Miguel Moya, presidente del Sindicato de Trabajadores a Honorarios de la Municipalidad de Quilpué, responsabilizó a la administración de la alcaldesa Carolina Corti por la crisis presupuestaria que puso en riesgo la continuidad laboral de más de 400 funcionarios. Aunque la movilización permitió evitar despidos masivos, el dirigente denunció que los trabajadores deberán enfrentar una reducción del 3% de sus remuneraciones y nuevas desvinculaciones.
Una profunda crisis presupuestaria enfrenta la Municipalidad de Quilpué, luego de que durante septiembre quedara al descubierto la falta de recursos para garantizar las remuneraciones de más de 400 trabajadores a honorarios durante noviembre y diciembre. La situación provocó una paralización de 17 días y abrió un conflicto entre la administración de la alcaldesa Carolina Corti (RN), el Concejo Municipal y las organizaciones sindicales.
El presidente del Sindicato de Trabajadores a Honorarios de la Municipalidad de Quilpué, Miguel Moya, responsabilizó a la actual administración por el manejo de los recursos destinados al pago de remuneraciones y cuestionó que sean los propios funcionarios quienes deban asumir las consecuencias de la crisis.
“La administración se gasta los sueldos de 400 trabajadores honorarios antes de tiempo y no tenía cómo mantener la contratación”, afirmó el dirigente.
Según explicó, los funcionarios a honorarios representan aproximadamente el 50% de la fuerza laboral municipal y cumplen tareas fundamentales para el funcionamiento de la ciudad, como la distribución de agua potable en sectores rurales, la atención social, los programas deportivos y culturales, y la atención directa a los vecinos.
Moya sostuvo que la crisis no solamente amenazaba el sustento de cientos de familias, sino también la continuidad de diversos servicios públicos.
“No nos afectaba solamente a nosotros y a nuestras familias, 400 familias, sino que el impacto que iba a recibir por esta mala administración del presupuesto lo iba a recibir toda la ciudad de Quilpué”, aseguró.
Trabajadores denuncian falta de transparencia y exclusión de las negociaciones
El conflicto se originó cuando la administración municipal solicitó modificaciones presupuestarias para financiar las remuneraciones que no contaban con recursos suficientes para terminar el año. Las primeras propuestas fueron rechazadas por el Concejo Municipal, cuyos integrantes exigieron explicaciones respecto de la utilización anticipada de los fondos.
Moya aseguró que, durante este proceso, los trabajadores enfrentaron una profunda incertidumbre laboral y cuestionó la ausencia de información oficial por parte de las autoridades.
“Nos enteramos por la prensa, lamentablemente. Vimos las disputas entre los concejales y la alcaldesa en este proceso y no fuimos consultados, no fuimos llamados ni se acercaron a conversar con nosotros directamente”, sostuvo.
El dirigente afirmó que, pese a ser los principales afectados, los funcionarios fueron excluidos de las negociaciones entre la alcaldesa y los concejales, incluso después de solicitar formalmente su participación mediante una carta.
“Somos los trabajadores, finalmente, los que ejecutamos la política de la alcaldía, los que respondemos a las solicitudes de los concejales y en este proceso, por lo menos como trabajadores, no encontramos un espacio en la discusión, siendo que lo que se estaba discutiendo tenía que ver con nuestro futuro laboral, nuestros sueldos”, señaló.
La situación ha generado temor e inseguridad entre los funcionarios, afectando incluso la salud mental de algunos trabajadores, según relató el presidente del sindicato.
Acuerdo presupuestario evita despidos masivos, pero trabajadores enfrentarán descuentos
Tras semanas de movilizaciones, el Concejo Municipal aprobó el miércoles 11 de noviembre una modificación presupuestaria por aproximadamente $406,5 millones, destinada a financiar las remuneraciones de los trabajadores a honorarios hasta finales de 2026.
Sin embargo, el Miguel Moya advirtió que los recursos aprobados no cubren la totalidad de los montos requeridos, lo que tendrá consecuencias directas sobre las remuneraciones de las y los trabajadores: “La crisis la terminamos pagando los trabajadores con un descuento, hasta el momento de hoy, que se nos ha informado, del 3% de nuestras remuneraciones, tanto en el mes de noviembre como en el mes de diciembre”, denunció.
El dirigente también cuestionó que los ajustes afectaran a los funcionarios con menores ingresos, mientras que, a su juicio, las autoridades municipales y los equipos de confianza no asumieron proporcionalmente las consecuencias de la crisis. “No fue la alcaldesa la que puso a disposición a su gente de confianza o a sus asesores para pagar esta crisis, y la crisis la terminamos pagando los trabajadores”, enfatizó.
Si bien inicialmente se llegó a advertir la posibilidad de cientos de desvinculaciones, las negociaciones permitieron reducir considerablemente esa cifra. En su declaración pública del 11 de noviembre, el sindicato informó que permanecían pendientes 11 desvinculaciones anunciadas para diciembre.
Para Moya, la reducción de los despidos fue consecuencia directa de la presión ejercida por los funcionarios movilizados: “Gracias a la movilización logramos que se sentaran a conversar, que se sentaran a negociar y que efectivamente el golpe no fuese tan grande como en algún momento se pensó, del despido de 300 personas o 400 personas”, explicó.
Alcaldesa había descartado la existencia de un déficit presupuestario
La crisis también abrió cuestionamientos sobre la administración financiera del municipio. Concejales de distintos sectores políticos atribuyeron parte de las dificultades presupuestarias a nuevas contrataciones y aumentos de remuneraciones del personal de confianza de la alcaldesa.
Por su parte, Carolina Corti había rechazado públicamente la existencia de un déficit presupuestario, argumentando que los recursos estaban disponibles, pero requerían una redistribución entre distintas cuentas municipales.
El acuerdo finalmente aprobado contempló una reasignación de recursos provenientes de diferentes partidas del presupuesto municipal, permitiendo financiar buena parte de las remuneraciones pendientes. En tanto, el sindicato sostiene que el resultado no resolvió completamente el conflicto y mantiene sus cuestionamientos sobre las responsabilidades administrativas y la distribución de los costos de la crisis.
Moya advierte sobre precarización laboral y recortes en el Estado
Más allá del conflicto municipal, el dirigente vinculó la situación de Quilpué con la precariedad que enfrentan los trabajadores a honorarios en distintas instituciones públicas del país.
“Somos los trabajadores honorarios los que sostenemos gran parte del Estado y de su funcionamiento”, afirmó, asegurando que las contrataciones bajo esta modalidad representan un porcentaje significativo de la fuerza laboral municipal a nivel nacional.
En ese contexto, cuestionó las señales de flexibilización laboral del gobierno y advirtió que los recortes presupuestarios podrían afectar especialmente a los trabajadores con contratos más precarios.
“Cuando estamos hablando de recortes a nivel de Estado, aquellos que van a ser despedidos de sus trabajos, que van a quedarse sin fuente laboral, van a ser nuevamente los trabajadores honorarios”, sostuvo, sosteniendo además que es necesario avanzar hacia la “formalización del empleo público” con un “contrato único del Estado”.
