La reciente aprobación legislativa de la indicación del artículo 48, en el marco de las partidas presupuestarias, suspende el procedimiento de reconocimiento de Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO) regulados por la Ley 20.249 o Ley Lafkenche, lo que ha generado un amplio rechazo nacional y preocupación de organismos internacionales.
Diversas comunidades indígenas y expertos han señalado que esta medida, impulsada por sectores de derecha, transgrede derechos protegidos por el Convenio 169 de la OIT y tratados internacionales, y pone en riesgo los compromisos de Chile en materia de derechos humanos.
La indicación, promovida en el Congreso por diputados de Renovación Nacional, fue declarada inicialmente inadmisible por la Mesa de la Cámara, pero posteriormente ratificada por la instancia y posteriormente en el Senado. Frente a esto, un grupo de 41 diputados y por otro de 14 senadores, presentaron requerimientos al Tribunal Constitucional argumentando que esta acción transgrede la Constitución Política y afecta “el uso consuetudinario de los espacios costeros por parte de las comunidades indígenas, vulnerando su reconocimiento histórico”.
La Ley Lafkenche, creada en 2008, surgió como una respuesta a las exclusiones de los pueblos originarios en la de la Ley de Pesca. Durante el Gobierno de Sebastián Piñera, esta normativa fue destacada internacionalmente. En su informe ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2021, Chile la calificó como “un ejemplo de protección de los recursos y tradiciones indígenas”.
Proyectos que buscan modificar la Ley Lafkenche
La actual indicación no es la única amenaza denunciada. Proyectos legislativos presentados por un grupo de senadores y diputados buscan modificar la normativa, existiendo cuatro iniciativas que se tramitan en ese sentido, lo que comunidades y expertos han calificado como intentos de debilitarla.
Representaciones de organizaciones y comunidades de Pueblos Originarios, así como especialistas, han denunciado que los problemas en la implementación de la Ley Lafkenche se deben a fallas administrativas del Estado y no a su contenido. “El Estado debe solucionar sus deficiencias en lugar de intentar modificar una ley que protege nuestros territorios”, reclamaron comunidades mapuche lafkenche en una reunión con el Representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, realizada en octubre de este 2024.
Frente a este escenario, comunidades y organizaciones han advertido que el Estado debe garantizar la progresividad de los derechos humanos y abstenerse de emitir actos legislativos que los restrinjan, retrocedan o eliminen, lo que podría poner a Chile en la vitrina internacional como violador de derechos humanos de los Pueblos Indígenas.
¿Qué dicen los organismos internacionales de derechos humanos?
En octubre de este 2024, el Representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, se reunió con dirigentes Mapuche – Lafkenche de la comuna de Tirúa, litoral de la región del Biobío, quienes manifestaron su preocupación por la posible modificación de una ley que garantiza la preservación de la cosmovisión de los Pueblos Indígenas y de las prácticas ancestrales respecto del espacio marino costero, citando como ejemplo la reciente aprobación del Espacio Costero Marino de Tirúa Centro y la elaboración por parte de la comunidad de un plan de manejo y administración, proceso presentado como una experiencia de relevancia para otros territorios donde coexisten Pueblos Indígenas, pescadores artesanales, buzos mariscadores, trabajadores de caletas o pequeños puertos y otros actores, propiciando una visión de equilibrio ecológico, resguardo patrimonial y de uso sostenible de los recursos.
En respuesta a la inquietud de las comunidades y según comunicación oficial del organismo, el Representante de ONU Derechos Humanos reafirmó su compromiso con la promoción de un enfoque inclusivo y participativo en la toma de decisiones que afectan a los Pueblos Indígenas, al tiempo que valoró los acuerdos alcanzados con el Estado para la protección de sus territorios, incluidos los espacios costeros, el reconocimiento de su identidad y la garantía de sus derechos al desarrollo económico, social y cultural.
“Avances como la Ley Lafkenche representan un progreso significativo en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado de Chile al ser parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como del Convenio 169 de la OIT, entre otros tratados internacionales”, destacó Jarab.
También, el Representante expresó el compromiso de la Oficina para contribuir a que la legislación siga contribuyendo a alcanzar el pleno goce de los derechos de los Pueblos Indígenas en línea con los estándares internacionales y a prevenir posibles retrocesos.
Recomendaciones del Comité de DDHH al Estado de Chile
Luego de recibir una serie de antecedentes el Comité de Derechos Humanos, en el marco de la evaluación al Estado chileno sobre el cumplimiento del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, en abril de este 2024 dicha instancia emitió una serie de recomendaciones y aunque no especifica concretamente sobre la Ley Lafkenche, si sostuvo los peligros de no cumplir con los estándares internacionales, en especial con respecto a la consulta indígena.
En esta línea, comunidades y organizaciones han denunciado que los intentos por modificar la llamada Ley Lafkenche y la suspensión que se pretende de los Ecmpo con la indicación 48, no han cumplido con la obligación de consulta de conformidad al Convenio 169 y la Declaración ONU sobre derechos de los pueblos indígenas.
“El Comité lamenta que los pueblos indígenas, no estén siendo consultados en todas las medidas legislativas y administrativas que les afectan, ni de acuerdo con los estándares internacionales”, señala en uno de los puntos de las recomendaciones del Comité.
Invita asimismo al Estado chileno a: “Establecer un mecanismo efectivo de consulta y que éste se ajuste a los principios del Pacto, el Convenio núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y otros estándares internacionales, y garantice el consentimiento libre, previo e informado de todos los pueblos indígenas con respecto a todas las medidas que les afecten, en particular las decisiones relativas a proyectos de desarrollo”.
