La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) se manifestó en contra del proyecto de ley del gobierno que busca reestructurar el Instituto Nacional de Derechos Humanos con sustantivas restricciones a sus recursos y facultades jurídicas.
El proyecto propone “quitar la facultad de interponer querellas y recortar la integración de su consejo de 11 a 5 miembros, y cerrar sus sedes regionales para concentrar la atención únicamente en Santiago, existiendo incluso sectores parlamentarios -de derecha y ultraderecha- que exigen su total eliminación. Esta postura refuerza una agenda que atenta contra la verdad, la justicia y la memoria, contra décadas de lucha de la sociedad civil y vulnera los tratados y convenios internacionales ratificados por Chile” se señala en la declaración de la AFEP.
A partir de la iniciativa la Agrupación concluye que “esta iniciativa tiene por objeto reducir las competencias, la autonomía y la estructura del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), reflejando la impronta de un gobierno de ultraderecha, conservador y autoritario”.
Como un proyecto espurio y que deja a chilenos y chilenas en total indefensión frente a eventuales abusos y violaciones a los derechos humanos, califica la histórica organización l la iniciativa:
“Se trata de un gobierno que no tiene compromiso alguno con los derechos humanos. Desde sus primeros días de mandato, la presente administración ha impulsado una política de retroceso en materia de prevención y defensa de los derechos fundamentales, y ha optado por garantizar la impunidad y respaldar a agentes del Estado procesados o condenados por violaciones a los derechos humanos, promoviendo indultos e incluso la reducción de penas y, por consiguiente, la liberación de 56 violadores y abusadores sexuales de mujeres, niños y niñas, a los que se agregan 3 criminales de lesa humanidad.
“Como Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) calificamos esta propuesta como deplorable. Atenta directamente contra el derecho irrestricto de toda persona a la protección de sus derechos esenciales, así como contra el derecho a la verdad y a la justicia que le asiste a las víctimas y a las familias de quienes fueron ejecutados o desaparecidos por la dictadura civil militar y que han recibido siempre de parte del INDH ayuda y orientación.
La propuesta además, señalan, no es aislada sino que se enmarca en una voluntad sostenida de “desmantelar la institucionalidad pública de derechos humanos, vulnerando a las víctimas y a la sociedad en su conjunto. Es una propuesta con una marcada carga ideológica que sintoniza con la dictadura de Pinochet, al validar un modelo de Estado autoritario y represor que subordina la dignidad humana y priva al país de un órgano autónomo garante de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”.
“Manifestamos nuestro total rechazo a este proyecto de ley y entregamos todo nuestro respaldo a las y los trabajadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Su labor resguarda los mínimos civilizatorios de nuestra democracia, en tanto su misión está profundamente ligada a la dignidad humana y a las demandas de verdad, justicia, memoria y reparación que, como agrupación, sostenemos de manera irrenunciable”, plantearon desde la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP)
