochet en 1998.

“Es una tremenda pérdida para el partido pero también para el pueblo de Chile. Las muestras de congoja, de afecto, de apoyo que se han recibido son gigantes y desde todo el mundo”, relató Barraza.

El dirigente del partido comunista también recordó la magnitud que significó la querella interpuesta contra el dictador quien en ese momento desempeñaba incluso cargos legislativos en completa impunidad.

“Cuando uno recuerda a Eduardo y construye su semblanza, es un dato obligado el máximo reconocimiento popular. Esa idea, esa visión en materia de derechos humanos tuvo un carácter preclaro a partir de la perseverancia para perseguir al dictador y a tantos otros violadores de derechos humanos”.

Municipales

Marcos Barraza también se refirió al proceso de campaña en las municipales y a su presencia en La Florida durante el fin de semana apoyando a Nicolás Hurtado quien irá a primarias por el partido en esa comuna.

“Me tocó recorrer casa a casa en un diálogo muy ciudadano sobre qué cosas construir, fortalecer y mejorar en materia municipal”, comentó resaltando el reconocimiento de las y los vecinos del carácter probo del partido.

En esa línea indicó que las conversaciones del PC con “las personas, las familias y las comunidades tiene que poner al centro cómo vamos mejorando las condiciones del pueblo de Chile en su habitabilidad y en su calidad de vida”.

CAE: una mala política que no resiste defensa

Acerca del debate del CAE que ya ha comenzado previo a conocer la propuesta del ejecutivo, Marcos Barraza indicó que este crédito es una mala política, carente de un enfoque de derechos y que daña tanto los ingresos de las familias y como los del erario público, “porque materializa una transferencia monetaria directa hacia la banca privada y que en los hechos se ha traducido en una cantidad equivalente a $9 billones”.

“No se justifica sostener una defensa, pues hablamos de 375 mil jóvenes en morosidad, de los cuales cerca de 212 mil pertenecen a los quintiles más pobres. Otros 164 mil jóvenes son desertores y en estado de morosidad, de los cuales 112 mil responden al primer y segundo quintil con ingresos inferiores a los $750.000”, dijo el dirigente político. 

Al respecto, indicó sobre el mecanismo que el gobierno dará a conocer en septiembre, que éste debiese ofrecer la condonación en la máxima cantidad y también otro que “supere este sistema crediticio y que aleje a la banca del financiamiento para quienes no tienen gratuidad”.

Carabineros y delitos de connotación pública

Acerca de las distintas cautelares que se aplicaron a 12 ex carabineros para investigar delitos por cohecho, apremios ilegítimos y otros, en la comuna de Estación Central, Marcos Barraza señaló que esto daña a la ciudadanía, en tanto las instituciones cuestionadas por corrupción, van perdiendo la confianza social.

“La delincuencia es un problema severo del cual el gobierno se hace cargo. Han bajado los índices de delitos de connotación pública y de homicidios”, sostuvo Barraza, quien además remarcó que no pueden ser aceptados los hechos de corrupción en las policías. Respecto al desbaratamiento de la banda de ex carabineros, refleja que el gobierno ha actuado con rapidez y debiese seguir así con otro tipo de intervenciones, apuntó el dirigente PC.

“Lo que urge es mejorar los procedimientos, los controles, las auditorías y despejar cualquier manto de duda, lo que significa ser proactivo”, sostuvo Barraza.

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Presidenta de la Cámara, Karol Cariola, por reforma de pensiones: “Las personas mayores no pueden seguir viviendo con pensiones de pobreza”

La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados se refirió este lunes a la necesidad de avanzar en una reforma de pensiones. “Los chilenos y chilenas esperan con urgencia que aumenten las pensiones en nuestro país. Los adultos mayores no pueden seguir viviendo con pensiones de pobreza”, expresó. 

La diputada explicó que como Cámara de Diputados y Diputadas ya despacharon la parte correspondiente a su discusión parlamentaria, luego también de realizar el trabajo por comisiones:

La parlamentaria señaló que ha existido la disposición en la Cámara de avanzar rápido y con dedicación, entendiendo que se trata de una urgencia ciudadana:

En relación a las temáticas que considera debiesen estar incluidas en la próxima Cuenta Pública, la representante de la testera hizo hincapié en materias de salud, educación, pensiones además de la seguridad pública.

