La gravedad con que ha trascendido la filtración publicada por CIPER Chile que involucra a empresarios, lobbistas y supuestamente a empleados fiscales, ha generado una condena transversal en el mundo político, frente a otro caso de corrupción que podría tener un alcance insospechado.
El medio de investigación Ciper publicó este martes un reportaje sobre la reunión sostenida en el mes de junio entre el contralor de Factoring Factop y ex socio de STF Capital Corredores de Bolsa, Daniel Sauer, el abogado Luis Hermosilla y la abogada María Leonarda Villalobos.
En la cita, Villalobos informó acerca de la investigación -en calidad de reservada- del Servicio de Impuestos Internos SII acerca de 40 RUTs relacionados con la firma corredora que en marzo fue sancionada por la Comisión para el Mercado Financiero por UF 3500 ($456 millones), al igual que los hermanos Ariel y Daniel Sauer y quienes además salieron de la administración de la corredora STP que ejercían a través de Inversiones DAS Limitada.
A tal información conseguida de manera irregular, se sumaron en la reunión las instigaciones de Hermosilla de crear una caja negra pagadora para que funcionarios de ambos servicios entreguen información privilegiada, y la alusión a que ya se adeuda un millonario monto a un funcionario.
En el encuentro de meses atrás en la comuna de Vitacura, Hermosilla propuso que se juntaran $100 millones entre varios de los involucrados, mientras que Sauer defendió la idea de financiarla solamente él. El especialista en derecho penal, abogado del ex Ministro del Interior en el segundo período de Piñera, Andrés Chadwick, representante de la familia Guzmán y de Luchisnger Mackay en el caso Huracán, reconoció junto a Villalobos lo doloso de la maniobra, pero señalando que era la única manera de proceder:
Otro aspecto que se revisó en la reunión acusada en la filtración, apunta a la envergadura del escándalo que podrían revelar las investigaciones de las entidades fiscalizadoras.
Entre las firmas que aparecen en los datos entregados por la abogada Villalobos, se encuentra Commercia, la empresa de su marido y del exdiputado Exequiel Silva; Inversiones Guayasamín Spa, propiedad de Sauer desde donde habría dado facturas falsas a un socio de apellido Jalaff ligado al Grupo Patio, y donde también aparecería el padre de Luis Hermosilla.
Por otra parte, también en la conversación se refirieron a potenciales delatores en similitud al caso Penta aludiendo a Hugo Bravo y a Jorge Luis Valdivia. Entre ellos, apuntaron a Rodrigo Tolberger, ex socio administrador de STF Capital Corredores de Bolsa y quien se querelló en contra de los Sauer en el mes de agosto.
En el reportaje también se señala la reunión que Hermosilla y Villalobos habrían sostenido en mayo con Andrés Montes funcionario de la CMF en calidad de gestores de intereses de la corredora. Hermosilla apuntó al compromiso que dentro de la apertura del probatorio, no se rendirían pruebas y donde Montes además, habría advertido de la investigación a factoring Factop.
Las revelaciones no dejaron de impactar en La Moneda, especialmente a Miguel Crispi, jefe de asesores del Presidente de la República, Gabriel Boric, quien revocó el contrato sostenido con Hermosilla en calidad de asesor. Por su parte, el abogado atribuyó las escuchas a una maniobra siniestra, “estratagema propia de países en los que no funciona el estado de derecho”, dijo en declaración pública.
Durante la jornada se han anunciado investigaciones por parte de los dos organismos públicos aludidos. En tanto, el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que el “Consejo de Defensa del Estado está a la espera de los antecedentes del Ministerio Público para presentar una querella”.
Dentro del poder legislativo, los diputados comunistas, Boris Barrera y Luis Cuello anunciaron que impulsarán una comisión investigadora, en tanto el diputado Miguel Ángel Calisto, cercano a Demócratas, señaló que propondrá una sesión especial entre las Comisiones de Hacienda y de Economía.
Por su parte, la Fiscalía ya ha abierto un oficio investigativo en contra de Luis Hermosilla, ante lo cual, el ex fiscal en el caso Penta, Carlos Gajardo, aludió que no es descartable la existencia de posibles coimas por parte del abogado en entidades como el mismo Ministerio Público.
