La dirigenta del Sindicato N.º 1 de Trabajadores de la Educación de La Florida y candidata a la dirección del regional metropolitano del Colegio de Profesores y Profesoras, cuestionó la reducción de recursos para el sector y advirtió que sus efectos alcanzarán a docentes, asistentes de la educación, estudiantes y familias. Por lo anterior, llamó a fortalecer la organización gremial y la articulación social para enfrentar el escenario presupuestario.
La discusión del Presupuesto 2027 mantiene en alerta a las comunidades educativas ante las posibles consecuencias de la reducción de recursos en distintas áreas del sector. En este contexto, la candidata a la dirección del regional metropolitano del magisterio, Karen Araya, advirtió que los ajustes presupuestarios podrían traducirse en despidos, disminución de horas docentes y un deterioro de las condiciones en que se desarrolla la educación pública.
La dirigenta sostuvo que las consecuencias de estas medidas no se limitarían al ámbito laboral, sino que afectarían el funcionamiento cotidiano de los establecimientos. “Cuando ellos hablan de disminución de horas docentes, en el fondo son despidos de trabajadores y trabajadoras con nombre y apellido”, señaló, enfatizando que las eventuales desvinculaciones también podrían alcanzar a los asistentes de la educación.
Infraestructura y continuidad de las clases
Araya también manifestó su preocupación por la disminución de recursos destinados a infraestructura y mantenimiento escolar, especialmente considerando las deficiencias que ya enfrentan numerosos establecimientos públicos.
“Hoy día tenemos colegios que se llueven, que tienen ventanas rotas o que no tienen luminaria”, ejemplificó, advirtiendo que una menor disponibilidad presupuestaria dificultaría mejorar estos espacios y garantizar condiciones adecuadas para el aprendizaje y la convivencia escolar.
A ello sumó las dificultades que podría generar la falta de reemplazos ante licencias médicas de docentes y asistentes de la educación. Según planteó, esta situación repercutiría directamente en los estudiantes, quienes podrían quedar sin clases o enfrentar interrupciones en sus procesos educativos.
“Esto afecta no solo a los trabajadores y trabajadoras, sino también a nuestros estudiantes, porque no van a poder recibir clases ni van a estar en una escuela que tenga las condiciones adecuadas para poder educarse”, sostuvo.
De esta manera, la dirigenta recalcó que la discusión presupuestaria debe considerar tanto la estabilidad laboral de quienes trabajan en las escuelas como el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir una educación en condiciones apropiadas.
Llamado a fortalecer la organización gremial
Frente a este escenario, Araya destacó la necesidad de que las organizaciones sindicales y gremiales articulen una respuesta conjunta. En ese sentido, señaló que se han realizado gestiones para dialogar con parlamentarios de distintos sectores políticos, argumentando que las consecuencias de las decisiones presupuestarias trascienden las diferencias partidarias.
“Esto no es un problema de un sector político, esto es un problema de país”, afirmó, emplazando también a los representantes parlamentarios a responder ante la ciudadanía por sus posiciones y decisiones durante la discusión legislativa.
La dirigenta sostuvo que la defensa de la educación pública requiere construir una articulación entre docentes, asistentes de la educación, apoderados, estudiantes y otros actores sociales. A su juicio, la organización colectiva será fundamental para enfrentar las consecuencias que podrían derivarse de la propuesta presupuestaria.
En esa línea, advirtió que el año 2027 podría marcar un escenario especialmente complejo para las comunidades educativas si el proyecto se aprueba en las condiciones presentadas por el Ejecutivo.
Asimismo, planteó que el fortalecimiento del gremio debe ir acompañado de una mayor participación de las bases, con dirigentes que mantengan un vínculo permanente con sus colegas, escuchen sus necesidades y rindan cuentas de su trabajo.
“Podemos tener distintas miradas políticas, pero compartimos preocupaciones muy concretas: la estabilidad laboral, las violencias en la escuela, la sobrecarga de trabajo y las condiciones en que enseñamos”, expresó.
Para Araya, estas demandas comunes deben constituir la base de una fuerza colectiva capaz de defender los derechos laborales y las condiciones necesarias para el funcionamiento de los establecimientos públicos.
Cuestionamientos a los retrocesos en derechos
Durante sus declaraciones, la dirigenta también vinculó el escenario actual con los debates desarrollados durante el segundo proceso constitucional, en el que participó como consejera constitucional en 2023.
Araya recordó que, durante esa instancia, consejeros del Partido Republicano impulsaron propuestas relacionadas con beneficios para personas condenadas por violaciones a los derechos humanos y otros delitos. Según afirmó, esas iniciativas le permiten reconocer elementos de continuidad con las discusiones que actualmente se desarrollan en el ámbito legislativo.
“Por eso no me extraña, porque lo viví en el Consejo Constitucional y hoy día se repite, además, teniendo mayoría en el Parlamento”, sostuvo.
La dirigenta manifestó su preocupación por lo que considera una agenda de retrocesos en derechos y llamó a fortalecer la articulación sindical y social para enfrentar las distintas medidas que, a su juicio, ponen en riesgo conquistas alcanzadas durante años de organización.
En ese marco, insistió en que la defensa de la educación pública debe abordarse como una responsabilidad colectiva, que involucre tanto a las organizaciones de trabajadores como a las comunidades escolares y sus familias.