Junto con eso, la presidenta de la Cámara indicó que esa es la expectativa, al igual que abordar los temas de coyuntura como los temas de seguridad que han sido parte de una agenda fundamental para el Gobierno, indicó.

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Coordinadora Willi Lafken Weichan denuncia manipulación en intento de derrocar Ley Lafquenche y llama a tomar medidas

Territorio de la Futawillimapu, 27 de mayo de 2024

Sr. Gabriel Boric F. Presidente de la República de Chile.

Sr. José García Ruminot Presidente del Senado de la República

Sra. Karol Cariola Oliva Presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas de la República.

Sr. Ricardo Blanco Herrera Presidente de la Corte Suprema

Señores Ministros de Estado. (MIDESO, MINDEF y MINECON)

Sr. Gobernador Regional de Los Lagos.

Sra. Delegada Presidencial de Los Lagos

Sr. SEREMI de Desarrollo Social de Los Lagos

Sr. SEREMI de Economía de Los Lagos

PRESENTE

Los abajo firmantes, miembros, dirigentes y Autoridades Ancestrales del pueblo mapuche williche, tenemos el agrado de saludarlos cordial y respetuosamente, y a la vez exponer ante ustedes lo siguiente.

Como parte del pueblo mapuche, nos duele lo que está pasando hoy con nuestro pueblo frente al Estado chileno, donde hoy se mantiene en largos periodos de prisión preventiva a muchos hermanos de nuestro pueblo, donde además se condena por razones políticas y no por delitos, como es el caso del peñi (hermano) Héctor Llaitul, donde en los últimos años se han asesinado a varios weichafes (guerreros) de nuestro pueblo y cuyos homicidios siguen en la impunidad total. Ante esa situación que afecta a todo nuestro pueblo en general, hoy venimos a plantear una afectación particular, hacia el mundo lafkenche específicamente, que es parte del pueblo mapuche y que se ubica en el lafken mapu (zonas costeras), desde el pikun mapu (norte) y hasta el willimapu (territorio del sur).

Somos la Coordinadora Willi Lafken Weichan, que traducido es LA LUCHA POR LA DEFENSA DEL MAR DEL SUR y hoy nuestro principal foco de lucha es la defensa de la Ley Lafkenche, que está siendo atacada sin contrapeso por parlamentarios, empresarios y hasta el propio gobierno, desde que el 9 de agosto de 2022 el propio presidente señaló en Puerto Montt que “en el futuro los conflictos no serán con la industria salmonera, sino que será entre las comunidades indígenas y los pescadores artesanales” lo que nos dejó profundamente preocupados y decidimos viajar a la moneda algunos días después de esas lamentable afirmaciones, sin que a la fecha tengamos una enmienda a tan peligrosas aseveraciones. Lo que sucede hoy día pareciera ser el cumplimiento de una profecía hecha por el actual presidente de la República, pero sabiendo que la profecía no es un don del Sr. presidente, nos queda la sensación que el conflicto actual en torno a la Ley Lakenche fue preparado desde altas esferas del poder político y empresarial, y hoy nos afecta a todas las comunidades lafkenche que vemos con estupor cómo se amenaza con cambiar el único instrumento legal que tenemos para proteger nuestro borde costero, hoy muy enfermo por toda la contaminación producida principalmente por la industria acuícola.

En ese escenario es que hace su actuación una persona a quien hoy denunciamos ante ustedes, ya que ha causado un enorme daño a su propio pueblo en pro de favorecer los intereses de la contaminante industria salmonera, nos referimos a JUAN EDUARDO GUAQUIN SOTO, quien asegura ser “lonko”, pero que, de su sola actuación, queda de manifiesto que no lo es. Entre nuestro pueblo, a quienes traicionan al mismo, se les denomina “yanaconas”, pero hoy entre nuestra gente existe consenso que incluso esa denominación se corta para referirse a este sujeto. No sólo ha injuriado y menospreciado a grandes figuras del pueblo mapuche, sino que ha atacado la cultura, las creencias, y en definitiva todo nuestro “mognen” o experiencias de vida.

