Por Rodrigo Bustos Bottai, director de Amnistía Internacional Chile

El 6 de mayo la Corte Suprema ordenó prisión efectiva para el capitán del ejército que disparó a Romario Veloz provocando su muerte en octubre de 2019, durante el estallido social en La Serena.  Nadie podrá devolverle la vida, pero sin duda, la obtención de justicia es un paso hacia la verdad y garantías de no repetición para su familia y para Chile. Se trata de un precedente relevante en casos de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado, aún así, este avance sigue siendo la excepción en un contexto de generalizada impunidad.

Los hechos se produjeron mientras Romario participaba en una pequeña marcha en la ciudad de La Serena. Al llegar a un parque de la localidad, el ejército comenzó a disparar de forma indiscriminada en contra de los manifestantes congregados. Vídeos del momento demostraron como Romario estaba caminando tranquilamente con las manos en los bolsillos cuando recibió un disparo en el cuello.

La sentencia de la Corte Suprema confirmó 15 años de presidio efectivo contra el capitán del Ejército José Faúndez Sepúlveda, como autor del delito de violencia innecesaria con resultado de muerte, y ordenó su inmediato ingreso a prisión. Anteriormente, la defensa del condenado interpuso un recurso de queja que fue rechazado finalmente. Además, el acusado, hasta este momento, estaba cumpliendo condena bajo la supervisión del propio ejército en lugar de en Gendarmería, que es donde corresponde.

Han tenido que pasar más de cinco años para que la familia de Romario obtenga justicia. Años de lucha, rabia y dolor que hoy ven al fin algo de luz. Otras miles de víctimas y familias siguen lamentablemente a la espera. Actualmente, existen un total de 10.142 casos que se investigan por delitos de violencia institucional correspondientes al período del estallido social. Sin embargo, solo han habido 59 sentencias condenatorias.  Con esto, el balance es que tan solo en el 0,6% de las mismas se concluyó la investigación, se acreditaron los hechos y se castigó a los perpetradores. Esto configura un escenario de escandalosa impunidad y no dejaremos de insistir e instar al Estado de Chile a adoptar todas las medidas para revertirlo.

A esto hay que añadir  la decisión del Ministerio Público de no perseverar en 1.509 casos (a octubre de 2024) relacionados con el uso desproporcionado de la fuerza tras el “estallido social”, alegando la falta de antecedentes suficientes para continuar con la investigación.

Esto es, sin duda, una muestra más de la falta de justicia que enfrenta Chile. El Estado tiene la obligación de investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos según establecen diversos tratados internacionales, por lo que esta decisión deja en la impunidad graves vulneraciones. Varias organizaciones de la sociedad civil han alzado la voz instando a revertir esta decisión, sin embargo, aún no hay ninguna respuesta.

Desde Amnistía Internacional hemos señalado, además, que la responsabilidad penal individual no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo, sino que debe investigarse toda la línea de mando.

Por eso valoramos como un hito trascendental para Chile y la región que en octubre del año pasado se haya formalizado a los generales Yáñez, Rozas y Olate, quienes ostentaban puestos claves en Carabineros y sabemos que hay fundamento para afirmar que no adoptaron medidas para impedir que tantas personas que se manifestaban vieran sus vidas truncadas.

La defensa de los derechos humanos es ardua y muchas veces frustrante. Los avances son lentos y costosos, pero siempre llegan y debemos celebrarlos. A pesar de los enormes desafíos, la tarea dista de ser imposible. La historia está llena de ejemplos de personas valientes que no se han rendido. Seguiremos vigilantes y luchando siempre por el respeto irrestricto a la dignidad humana en toda circunstancia porque los derechos humanos se defienden siempre. 

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