Las juventudes de la Democracia Cristiana, el Partido Liberal, el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido Socialista emitieron una declaración pública conjunta en la que rechazan “tajantemente” las rebajas de condena otorgadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a personas condenadas por abuso sexual y violación de niños, niñas y adolescentes. El documento, fechado el 22 de octubre, exige la renuncia del ministro Fernando Rabat.
Los firmantes enfatizan en que la responsabilidad no recae en el Poder Judicial, ya que la propia presidenta de la Corte Suprema Gloria Chevesich afirmó que las medidas se adoptaron mediante decretos dictados por el ministro.
“El ministro mintió”, afirman, exigiendo al gobierno de José Antonio Kast revertir de inmediato el criterio, asumir su responsabilidad y defender a las víctimas en los tribunales. También plantean dudas sobre una eventual intervención de terceros, presiones o negociaciones de las defensas de los condenados ante el ministro.
En un punto de prensa frente al ministerio, la presidenta de las Juventudes Comunistas, Catalina Lufin, cuestionó al gobierno, “llegaron al poder diciendo que iban a poner a los niños primero en la fila. Acá, los que están primero en la fila son los abusadores de menores”.
Además, ironizó con la falta de criterio político que mantiene el gobierno, sosteniendo que en el fondo se trataba de una decisión política, “acá ha habido una consistencia en mentirle al país, diciendo que esto se trataba de una jurisprudencia y asignándole la responsabilidad a la Corte Suprema. Pero la verdad es que acá hay una definición política de otorgar un indulto y rebajar la pena a violadores y abusadores de menores. Nosotros, las juventudes políticas del progresismo, vamos a denunciar aquello”.