Este sujeto, ha iniciado hace dos años aproximadamente una odiosa campaña contra la Ley Lafkenche, y creemos que su actuar no es algo propio, sino que es utilizado por sectores que tienen, tanto intereses políticos como empresariales o económicos, en contra de esta ley. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando apareció en escena, “luchando”, al parecer igual que muchos de nosotros, por los derechos de nuestro pueblo, aproximadamente como en el año 2015, en ideología política, era socialista, y dentro de su discurso, con el que convenció a mucha gente que estaba luchando por los derechos de nuestro pueblo, decía que “los señores alemanes deben entregar todas las tierras que le quitaron a nuestros antepasado…” Sin embargo, no pasaron 3 años cuando empezamos a verlo rendido a los pies del entonces intendente de Los Lagos, que era claramente de una línea política muy distinta a la que él decía tener. Ahí empezamos a ver que no tenía consecuencia entre sus dichos y sus hechos. Ni hablar de que haría algo por “recuperar” las tierras de sus antepasados de manos de los alemanes, eso a esa altura ya no era parte de su discurso, y claramente hoy NO lo es.

Al poco tiempo de aparecer en escena, vivía en la población Mirasol de Puerto Montt, sin embargo, constituyó una comunidad indígena en un territorio ajeno al lugar donde él vivía, el sector de Avellanal correspondiente a la comuna de Calbuco, y de esa comunidad se levantó como lonko, en lugar de ser sólo el presidente de esa comunidad; lo más grave es que al poco tiempo, y con la complicidad de la propia CONADI, expulsó a la mayoría de los integrantes de esa comunidad que vivían en ese sector, y en reemplazo de esas personas, para que su comunidad no quedara con un número de integrantes que le significara que podría desaparecer, incorporó a su familia de Puerto Montt para suplir a las personas que había expulsado; incluso los cargos de directivos los llenó con esa gente que en muchos casos, nunca estuvieron en una reunión. Pero esta situación, pese a haber sido puesto en conocimiento del organismo competente, nada cambió. Así se validó en un cargo ilegítimamente, incluso, hilando más fino, de forma ilegal al adulterar actas de esa comunidad, a fin de no tener cuestionamientos.
Amén de toda esta información entregada, la razón principal de esta denuncia es hacer presente que esta persona en modo alguno puede representar a nuestro pueblo que históricamente ha luchado por defender sus derechos, ya que su actuar es absolutamente en contra de esos derechos y en contra de nuestra lucha. Uno de los logros históricos dentro de la lucha del pueblo mapuche, fue haber obtenido un consenso político muy amplio para la aprobación de una ley que ayudará a que el Estado reconociera nuestro derecho al uso consuetudinario, nos referimos a la LEY LAFKENCHE, aprobada en el Congreso pleno el 20 de noviembre de 2007, y que entró en vigencia el 16 de febrero de 2008, una vez que fue publicado en el Diario Oficial. Esta Ley, como ya se dijo, nos da herramientas para defender nuestro derecho consuetudinario, y pese a haber sido una ley que se planteó para el pueblo mapuche particularmente, hubo consenso en que debía ser para todos los pueblos originarios de Chile, y así quedó establecido. Esa ley ha permitido que hasta el día de hoy, muchas comunidades puedan tener la tranquilidad de que sus espacios costeros y mar, no serán contaminados por empresas extractivistas que ven en el mar sólo una fuente de obtener lucro, pero que no han hecho esfuerzos reales por cuidarlo, y ese es el objetivo principal de esta ley, como lo señala el artículo 3 de la misma ley “Créase el espacio costero marino de pueblos originarios, cuyo objetivo será resguardar el uso consuetudinario de dichos espacios, a fin de mantener las tradiciones y el uso de los recursos naturales por parte de las comunidades vinculadas al borde costero.”, por lo que para nuestros pueblos y sus comunidades, esta ley es una herramienta vital, sin embargo los ataques a dicha ley por parte de este sujeto han sido completamente infundadas, llamando a que “se eliminen todos los ECMPOs…” o “Hay que bajar la ley lafkenche, porque el mar es de todos los chilenos…” curioso por decir lo menos que un “lonko” llame a que se eliminen los pocos derechos que como pueblos hemos alcanzado.

Por los motivos antes expuestos, hacemos un llamado a todos a quienes dirigimos esta carta, a no confundirse y escuchar a este personaje, ni a ningún otro que se levante con la misma intención, haciéndose pasar por representante de nuestro pueblo, porque a menos que enarbole la bandera de nuestros pueblos, sólo puede ser un impostor, a quienes categóricamente desechamos de nuestro pueblo.

