El analista, periodista e integrante de la Comisión Política del Partido Comunista abordó las movilizaciones sociales diversas que enfrenta el gobierno de ultraderecha, los cuestionamientos al jefe de asesores del Segundo Piso por no pago de derechos de aguas, las rebajas de condenas a violadores de derechos humanos y el escenario económico del país.
El analista, periodista e integrante de la Comisión Política del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, realizó un análisis de la contingencia política y social, poniendo énfasis en el carácter ciudadano y popular de las movilizaciones que se desarrollan en el país y en la necesidad de fortalecer la organización social frente a las políticas del Gobierno.
En su intervención, Lagos sostuvo que las actuales expresiones de protesta responden a un malestar social acumulado y se inscriben en una larga trayectoria de movilizaciones populares. En esa línea, mencionó el estallido social, las movilizaciones estudiantiles de 2011, la Revolución Pingüina y las luchas de trabajadores, comunidades mapuches, jóvenes y organizaciones feministas.
A juicio del dirigente comunista, el modelo económico heredado de la dictadura y profundizado durante las décadas posteriores mantiene sus características esenciales, por lo que la movilización social continúa siendo una herramienta fundamental para enfrentar las políticas gubernamentales.
“La única forma de enfrentarlo es como se está haciendo en estos días”, afirmó, cuestionando además el carácter autoritario del Ejecutivo y su subordinación, según señaló, a los intereses de corporaciones internacionales.
No + TAG: demandas que trascienden al sector transportista
Al referirse a la movilización de transportistas y al movimiento No + TAG, Lagos destacó la importancia de distinguir las demandas de los pequeños transportistas de los intereses de los grandes empresarios del rubro. En ese sentido, recordó que algunos dirigentes han marcado distancia de los propietarios de grandes flotas de camiones, cuestionando su papel histórico durante el golpe de Estado.
El dirigente también apuntó al sistema de concesiones de autopistas, señalando que estas fueron establecidas principalmente desde 1990 y que, desde la perspectiva del interés público, se encuentran ampliamente pagadas. “Ahí hay un negocio de una magnitud increíble, estratosférica, que tienen corporaciones transnacionales y no van a soltar tan fácil”, sostuvo.
Asimismo, defendió el alcance ciudadano de las demandas del movimiento No + TAG, planteando que sus reivindicaciones no benefician exclusivamente a quienes participan de las movilizaciones, sino que pueden representar mejoras para el conjunto de la población.
En esa línea, destacó las expresiones territoriales de descontento, como los caceroleos, concentraciones en plazas y distintas manifestaciones comunales, advirtiendo que no se trata de acciones aisladas, sino de la expresión de un malestar social y económico que viene acumulándose desde hace tiempo.
Cuestionamientos por el caso del jefe de asesores del Segundo Piso
Otro de los temas abordados fue la controversia en torno al jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Cristián Irarrázaval, y las explicaciones entregadas por el Ejecutivo respecto de su vinculación con una sociedad que mantiene deudas.
Lagos cuestionó la respuesta del subsecretario, quien habría señalado que Presidencia informó que Irarrázaval se había retirado de dicha sociedad en marzo.
Para el analista, este antecedente no resuelve los cuestionamientos sobre las responsabilidades asociadas al caso.“¿Acaso alguna hipotecaria, algún banco le perdona a uno la vida porque se retiró de algo meses antes? ¿Le perdona las deudas? Nada, nada”, planteó.
En ese contexto, acusó un intento de blanqueamiento de la situación y cuestionó los estándares del Gobierno en materia de probidad y combate a la corrupción. “Los estándares básicos, reales, concretos de lucha contra la corrupción, este gobierno ya los tiene bien en el suelo”, afirmó.
Rebajas de condenas y acusación constitucional
Lagos también se refirió a las rebajas de condenas otorgadas a personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos, vinculando esta política con los cuestionamientos que enfrenta el Ministerio de Justicia y la acusación constitucional impulsada contra su titular.
El integrante de la Comisión Política del Partido Comunista sostuvo que el debate parlamentario pondrá a prueba el compromiso de las distintas fuerzas políticas con los derechos humanos y la lucha contra la impunidad.
A su juicio, el argumento central de la acusación apunta a la existencia de un plan sistemático del Gobierno para favorecer la impunidad de violadores de derechos humanos.
El analista estableció además una relación entre la gravedad de los crímenes cometidos durante la dictadura, particularmente aquellos que involucraron torturas y violencia sexual contra mujeres, niñas y niños, y la preocupación que generan las actuales rebajas de condenas a personas responsables de delitos de esa naturaleza.
En esa línea, advirtió sobre lo que considera un proceso de relativización de la gravedad de estos crímenes, señalando que las decisiones del Ejecutivo no pueden analizarse como hechos aislados, sino en el contexto de una orientación política que, según sostuvo, busca abrir paso a mayores niveles de impunidad.
Recesión, Codelco y los intereses de las transnacionales
En materia económica, Juan Andrés Lagos abordó el reconocimiento del escenario de recesión técnica por parte del Gobierno y del ministro de Hacienda, señalando que se trata de una situación que ya había sido advertida desde distintos espacios de análisis.
Asimismo, destacó que la situación económica del país y sus causas fueron parte de los debates de la Conferencia Nacional del Partido Comunista, tanto en el informe presentado por su presidente, Lautaro Carmona, como en las resoluciones políticas de dicha instancia.
Finalmente, el analista abordó las discusiones en torno a Codelco y las iniciativas que, a su juicio, podrían favorecer los intereses de grandes corporaciones internacionales.
Lagos sostuvo que los intentos de avanzar sobre la principal empresa estatal del cobre responden a una aspiración histórica que estuvo presente durante la dictadura y en los años noventa, pero que actualmente tendría un componente adicional: favorecer a corporaciones transnacionales estadounidenses.
“Esto de tratar de agarrar Codelco es el viejo deseo que se tuvo bajo dictadura, que se tuvo en los noventa, pero que hoy día tiene un claro sello y es favorecer a algunas de las corporaciones transnacionales norteamericanas”, concluyó.
