El Ministerio Público confirmó la suspensión inmediata de un fiscal adjunto de la Región de La Araucanía, luego de recibir una denuncia por hechos que podrían constituir el delito de abuso sexual. La institución abrió un sumario administrativo y trasladó la investigación penal a la Fiscalía Regional de Los Lagos. Sin embargo, hasta el momento, no ha transparentado la identidad del funcionario denunciado.
Una denuncia por presunto abuso sexual contra un fiscal adjunto de la Región de La Araucanía motivó su suspensión de funciones y la apertura de una investigación penal, según confirmó el viernes 13 de noviembre la Fiscalía Nacional mediante una declaración pública.
De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público, el fiscal regional de La Araucanía, Héctor Leiva, dispuso de manera inmediata la instrucción de un sumario administrativo y la suspensión del funcionario denunciado, una vez conocidos los antecedentes.
La institución precisó que la denuncia corresponde a hechos que podrían constituir un delito de abuso sexual, aunque no entregó mayores antecedentes sobre las circunstancias específicas en que habrían ocurrido.
Fiscalía no ha revelado la identidad del funcionario denunciado
Pese a la gravedad de la denuncia y a la suspensión del funcionario, hasta el 14 de noviembre de 2026 la Fiscalía no ha transparentado públicamente la identidad del fiscal investigado, ni ha precisado la fiscalía local en la que desempeñaba sus funciones.
La reserva de esta información también ha generado cuestionamientos desde la prensa regional. El medio Araucanía Diario publicó una editorial titulada «Ley pareja no es dura: Fiscalía debe revelar el nombre de su fiscal denunciado por abuso sexual», en la que cuestionó la decisión de mantener bajo reserva la identidad del persecutor.
Hasta ahora, el Ministerio Público tampoco ha informado públicamente mayores detalles sobre las circunstancias de la denuncia.
Investigación quedó en manos de la Fiscalía de Los Lagos
Debido a la condición de funcionario del Ministerio Público del denunciado, los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía Nacional, cuyo titular determinó que la investigación penal fuera desarrollada por una fiscalía de otra región. De esta manera, la indagatoria quedó a cargo de la Fiscalía Regional de Los Lagos, encabezada por Carmen Gloria Wittwer, en aplicación del artículo 46, letra c), de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.
Según explicó la institución, esta determinación busca garantizar la independencia y objetividad de las diligencias, evitando que la investigación quede radicada en la misma jurisdicción donde se desempeña el fiscal denunciado.
La medida contempla dos procedimientos distintos: una investigación penal destinada a esclarecer los hechos denunciados y un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades funcionarias.
Ministerio Público anuncia medidas para proteger a la denunciante
A través de su declaración oficial, la Fiscalía Nacional aseguró que durante el proceso se pondrá «especial énfasis en el resguardo de los derechos, la integridad y la privacidad de la víctima», además de adoptar resguardos para evitar su revictimización.
La institución también reafirmó su compromiso con el esclarecimiento de los hechos y el respeto al debido proceso. El caso se encuentra en una etapa inicial, por lo que las eventuales responsabilidades penales deberán ser determinadas mediante el procedimiento judicial correspondiente.
Mientras la Fiscalía Regional de Los Lagos desarrolla las diligencias destinadas a esclarecer los hechos, persiste la interrogante sobre la identidad del funcionario denunciado, información que el Ministerio Público no ha dado a conocer públicamente hasta la fecha.