Nuestros representantes, y especialmente las autoridades ancestrales, no son aquellos que hacen denodados esfuerzos por restringir nuestros derechos, sino que son aquellos que en conjunto con el pueblo, seguimos luchando para que nuestros derechos no sólo queden insertas en cuerpos legales como la Ley Lafkenche, sino que se respeten y se cumplan con los preceptos de dicha Ley, lo que hoy ha sido completamente burlado por organismos del Estado como lo son la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, o el mismo CONADI, burla a la cual se suman hoy personajes como JUAN EDUADRO GUAQUIN SOTO, a quien denunciamos como un impostor de nuestro pueblo y señalamos categóricamente que en nada nos representa.

Adicional a la denuncia sobre el personaje antes mencionado, también queremos poner en vuestro conocimiento que hay otros actores que han estado actuando en los últimos meses como operadores de la industria salmonera, principal sector que más ha resistido la aplicación de la Ley Lafkenche, volviéndose la actuación de estos operadores extremadamente peligrosa, dado que han estado incitando a la violencia, ya no sólo contra la Ley Lafkencehe, sino que contra toda persona que intente defender esta ley; lo último que se ha difundido en la prensa y redes sociales es que el 30 de mayo se tomarán la carretera de Quellón, para impedir que puedan salir de su comuna las 4 comunidades cuyas solicitudes se verán el 31 de mayo en la CRUBC de Los Lagos, sesión que se desarrollará de forma presencial en la capital regional, Puerto Montt, lo cual ya resulta, como dijimos, no sólo en un ataque a la ley, sino que derechamente un ataque a las comunidades, que raya en el racismo, y que debe ser considerado como un ataque incluso a la Ley de Seguridad Interior del Estado, tal como se ha hecho con muchos líderes mapuche, lo contrario sería simplemente discriminación.

Entre estas personas está involucrado incluso un parlamentario de RN, nos referimos al diputado Mauro González, quien en los últimos meses ha hecho una labor de activista en contra de la ley lafkenche, y en las últimas semanas se ha ido con todo contra las solicitudes de ECMPO, dando instrucciones y ofreciendo gestionar ante todo ente, público o privado, a fin de que estas solicitudes que se verán el próximo 31 de mayo, sean RECHAZADAS. Esta actitud y conducta de un parlamentario de la república nos parece a lo menos inadecuada, porque en su calidad de tal, su función no es precisamente incitar y presionar a otros entes a violar la ley, dado que así les guste o no, la LEY LAFKENCHE sigue siendo una LEY DE LA REPÚBLICA, la que él en su calidad de parlamentario juró cumplir y hacer cumplir, en cambio hemos visto a una persona que incluso con su discurso
está llamando a la violencia, lo que con el clima que se ha generado en las últimas semanas, es tremendamente peligroso.

Las otras dos personas son Elizabeth Pulgar, dirigente sindical de una de las empresas salmoneras de Quellón, la empresa Salmones Austral, ex Pacific Star, y Marta Oyarzo, de la empresa salmonera Yadrán, igualmente de Quellón. Ambas personas, siendo dirigentes sindicales, por información recibida de nuestra propia gente que labora en estas empresas y que por razones obvia mantendremos la reserva de sus identidades, nos han manifestado la nula preocupación por sus asociados, pero sí han tendido una preocupación especial por “cuidar la fuente laboral…” de sus pares, señalando abiertamente que la aplicación de la Ley Lafkenche dejará sin trabajo a mucha gente, y que si se aprueban las solicitudes de ECMPO que están programados para verse el viernes 31, prácticamente será un desastre y es la principal razón por la que han actuado haciendo un ataque frontal a la ley y también a las comunidades y a sus líderes, convirtiéndose su actuación en una actitud xenofóbica que amenaza con instalar un clima de violencia nunca antes visto en este territorio.

En esa línea, no podemos dejar pasar una fuerte crítica a su responsabilidad como Presidente de la República en la situación actual, esto debido a sus declaraciones emitidas en esta región el día 9 de agosto de 2022, en las que critica de forma infundada el “uso intensivo de solicitudes de ECMPO que han ido perdiendo su perspectiva de equilibrio” y luego las siguientes frases son aún más desafortunadas cuando afirma que “De no tomar cartas en el asunto, se generan conflictos que no son entre las grandes empresas y habitantes, sino entre el mismo pueblo, es decir pescadores y comunidades” . Dichas declaraciones fueron absolutamente desafortunadas y carentes de sustento real y conocimiento de las situaciones locales, y sólo tenían respaldo en la información levantada por la propia industria salmonera. Sr. presidente, sus desafortunadas declaraciones de hace casi dos años atrás en Puerto Montt, estaban en directa armonía con las pretensiones que, desde el inicio de la aplicación de esta ley, ha tenido la industria salmonera, y que ha intensificado en estos últimos años con presiones indebidas, para lo que ha utilizado incluso gente de nuestro propio pueblo y a trabajadores de sus diferentes empresas, lo que ha tenido una permisividad vergonzosa por parte de las autoridades regionales.

