La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, acusó al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, de mentir a la ciudadanía respecto a una eventual inconstitucionalidad de las indicaciones presentadas por el Parlamento al proyecto de protección al empleo, el cual busca resguardar las remuneraciones de los asalariados utilizando el seguro de cesantía.
Una de las indicaciones que fue posteriormente eliminada, apuntaba a que en el caso de los trabajadores que perciban una remuneración bruta mensual superior a $1 millón, se hará el cargo a su cuenta individual del seguro de cesantía. Mientras que para aquellos que perciban una remuneración bruta mensual inferior, las prestaciones serán financiadas con cargo al fondo solidario.
En ese contexto, Bárbara Figueroa criticó que el gobierno haya optado por poner la capitalización del seguro de cesantía de los trabajadores a disposición del empresariado.
Bárbara Figueroa explicó que el seguro de cesantía le devuelve dinero al empleador si los despidos son cursados a través del artículo 161, a diferencia de los trabajadores, quienes no cuentan con ningún mecanismo de resguardo.
En ese sentido, la presidenta de la multisindical fue enfática en señalar que el llamado “proyecto de protección al empleo” no protege a los trabajadores, ni les entrega garantías en el mediano y largo plazo.
Bárbara Figueroa repudió la ausencia de un pronunciamiento concreto por parte del Gobierno, frente a el alza de los planes de las Isapres, aún cuando la propia Corte Suprema y Tribunales de Justicia lo han declarado como ilegal.
La titular de la CUT advirtió que la economía a pequeña escala será la más golpeada por esta crisis, afectando directamente a la clase trabajadora, PYMES y microempresas.
Finalmente, Bárbara Figueroa criticó que el gobierno no les dé respuestas a más de una semana de haber solicitado conformar una Mesa de Monitoreo de abusos laborales con la finalidad de proteger y resguardar a los trabajadores en un contexto a absoluta incertidumbre e indefensión.