Por lo mismo, hoy hacemos un llamado a Ud. y a cada autoridad a quienes dirigimos esta carta, a tomar las medidas necesarias y urgentes a fin de evitar un conflicto mayor. El Estado sigue teniendo una responsabilidad con nuestros pueblos, y una deuda histórica que no se ha pagado, y la LEY LAFKENCHE ha sido un mínimo paso en esa línea, pero con la actuación de autoridades de gobierno, con la de parlamentarios tanto oficialistas como de oposición, se retrocede y se “borra con el codo lo que se escribió con la mano”, como el caso del Senador Fidel Espinoza que promueve cambios legislativos a la ley, cuando él y todos los parlamentarios saben que lo que se requiere son cambios administrativos y que los organismos del Estado cumplan con lo que la ley los mandata; o actuaciones como las del Diputado Mauro González, ya descritas.

Hoy, ad portas de los 200 años de la firma del Tratado de Tapihue, creemos que el Estado en su conjunto debe hacer un esfuerzo mayor por evitar seguir pisoteando los derechos de nuestros pueblos. Sin más, y a la espera que la presente carta sea considerada por las autoridades a quienes se dirige la misma, les saludan atte.

Candelaria Calbún Hueicha Carolina Valenzuela Andaur
Presidenta de la Asociación Indígena Comunera de la Asociación Indígena
“CAYENEL” de Puerto Montt “CAYENEL” de Puerto Montt

Diego Leiva Garrido Félix Chiguay Cárcamo
Comunero de Puerto Montt Werkén y Presidente de la Com.
Mapuche Williche “FOLIL TRINCAO”
Quellón

Gastón Nenén Guerrero Gloria Valenzuela Millalonco
Werkén y Vicepresidente de la Com. Comunera de la Asociación Indígena
Mapuche Williche “HUÉPIL” de Pargua “ANTU CALFU” de Calbuco

Jaime Velásquez Cárcamo Juan Huanel Ríos
Werkén de la Asoc. de Com Mapuche Lonko de la Com Mapuche Williche
Williche de Queilen y Presidente de la Com “LOF PASCUAL HUANEL” de Alerce
Mapuche Williche “KECHALEN” de Queilen Puerto Montt

Francisco Vera Millaquén María Verónica Barría Nahuelquín
Werkén de la Com. Mapuche Williche Werkén de la Com. Mapuche Williche
“PEPIUKELEN” de Pargua “LOF PASCUAL HUANEL” de Alerce

Ximena Paillao Valenzuela Víctor Sánchez San Juan
Presidenta de la Asociación Indígena Comunicador Independiente
“ANTU CALFU” de Calbuco Apoyo Técnico de la Coordinadora WLW

Rosa Neipán Guenteo Ana Collihuinca Ayancán
Apu Ulmen Comunidad Histórica de Presidenta y Lonko de la Com.
WEKETRUMAO. Quellón Mapuche Williche “HUÉPIL” de Pargua

Alex Bahamondes Garrido Oclida Beatriz Millallanca Avilez
Kona del Territorio Kunko Lawentujo del Territorio Kunko

Enia Esparza Paillaleve Blanca Ester Bahamonde Barría
Presidenta de la Com. Mapuche Williche Comunera de la Com. Mapuche Williche
“PELLIWAIWEN” de Quemchi “ARRAYAN” de QuemchiSantiago Nahuelquín Nahuelquín

Sergio Antilef
Presidente de la Com. Mapuche Williche werkén Com. Mapuche Williche
“APECHE 720” de Queilen “ANTU LAFKEN MAPU” de Maullín

Víctor Alejandro Mañao Guala Ángel Lorenzo Pérez Teiguel
Lonko del Territorio de Apeche Werkén del Territorio de Apeche
Comuna de Queilen Comuna de Queilen

Clara Chiguay Teiguel Yésica Fabiana Leviñanco Leviñanco
Lonko Com. Mapuche Williche Presidenta Com. Mapuche Williche
“KECHALEN” de Queilen “CONCHAL” de Melinka

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